Patentes de medicamentos: informe alerta sobre impacto del Acuerdo Mercosur-UE

Patentes de medicamentos: informe alerta sobre impacto del Acuerdo Mercosur-UE

El acuerdo de libre comercio que prevén firmar este año los bloques económicos de la Unión Europea y el Mercosur podría afectar el acceso de los pacientes a medicamentos y otras tecnologías médicas debido a la modificación en plazos y alcance de las patentes, según un informe de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP).


Las negociaciones para este acuerdo comenzaron en el año 2000 pero se han aplazado varias veces por diferencias entre los bloques. En los últimos años, sin embargo, el proceso parece llegar a su fin, y se prevé que en el primer semestre del año haya una reunión decisoria.

El acuerdo establece pautas para intercambios económicos en diferentes rubros, aranceles, cupos de exportación, cuestiones de propiedad intelectual e inversiones, entre otros temas.

En este marco, el diálogo no ha estado exento de dificultades y críticas, y en esa línea se presenta el trabajo del GEP, que compara costos de las drogas en distintos escenarios según algunos de los borradores del pacto y concluye que los aumentos podrían llegar a hasta 26,5 por ciento en 2050 con respecto a lo que saldría sin la firma del acuerdo.

Según el informe del GEP —una organización sin fines de lucro que trabaja por los enfermos de VIH—, eso ocurriría, por ejemplo, debido a la extensión del plazo de las patentes. “Las patentes en el Mercosur se otorgan por veinte años. Según el borrador al que tuvimos acceso, el acuerdo plantearía una extensión del plazo, aunque no está definido cuánto”, señaló Lorena Di Giano, directora de GEP, que espera que la difusión atenúe el impacto potencial.

Entre otros puntos, el acuerdo incluye clásulas de confidencialidad de datos de pacientes, y el informe del GEP señala que estas medidas también son perjudiciales. Sin embargo, lo más preocupante del estudio es que demuestra cómo se comportarían los precios.

Di Giano pone un ejemplo: “El presupuesto para Sida en Argentina fue de US$ 113 millones en 2016. Con la extensión de patentes, sólo para seis medicamentos (10 por ciento total), cuatro de VIH y dos de hepatitis c, se necesitarían 76 millones, es decir, una gran parte de ese presupuesto. Son datos reveladores y muestran el impacto de la firma del acuerdo así como se plantea”.

El informe de GEP fue acercado a los negociadores técnicos del Mercosur que entendieron los riesgos, pero de todas maneras las decisiones se toman en esferas ministeriales y presidenciales.

“Es preocupante lo que plantea el informe si se firmara el acuerdo”, dice Fernando Avellaneda, presidente de la prestadora de servicio de salud obra social de la provincia argentina de Tucumán y vocal del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (Cosspra).

Avellaneda trabajó en el área de salud del Mercosur en 2009 y 2010. Desde entonces, dice, ve cómo representantes de grandes laboratorios a través de distintos organismos piden modelos de libre comercio total.

“Es parte de la estrategia de las compañías, que buscan concentrarse en medicamentos caros, que no puedan tener genéricos (o biosimilares)… En resumen, todo lo que impide acceso a medicamentos no debe ser aceptado, teniendo en cuenta que eso es parte de los derechos humanos”, dice.

Con ello coincide Rubén Sajem, presidente Sección de Farmacéuticos del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal de Argentina (COFyBCF): “Corresponde rechazar la falacia de que una protección extrema a los laboratorios innovadores funciona como un incentivo global a la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos”.

“Por el contrario, no hace más que profundizar la asimetría en la posibilidad de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, y esto es grave en países que tienen una industria farmacéutica con muy buenos recursos profesionales y técnicos, que es posible desarrollar y mejorar”, agrega.

Los precios ya son caros y el acuerdo lo puede agravar aún más, explicó Sajem. “El laboratorio propietario de una patente tiene discrecionalidad absoluta sobre el medicamento, en cuanto a su elaboración, al precio, y también sobre los canales y condiciones de distribución y dispensa, en los que trata de maximizar ganancias imponiendo sus condiciones de comercialización”.

Enlace al informe de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP)

Fuente: scidev.net


Argentina otra vez en la lista negra de Estados Unidos por patentes de medicamentos

Es una señal de que el gobierno de los Estados Unidos presionará por reforzar las patentes de los medicamentos a favor de los laboratorios norteamericanos, en una medida que pondría en riesgo a los laboratorios nacionales.

Pese a la resolución 56 del INPI que exigían las multinacionales y el reciente acuerdo de procedimiento acelerado PPH, Estados Unidos volvió a incluir a Argentina en la lista de países de “observación prioritaria” por sus supuestas falencias en la protección de los derechos de propiedad intelectual. Se trata de la resolución “Especial 301”, de la Oficina del Representante del Comercio de Estados Unidos. Un clásico.

La lista de países incluidos en la Priority Watch List incluye a Argelia, Argentina, Chile, China, India, Indonesia, Kuwait, Rusia, Tailandia, Ucrania y Venezuela.

Estos once países están “en la Lista de Observación Prioritaria. Estos países serán objeto de un intenso compromiso bilateral durante el próximo año”, señala el informe.

Otros “veintitrés (23) socios comerciales están en la Lista de Vigilancia y también merecen atención bilateral para abordar los problemas subyacentes de PI” : Barbados, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egipto, Grecia, Guatemala, Jamaica, Líbano, México, Pakistán, Perú, Rumania, Suiza, Turquía, Turkmenistán, Uzbekistán y Vietnam”.

El informe completo de la USTR cuya versión en castellano está disponible en la página digital de la oficina estadounidense, es el siguiente:

Washington, DC – La Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR) publicó hoy el Informe “Especial 301” de 2017, revisando los desarrollos mundiales sobre comercio y propiedad intelectual (PI) e identificando a los socios comerciales con registros nocivos sobre protección, Acceso para los innovadores y creadores estadounidenses. El informe pide a los socios comerciales de los Estados Unidos que aborden las barreras comerciales relacionadas con la PI, prestando especial atención a los países identificados en la Lista de Observación y en la Lista de Observación Prioritaria.

El USTR continúa colocando a China en la Lista de Observación Prioritaria. Las preocupaciones de larga data y las nuevas cuestiones de propiedad intelectual merecen atención, incluso respecto de los requisitos coercitivos de transferencia de tecnología, impedimentos estructurales para una aplicación efectiva de la propiedad intelectual y actividades de infracción generalizadas -incluyendo el robo de secretos comerciales, la piratería en línea y la falsificación; Mercados en todo el mundo.

La India también permanece en la Lista de Vigilancia Prioritaria este año por falta de suficientes mejoras mensurables en su marco de PI sobre los desafíos de larga data y las nuevas cuestiones que han afectado negativamente a los titulares de derechos de los EE.UU. durante el año pasado, particularmente en patentes, derechos de autor, secretos comerciales, aplicación.

El USTR destaca las tendencias preocupantes de la falsificación y la piratería. El problema de la falsificación de marcas de fábrica o de comercio continúa a escala mundial y supone la producción y el comercio de una amplia gama de productos falsificados que perjudican a los consumidores, a los productores legítimos ya los gobiernos. La piratería digital de las películas, la música, los libros, el software y otras obras de los EEUU presenta desafíos únicos de la aplicación para los tenedores de derechos en países alrededor del mundo. En muchos de los países identificados en el Informe, incluidos nuestros vecinos Canadá y México, el USTR señala la falta de autoridad suficiente para que los funcionarios de aduanas puedan confiscar y destruir mercancías falsificadas y piratas en la frontera.

El informe también se centra en los efectos negativos del acceso de los mercados al enfoque de la Unión Europea para la protección de las indicaciones geográficas en los mercados de la UE y de terceros países de los productores y comerciantes estadounidenses, Nombres

USTR cierra los exámenes fuera de ciclo para Pakistán y España que han realizado mejoras en los últimos años. Pakistán ha mantenido un impulso positivo en sus esfuerzos por reformar su régimen de propiedad intelectual y España ha fortalecido sus leyes penales por infracción de propiedad intelectual y ha demostrado un compromiso continuo para combatir la piratería en línea.

El USTR también anuncia que continuará las revisiones fuera de ciclo para Colombia y Tayikistán e iniciará una revisión fuera de ciclo para Kuwait para promover la participación y el progreso en oportunidades y desafíos específicos de DPI identificados en la revisión de este año.

En consonancia con su responsabilidad estatutaria de desarrollar y coordinar la política comercial de los Estados Unidos, el USTR proporciona el Informe Especial 301 anual al Congreso, en coordinación con todos los organismos gubernamentales pertinentes de los Estados Unidos.

El “Informe Especial 301” es una revisión anual del estado mundial de protección y aplicación de la PI. El USTR lleva a cabo esta revisión de acuerdo con la Sección 182 de la Ley de Comercio de 1974, según enmendada. Después de una revisión de más de 100 países, USTR colocó treinta y cuatro (34) de ellos en la Lista de Observación Prioritaria o en la Lista de Vigilancia.

Los socios comerciales de Priority Watch List presentan las preocupaciones más importantes de este año en relación con la insuficiente protección o aplicación de la PI o acciones que de otra manera limitaran el acceso al mercado para las personas que confían en la protección de la propiedad intelectual. Once países (11) – Argelia, Argentina, Chile, China, India, Indonesia, Kuwait, Rusia, Tailandia, Ucrania y Venezuela – están en la Lista de Observación Prioritaria. Estos países serán objeto de un intenso compromiso bilateral durante el próximo año.

Veintitrés (23) socios comerciales están en la Lista de Vigilancia y también merecen atención bilateral para abordar los problemas subyacentes de PI: Barbados, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egipto, Grecia, Guatemala , Jamaica, Líbano, México, Pakistán, Perú, Rumania, Suiza, Turquía, Turkmenistán, Uzbekistán y Vietnam.

El USTR también anuncia que lanzará varios Revisión Fuera de Ciclo (OCR, por sus siglas en inglés) para mejorar el compromiso con los socios comerciales y fomentar el progreso en temas de DPI preocupantes.

El USTR llevará a cabo los OCR de los países de la Lista de Observación, Colombia y Kuwait, así como Tayikistán, que actualmente no figura en la lista. USTR podrá realizar OCRs adicionales de otros socios comerciales según las circunstancias lo justifiquen o según lo solicite el socio comercial.

STR continuó su enfoque mejorado de las actividades de participación pública en el proceso especial 301 de este año. El USTR solicitó presentaciones escritas del público a través de un aviso publicado en el 8 de marzo de 2017, el USTR organizó una audiencia pública que brindó la oportunidad a las personas interesadas de testificar ante la Subcomisión Interinstitucional Especial 301 del Comité de Personal de Política Comercial sobre cuestiones pertinentes a la revisión. La audiencia contó con testimonios de testigos que representaban a gobiernos extranjeros, la industria, académicos y organizaciones no gubernamentales.

El USTR ofreció un período de comentarios posteriores a la audiencia durante el cual los participantes de la audiencia y las partes interesadas podían presentar información adicional en apoyo de, o en respuesta a, escuchar testimonio y publicar en su página web pública la transcripción completa de la audiencia Especial 301 (https: .gov / issues-areas / intelectual-property / special-301/2017-special-301-review).

La notificación de diciembre de 2016 en el Registro Federal – y el período de comentarios posteriores a la audiencia – recogió presentaciones de 57 partes interesadas, incluyendo 16 gobiernos de socios comerciales. Las presentaciones que USTR recibió están disponibles en línea enwww.regulations.gov , número de registro USTR-2016-0026.


Patentes de medicamentos: otra vez en discusión como en los años ´90

Se avecina una nueva pelea, con divisiones políticas y por intereses. Ya hay funcionarios del gobierno denunciados formalmente: Mario Quintana (ex Ceo de Farmacity) y Gustavo Lopetegui, acusados  de “estafa y defraudación al Estado.” Legisladores reivindican lo actuado en la década del ´90.

El ex diputado nacional Humberto Roggero reivindicó “la lucha por las patentes  para defender la inteligencia argentina” de la que fue protagonista sustancial en la década del 90, al establecer una elipsis con la situación actual por el acuerdo PPH con Estados Unidos.

Roggero afirmó que “había funcionarios que habían entregado las patentes, los había de los nuestros y de los otros”, durante la presentación de la revista del Movimiento 21 de la que integra el consejo editorial.

“Frenamos esa presión porque había que defender la inteligencia argentina e incluso fuimos a Estados Unidos a hablar con la USTR (oficina de Comercio Exterior)”, recordó Roggero sobre esa “lucha” transversal en la que se sumaron legisladores peronistas, radicales e incluso liberales.

Roggero era el presidente de la Comisión de Industria cuando el ministro Domingo Cavallo y el presidente Carlos Menem enviaron al Congreso el proyecto de Ley de Patentes reclamado por Estados Unidos.

Roggero se convirtió en el referente del frente político, económico y social que resistió las presiones por  la Ley de Patentes y en consecuencia se convirtió en el “enemigo número uno” del entonces embajador James Cheek.

Roggero no estuvo solo en la construcción de un movimiento pluralista y multisectorial que resistió las presiones de Estados Unidos y del ministro Cavallo,  porque compartieron esa resistencia representantes de otras fuerzas políticas, los ex diputados Rafael Flores (Pais), Federico Zamora (Ucede), el radical Pablo Baylac y Carllos “Chacho” Alvarez del Frente Grande entre otros legisladores.

Ex diputado Humberto Roggero, en los´90 defendió a los laboratorios nacionales

Además la sanción de una ley de patentes sin monopolio se transformó en una reivindicación compartida por las cámaras de los laboratorios nacionales, la UIA, las cámaras industriales pymes, los colegios profesionales como la COMRA, la COFA,  las entidades científicas  y los APM, entre otros.

También como en la década del 90, comienzan a surgir denuncias penales contra los funcionarios argentinos que firmaron o rubricaron posteriormente el reciente acuerdo PPH con Estados Unidos, en este caso a partir de la demanda de Fernando Miguez, periodista y presidente de una ONG ambientalista.

Miguez en su demanda acusa al Jefe de Gabinete, Marcos Pena y a los viceministros Mario Quintana (ex Ceo de Farmacity) y Gustavo Lopetegui de “estafa, defraudación al Estado Nacional, Abuso de Poder, Violación a los deberes de funcionario y violación a la Ley de Patentes de Medicamentos.

En su denuncia, Miguez, afirma:

HECHOS

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) conducido por el abogado *Dámaso Pardo firmó un acuerdo bilateral con la oficina de patentes de Estados Unidos que incluye la aceptación recíproca de los resultados de patentamiento de ambas oficinas. (**ver documental Nº 1). –

Dámaso Pardo fue hasta junio de 2016 socio del mega estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arnsten & Martínez de Hoz (h), donde defendía a las corporaciones cuyos pedidos de patentes ahora debe regular.

En reunión con GEP en agosto del año pasado el funcionario expresó que su función es simplemente “entregar derechos de propiedad si cumplen con los requisitos fijados”. Traducción: bajo su mandato la oficina nacional de patentes priorizará los derechos comerciales por sobre derechos humanos básicos como el acceso a la salud.

El propio Pardo impulsó la **Resolución N° 56/2016” que establece que el INPI podrá comenzar a otorgar patentes en el país sin hacer un examen riguroso de las solicitudes de patentes, que en su mayoría no cumplen con los requisitos legales. (** ver documental Nº 2).

En similar espíritu al acuerdo recientemente firmado, esa norma permite que los estudios realizados por oficinas de patentes de otros países sean considerados para otorgarlas en la Argentina. De esta manera se promueven los monopolios que permiten a las empresas multinacionales fijar arbitrariamente precios extorsivos para los medicamentos.

El Programa PPH, develado por la directora de la USPTO, ** Michelle Lee, incluye la aceptación recíproca de resultados de patentamiento de ambas oficinas, como así también los informes de búsquedas de patentes de la oficina estadounidense”.

El Convenio bilateral es presentado como “Programa Piloto” para evitar que deba ser tratado por el Congreso Nacional y es parte de una estrategia para que las oficinas de la región acepten los resultados de patentamiento de Estados Unidos.

La gravedad de este acuerdo es que esto deroga de hecho la Ley de Patentes argentina afectando el precio, la disponibilidad y el acceso a medicamentos esenciales en favor de las patentes ilegítimas de las corporaciones farmacéuticas multinacionales.

De esta manera se promueven los monopolios que permiten a las empresas multinacionales fijar arbitrariamente precios extorsivos por los medicamentos, algunos de los cuales como en el caso de antirretrovirales y tratamientos para la tuberculosis, vienen acumulando denuncias de faltantes desde hace meses en los tres subsistemas de salud del país (público, obras sociales y de medicina prepaga).

SIGNIFICACION JURIDICA

DEROGACION DE UNA LEY DE MANERA ILEGAL

“La violación en la derogación de una Ley Nacional como excusa en la preparación de un “Plan Sistémico” para así mediante este ardid lograr el objetivo principal que no sería otra cuestión que defraudar al Estado Nacional en beneficio de las Corporaciones Monopólicas como serían los LABORATORIOS EXTRANJEROS mediante la implementación en el manejo de costos y precios”.

Para lograr la eficacia Operativa de este Negociado realizado por los denunciados era necesario Blindar este acuerdo en un Marco que permitirían burlar los Controles de la Ley de MEDICAMENTOS, fue así que sospechamos que se da creación al llamado “PLAN PILOTO” que intentaría de esta forma la derogación ilícita y Fraudulenta de la Leyes Argentinas”.

Hemos tratado sucintamente de darle visibilidad a un tema donde los Denunciados a través de su Impunidad y su Poder Dominante como Funcionarios del Gobierno Nacional (ellos corruptos y desleales) han Perfeccionado la forma y la manera que les permitirá llevar a cabo este “PLAN SISTEMICO” que tiene como fin último DEFRAUDAR AL ESTADO NACIONAL y busca el solo beneficio económico y financiero de quienes aquí denunciamos, ellos hacen prevalecer sus intereses personales (el negociado) sobre el bien común y las arcas del Estado, lo cual se traduciría en pocos meses en un Mercado de Medicamentos manejado a su antojo y según los negocios que los Grupos hegemónicos han de esta forma planificado. Incurren los denunciados por lo tanto en los delitos de ESTAFA en perjuicio del Estado Nacional, como así también los presuntos de Fraude a las arcas del Estado, Violación a los Deberes de Funcionarios Público más aún se constituye en un Abuso de Poder entre otros delitos”.

MANIFIESTA

Que los aquí denunciados están siendo investigados por otros delitos en este fuero y por lo tanto dan una continuidad a los mismos en el tiempo lo cual permitiría perpetuar sus conductas criminales y así perjudicar la Constitucionalidad de sus actos toda vez estas personas son funcionales a las empresas para las cuales laboran o de las cuales son sus accionistas aun desde las sombras o con la utilización en su lugar de presta-nombres, estas conductas reprochables de seguir, la Justicia permitiéndolas, agravaría no solo el Orden Institucional sino que afectarían a la Republica en cuanto se demostrara mediante la investigación preliminar penal que se solicita en la presente. HIPOTESIS DELICTIVA

El círculo de Ceos que hoy está en el Gobierno se entrelazó a través de la firma Mc Kinsey, donde figuras como Quintana Mario o Gustavo Lopetegui fungieron como consultores. 

SOLICITO MEDIDA CAUTELAR

Por considerarlas útiles para el curso de la investigación, propongo:

1- Se ordene de modo preventivo en orden a los hechos denunciados una medida cautelar para que no se dé comienzo – o en su caso – se interrumpa la ejecución del Acuerdo bajo la seudo denominación de “PLAN PILOTO” el cual lleva la firma del Sr. PARDO DAMASO Resolución N° 56/2016” del INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) hasta que termine la investigación en curso.

2- Se solicite al INPI que remitan Copia de todas las actuaciones y el expediente de marras Resolución N° 56/2016”, asimismo deberán requerirse todas las actas y actuaciones ellas firmadas por el presidente del organismo y demás autoridades del mismo.

3- Se informe sobre los funcionarios “INTERVINIENTES” en el acuerdo firmado con EEUU.

4- Dicha medida se solicita ante la gravedad que conlleva la derogación de una Ley Nacional más aun referida a Medicamentos con el consiguiente perjuicio al Pueblo de la Nación Argentina ante la posibilidad cierta que puedan acaecer fallecimientos ellos provocados por la falta de medicamentos y/o su manipulación en agravante a lo referido a LA SALUD PUBLICA. –

VII. PRUEBA

DECLARACION INDAGATORIA

Sugiero se llame a declaración a las siguientes personas;

CARLOS GROSSO –

PEÑA MARCOS –

LOPETEGUI GUSTAVO –

QUINTANA MARIO –

PARDO DAMASO –

SOLICITO URGENTE DETENCION

Restablecer la verdad de los hechos, en este caso, el fraude y estafa en la FIRMA del PLAN PILOTO, PERGEÑADO POR CARLOS GROSSO – PEÑA MARCOS – LOPETEGUI GUSTAVO – QUINTANA MARIO – PARDO DAMASO – LEE KWOK MICHELLE y/u otros protegerlos de la amenaza negacionista y de la necesidad que solicita su olvido es una de las responsabilidades jurídicas de esta Entidad. Por ello y por el consiguiente riesgo A LA SALUD PUBLICA que supone que los denunciados; con su conducta criminal puedan entorpecer la investigación se solicita su URGENTE DETENCION, a tales efectos se promueve la solicitud y así también se proceda según Ley 23.984 a cumplir con su normativa de manera URGENTE.

PETITORIO

Por todo ello al Sr. Juez instructor solicito:

1- Tener por ratificada la denuncia penal contra Sres. CARLOS GROSSO – PEÑA MARCOS – LOPETEGUI GUSTAVO – QUINTANA MARIO – PARDO DAMASO Y OTROS por la probable comisión de los delitos tipificados en los artículos 210, 174, 248, 249 y 265 del Código Penal, artículo 2 y concordantes de la ley 24.769

2- Solicita el suscripto el rol de querellante no solo como ciudadano sino también en aras del interés difuso ínsito en el Art. 43 de la Carta Magna local y Nacional, y que en el caso “SAN LUIS” la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara que puede asumir dicho rol tanto el interesado directo, cuanto el Defensor del Pueblo y las organizaciones no gubernamentales, únicos legitimados;

3- Se tenga por presentado y constituido domicilio procesal, como así también la personería jurídica de la Entidad.

4- Se tenga en cuenta las medidas probatorias propuestas.

5- Se disponga la producción de las probanzas necesarias que lleven al esclarecimiento de los hechos e identificación de los responsables.

6- Fijados los hechos denunciados, establezca el Sr. Juez su adecuación típica y proceda a señalar a los autores y/o cómplices y/o participes del delito que se denuncia. 6.- Concretados los allanamientos y recabadas las actuaciones, se cite a declarar a los testigos propuestos;

7.- Oportunamente se juzguen responsabilidades, y se condene a quienes resulten responsables.

8.- Que en atención a lo dispuesto por la Procuración General de la Nación mediante Resolución 10/09expedida el 24/02/2009, en cuanto dispone se arbitren los medios para poner en conocimiento de partes y letrados, aun sin ser parte querellante, todas las resoluciones judiciales que dispongan el archivo de la causa y también a recibir información sobre el estado del proceso, vengo a peticionar en este sentido.

Fuente: Pharmabaires


Gaillard sobre patentes de medicamentos: “Se favorece a laboratorios extranjeros”

La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Carolina Gaillard, afirmó que la reciente resolución 56 del INPI “favorece a los monopolios de laboratorios multinacionales y producirá aumentos en los precios de los medicamentos”. Además, alertó que en la dirección del INPI hay integrantes que defienden los intereses de los laboratorios extranjeros.

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Diputada Carolina Gaillard

“Esta medida favorece a los laboratorios extranjeros”, aseguró la legisladora, que fue la primera en reaccionar a la Resolución 56 del INPI, que sorpresivamente fue publicada la semana pasada en el Boletín Oficial.

La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados salió en respaldo de los laboratorios nacionales, agrupados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), al denunciar que “la Resolución N° 56 del Instituto Nacional de la Propiedad  Industrial (INPI) da vía libre a que los estudios realizados por oficinas de patentes de otros países puedan ser considerados a la hora de otorgar o no un pedido en la Argentina”.

“El medicamento es un bien social”, señaló Gaillard y añadió que, “esta medida va a en contra de los argentinos porque producirá un aumento en el precio de los medicamentos”.

“Si menos laboratorios –en  este caso extranjeros- tienen la exclusividad en la comercialización de los medicamentos a partir de que puedan estirar de modo irregular la vigencia de las patentes, o bien que se les conceda  patentes que no corresponden, habrá menos jugadores para terciar en el mercado, por lo que el precio de los medicamentos subirá”, alertó la legisladora.

“Se favorece la cartelización del mercado, esta resolución del gobierno de Cambiemos producirá que muchos laboratorios nacionales pierdan competitividad con los extranjeros. Por otra parte, la medida también desalentará de modo irreversible la investigación y el desarrollo y la innovación nacional, tanto a nivel público como privado”, resaltó.

Además, la presidenta de la Comisión de Salud explicó que la autoridad de aplicación de la medida, el INPI, está dirigido por “un integrante del mismo estudio de abogados que en los últimos años ha defendido a todos los laboratorios multinacionales para que se les otorguen las patentes de los medicamentos en la Argentina”.

“Es decir, Cambiemos vuelve a poner al zorro a cuidar las gallinas”, señaló la legisladora.

“Consideramos necesaria la producción nacional de medicamentos, tanto en laboratorios públicos como privados, así como la oferta de genéricos, para que el Estado cumpla con el rol de garantizar la salud a toda la población, y no sólo de aquellos que puedan pagarlo. Debemos intentar lograr la soberanía sanitaria, favoreciendo la producción local de medicamentos y evitando la presencia de monopolios que, a través de la cartelización, fijan precios arbitrarios para los medicamentos”, reclamó Gaillard.

“Con esta Resolución del INPI se favorece a los monopolios de laboratorios multinacionales cuando en nuestro país existe la capacidad de producir los mismos medicamentos a un menor costo”, concluyó la diputada Gaillard.

Fuente: PharmaBaires


Laboratorios argentinos advierten que por reconocer patentes extranjeras habrá precios inaccesibles

Desde CILFA explicaron por Radio El Mundo que la decisión del gobierno argentino de reconocer las patentes de medicamentos a laboratorios extranjeros hará que “aumenten los precios de forma considerable”.

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Radio El Mundo | La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) manifestó hoy su preocupación ante la Resolución 56/2016 recientemente dictada por el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI), por considerar que “beneficia el avance en nuestro país de los monopolios extranjeros” y “se traducirá en un aumento de los precios de los medicamentos”.

En un comunicado, la cámara que agrupa a los laboratorios de capital nacional sostuvo que la resolución “en la práctica, elimina los criterios de patentamiento argentinos en favor de las patentes otorgadas en el extranjero”.

El gerente de Asuntos Legales de CILFA, Mariano Genovesi, aseguró por Radio El Mundo que “esta medida, que beneficia el avance en nuestro país de los monopolios extranjeros, se traducirá en un aumento de los precios de los medicamentos para el tratamiento de enfermedades como las oncológicas o el HIV, con el consiguiente impacto la salud pública”.

“Las patentes otorgan exclusividades, es decir que por 20 años otorgan la posibilidad de que haya un único oferente en el mercado de medicamentos y los laboratorios tienen que esperar el vencimiento de esos plazos para volver a competir”, explicó Genovesi.

 “El problema es que el INPI, sacó una resolución donde dice que aquellas solicitudes de patentes que fueron concedidas en el extranjero pueden ser revalidadas en el país y esto es lo que estamos denunciando”, explicó Genovesi.

AUDIO:

 

 


Una resolución que reconoce las patentes extranjeras afecta gravemente a la industria farmacéutica argentina

Una virtual modificación a la Ley de Patentes, realizada en una operación casi secreta e inconsulta a través de una resolución del INPI, afecta gravemente a la industria farmacéutica nacional. La resolución reconoce las patentes otorgadas en el extranjero, con aprobación casi automática del instituto que regula las patentes en Argentina. La misma estrategia se había intentado en los años 90 por el entonces ministro Domingo Cavallo.

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PharmaBaires | Para los laboratorios nacionales fue una sorpresa, un baldazo de agua fría. Dicen que no esperaban la resolución 56 del INPI que es una apertura indiscriminada a las patentes “importadas”. Ahora, se preparan para el contragolpe como en la década del 90 cuando debieron templar músculos y cerebro para enfrentar a la presión de la Embajada de Estados Unidos y a su aliado local de ese entonces, Domingo Cavallo.

Sorpresa ha sido la estrategia del gobierno para introducir una modificación estructural en el sistema de patentes vigente en el país durante 20 años. Ni el ministro de Producción, Francisco Cabrera, ni ningún funcionario de la Secretaría de Comercio, con quienes vienen reuniéndose seguido, esencialmente por el capítulo de Propiedad Intelectual del Tratado de Libre Comercio con la UE, les anticiparon que se avecinaban cambios de fondo.

“En las reuniones que tuvimos con Cabrera jamás nos habló de que pensaban introducir un cambio tan profundo en el INPI y encima mediante una resolución administrativa”,  señalaron voceros de la industria nacional.

También recordaron que la canciller Susana Malcorra se comprometió a enviar las ofertas de la UE para negociar un tratado de libre comercio, cuando acudió a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, ante una solicitud del diputado renovador José De Mendiguren. Y nunca envió información alguna sobre las negociaciones que avanzan velozmente hacia la fecha tope del 14 de octubre, con bienes, servicios y patentes en la primera línea de las exigencias europeas.

La resolución 56 cierra un “círculo virtuoso” que comenzó con la designación de Dámaso Pardo de la Asociación Argentina de Agentes de Propiedad Intelectual, lobby de abogados de las  multinacionales que fue recibido por Cabrera apenas tres semanas después de asumir el cargo.

Y si Alfredo Martínez de Hoz (hijo) no pudo acompañarlo en la gestión en el INPI, fue, exclusivamente, porque su virtual designación como vicepresidente del organismo desató un escándalo mediático.

La resolución 56 “habilita un sistema de patentamiento rápido e irregular a favor de las multinacionales” que “en medicamentos implica más posiciones monopólicas y dominantes, mayores precios y desalienta innovación e investigación nacional” coincidieron los voceros de los laboratorios nacionales, que a partir de esta semana lanzarán una campaña de solicitadas, presentaciones judiciales y buscarán que retumbe el conflicto en el Congreso de la Nación.

“Soberanía cero por resolución 56 del INPI”, twitteo el ex ministro de Salud, Daniel Gollán. La resolución reabrió “una histórica grieta entre el Gobierno y los laboratorios nacionales “, sintetizó la periodista Florencia Donovan.
Lo de histórica es una referencia al conflicto de los 90 cuando el presidente Carlos Menem y su ministro Domingo Cavallo enviaron al Congreso Nacional un proyecto de ley de propiedad intelectual que desató una batalla legislativa y la movilización de sectores industriales, profesionales sociales y sindicales, en defensa de la industria nacional.

“Sabemos que la UIA está de nuestro lado y que también podemos contar con Héctor Daer (ATSA) y los AAPM (visitadores médicos) en este conflicto”, destacó un vocero de la industria.

El Ministerio de Economía defendió la resolución al afirmar que hay alrededor de 26 mil expedientes de solicitudes de patentes parados y que no “hay marcha atrás”.
Sin embargo, Norma Felix, la primera interventora del INPI en tiempos de Menem y Cavallo intentó instrumentar un sistema similar y debió retroceder ante un fallo de la justicia.

LA “CORTINA DE HUMO” DE LOS BARRILES DE EFEDRINA

En este contexto, hay muchos que comienzan a sospechar que el reciente escándalo de los barriles de efedrina “descubiertos” en un depósito de Ezeiza no solo fue una interna entre los servicios de inteligencia y entre funcionarios de seguridad y de la Aduana.

Hay quienes analizan que el escándalo mediático se desinfló en tres días, pero la imagen del empresario farmacéutico nacional Hugo Sigman quedó mucho más dañada porque fue expuesto en los medios como vinculado a un supuesto caso de contrabando. Por algo, Elisa Carrió hace pocos días por el canal TN insistió que “hay que investigar a Sigman”.  Casualidad o maniobras de palacio?

Y esos medios que vincularon la efedrina con un supuesto contrabando luego nunca le explicaron a sus lectores la verdad: “La denuncia de los tachos de efedrina de Ezeiza fue realizada por abogados de la Aduana en diciembre de 2011 y ratificada días después por el organismo. La causa se tramita desde entonces bajo el número 15618/11 en el Juzgado Federal Numero 6 del Juez Canicoba Corral”, informaron voceros del sindicato aduanero, SUPARA, cuando todos aparecían en el mismo lodo, todos manoseados.

LA INDUSTRIA NACIONAL IRÁ A LA JUSTICIA

CILFA ya prepara la ofensiva judicial y denunciará que el nuevo sistema genera un sistema de “Patentes importadas” o “Patentes express” que convierten al INPI “en un sello, en una mesa de entradas receptora de solicitudes de patentes extranjeras”.

En la misma dirección y compartiendo la estrategia, se sumará Cooperala.

Desde el punto de vista jurídico, la resolución 56/2016 es inconstitucional porque es incompatible con lay de patentes que obliga al INPI a examinar detalladamente cada solicitud de patente”, es el argumento sustancial de la presentación que realizará CILFA y sus autores aseguran que por igual motivo ya Norma Felix debió retroceder durante su gestión.
También “contradice la jurisprudencia de la Justicia Nacional Civil y Comercial Federal que ha afirmado en reiteradas oportunidades que el INPI debe ejercer sus funciones conforme al ordenamiento jurídico argentino, sin reconocer dependencia científica o administrativa de ninguna oficina extranjera de patentes”, reforzará la presentación.

Coincidentemente, la resolución 56 es dictada en Argentina, mientras en Nueva York, el Panel de Alto Nivel para el Acceso a los Medicamentos convocado por el secretario general de  la ONU, Ban Ki-moon pidió “revisar y evaluar las propuestas y recomendar soluciones para poner remedio a la incoherencia de las políticas entre los derechos justificados de los inventores,  las normas internacionales de derechos humanos, las normas comerciales y la salud pública”.

The Lancet publicó el pasado fin de semana una editorial elogiosa sobre las conclusiones del Panel de Alto Nivel y consideró audaz la propuesta de convocar a una convención internacional de I+D y más financiamiento público para la I+D.
La publicación recordó el gobierno de Estados Unidos y la industria farmacéutica rechazaron el informe en su intento dE “diluir sus recomendaciones”  y “bloquear su lanzamiento”.

“No obstante, las recomendaciones del panel son un primer paso importantes y será imprescindible que Ban Ki-moon las respalde rápidamente”, elogió el editorial de The Lancet.

Ver la Resolución 56 INPI: http://www.inpi.gov.ar/pdf/ResoP_056Procedimiento_Patentes.pdf

 

 


Demoledor informe de la ONU contra las patentes medicinales

Advierte sobre los altísimos precios de los nuevos medicamentos patentados. 

healthcare medication prescription

PharmaBaires – Buenos Aires|Lapidarias conclusiones contra las multinacionales farmacéuticas por abusar de los derechos de propiedad intelectual y por entablar demandas contra los gobiernos que se benefician aplicando las flexibilidades del Acuerdo Trips, contiene el informe de 70 páginas del Panel de Alto Nivel para el Acceso a los Medicamentos, creado por el secretario general de la ONU, Ban ki-moon. 

El informe ratifica las flexibilidades concedidas por el Acuerdo Trips de la OMC y defiende el derecho de los países a recurrir a licencias obligatorias e importaciones paralelas, y recomienda que se eleven los criterios de patentabilidad para evitar que las patentes se conviertan en un monopolio de mercado.

En sintonía con esta recomendación, el Panel de la ONU recomienda “adoptar medidas para prevenir las prácticas anti-competitivas”.

El informe critica el Acuerdo TPP Transpacífico por imponer el TripsPlus a los países firmantes y se explaya con dureza contra las demandas judiciales que las multinacionales han entablado contra algunos países en desarrollo para trabar la importación de genéricos o las licencias obligatorias.

En tal sentido, se recuerda la presión de los grandes laboratorios de Estados Unidos contra Colombia por declarar de “interés público” el medicamento Imatinib contra la leucemia, y las demandas que Merck y Abbott  entablaron contra Tailandia entre 2006 y 2007 cuando el país asiático quiso utilizar las flexibilidades del Acuerdo Trips para importar y fabricar versiones genéricas de medicamentos contra el SIDA.

El informe del  Panel de Naciones Unidas contiene una clara recomendación de aplicar criterios estrictos de patentabilidad y solicita a la industria farmacéutica internacional que desista de sus acciones judiciales contra el uso de las flexibilidades.

El Panel, compuesto por quince personalidades independientes, entre ellas el argentino Carlos Correa, comenzó a trabajar en noviembre pasado, realizó dos audiencias públicas en Londres y Johannesburgo y entre las decenas de consultas, los autores del informe citan a la OMS, la OMC, la UNCTAD,  la Unicef y la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual.

El informe menciona que en los últimos años han aparecido “revolucionarios tratamientos contra el cáncer” pero que son “financieramente insostenibles” y cita como ejemplo que la FDA de Estados Unidos en 2012 aprobó 12 nuevos medicamentos oncológicos, de los cuales once ingresaron al mercado a un costo del tratamiento de 100 mil dólares anuales.

El costo de los tratamientos contra el cáncer en Estados Unidos se han incrementado de 5.000 a 10.000 dólares mensuales promedio en los últimos años, y el sofosbuvir contra la hepatitis tiene un costo que varía entre 48 mil y 96 mil euros, en Europa y USA.

El informe recomienda que los Estados adopten nuevas políticas públicas que “remedien las políticas incoherentes entre los justificables derechos del inventor y los internacionales derechos humanos”.

Esas políticas de Estado deberán “regular las nuevas tecnologías que impiden el acceso a millones de personas” que requieren de medicamentos contra el SIDA, la malaria, la hepatitis y enfermedades raras.

El informe recuerda que el Panel de Alto Nivel fue convocado por Ban Ki-moon luego de que 193 miembros de la ONU adoptaron en la Asamblea General de septiembre del año pasado la Agenda para el Desarrollo Sustentable 2030.

El informe completo en este link: Informe ONU


La industria farmacéutica argentina alerta: “vienen por las patentes”

Los laboratorios europeos exigirían la extensión de la protección de patentes, lo que afectaría gravemente a los laboratorios medicinales argentinos. Esto también podría reactivar los reclamos de los laboratorios norteamericanos. Macri dio luz verde a las negociaciones en su reciente viaje a Europa.

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La Unión Europea quiere discutir cambios en las patentes farmacéuticas como condición para avanzar en un Tratado de Libre Comercio con el Mercosur. Preocupación entre empresarios argentinos por las exigencias europeas.

La UE informó oficialmente que quiere debatir cambios en los regímenes de propiedad intelectual vigentes en América Latina en el marco de las negociaciones por el Tratado de Libre Comercio con el Mercosur.

La exigencia fue transmitida la semana pasada por funcionarios de la Cancillería y de la Secretaria de Comercio a las cámaras industriales farmacéuticas.

Precisamente, el secretario de Comercio Miguel Braun, recibía a empresarios farmacéuticos para comunicarle la mala noticia, el mismo día en que la UIA expresaba su preocupación y malestar por la apertura de la economía en el Día de la Industria.

Entre algunos de los condicionamientos que se imponen para iniciar las negociaciones figuran la eliminación de impuestos a las exportaciones, el incremento de los estándares de las patentes, y que los capitales de origen europeo tengan un trato equitativo en materia de promoción a la inversión.

El capítulo patentes debía quedar fuera de las negociaciones, habían propuesto industriales argentinos durante las conversaciones preliminares con funcionarios de la Cancillería, para evitar que ocurriese lo mismo que durante las negociaciones de otros tratados de libre comercio como el TPP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, en inglés: Trans-Pacific Partnership, entre Estados Unidos y socios del Pacífico) en las que el tema propiedad intelectual trabó el acuerdo final durante años.

“La idea era avanzar en el Tratado de Libre Comercio dejando afuera patentes, que quedaría para debatir como último tema para que no pasara los mismo que con el TPP”, reconoció uno de los interlocutores de la industria. Pero desde Bruselas hay otra mirada.

Las negociaciones con la UE se destrabaron durante los recientes encuentros del presidente Mauricio Macri con su colega francés Francois Hollande y con el Premier italiano Matteo Renzi.

En el capítulo propiedad intelectual, la UE reclama que las legislaciones nacionales garanticen el derecho de patentes de las multinacionales en los más diversos ámbitos industriales, pero en especial en medicamentos, tal como ocurrió con el TPP que los países latinoamericanos de la Cuenca del Pacífico firmaron con Estados Unidos.

Una matriz adaptada al modelo de las multinacionales sería la implementación de un sistema único de reconocimiento de las patentes, mediante el cual bastaría que un medicamento obtuviese una patente en Brasil o en Argentina, para que tuviese igual protección en el resto del bloque, tal como alertó recientemente Rubén Abete, secretario general de ALIFAR.

En el TPP firmado Estados Unidos y sus socios del Pacífico se impuso la extensión de la exclusividad de datos de entre cinco a ocho años, aunque todavía hoy PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America) considera que es un plazo insuficiente y reclama doce años.

Fuente: PharmaBaires


Medicamentos: la salud pública argentina está bajo una grave amenaza

Los laboratorios extranjeros iniciaron acciones contra el Estado argentino, buscando limitar sus facultades para regular el derecho al patentamiento de medicamentos. Se generarían monopolios, trabas para los laboratorios nacionales, dificultades en el acceso a los fármacos para la población y desfinanciamiento del sistema público. La Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) alerta sobre la situación y juntará firmas para que las multinacionales farmacéuticas desistan del juicio.

Por Lorena Di Giano (*)

medicamentos
Se limitaría la producción local 
de medicamentos.

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), junto a 26 compañías farmacéuticas multinacionales, persiguen judicialmente la nulidad de las nuevas guías para el examen de solicitudes de patentes farmacéuticas que resguardan la adecuada administración del sistema de patentes; aseguran el acceso a los medicamentos y la sustentabilidad económica de los programas de provisión gratuita de medicamentos e insumos de salud, tanto públicos como de seguridad social y de medicina pre-paga.

Las guías son instrumentos fundamentales para proteger la Salud Pública: sus criterios estrictos para el examen de patentes en el sector farmacéutico han impedido el otorgamiento de un gran número de patentes que no cumplen con los requisitos legales. Así se evita la creación de monopolios sobre medicamentos esenciales, posibilitando la producción local y promoviendo la competencia y la reducción de precios de los medicamentos.

Es escandaloso cómo las corporaciones farmacéuticas multinacionales demandan al Estado argentino por ejercitar un derecho que surge de los tratados internacionales firmados en el marco de la Organización  Mundial del Comercio (OMC) (art 1 del ADPIC).

No es la primera vez que estas empresas desafían las facultades de gobiernos constitucionales para intentar frenar el uso de las que llamamos Salvaguardas de Salud. Ya en Sudáfrica a finales de los años ´90 un caso similar iniciado por las mismas compañías puso en alerta a la comunidad internacional, produciéndose una de las más grandes movilizaciones en la historia mundial del acceso a medicamentos. Ese fue el antecedente de la Declaración de Doha sobre ADPIC y Salud Pública, en la cual los miembros de la OMC debieron aclarar cuáles son los derechos de los países en materia de protección de la salud en casos de propiedad intelectual sobre productos y procedimientos médicos.

El caso que CAEMe inició contra Argentina da cuenta de que a pesar de los esfuerzos que se han hecho estamos expuestos al mismo tipo de embate. En Brasil las mismas compañías asociadas en INTERFARMA también intentan poner en jaque medidas similares adoptadas por el Ministerio de Salud de ese país.

Nuestra campaña lanzada ayer tiene por objetivo informar y movilizar a la sociedad para que las compañías desistan de la acción judicial contra las guías. Queremos concientizar sobre cómo los dramáticos incrementos en el precio de nuevas medicinas están vinculados con la manera en la que las patentes farmacéuticas son examinadas y otorgadas. La situación es alarmante porque el abuso al sistema de patentes se ha convertido en práctica usual en la industria farmacéutica, perjudicando a competidores y usuarios y desfavoreciendo la innovación.

Las guías deben ser mantenidas en vigencia no sólo porque ello beneficia la salud de los argentinos, sino porque permiten que nuestra industria local se desarrolle, que las empresas locales produzcan, y que el país se beneficie desde un aspecto social y económico.

Desde la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) hemos tomado la firme decisión de defender las guías y nos hemos presentado en el expediente judicial “CAEMe y otros c/ Estado Nacional S/ Nulidad del Acto Administrativo” como terceros interesados.

Nuestra organización representa los intereses de las personas que necesitamos usar medicamentos y en tal carácter hemos adherido a la postura y argumentos que el Estado Nacional ha presentado en su defensa en el juicio, tendientes al mantenimiento de esta política fundamental para nuestro sector de la comunidad.

(*) Lorena Di Giano es Directora Ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP).

Fuente: Telam


La industria farmacéutica argentina afectada por importación de medicamentos, patentes y PAMI

 Diversas iniciativas del gobierno pusieron en alerta a la industria nacional de medicamentos.

laboratorios nacionales
En Argentina los laboratorios nacionales
tienen el 62% del mercado.

Una licitación de medicamentos del Ministerio de Salud ha desatado un conflicto con la industria farmacéutica sin precedentes desde el retorno de la democracia. Además hay inquietud y pronósticos sombríos por los cambios en el INPI. Y la situación con el PAMI sigue en terreno ríspido al punto que las cámaras han decidido autoconvocarse y volver a negociar en bloque.

El conflicto se origina en la Licitación Pública Internacional 4/2016, que elimina el “compre nacional” y habilita a cualquier laboratorio de cualquier país, a presentarse a la licitación.

“No se otorgará un margen de preferencia a los bienes fabricados en el país del Comprador”, señala el pliego de la licitación de alrededor de 124 páginas.

Tampoco exige un certificado expedido por la ANMAT ya que alcanza la “Constancia expedida por autoridad sanitaria competente del país de fabricación indicando la no existencia de sanciones con respecto al producto ofertado, que se le hubiesen aplicado en los últimos doce (12) meses anteriores a la fecha de apertura de la licitación”.

CILFA, Cooperala y la UIA presentaron recursos administrativos impugnando la licitación e incluso CAEME – que representa a las multinacionales que supuestamente podrían beneficiarse de la eliminación del Compre Nacional- expresó su preocupación por la decisión del Ministerio de Salud de importar productos que no contarían con el registro de especialidades medicinales concedidos por ANMAT.

En una carta enviada al Ministerio de Salud, CAEME reclamó que el ingreso de esos productos “constituye una señal negativa quienes, más allá del origen de su capital, producen, invierten, generan empleo y pagan impuestos en el país”.

La Unión Industrial Argentina (UIA) decidió por “unanimidad” el envío de una carta al Ministro de Salud, Jorge Lemus,“adhiriendo al reclamo de CILFA en relación a la Licitación Pública Internacional 4/2016, que prescinde del cumplimiento de leyes nacionales de orden público, facultando a los oferentes a presentarse con certificados de registros de especialidades medicinales no concedidos por la ANMAT y vulnerando disposiciones de la ley de compre nacional. Todo ella genera un efecto negativo para el empleo y la inversión de calidad que impulsa la industria farmacéutica”.

La UIA envió copias de su carta al Jefe de Gabinete de Ministros y a los ministros de Hacienda y Finanzas, y de la Producción.

Los laboratorios nacionales agrupados en CILFA y Cooperala impugnaron la licitación y solicitaron su suspensión inmediata mediante los siguientes reclamos administrativos.

Reclamo administrativo impropio de CILFA y sus laboratorios asociados, presentado el jueves 23 de junio.
Adhesión al reclamo administrativo impropio de CILFA del laboratorio Roemmers, presentado el viernes 24 de junio.

Reclamo administrativo presentado por Cooperala el jueves 30 de junio en términos similares a los de CILFA.

El diputado nacional Héctor Daer, titular de ATSA e integrante del Frente Renovador, en un encendido discurso pronunciado durante la última sesión parlamentaria, amenazó con movilizar a los trabajadores de los laboratorios en defensa de la industria nacional (ver nota de FarmaPress con el discurso completo).

Por su parte, la senadora nacional  Silvina García Larraburu (FpV), expresó su preocupación por la medida del gobierno nacional de abrir la importación a los medicamentos importados en detrimento de la industria nacionaly presentó  un pedido de informes sobre la decisión de “debilitar” a los laboratorios nacionales en las licitaciones del Ministerio de Salud.

Precisamente, los voceros del Ministerio de Salud han insistido que la licitación internacional abierta a oferentes del exterior es para bajar los precios de  los medicamentos que el titular del PAMI, Carlos Regazzoni, aseguró que están más caros que en Europa.

El conflicto entre el Ministerio de Salud  y la industria farmacéutica no tiene precedentes cercanos y habría que remontarse a los albores del retorno de la democracia en 1984, cuando el presidente Raúl Alfonsín, y el ministro de Salud, Aldo Neri quisieron imponer controles de precios y cuestionaron los márgenes de rentabilidad de los laboratorios.

En esos días, la pelea fue intensa y hasta un embajador suizo fue a la Casa Rosada a quejarse del supuesto “maltrato” al laboratorio Roche, recordaron, oportunamente, los funcionarios que acompañaron a Aldo Neri.

La otra escala conflictiva fue la Ley de Patentes de los 90, pero en ese caso la pelea fue de los nacionales contra el ministro Domingo Cavallo y el Embajador estadounidense James Cheek.

También por patentes se avecina un conflicto, temen los laboratorios nacionales, desde la designación de Dámaso Pardo al frente del INPI.  El nuevo presidente es socio de la Asociación Argentina de Agentes de Propiedad Intelectual (AAAPI) que  a sólo 23 días de la asunción del nuevo gobierno fue a pedirle al ministro de Producción, Francisco Cabrera, la eliminación de las Guías de Patentabilidad.

Supuestamente, esas guías alejaron las inversiones y generaron una “crisis” en el INPI durante la gestión del ex presidente del organismo, Mario Aramburu, de quien el gobierno, en voz baja, dice que se negaba a conceder patentes solicitadas por las multinacionales. Aramburu, vale recordarlo, estuvo quince años en el cargo y la imputación merece otro debate.

En defensa de las Guías de Patentabilidad,  un reciente informe de PNUD titulado “Guidelines for the Examination of Patent Applications relating to Pharmaceuticals”, mencionó a Argentina como un modelo riguroso en la concesión de patentes.

En el documento se señala que “ha habido una creciente atención, particularmente en el área de la salud pública y la industria farmacéutica, a la necesidad de garantizar un equilibrio adecuado entre los intereses de los titulares de las patentes y los usuarios de tecnología (según  los requisitos de los artículos 7 y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC). A este respecto, varios países (por ejemplo, Argentina, Ecuador, India y Filipinas) han adoptado una legislación o políticas de examinar las solicitudes de patentes relacionadas con productos farmacéuticos y los procesos de una manera que da cuenta de las consideraciones de salud pública”.
“El análisis de las reivindicaciones de patentes farmacéuticas ha demostrado que la correcta aplicación de las normas de patentabilidad puede evitar que la concesión de ‘mala calidad’ o patentes triviales, que, al impedir la entrada oportuna de la competencia genérica, puede dañar salud pública”, señaló el documento.

Y la disputa por el PAMI suma al clima tenso, espeso, irritable, que se percibe en la industria farmacéutica. Las tres cámaras del sector han decidido convocarse a partir de esta semana en una denominada “intercámaras”  para recorrer juntas la cuesta arriba que se avecina en la negociación con Regazzoni.

Fuente: Pharmabaires


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