Gaillard sobre patentes de medicamentos: “Se favorece a laboratorios extranjeros”

Gaillard sobre patentes de medicamentos: “Se favorece a laboratorios extranjeros”

La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Carolina Gaillard, afirmó que la reciente resolución 56 del INPI “favorece a los monopolios de laboratorios multinacionales y producirá aumentos en los precios de los medicamentos”. Además, alertó que en la dirección del INPI hay integrantes que defienden los intereses de los laboratorios extranjeros.

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Diputada Carolina Gaillard

“Esta medida favorece a los laboratorios extranjeros”, aseguró la legisladora, que fue la primera en reaccionar a la Resolución 56 del INPI, que sorpresivamente fue publicada la semana pasada en el Boletín Oficial.

La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados salió en respaldo de los laboratorios nacionales, agrupados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), al denunciar que “la Resolución N° 56 del Instituto Nacional de la Propiedad  Industrial (INPI) da vía libre a que los estudios realizados por oficinas de patentes de otros países puedan ser considerados a la hora de otorgar o no un pedido en la Argentina”.

“El medicamento es un bien social”, señaló Gaillard y añadió que, “esta medida va a en contra de los argentinos porque producirá un aumento en el precio de los medicamentos”.

“Si menos laboratorios –en  este caso extranjeros- tienen la exclusividad en la comercialización de los medicamentos a partir de que puedan estirar de modo irregular la vigencia de las patentes, o bien que se les conceda  patentes que no corresponden, habrá menos jugadores para terciar en el mercado, por lo que el precio de los medicamentos subirá”, alertó la legisladora.

“Se favorece la cartelización del mercado, esta resolución del gobierno de Cambiemos producirá que muchos laboratorios nacionales pierdan competitividad con los extranjeros. Por otra parte, la medida también desalentará de modo irreversible la investigación y el desarrollo y la innovación nacional, tanto a nivel público como privado”, resaltó.

Además, la presidenta de la Comisión de Salud explicó que la autoridad de aplicación de la medida, el INPI, está dirigido por “un integrante del mismo estudio de abogados que en los últimos años ha defendido a todos los laboratorios multinacionales para que se les otorguen las patentes de los medicamentos en la Argentina”.

“Es decir, Cambiemos vuelve a poner al zorro a cuidar las gallinas”, señaló la legisladora.

“Consideramos necesaria la producción nacional de medicamentos, tanto en laboratorios públicos como privados, así como la oferta de genéricos, para que el Estado cumpla con el rol de garantizar la salud a toda la población, y no sólo de aquellos que puedan pagarlo. Debemos intentar lograr la soberanía sanitaria, favoreciendo la producción local de medicamentos y evitando la presencia de monopolios que, a través de la cartelización, fijan precios arbitrarios para los medicamentos”, reclamó Gaillard.

“Con esta Resolución del INPI se favorece a los monopolios de laboratorios multinacionales cuando en nuestro país existe la capacidad de producir los mismos medicamentos a un menor costo”, concluyó la diputada Gaillard.

Fuente: PharmaBaires


Una resolución que reconoce las patentes extranjeras afecta gravemente a la industria farmacéutica argentina

Una virtual modificación a la Ley de Patentes, realizada en una operación casi secreta e inconsulta a través de una resolución del INPI, afecta gravemente a la industria farmacéutica nacional. La resolución reconoce las patentes otorgadas en el extranjero, con aprobación casi automática del instituto que regula las patentes en Argentina. La misma estrategia se había intentado en los años 90 por el entonces ministro Domingo Cavallo.

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PharmaBaires | Para los laboratorios nacionales fue una sorpresa, un baldazo de agua fría. Dicen que no esperaban la resolución 56 del INPI que es una apertura indiscriminada a las patentes “importadas”. Ahora, se preparan para el contragolpe como en la década del 90 cuando debieron templar músculos y cerebro para enfrentar a la presión de la Embajada de Estados Unidos y a su aliado local de ese entonces, Domingo Cavallo.

Sorpresa ha sido la estrategia del gobierno para introducir una modificación estructural en el sistema de patentes vigente en el país durante 20 años. Ni el ministro de Producción, Francisco Cabrera, ni ningún funcionario de la Secretaría de Comercio, con quienes vienen reuniéndose seguido, esencialmente por el capítulo de Propiedad Intelectual del Tratado de Libre Comercio con la UE, les anticiparon que se avecinaban cambios de fondo.

“En las reuniones que tuvimos con Cabrera jamás nos habló de que pensaban introducir un cambio tan profundo en el INPI y encima mediante una resolución administrativa”,  señalaron voceros de la industria nacional.

También recordaron que la canciller Susana Malcorra se comprometió a enviar las ofertas de la UE para negociar un tratado de libre comercio, cuando acudió a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, ante una solicitud del diputado renovador José De Mendiguren. Y nunca envió información alguna sobre las negociaciones que avanzan velozmente hacia la fecha tope del 14 de octubre, con bienes, servicios y patentes en la primera línea de las exigencias europeas.

La resolución 56 cierra un “círculo virtuoso” que comenzó con la designación de Dámaso Pardo de la Asociación Argentina de Agentes de Propiedad Intelectual, lobby de abogados de las  multinacionales que fue recibido por Cabrera apenas tres semanas después de asumir el cargo.

Y si Alfredo Martínez de Hoz (hijo) no pudo acompañarlo en la gestión en el INPI, fue, exclusivamente, porque su virtual designación como vicepresidente del organismo desató un escándalo mediático.

La resolución 56 “habilita un sistema de patentamiento rápido e irregular a favor de las multinacionales” que “en medicamentos implica más posiciones monopólicas y dominantes, mayores precios y desalienta innovación e investigación nacional” coincidieron los voceros de los laboratorios nacionales, que a partir de esta semana lanzarán una campaña de solicitadas, presentaciones judiciales y buscarán que retumbe el conflicto en el Congreso de la Nación.

“Soberanía cero por resolución 56 del INPI”, twitteo el ex ministro de Salud, Daniel Gollán. La resolución reabrió “una histórica grieta entre el Gobierno y los laboratorios nacionales “, sintetizó la periodista Florencia Donovan.
Lo de histórica es una referencia al conflicto de los 90 cuando el presidente Carlos Menem y su ministro Domingo Cavallo enviaron al Congreso Nacional un proyecto de ley de propiedad intelectual que desató una batalla legislativa y la movilización de sectores industriales, profesionales sociales y sindicales, en defensa de la industria nacional.

“Sabemos que la UIA está de nuestro lado y que también podemos contar con Héctor Daer (ATSA) y los AAPM (visitadores médicos) en este conflicto”, destacó un vocero de la industria.

El Ministerio de Economía defendió la resolución al afirmar que hay alrededor de 26 mil expedientes de solicitudes de patentes parados y que no “hay marcha atrás”.
Sin embargo, Norma Felix, la primera interventora del INPI en tiempos de Menem y Cavallo intentó instrumentar un sistema similar y debió retroceder ante un fallo de la justicia.

LA “CORTINA DE HUMO” DE LOS BARRILES DE EFEDRINA

En este contexto, hay muchos que comienzan a sospechar que el reciente escándalo de los barriles de efedrina “descubiertos” en un depósito de Ezeiza no solo fue una interna entre los servicios de inteligencia y entre funcionarios de seguridad y de la Aduana.

Hay quienes analizan que el escándalo mediático se desinfló en tres días, pero la imagen del empresario farmacéutico nacional Hugo Sigman quedó mucho más dañada porque fue expuesto en los medios como vinculado a un supuesto caso de contrabando. Por algo, Elisa Carrió hace pocos días por el canal TN insistió que “hay que investigar a Sigman”.  Casualidad o maniobras de palacio?

Y esos medios que vincularon la efedrina con un supuesto contrabando luego nunca le explicaron a sus lectores la verdad: “La denuncia de los tachos de efedrina de Ezeiza fue realizada por abogados de la Aduana en diciembre de 2011 y ratificada días después por el organismo. La causa se tramita desde entonces bajo el número 15618/11 en el Juzgado Federal Numero 6 del Juez Canicoba Corral”, informaron voceros del sindicato aduanero, SUPARA, cuando todos aparecían en el mismo lodo, todos manoseados.

LA INDUSTRIA NACIONAL IRÁ A LA JUSTICIA

CILFA ya prepara la ofensiva judicial y denunciará que el nuevo sistema genera un sistema de “Patentes importadas” o “Patentes express” que convierten al INPI “en un sello, en una mesa de entradas receptora de solicitudes de patentes extranjeras”.

En la misma dirección y compartiendo la estrategia, se sumará Cooperala.

Desde el punto de vista jurídico, la resolución 56/2016 es inconstitucional porque es incompatible con lay de patentes que obliga al INPI a examinar detalladamente cada solicitud de patente”, es el argumento sustancial de la presentación que realizará CILFA y sus autores aseguran que por igual motivo ya Norma Felix debió retroceder durante su gestión.
También “contradice la jurisprudencia de la Justicia Nacional Civil y Comercial Federal que ha afirmado en reiteradas oportunidades que el INPI debe ejercer sus funciones conforme al ordenamiento jurídico argentino, sin reconocer dependencia científica o administrativa de ninguna oficina extranjera de patentes”, reforzará la presentación.

Coincidentemente, la resolución 56 es dictada en Argentina, mientras en Nueva York, el Panel de Alto Nivel para el Acceso a los Medicamentos convocado por el secretario general de  la ONU, Ban Ki-moon pidió “revisar y evaluar las propuestas y recomendar soluciones para poner remedio a la incoherencia de las políticas entre los derechos justificados de los inventores,  las normas internacionales de derechos humanos, las normas comerciales y la salud pública”.

The Lancet publicó el pasado fin de semana una editorial elogiosa sobre las conclusiones del Panel de Alto Nivel y consideró audaz la propuesta de convocar a una convención internacional de I+D y más financiamiento público para la I+D.
La publicación recordó el gobierno de Estados Unidos y la industria farmacéutica rechazaron el informe en su intento dE “diluir sus recomendaciones”  y “bloquear su lanzamiento”.

“No obstante, las recomendaciones del panel son un primer paso importantes y será imprescindible que Ban Ki-moon las respalde rápidamente”, elogió el editorial de The Lancet.

Ver la Resolución 56 INPI: http://www.inpi.gov.ar/pdf/ResoP_056Procedimiento_Patentes.pdf

 

 


La industria farmacéutica argentina afectada por importación de medicamentos, patentes y PAMI

 Diversas iniciativas del gobierno pusieron en alerta a la industria nacional de medicamentos.

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En Argentina los laboratorios nacionales
tienen el 62% del mercado.

Una licitación de medicamentos del Ministerio de Salud ha desatado un conflicto con la industria farmacéutica sin precedentes desde el retorno de la democracia. Además hay inquietud y pronósticos sombríos por los cambios en el INPI. Y la situación con el PAMI sigue en terreno ríspido al punto que las cámaras han decidido autoconvocarse y volver a negociar en bloque.

El conflicto se origina en la Licitación Pública Internacional 4/2016, que elimina el “compre nacional” y habilita a cualquier laboratorio de cualquier país, a presentarse a la licitación.

“No se otorgará un margen de preferencia a los bienes fabricados en el país del Comprador”, señala el pliego de la licitación de alrededor de 124 páginas.

Tampoco exige un certificado expedido por la ANMAT ya que alcanza la “Constancia expedida por autoridad sanitaria competente del país de fabricación indicando la no existencia de sanciones con respecto al producto ofertado, que se le hubiesen aplicado en los últimos doce (12) meses anteriores a la fecha de apertura de la licitación”.

CILFA, Cooperala y la UIA presentaron recursos administrativos impugnando la licitación e incluso CAEME – que representa a las multinacionales que supuestamente podrían beneficiarse de la eliminación del Compre Nacional- expresó su preocupación por la decisión del Ministerio de Salud de importar productos que no contarían con el registro de especialidades medicinales concedidos por ANMAT.

En una carta enviada al Ministerio de Salud, CAEME reclamó que el ingreso de esos productos “constituye una señal negativa quienes, más allá del origen de su capital, producen, invierten, generan empleo y pagan impuestos en el país”.

La Unión Industrial Argentina (UIA) decidió por “unanimidad” el envío de una carta al Ministro de Salud, Jorge Lemus,“adhiriendo al reclamo de CILFA en relación a la Licitación Pública Internacional 4/2016, que prescinde del cumplimiento de leyes nacionales de orden público, facultando a los oferentes a presentarse con certificados de registros de especialidades medicinales no concedidos por la ANMAT y vulnerando disposiciones de la ley de compre nacional. Todo ella genera un efecto negativo para el empleo y la inversión de calidad que impulsa la industria farmacéutica”.

La UIA envió copias de su carta al Jefe de Gabinete de Ministros y a los ministros de Hacienda y Finanzas, y de la Producción.

Los laboratorios nacionales agrupados en CILFA y Cooperala impugnaron la licitación y solicitaron su suspensión inmediata mediante los siguientes reclamos administrativos.

Reclamo administrativo impropio de CILFA y sus laboratorios asociados, presentado el jueves 23 de junio.
Adhesión al reclamo administrativo impropio de CILFA del laboratorio Roemmers, presentado el viernes 24 de junio.

Reclamo administrativo presentado por Cooperala el jueves 30 de junio en términos similares a los de CILFA.

El diputado nacional Héctor Daer, titular de ATSA e integrante del Frente Renovador, en un encendido discurso pronunciado durante la última sesión parlamentaria, amenazó con movilizar a los trabajadores de los laboratorios en defensa de la industria nacional (ver nota de FarmaPress con el discurso completo).

Por su parte, la senadora nacional  Silvina García Larraburu (FpV), expresó su preocupación por la medida del gobierno nacional de abrir la importación a los medicamentos importados en detrimento de la industria nacionaly presentó  un pedido de informes sobre la decisión de “debilitar” a los laboratorios nacionales en las licitaciones del Ministerio de Salud.

Precisamente, los voceros del Ministerio de Salud han insistido que la licitación internacional abierta a oferentes del exterior es para bajar los precios de  los medicamentos que el titular del PAMI, Carlos Regazzoni, aseguró que están más caros que en Europa.

El conflicto entre el Ministerio de Salud  y la industria farmacéutica no tiene precedentes cercanos y habría que remontarse a los albores del retorno de la democracia en 1984, cuando el presidente Raúl Alfonsín, y el ministro de Salud, Aldo Neri quisieron imponer controles de precios y cuestionaron los márgenes de rentabilidad de los laboratorios.

En esos días, la pelea fue intensa y hasta un embajador suizo fue a la Casa Rosada a quejarse del supuesto “maltrato” al laboratorio Roche, recordaron, oportunamente, los funcionarios que acompañaron a Aldo Neri.

La otra escala conflictiva fue la Ley de Patentes de los 90, pero en ese caso la pelea fue de los nacionales contra el ministro Domingo Cavallo y el Embajador estadounidense James Cheek.

También por patentes se avecina un conflicto, temen los laboratorios nacionales, desde la designación de Dámaso Pardo al frente del INPI.  El nuevo presidente es socio de la Asociación Argentina de Agentes de Propiedad Intelectual (AAAPI) que  a sólo 23 días de la asunción del nuevo gobierno fue a pedirle al ministro de Producción, Francisco Cabrera, la eliminación de las Guías de Patentabilidad.

Supuestamente, esas guías alejaron las inversiones y generaron una “crisis” en el INPI durante la gestión del ex presidente del organismo, Mario Aramburu, de quien el gobierno, en voz baja, dice que se negaba a conceder patentes solicitadas por las multinacionales. Aramburu, vale recordarlo, estuvo quince años en el cargo y la imputación merece otro debate.

En defensa de las Guías de Patentabilidad,  un reciente informe de PNUD titulado “Guidelines for the Examination of Patent Applications relating to Pharmaceuticals”, mencionó a Argentina como un modelo riguroso en la concesión de patentes.

En el documento se señala que “ha habido una creciente atención, particularmente en el área de la salud pública y la industria farmacéutica, a la necesidad de garantizar un equilibrio adecuado entre los intereses de los titulares de las patentes y los usuarios de tecnología (según  los requisitos de los artículos 7 y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC). A este respecto, varios países (por ejemplo, Argentina, Ecuador, India y Filipinas) han adoptado una legislación o políticas de examinar las solicitudes de patentes relacionadas con productos farmacéuticos y los procesos de una manera que da cuenta de las consideraciones de salud pública”.
“El análisis de las reivindicaciones de patentes farmacéuticas ha demostrado que la correcta aplicación de las normas de patentabilidad puede evitar que la concesión de ‘mala calidad’ o patentes triviales, que, al impedir la entrada oportuna de la competencia genérica, puede dañar salud pública”, señaló el documento.

Y la disputa por el PAMI suma al clima tenso, espeso, irritable, que se percibe en la industria farmacéutica. Las tres cámaras del sector han decidido convocarse a partir de esta semana en una denominada “intercámaras”  para recorrer juntas la cuesta arriba que se avecina en la negociación con Regazzoni.

Fuente: Pharmabaires


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