Farmacity: la generosidad de las promesas que no practica en la CABA o Córdoba

Farmacity: la generosidad de las promesas que no practica en la CABA o Córdoba

Crónica de las audiencias públicas en la Corte por el “caso Farmacity”. La decisión, que amenaza ser más política que jurídica, podría conocerse en cuestión de semanas.

Farmacity se ha convertido en una empresa generosa que está dispuesta a responder a la “demanda insatisfecha” de farmacias en José C. Paz o Claypole, donde supuestamente los farmacéuticos que no dejan entrar a la cadena en territorio bonaerense, tampoco se instalan. Ese fue el argumento de dudosa validez que se escuchó en la sumatoria de las dos audiencias públicas convocada por la Corte Suprema de Justicia.

Las dos audiencias convocadas por la Corte Suprema para resolver la demanda de la cadena Farmacity contra la provincia de Buenos Aires arrojaron pocos argumentos novedosos como para torcer el derrotero judicial iniciado hace seis años.  Excepto por lo que suena como promesa de campaña y que no tiene demasiado sustento en la distribución geográfica de la cadena, donde si ha conseguido instalarse.

Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, Farmacity declara 177 sucursales, de los cuales 13 están ubicadas en Recoleta y Puerto Madero.  Otras veinte entre Palermo y Belgrano. En cambio, hay una Mataderos, una en Pompeya y una en Barracas.

En Córdoba, hay 22 sucursales, de las cuales todas están en el centro, excepto una en el aeropuerto de Pajas Blancas, tres en Río Cuarto, una en Villa María y una en el exclusivo Cerro de las Rosas. En San Vicente, Alto Alberdi y en otras localidades populosas del Gran Córdoba no existe. Tampoco en localidades del interior como Mina Clavero o La Falda.

Al término de las dos audiencias quedó en claro la estrategia de Farmacity. En la primera un informe sobre la supuesta concentración de los farmacéuticos en zonas rentables y cercanas a las estaciones o peatonales comerciales. En la segunda audiencia la generosa oferta de responder a la “demanda insatisfecha”.

El informe sobre la supuesta disparidad de la radicación de las farmacias bonaerenses fue presentado en la primera audiencia por la consultora Marketing y Estadísticas de Sebastián Lopes Perera.

“Territorialmente, la ubicación de las farmacias es más intensa” en las zonas comerciales, mientras que “en entornos de nivel socio-económico bajo –sean de alta o media densidad–, la presencia de farmacias es casi nula, al igual que en las zonas alejadas de los nodos y corredores comerciales”, sostenía el informe.

Según ese informe, en Vicente López, había 106 farmacias a un promedio de una por cada 2.533 habitantes, en San Isidro 115 a un promedio de 2.545 habitantes, mientras que en el extremo opuesto en José C. Paz había treinta farmacias, una por cada 10.001.

Incluso Lopes Perera mencionó que “en la localidad de Adrogué se estima 1.052 habitantes por farmacia, mientras que en la localidad de Claypole ese ratio es de 11.381. En la primera, el nivel socio-económico es alto, mientras que en la segunda predomina el nivel socio-económico medio y bajo”.

Isabel Reinoso, presidenta de la Cofa y del Colegio bonaerense, respondió sobre ese estudio que “fue realizado y contratado por la farmashopping que demanda a la provincia de Buenos Aires con groseros errores. La cantidad de farmacias no concuerda con las habilitadas, la densidad de población que presentó es por partido y no por localidad como establece la ley 10.606”.

DATOS ERRONEOS Y CONCLUSIONES ERRONEAS .VERGONZOSO !!!” (en mayúsculas en el original) escribió Reinoso, insistiendo que “se olvidaron de poner muchas localidades del conurbano que hoy tienen farmacias y esas localidades no existen en el estudio de la consultora contratada como amicus curiae”.

“Nunca pensé que se atreverían a distorsionar datos de la realidad como la cantidad de habitantes, usan proyecciones por partido y no el dato del INDEC por localidad como expresa nuestra ley …en fin ..cuanto habrá pagado por ese estudio con datos erróneos, desconocimiento total de la realidad de la Provincia de Buenos Aires”.

Reinoso insistió que “tampoco analizaron cómo y dónde se instalaron las farmacias después del 2003 que se modificó la ley y se preguntó: ¿error o oportunismo?. En los últimos años se instalaron 215 farmacias NUEVAS donde está la gente, donde se necesita el servicio. SERA JUSTICIA !!!!”, reclamó Reinoso.

Por último, la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina y del Colegio Farmacéutico de la Provincia de Buenos Aires, advirtió que en una sociedad anónima, los profesionales médicos “no pueden decidir qué remedios se van a comprar o cómo almacenarlos”.

“Esta empresa está atacando a la profesión e incumple con todos los procedimientos sanitarios. Le ofrece chocolates a una persona con diabetes y papas fritas a un hipertenso“, completó.

A partir de ahora, resta esperar que se pronuncien los tres supremos que escucharon los argumentos y en cuyas manos tienen una decisión más política que jurídica.

El tema Farmacity no figura entre los cuatro temas prioritarios que acordaron los supremos en la agenda de actividades hasta fin de año. Y es lógico que no ingrese en el podio, aunque es probable que a semejanza de audiencias públicas precedentes, la sentencia se conozca en cuestión de semanas.

La decisión quedó en manos de Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, ya que se excusaron el presidente de la Corte y ex abogado de la cadena,  Carlos Rosenkrantz, y Horacio Rosatti.

Voceros judiciales estimaron que cualquier resolución, deberá estar acompañada de las tres firmas, pues un solo voto en disidencia le quitará fuerza a la sentencia.

Fuente: Pharmabaires

El sindicato ADEF, a favor de Farmacity

Se presentará en la audiencia pública ante la Corte Suprema para apoyar a la empresa. Se conocieron detalles de la presentación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que el próximo 7 de noviembre, a las 10 hs., se realice la audiencia pública por el expediente en el que la empresa Farmacity, vinculada al ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana, solicita establecerse en la provincia de Buenos Aires modificando la ley sanitaria que rige en ese distrito.

En la oportunidad, bajo la figura de amicus curiae (amigos del tribunal), se presentarán voluntariamente personas y entidades que apoyan las pretensiones de alguna de las partes.

ADEF se presentará, a través de su secretario general Victor Carricarte, apoyando las pretensiones de la empresa Farmacity.

Los argumentos de ADEF

Uno de los argumentos expuestos en la presentación del sindicato de empleados de farmacia, es que la farmacia (que se describe como un establecimiento de “venta al público de remedios y otros productos de salud”), “excede” la tarea del profesional farmacéutico.

También, la presentación escrita del sindicato, ofrecida previamente a la audiencia donde se presentarán personalmente los expositores, niega que la megacadena haya tenido un efecto negativo en el modelo sanitario de farmacias de la Ciudad de Buenos Aires, distrito donde ya está instalada.

ADEF manifiesta explícitamente en su presentación que apoya a la “parte actora” (es decir, a Farmacity). El sindicato intenta justificar su postura sosteniendo que la empresa -que adjunta a la farmacia un polirrubro- genera empleos, si bien no se detiene a considerar que 9 de cada 10 de esos puestos de trabajo corresponden a empleados que no son farmacéuticos, y que sus tareas pueden estar relacionadas a la oferta de productos que no tienen que ver con la salud.

No obstante sus argumentaciones, y más allá de los importantes aspectos sanitarios en discusión, al sindicato le resultará difícil superar la contradicción de apoyar las pretensiones de un empresario como Mario Quintana, conocido partidario de la desregulación de la economía (aún en el ámbito laboral, ver nota aquí), que ha llegado a destacar como un hecho “positivo” la caída del salario real en Argentina (ver nota aquí).

Los otros amicus curiae

No obstante, las presentaciones a favor del modelo sanitario de farmacias (que son 44) superan ampliamente a las que favorecen a la empresa (que son solamente 6).

Entre los que apoyan a Farmacity hay solamente abogados y entidades ajenas al ámbito de la salud; en cambio, entre los numerosos amicus curiae que defienden el modelo sanitario de farmacias se encuentran colegios de farmacéuticos, sanitaristas, entidades profesionales  y otros actores sociales.

El listado completo de quienes apoyan a una y otra parte es el siguiente:

 

Amicus y expositores a favor de Farmacity

1. Marcelo Federico Celani – Economista (Universidad Torcuato Di Tella)

2. Sebastián Pablo Lopes Perera – Investigación de Mercado – Director de Marketing y Estadística

3. Héctor Víctor Gullco – Experto en derecho constitucional

4. Lucas Sebastián Grosman – Rector Universidad de San Andrés

5. Fermín Víctor Carricarte – Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF)

6. Marcelo Capello – Abogado

 

Amicus a favor del modelo sanitario de farmacias 

1.  Asociación Usuarios y Consumidores Unidos   (UCU)

2. Federación Internacional de Farmacia (FIP)

3. Foro Farmacéutico de las Américas

4. Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica

5. Asociacion Argentina de Medicamentos (Asamed)

6. Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

7. Universidad ISALUD  –  Dr. Gines González García

8. Diputado provincial Lisandro Bonelli

9. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires

10. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires

11. Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires

12. Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA)

13. Asociacion de Abogados de CABA (AABA)

14. Colegio de Ingenieros Provincia De Buenos Aires

15. Colegio Superior de Médicos Provincia de Buenos Aires

16. Colegio Superior de Odontólogos Provincia de Buenos Aires

17. Colegio de Fonoaudiólogos Provincia de Buenos Aires

18. Colegio de Arquitectos Provincia de Buenos Aires

19. Colegio de Psicólogos De La Provincia De Buenos Aires

20. Colegio de Martilleros Públicos de la Provincia de Buenos Aires

21. Colegio de Veterinarios de Buenos Aires

22. Consejo Superior de Ciencias Económicas Provincia de Buenos Aires.

23. Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos

24. Colegio de Farmacéuticos de Mendoza.

25. Colegio de Farmacéuticos de Salta

26. Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe 2° Circunscripción

27. Colegio de Farmacéuticos de Tucumán

28. Cooperativa Farmacéutica de Azul (Acofar)                  .

29. Federación Farmacéutica Argentina

30. Centro de estudios legales y sociales (Cels)

31. Diputado provincial Ricardo Lisalde

32. Asociación Jubilados Pilar

33. Federación De Jubilados del Conurbano Gral. San Martín

34. Dr. Alberto Bianchi – abogado Constitucionalista

35. Dr.  Andrés Gil Domínguez

36. Intendente de Esteban Echeverría Fernando Gray

37. Fundación para la investigación y desarrollo de las ciencias jurídicas (Fidas)

38 Grupo argentino para el uso racional de medicamentos (Gapurmed)

39 Diputado Nacional por la provincia de Mendoza José Luis Ramón

40. Consumidores Argentinos.

41. Asociación defensa de Usuarios y Consumidores (Adduc)

42. Dr. Tognioni, Sanitarista Italiano.

43. Colegio de Farmacéuticos De Santa Fe 1° Circunscripción.

44. Diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Fernanda Raverta

 


Quintana, Vidal, Larreta: las mismas ideas para un modelo farmashopping

Los tres referentes del gobierno argentino, hoy funcionarios, compartían sus ideas de libre mercado y políticas desregulatorias en un libro escrito hace tiempo atrás.

Los criterios defendidos por Mario Quintana, propietario de la cadena Farmacity, fueron escritos hace 20 años, y llevados luego a la práctica en su modelo “farmashopping”.

En un libro de 1998, titulado “Domando al elefante blanco”, escrito en colaboración con quien fue su compañero de estudios, el hoy gobernador de la Ciudad de Buenos Aires y también economista Horacio Rodriguez Larreta, Mario Quintana expone sus ideas y soluciones para atender derechos básicos, entre ellos la salud y la asistencia sanitaria.

La propuesta que desarrolla es darle toda la autonomía posible a las empresas privadas para que se hagan cargo de las necesidades de la salud, haciendo con libertad sus negocios. En la práctica, esto lo traduce en lo que ahora pide: autonomía casi absoluta para sus “farmashoppings”, instalándolas donde comercialmente convenga, y vendiendo todo lo que sea rentable, dejando de lado la función sociosanitaria de estos establecimientos.

En el mencionado libro, participó una Licenciada en Ciencias Políticas recién recibida en la Universidad Católica Argentina: María Eugenia Vidal, hoy Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Resulta fácil observar los lazos conceptuales que unen a Vidal con Quintana, y los motivos por los cuales la actual gobernadora no defiende las leyes reguladoras sanitarias de su provincia, amenazadas por un juicio que actualmente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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El libro que escribieron juntos Quintana, Larreta y Vidal.

(Ver este link para información del libro de referencia)

El juicio contra la ley sanitaria de la Provincia de Buenos Aires

Mario Quintana, fiel a los principios que ya había expresado claramente en su libro, inició un juicio contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para declarar inconstitucional la ley 10.606, la ley sanitaria que regula el funcionamiento de las farmacias en ese distrito.

Para todas sus presentaciones judiciales, Mario Quintana y sus abogados se apoyaron en el decreto de desregulación económica 2284 del año 1991, que habilitó a que: “cualquier persona física o jurídica de cualquier naturaleza” pueda ser propietaria de farmacias, “sin ningún tipo de restricción de localización”.

Es decir, aquel decreto desregulatorio de los años noventa, impulsado por el entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo, es el que otorga los “cambios” que ahora el funcionario Quintana pide que se apliquen en la Provincia de Buenos Aires.

El mismo decreto 2284/91 es el que también permitió, en su momento, la venta de medicamentos en quioscos, y que los supermercados pudieran instalar pequeños espacios de 20 metros cuadrados para la venta de medicamentos entre sus góndolas: el mismo modelo comercial que sigue ahora Quintana en sus farmashoppings.

En este link se puede ver la redacción original del decreto 2284/91. De los artículos a los que hacemos referencia: 13, 14 y 15, los dos últimos pudieron ser modificados con posterioridad a instancias de las entidades profesionales farmacéuticas, pero el relativo a la propiedad de las farmacias es el único que aún se mantiene vigente en la ley nacional, y es justamente el que utiliza la empresa de Mario Quintana, Farmacity, para apoyarse en sus presentaciones judiciales.

Está prevista una Audiencia Pública, habilitada por la Corte Suprema, donde se escucharán los planteos de las partes en litigio y  seguramente se actualizará esta discusión acerca de la necesidad de regulaciones sanitarias, o si por el contrario debe predominar la desregulación y la libertad de empresa.

Fuente: politicargentina.com

Ceos de Farmacity aportaron a la campaña de Cambiemos

Relacionan el sospechoso el silencio de Vidal y el apoyo a la cadena de legisladores oficialistas a que Ceo´s de Farmacity aportaron al partido político PRO $1,5 millón de pesos. 

El silencio de la gobernadora Vidal en la demanda de Farmacity, y que el bloque oficialista “cajoneara” en la en la Legislatura bonaerense un proyecto que prohíbe el desembarco Farmacity en la provincia de Buenos Aires, podría tener una explicación: el aporte de directivos de la empresa a la campaña del PRO.

En el marco del escándalo por los aportes truchos para la campaña electoral de Cambiemos, el senador provincial Gustavo Traverso reveló que los dueños de la multinacional Farmacity, Alejandro Gorodisch e Irene Cubric, financiaron por un millón y medio de pesos al partido que preside la gobernadora María Eugenia Vidal.

“Yo había emitido una sospecha la semana pasada, que era muy sospechoso el silencio de Vidal sobre una demanda de Farmacity en Buenos Aires y nos encontramos que los Ceo de Farmacity son aportantes a la campaña y financiamiento del PRO” afirmó Traverso en una radio platense.

Actualmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en sus manos la causa iniciada por la cadena farmacéutica para desembarcar en la provincia de Buenos Aires. La demanda data del año 2012 y llegó al máximo tribunal por la insistencia de la empresa, luego de chocar con los sucesivos fallos de la justicia provincial que rechazaron la autorización.

Además, el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia solicitó en varias oportunidades una reunión con la gobernadora para explicarle el impacto negativo del desembarco de la multinacional fundada por el actual vicejefe de Gabinete de Macri, Mario Quintana. Ante el pedido, Vidal no solo no los recibió, sino que tampoco hizo pública su postura sobre el conflicto.

El vínculo entre el oficialismo y Farmacity tiene su correlato en la Legislatura bonaerense. El bloque de Cambiemos en el Senado impide el tratamiento en comisiones de un proyecto que pone un freno al ingreso de Farmacity a la Provincia. La iniciativa ya fue aprobada en la cámara de Diputados en abril de este año con los votos de las bancadas de la oposición. En ese momento, los legisladores que responden a la Gobernadora votaron en contra de la normativa que declara como taxativo el artículo 14 de la ley vigente 10.606 que prohíbe a las sociedades anónimas, como es el caso de la cadena beneficiada por el gobierno, instalar farmacias en los distritos bonaerenses.

Fuente: PLN

Caso Farmacity: se suspendió la audiencia pública y hay sospechas

Lo llamativo del anuncio de la Corte es que se realizó apenas minutos más tarde de que cerrara el plazo para la entrega de las presentaciones a favor y en contra de la irrupción de Farmacity en territorio bonaerense. Esto le daría más tiempo a la cadena para elaborar su estrategia. Sospechan la injerencia de Quintana.

La disputa por el desembarco de la cadena Farmacity en la provincia de Buenos Aires tuvo un nuevo capítulo en la Justicia. Es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió la audiencia pública que había fijado para el 29 de agosto por cuestiones de “agenda” de la jueza Elena Highton de Nolasco.

Lo llamativo del anuncio de la Corte es que se realizó apenas minutos más tarde de que cerrara el plazo para la entrega de las presentaciones a favor y en contra de la irrupción de Farmacity en territorio bonaerense.

La cadena de farmacias del vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana, ya cosechó el revés judicial en todas las instancias de la Justicia de la Provincia, el rechazo de la Cámara de Diputados bonaerense y de 103 municipios que, a través de decretos u ordenanzas, se manifestaron en contra del desembarco.

Sin embargo, con la llegada de Quintana al gabinete de Mauricio Macri la causa Farmacity logró salirse de la órbita bonaerense y llegó a la Corte Suprema de la Nación, donde ya los jueces Carlos Rozenkratz y Horacio Rosatti se excusaron de intervenir, por tener vínculos previos con la cadena de farmacias.

La última decisión de la Corte, de suspender la audiencia pública, despertó suspicacias entre los defensores de las farmacias de barrio y el modelo sanitario que defiende la Ley provincial 10.606. Es que la mano de Quintana pareciera haber actuado en el llamativo anuncio de la Corte Suprema, que argumentó la suspensión con un viaje a México de la jueza Highton de Nolasco para participar de la “Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia”.

Con la totalidad de los escritos entregados de los amicus curiae que serán oradores en la audiencia pública, la cadena ganó tiempo en la Justicia para estudiar todos los argumentos a favor y en contra del desembarco de la cadena. 

Lo cierto es que los manejos entre Farmacity, el gobierno nacional y la Corte Suprema vienen dando que hablar desde el hermético encuentro entre el presidente Mauricio Macriy el presidente de la Corte, Horacio Lorenzetti.

El almuerzo que se realizó el 19 de junio en la Rosada -cuyo temario no trascendió a los medios- se concretó apenas unas horas antes de que la Corte Suprema fijara la fecha para la suspendida audiencia pública, que aún no tiene fecha de realización.

En paralelo a la discusión judicial, Farmacity puso en marcha una intensa campaña en las redes sociales para mostrarse cerca de los usuarios de farmacias y sumar adhesiones entre la opinión pública.

Fuente: Diagonales.com

Una “Farmamóvil” frente a Tribunales

Farmacéuticos en alerta por lobbies en la Corte Suprema de Justicia argentina para instalar farmacias shopping y conseguir beneficios en la atención al PAMI.

El primer jueves de diciembre, desde temprano y hasta las 14 hs., por iniciativa del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, se instaló un “Farmamóvil” frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Allí y en los alrededores, los farmacéuticos estuvieron entregando material informativo, respondiendo consultas y explicando las consecuencias que tendría una decisión de la Corte -que fuera contraria a las leyes actualmente vigentes-, para la salud pública, para las farmacias comunitarias y para el acceso de la población a los medicamentos.

La iniciativa se mantendrá los jueves del mes de diciembre, de 10 a 14 hs frente al Palacio de Tribunales, con la consigna Cuando la salud está en peligro el remedio es la justicia.

El trailer también recorrerá otros lugares de la provincia de Buenos Aires, para promover campañas sanitarias de prevención, dando información a los pacientes, realizando controles de presión arterial, y será un espacio para conversar con el público y compartir material de defensa profesional.

También para responder sus consultas, sobre todo las referidas a las consecuencias que tendría vulnerar las leyes vigentes para la salud pública, para el acceso al medicamento y las farmacias comunitarias.

La situación es debida a una doble pretensión de la cadena Farmacity: por un lado pretende que la Corte Suprema avale cambiar las normas existentes, que garantizan un servicio farmacéutico adecuado y garantías para el acceso de la población a sus medicamentos.

Por otro lado, la mega cadena de farmacias -propiedad de un funcionario del gobierno nacional-, presentó un requerimiento para que se le mejoren los beneficios que recibe por atender a los afiliados de la obra social PAMI, en detrimento de las farmacias pequeñas y medianas, o situadas en lugares alejados de los grandes centros urbanos.

 


Farmacity pide beneficios del PAMI

Category : Farmacia , Salud

La cadena realizó una presentación por sentirse “discriminada”, y los farmacéuticos le respondieron.

Reproducimos el comunicado del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires:

Ahora Quintana viene por las farmacias de todo el país

El matutino La Nación hizo pública una notificación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) a la Confederación Farmacéutica Argentina que representa a las farmacias comunitarias del país. El organismo imputa a las entidades farmacéuticas en una causa que Quintana inició en 2011 y que fue desestimada en su momento, pero todo cambió por su presión como vicejefe de gabinete del gobierno nacional.

En el año 2011 cuando Mario Quintana era el CEO de la cadena Farmacity, reclamó a la CNDC que hiciera algo para que le bajaran las bonificaciones de PAMI.

Pero el aporte que realizan las farmacias de grandes centros urbanos y volumen de venta, es mayor que las que aportan en el interior de la provincia. A Quintana, con su red de 250 farmacias ubicadas solamente en grandes centros urbanos, no le gustó la bonificación que le correspondía por la magnitud de su cadena.

De hecho, todos los farmacéuticos hacemos ese reclamo desde hace años, pero el acuerdo firmado entre el PAMI y la Industria Farmacéutica impone desde mediados de los 90 una bonificación que las farmacias deben hacer para poder atender a los jubilados.

Sorpresivamente la causa se reactivó luego de que Quintana accediera a la vicejafetura de gabinete de la Nación. Ahora, de acuerdo a lo publicado en el diario La Nación, la CNDC parece darle la razón, “a primera vista”.

La sanción que aplicaría el organismo a la CoFA es multimillonaria e implicaría un enorme beneficio para Quintana y su cadena de farmacias a cuenta de la sustentabilidad de las farmacias comunitarias de todo el país que atienden PAMI.

También es una jugada que podría garantizarle la atención exclusiva del PAMI a su cadena, ya que una disminución a Farmacity, aumentaría la bonificación de las farmacias más pequeñas y sería insostenible la atención en los barrios.



Mario Quintana, Vicejefe de Gabinete y accionista de Farmacity

La enorme presión que se ejerce sobre las organizaciones farmacéuticas por esta causa (y por el juicio que Quintana le inició a la provincia de Buenos Aires para instalar su cadena) no parece detenerse a pesar de los cuestionamientos realizados desde diferentes ámbitos sociales, políticos y profesionales.

Todos coinciden en señalar que quién predica desde la gestión nacional que ha venido para acabar con la corrupción y dinamizar la economía, utiliza su poder para favorecer a un grupo económico y vulnerar la ley vigente.

Fuente: Prensa Colegio de Farmacéuticos Provincia de Buenos Aires –


El “caso Farmacity” en la Corte Suprema, denuncian presiones

En esta nota, una síntesis del las acciones de Farmacity contra las leyes sanitarias de Buenos Aires

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó una presentación “en queja” de Farmacity, que había perdido en todas las instancias en la provincia de Buenos Aires, incluyendo la Corte Suprema provincial, y se encuentra analizando el expediente. Versiones periodísticas sugirieron que la intervención del máximo tribunal argentino está relacionada a intereses directos de funcionarios. Mario Quintana, ex CEO de la empresa y accionista, hoy es funcionario del gobierno. Esto se suma a que el abogado Carlos Rosenkranz ha representado a Farmacity y hoy es integrante de la Corte. 

El fondo de inversiones Pegasus, que tiene entre sus accionistas a Mario Quintana, secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de Ministros a nivel nacional, logró que la Corte Suprema de Justicia admitiera un recurso de queja, presentado ante los repetidos rechazos de los tribunales bonaerenses a la instalación de la cadena Farmacity en la provincia de Buenos Aires, por una ley que establece un modelo sanitario para las farmacias de ese distrito.

Farmacity inició en mayo de 2012 una acción legal contra la provincia de Buenos Aires, en la que solicita la anulación de la Resolución Nº 000235/12 emanada del Ministerio de Salud Provincial, acto administrativo que rechazaba la solicitud efectuada por la sociedad de habilitar farmacias en la provincia de Buenos Aires. Esto se decidió así, en virtud de las pretensiones de la empresa de quedar exenta de dar cumplimiento a la Ley 10.606, que establece para la instalación de farmacias una distancia mínima de trescientos metros entre una y otra, o una cada 3 mil habitantes, y la prohibición expresa de que sean controladas por una sociedad anónima (tal es el caso de Farmacity), entre otros puntos.

Además, en 2013, el Ministerio de Salud de la Nación dictó una resolución en la que se estableció que las farmacias solo pueden dedicarse a la venta de recetas preparadas, dispensa de drogas, medicamentos y productos destinados a la higiene o estética, por lo que el modelo “shopping” que promueve la firma vinculada al vicejefe de Gabinete es ilegal en los distritos en los que esa normativa tiene vigencia.

El planteo judicial del poderoso grupo empresario tuvo trámite desfavorable en la Justicia de la provincia y, tras fallos negativos en primera y segunda instancias, hasta la Suprema Corte de la provincia dictó resolución por unanimidad avalando lo actuado y ratificando la constitucionalidad de la ley, por lo que el abogado patrocinante de Farmacity adelantó la reserva del recurso de queja ante la Corte nacional. Lo que nadie sospechaba en ese entonces es que ese abogado, Carlos Rosenkranz, sería designado a la postre miembro del máximo tribunal, lo que le valió una impugnación no atendida de parte del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia.

Es decir que Farmacity tiene a su ex Ceo como coordinador del Gabinete y a su ex abogado como juez de la corte, lo que hace evidente la capacidad de lobby empresario para forzar la instalación de la cadena en los distritos en los que está prohibido por ley, para lo cual era necesario, primero, que se admitiera un recurso extraordinario en condiciones de extrema adversidad, porque un fallo a favor de la compañía iría en contra de leyes provinciales con 30 años de vigencia.

En ese sentido las entidades profesionales, no solo farmacéuticas, subrayan que el riesgo real no es la instalación misma de las farmacias, que podría materializarse si aceptaran hacerlo bajo las normas que establece la ley, sino la desregulación absoluta que propone el modelo de Quintana, que transforma a un servicio sanitario y social en un comercio polirrubro, poniendo en riesgo  la sustentabilidad del sistema.

En los 135 distritos bonaerenses hay alrededor de 4500 farmacias, muchas de las cuales se instalaron en barrios periféricos de las grandes ciudades y en pequeñas localidades con pocos habitantes debido a los cupos que establece la ley, por lo que una desregulación como la que propone Farmacity concentraría necesariamente los locales en las zonas comerciales y dejaría otra vez a las zonas alejadas y a los distritos menos poblados sin dispensa de medicamentos.

Y en el mismo sentido se complicaría la disponibilidad y entrega de elementos con cobertura del PAMI, como pañales y bolsas de colonostomía, que hoy se distribuyen en todo el territorio gracias a la red de farmacias, pero que Quintana pretende reemplazar con una entrega por correo, lo que requiere otra desregulación, porque ese sistema de venta y distribución también está prohibido.

Desde el Gobierno bonaerense, por el momento, le han asegurado a los farmacéuticos que no hay ninguna chance de que se pueda avanzar con una modificación a la medida de Farmacity, sin embargo, desde la entidad que nuclea a estos profesionales desconfían de esa respuesta y exigen ser atendidos por la gobernadora María Eugenia Vidal, que nunca les concedió una audiencia, a pesar de los múltiples pedidos en ese sentido.

Además, Quintana ha convertido al disputa también en una cuestión personal y en más de una oportunidad afirmó que “el problema de la Provincia es que tiene a (Isabel) Reinoso como presidente del Colegio”esto es así por la defensa irrenunciable y exitosa de Reinoso de la ley provincial. Quintana no imaginaba que la dirigente bonaerense sería elegida también presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), desde donde también promueve el modelo sanitario que se contrapone con las cadenas de farmacias.

Fuente: El País

 

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Caso Farmacity: Vidal dice que “no intervendrá”, pero apoya a Quintana

La gobernadora bonaerense no distingue entre un modelo sanitario y la farmacia shopping.

En declaraciones a la señal A24, María Eugenia Vidal reconoció que no intervendrá en el juicio que lleva adelante Farmacity contra su provincia, porque entiende que hay un “conflicto de intereses”. (Ver una síntesis del caso AQUÍ)

Quienes están siguiendo el caso advirtieron que en los dichos de la gobernadora hay dos errores de apreciación. Por un lado, no distingue entre un interés sanitario y un interés económico. Y por otro lado, el juicio que lleva adelante Farmacity es contra la provincia de Buenos Aires, que ella gobierna.

Como hicieron otros gobernadores, incluso los que la precedieron a ella en la provincia de Buenos Aires, se esperaba que Vidal apoyara el federalismo y las  leyes sanitarias provinciales. Cabe aclarar que el juicio iniciado por Quintana es directamente contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y no contra entidades farmacéuticas.

Al no intervenir en un juicio que es contra las leyes sanitarias de su distrito, Vidal eligió alinearse políticamente con quien hoy es el vicejefe de Gabinete del gobierno nacional -y miembro de su propio partido político-, el economista Mario Quintana. La lectura que la perjudica es que, actuando así, subordina el interés sanitario de su provincia al interés comercial de un funcionario del gobierno central.

Por el contrario, otros dirigentes del oficialismo se manifestaron claramente en contra del reclamo judicial. El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli (PRO), consideró que una llegada de Farmacity al ámbito bonaerense “es un avasallamiento a la Ley Provincial de Farmacias”.

Jueces amigos y el verdadero “conflicto de interés”

Mario Quintana: funcionario y dueño de Farmacity

A pesar de la apariencia que intenta mostrar Vidal de desentenderse, cada vez es más evidente que en el caso hay operaciones políticas, sin las cuales la Corte Suprema nacional no hubiera aceptado el caso. Vale recordar que en la Corte Quintana puede ejercer su influencia porque tiene dos jueces amigos: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Uno fue abogado de la cadena comercial de medicamentos, el otro tuvo como asesora a la actual directora de Asuntos Jurídicos de la empresa.

La demanda de Farmacity es, efectivamente, contra el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, por lo que Vidal no puede desentenderse. Lo comenzó Mario Quintana en 2012, cuando era presidente de la compañía. Es más, la primera hoja del expediente que hoy tiene en sus manos la Corte Suprema es un poder firmado por el propio Quintana.

El verdadero “conflicto de interés” es entonces entre la función pública y los intereses personales, y no solo afecta al actual vicejefe de gabinete Quintana, sino también a los jueces Rosatti y Rosenkrantz. La posibilidad de ingresar al mayor distrito del país aumentaría de inmediato, y enormemente, el valor accionario de la cadena.

La postura de la Facultad de Farmacia

A diferencia de la postura ambigua de la gobernadora Vidal, entidades académicas no aceptan que intereses económicos afecten los servicios que pueden brindar las farmacias.

La Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires se manifestó en contra de la modificación de las actuales normativas sanitarias de la provincia de Buenos Aires.

En una resolución, la entidad académica dejó en claro que “rechaza todo intento de modificación de la normativa vigente en la Provincia de Buenos Aires”, en resguardo de las farmacias, del rol profesional del farmacéutico, y de la salud pública.

La Facultad también recuerda y reivindica que los medicamentos son bienes sociales, rechazando “todo intento de priorizar intereses económicos sobre la salud de la población”. 

Los farmacéuticos “abrazan” Tribunales

Los farmacéuticos reaccionaron con un “abrazo” a la Corte Suprema, concentrándose frente al Palacio de Justicia de la Nación. Allí apuntaron directamente a Mario Quintana, denunciando como algo evidente que si el funcionario no estuviera ligado a la cadena, la Corte no hubiera aceptado un caso que ya se decidió en la provincia.

Isabel Reinoso, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Buenos Aires, le exigió a la Corte Suprema que sostenga los fallos sucesivos de la justicia bonaerense, que reafirmaron  la negativa a Farmacity a operar en ese territorio, fundamentándose y poniendo en relevancia  aspectos sanitarios.  “Una decisión contraria afectaría gravemente el modelo sanitario de nuestra provincia y cambiaría la norma que regula la cantidad de farmacias por habitante y la distancia de 300 metros que debe existir entre cada farmacia en toda la provincia”, alertó Reinoso.

Fuente: FarmaPress
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Farmacity: ofensiva para que Vidal y la Corte avalen desembarco en Provincia

La compañía pide que la gobernadora la habilite a ingresar a un territorio que tiene una ley que prohíbe las sociedades anónimas en ese rubro. 

Farmacity salió a pedir públicamente en una solicitada que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, la habilite a desembarcar en la provincia de Buenos Aires, donde la empresa está vedada por una ley que prohíbe las sociedades anónimas en el rubro.

La compañía planteó sin éxito en la justicia la inconstitucionalidad de esa norma y llegó a la Corte Suprema de Nación, que pidió el expediente para tomar al caso.

La celeridad del máximo tribunal alertó a los laboratorios, que lideran el lobby junto al Colegio de Farmacéuticos de la Provincia para frenar a Farmacity en ese territorio, indicó el sitio La Política Online.

Tampoco escapa que uno de los accionistas de la compañía es Mario Quintana, coordinador de Gabinete.

Aunque ya tienen presencia en 14 provincias, Buenos Aires es clave para subir por las nubes la cotización de la empresa, como ya ocurrió con otras compañías vinculadas a figuras del Gobierno.

Los laboratorios también ponen la mira en Carlos Rosenkrantz, flamante juez de la Corte Suprema ya que fue abogado de Farmacity y debería excusarse si el máximo tribunal analiza el caso.

“Nos gustaría llevar a cabo nuestra tarea en la provincia de Buenos Aires, pero una ley sancionada hace 30 años nos lo impide. Estamos convencidos de que la comunidad se beneficia en su atención farmacéutica con más y no con menos opciones”, señaló Farmacity.

Pero a Vidal no le será fácil convencer a legisladores de cambiar la ley, porque los laboratorios se hacen pensar entre los representantes bonaerenses de todas las fuerzas. Un fallo de la Corte no le daría otra opción.

Fuente y fotografía: iProfesional
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