En defensa del modelo sanitario de farmacia

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En defensa del modelo sanitario de farmacia

En este documento publicado por la Agrupación Médica Luis Aredez se toma postura a favor del modelo sanitario de farmacias. 

 Se rechaza el “modelo” de cadenas de farmacias “shoppings”, que se presenta publicitariamente como un adelanto o una alternativa “moderna” , y se detallan las propuestas más recientes de FIP y OPS/OMS para lo que deben ser las nuevas orientaciones de los servicios farmacéuticos, que coinciden con la propuesta del modelo sanitario de farmacias.

La nota advierte acerca del avance de los negocios privados sobre el derecho a la salud, que también se viene observando en otras áreas.

Transcribimos el artículo original:

EN DEFENSA DEL MODELO SANITARIO DE FARMACIAS – Documento publicado por la Agrupación Médica Luis Aredez

Es necesario reaccionar y tomar una postura firme y muy clara cuando se pretende avanzar sobre el derecho a la salud para dar lugar a los negocios privados. Hoy, esto está pasando en el sector farmacéutico.

En el caso de las farmacias, el intento se hizo más evidente, y llegó a algunos medios de prensa, porque está resultando beneficiado un funcionario público: el Vicejefe de Gabinete del gobierno nacional, el economista Mario Quintana, que es el fundador y dueño de la cadena de farmacias más grande de Argentina.

Funcionarios públicos con negocios privados

Desde que Quintana es funcionario público, su cadena de farmacias (Farmacity) fue favorecida por decisiones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, el año pasado, y más recientemente por un dictamen de la Procuración General de la Nación. En el primer caso, se benefició a esa empresa en relación a la atención al PAMI; en el último caso el dictamen judicial sirvió para acompañar la intención de Quintana de instalar su cadena de farmacias en la provincia de Buenos Aires, donde una ley sanitaria se lo prohíbe.

También, se procesó a un alto funcionario del Ministerio de Salud de la Nación acusado de proteger a la empresa de Quintana, a la que no se le habrían aplicado las sanciones administrativas que correspondían. Las faltas sanitarias que se detuvieron serían más de cien.

El funcionario Quintana promueve para su cadena de farmacias el estilo “farmashopping”, un tipo de establecimiento comercial de venta polirrubro que busca maximizar ganancias y relega a un segundo plano la función sanitaria de las farmacias y el rol de los farmacéuticos como agentes de salud.

Para fundamentar sus argumentos, el dictamen de la Procuración se basó en el decreto 2284 del PEN, sancionado el 31 de octubre de 1991, a instancias del entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo. El decreto desregulaba varios aspectos de la actividad farmacéutica; por ejemplo, permitió que fondos de inversión extranjeros pudieran ser propietarios de farmacias, a través de sociedades anónimas; también permitió la apertura de farmacias dentro de supermercados e impidió todo intento de distribución racional en la instalación de estos establecimientos sanitarios.

Lejos de mejorar el modelo de farmacias argentino y los servicios farmacéuticos, dándoles una orientación sanitaria y un lugar dentro del sistema de salud, se las desvirtuó y se favoreció el negocio de unas pocas empresas.

Se desmerece la función sociosanitaria de farmacias y farmacéuticos

Este modelo que se promueve ahora desde los más altos niveles del gobierno nacional argentino, ya ha demostrado sus efectos negativos en otros países sudamericanos.

El caso más conocido es el chileno, donde la desregulación absoluta del sector, en las últimas décadas, llevó a que la dispensa de medicamentos a la población esté concentrada a tal punto que es manejada por solamente tres cadenas de farmacias.

El perjuicio que se ocasionó en el país trasandino quedó en evidencia cuando se detectaron aumentos concertados de precios de más de 200 medicamentos, entre ellos muchos para enfermedades crónicas: epilepsia, diabetes, asma, reumatismo, hipertensión, y también antibióticos y anticonceptivos. Estas cadenas de farmacias concertaron sobreprecios de medicamentos de hasta el 3000 %. A la vez, en ellas el trabajo de los profesionales farmacéuticos es cada vez peor retribuído.

¿Cuál es el sistema “moderno” de farmacias?

Publicitariamente, el “modelo” de cadenas de farmacias “shoppings” se presenta como un adelanto, una alternativa “moderna” contra un modelo sanitario de farmacias que se quiere estigmatizar como “atrasado”. Esta es una falacia, que no resiste el más mínimo análisis cuando se consideran las últimas recomendaciones de los organismos sanitarios internacionales.

En efecto, si se consideran las directrices conjuntas de la FIP (Federación Internacional de Farmacias) y de la OMS sobre buenas prácticas de farmacia (año 2011), así como también las recomendaciones en cuanto a los estándares de calidad de los Servicios Farmacéuticos de la OPS/OMS (año 2013), el desarrollo de un modelo sanitario de farmacias sostiene propuestas muy distintas a las que quieren imponer Quintana y los grandes grupos económicos que actúan en alianza con él, que se orientan hacia el modelo chileno.

Tanto FIP, como OPS/OMS proponen un servicio farmacéutico cercano a la población, con inserción comunitaria, de cercanía, que brinde posibilidad de acceso a las consultas, a la educación sanitaria, al uso adecuado de los medicamentos, con una distribución racional de las farmacias para que sean la puerta de entrada al sistema sanitario formal. Es decir, todo lo contrario a lo que propone el modelo “farmashopping”: grandes superficies concentradas en los centros urbanos (donde es redituable el negocio), orientación al consumo inadecuado de medicamentos y subutilización de los recursos humanos formados.

Farmacias, CUS, AGNET, PAMI: negocios sin límite

Nada de lo anterior, sin embargo, puede sorprendernos. Va en línea con el avance de las estrategias de mercado y de los negocios privados sobre el derecho a la salud de la población, que también se viene observando en otras áreas.

La reforma del sistema de salud argentino, a través de la llamada “Cobertura Universal de Salud” (CUS), promovida por un decreto presidencial, también se propone generar ganancias a empresas privadas, retirándose el Estado de las prestaciones y dejando de lado regulaciones para generar un negocio que quedará en pocas manos.

En el PAMI, la tendencia es que el Estado sea un comprador de medicamentos de los grandes laboratorios (con un predominio cada vez más marcado de los laboratorios extranjeros) y de servicios a las farmacias (que terminará concentrándose en las grandes cadenas), ofreciendo cada vez menos beneficios y menos cobertura a los afiliados.

La Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AGNET), recientemente presentada en el Senado, acotará la responsabilidad del Estado a una cantidad limitada de prestaciones y al suministro de algunos medicamentos básicos, abriendo el negocio a empresas privadas para otro tipo de tratamientos y farmacoterapias.

En síntesis, hoy en el ámbito de las farmacias, como en otras áreas, se hace evidente que se favorecen negocios privados –muchas veces ligados a funcionarios públicos-, se limitan las posibilidades de los profesionales para desarrollarse y ofrecer sus servicios, subutilizándolos y subordinándolos a un interés comercial, a la vez que se hace cada vez más difícil el acceso a la salud para la población.

Ver el documento original aquí.


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De farmacias a farmashoppings: ¿el “cambio” hacia atrás?

Una crítica a la orientación que se le quiere dar a las farmacias argentinas.

En esta nota publicada por Nuevo Encuentro Salud de la Ciudad se analizan hechos recientes y se los pone en relación con iniciativas que ya han fracasado en el pasado.

Se remarca también la coincidencia de ideas entre Mario Quintana (dueño y fundador de Farmacity), Rodriguez Larreta (Gobernador de la Ciudad de Buenos Aires) y María E. Vidal (gobernadora de la Provincia de Buenos Aires), que están expuestas en un libro que escribieron juntos.

Transcribimos la nota original:

 

EL “CAMBIO” HACIA ATRÁS EN SALUD: DE FARMACIAS A FARMASHOPPINGS

El gobierno macrista aplica el concepto de Mario Quintana: no hay límites para los negocios.

Días pasados, causó sorpresa, malestar y alerta un dictamen de la Procuración General de la Nación a favor de Farmacity, la empresa del Vicejefe de Gabinete del gobierno nacional, Mario Quintana.

Causó sorpresa porque se opuso a tres fallos de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que habían sido adversos a Farmacity. Estos fallos defendían la ley provincial, que regula y promueve un modelo sanitario de farmacias.

En efecto, la ley 10.606 de la provincia de Buenos Aires garantiza una distribución racional de establecimientos farmacéuticos en todo el territorio, en función de recomendaciones sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, con parámetros de densidad poblacional y distancia para su instalación.

La ley permite la propiedad de las farmacias a profesionales farmacéuticos y a determinadas figuras societarias, de las que se excluye a las sociedades anónimas.

Ambas regulaciones legales obstaculizan los intereses de Mario Quintana, que no puede instalar su cadena de farmacias.

El modelo de farmacias propuesto por el funcionario, sustentado con dinero proveniente de fondos de inversión, sigue una orientación netamente comercial, no sanitaria, volcada a la oferta polirrubro, con un modelo “farmashopping” que banaliza los medicamentos transformándolos en un bien de consumo. Asimismo, desmerece la atención profesional farmacéutica y los servicios sanitarios que podrían brindarse en las farmacias, ocultándolos detrás de la oferta polirrubro que incluye golosinas, lencería y bazar.

Esto responde estrictamente a los criterios defendidos por Mario Quintana, planteados en conceptualizaciones teóricas, y llevados luego a la práctica en su modelo “farmashopping”.

 

Quintana, Rodriguez Larreta y Vidal: unidos por las mismas ideas

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El libro que escribieron juntos Quintana, Larreta y Vidal.

En un libro de 1998, titulado “Domando al elefante blanco”, escrito en colaboración con su ex compañero de estudios, el hoy gobernador y también economista Horacio Rodriguez Larreta, Mario Quintana expone temerariamente sus “soluciones” para atender derechos básicos, entre ellos la salud y la asistencia sanitaria.

Su propuesta es darle toda la autonomía posible a las empresas privadas para que se hagan cargo de las necesidades de la salud, haciendo con libertad sus negocios. En la práctica, esto lo traduce en requerir autonomía absoluta para sus “farmashoppings”, instalándolas donde le convenga, y vendiendo todo lo que sea rentable, olvidándose de la función sociosanitaria de estos establecimientos.

En el mencionado libro, participó una recién recibida, Licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina: María Eugenia Vidal. Resulta fácil observar los lazos conceptuales que unen a Vidal con Quintana, y los motivos por los que, la actual gobernadora de la Pcia. De Buenos Aires, no defiende las leyes sanitarias de su provincia, amenazadas por Quintana.

(Ver este link para información del libro de referencia)

 

El dictamen de la Procuración a la Corte: desregulatorio y a favor de la libertad de empresa

El reciente dictamen emitido por la Procuración es a la medida de Quintana: recomienda a la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptar el caso iniciado por el funcionario, y habilitar la sociedad anónima para permitir la entrada de su cadena de farmacias en cualquier territorio de la Nación.

El expediente, que había sido presentado por el propio Mario Quintana, sostenido actualmente en su calidad de funcionario público, implica un juicio al Estado, ya que litiga contra gobiernos provinciales.

El dictamen que firmó el Procurador interino Eduardo Casal (designado por el gobierno en lugar de Alejandra Gils Carbó) debe generar alerta también por sus fundamentos: se basa casi exclusivamente en el decreto de desregulación económica 2284 del año 1991, que habilitaba a que: “cualquier persona física o jurídica de cualquier naturaleza” pueda ser propietaria de farmacias, “sin ningún tipo de restricción de localización”.

Es decir, aquel decreto desregulatorio de los años noventa, impulsado por el entonces todopoderoso Domingo Cavallo, el ex Ministro de Economía, que llevó el país a la ruina, es el que otorga los “cambios” que ahora pide Quintana… veintisiete años después.

El mismo decreto 2284/91 es el que también permitió la venta de medicamentos en quioscos, y que los supermercados pudieran abrir pequeños “stands” de 20 metros cuadrados para la venta de medicamentos (no se los puede llamar farmacias) entre sus góndolas: el mismo modelo comercial que sigue ahora Quintana en sus farmashoppings.

En este link se puede ver la redacción original del decreto 2284/91, véanse los artículos a los que hacemos referencia: 13, 14 y 15, estos dos últimos pudieron ser modificados con posterioridad a instancias de las entidades profesionales farmacéuticas, pero el relativo a la propiedad de las farmacias es el único que aún se mantiene vigente, y fue justamente el utilizado en el dictamen de la Procuración para favorecer a Farmacity.

En definitiva, son las ideas de Mario Quintana, ahora funcionario, las que marcan el rumbo del gobierno y de la justicia macrista: los negocios avanzando sobre la salud, apartando todas las normativas y regulaciones que obstaculicen sus intereses económicos.

Ver nota original aquí.


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Perdió Farmacity

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Category : Farmacia , Salud

Toda la oposición estuvo de acuerdo en votar contra la cadena del funcionario Mario Quintana.

La oposición en la Cámara de Diputados en la Provincia de Buenos Aires consiguió aprobar por 43 votos a 40 una reforma a la Ley de Farmacias bonaerense, para bloquear el desembarco de Farmacity. El proyecto presentado por el Frente Renovador fue votado al término de una tensa sesión parlamentaria en la que no faltaron imputaciones contra el ex Ceo de la cadena y actual vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, como así también entre los legisladores.

El proyecto debe ahora ser debatido por el Senado bonaerense, donde el oficialismo tiene mayoría y la única expectativa es que se abstengan o voten por la afirmativa algunos senadores radicales, en virtud de la presión que perciben en sus respectivos distritos contra el desembarco de la cadena de farmacias.

La voz cantante del debate fue el diputado massista Lisandro Bonelli, quien en su intervención afirmó que “la Ley de Farmacias actual es clara para todos, menos para Quintana”.

El proyecto del legislador vino a completar una interpretación de la Ley de Farmacias sobre la prohibición de que sociedades anónimas sean propietarias de farmacias en territorio bonaerense.

La iniciativa del diputado Lisandro Bonelli declara “taxativo”, el artículo 14 de la ley 10.606, el punto que detalla quiénes pueden instalar farmacias en la provincia.

La ley no detalla la prohibición a las sociedades anónimas (tal el caso de Farmacity) y ese fue el resquicio legal del que se aferra Farmacity desde los tiempos de Mario Quintana como CEO para batallar en la Justicia.

El legislador massista expresó durante su intervención que “estamos discutiendo qué modelo de farmacia queremos en nuestro país, y creo que hay tres cuestiones a debatir: las normativas, la organización y función, y el por qué estamos evaluando esto”.

“La ley actual es clara todos, menos para Quintana y su negocio, porque quiere seguir lucrando con los medicamentos, entonces no debe haber ninguna discusión sobre este modelo”, enfatizó Bonelli.

El legislador aseveró que “un medicamento no es una mercancía, con un medicamento se mide si alguien vive o no vive, si se cura o no, es cuestión de salud. Yo quisiera que la gobernadora se exprese, porque es un tema de interés público”.

La legisladora radical Alejandra Lorden, vocera del oficialismo y presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, pidió discutir una nueva Ley de Farmacias, o sea un salto hacia adelante.

“Nosotros estamos del lado de los farmacéuticos. Por eso planteamos la necesidad de discutir una nueva ley. Una norma que se traduzca en una ley moderna y no en un parche como plantea la oposición“, propuso Lorden.

Mientras era silbada por los farmacéuticos presentes pese a que dijo que estaba de su lado, agregó que “no estamos por la comercialización, nos merecemos una ley moderna. No creemos que la solución sea una normativa existente, necesitamos trabajar coordinadamente con aquellos a quien toca esta ley”.

La diputada de la Coalición Cívica, Maricel Echecoin Moro, en sintonía con su compañera del radicalismo, apuntó contra la oposición en su conjunto: “Ustedes saben que agregar la palabra ‘taxativo’ o no a la ley no tiene efecto jurídico alguno. Esta ley no viene a resolver la cuestión de fondo”.

Maricel Etchecoin Moro, advirtió que hay empresarios farmacéuticos “que tienen connivencia con la política; nosotros vamos a defender a los verdaderos farmacéuticos”.

Su intervención fue también acompañada de abucheos cuando enfáticamente  vinculó al sonado caso de la efredina con el financiamiento de campañas electorales y aseveró que “a mi no me corren los Quintana porque no tengo parientes en los laboratorios”. Por el contrario mencionó a dueños de farmacias que habrían aportado al Frente para la Victoria en 2015.

El bloque de Unidad Ciudadana en cambio sí aprovechó el debate para vincular los intereses de Mario Quintana (aún dueño de un porcentaje de acciones de Farmacity) con los discursos oficialistas que buscaron frenar la iniciativa.

Carlos Moreno de Unidad Ciudadana remarcó que Farmacity “no es producto del esfuerzo de un vecino común, sino que es de Quintana, un personaje funcional a Mauricio Macri. Cada vez que abría un comercio de esa cadena, cerraron cinco farmacias”.

En tal sentido el diputado Bonelli twitteo durante la sesión: El caso de la ciudad de Buenos Aires es testigo. Hay más de 150 sucursales de #Farmacity en la zona más pudiente, pero tan sólo 21 en los barrios más pobres.#NoAFarmacity porque la salud no es un negocio. La ley es clara y todos debemos cumplirla @mauriciomacri #Quintana

Mientras se discutía el proyecto, los farmacéuticos bonaerenses se movilizaron hasta la Casa de Gobierno para exigir de la gobernadora María Eugenia Vidal que se pronuncie contra el desembarco de Farmacity.

De la Casa de Gobierno se desplazaron a la Legislatura donde había comenzado el picante debate.

La protesta, de la que participaron farmacéuticos del interior de la provincia y del conurbano bonaerense, se realizó bajo el lema “Defender un modelo sanitario de farmacias para nuestra provincia”.

“En la provincia hay 7600 farmacéuticos matriculados y 4500 farmacias. Los farmacéuticos estén cada vez más indignados de ver cómo se ponen por encima los intereses de una sola empresa y se destruye un sistema sanitario que da resultados”, dijo a Télam la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires (Colfarma) y de la Confederación de Farmacéuticos Argentinos (COFA), María Isabel Reinoso.

En la protesta, se leyó una “carta abierta” a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, a quien le solicitaron que se pronuncie sobre el tema.

Vidal no expresa cuál es el modelo de salud que quiere para los 16 millones de bonaerenses. Ella no puede incidir en la justicia, pero consideramos que debe pronunciarse”, exigió Reinoso.

Con esta discusión, “se debaten dos modelos: si la provincia va a tener un modelo sanitario o si va a imperar el modelo de mercado”, completó Reinoso .

Fuente: Pharmabaires


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El PAMI avanza con el convenio, la industria y los farmacéuticos hablan de incertidumbre y crisis terminal

PAMI impone sus condiciones unilaterales, que según se advirtió no benefician más que a las grandes cadenas. La industria amenaza con no adherir, los farmacéuticos alertan sobre la incertidumbre y el caos que generará el cambio de sistema. Fefara, que cedió su validador al PAMI cuando comenzaron las negociaciones, ahora dice que “la cosa no tiene remedio”. Negociaciones de último momento buscan el contacto con Macri, eludiendo pasar por la vicejefatura de gabinete, donde habita Mario Quintana.

El PAMI ya decidió un nuevo convenio con un severo ajuste para los medicamentos. Pero la industria todavía no lo aceptó y se debate entre acordar o patear  el tablero. Los  farmacéuticos y las cámaras de farmacias hablan de incertidumbre y de crisis terminal.

El PAMI unilateralmente ya decidió cuánto pagará por los medicamentos que consumen sus afiliados a partir del primero de abril. El anuncio no lo hizo oficialmente el organismo, sino el  consejo de obras sociales provinciales (COSSPRA), luego de una reunión con el titular de la obra social, Sergio Cassinotti.

El PAMI plantea realizar una contratación directa con los laboratorios, exigiendo un descenso del 5% del costo para los afiliados al Instituto”, comentó la dirigencia de COSSPRA, al transmitir su apoyo a la política adoptada por Cassinotti.

“Han definido que la modalidad será basada en el precio de referencia, lo que implica un precio máximo para los beneficiarios. Es decir, garantizará a los afiliados un acceso a medicamentos con precios menores a los actuales”, explicaron los dirigentes de COSSRA sobre lo que vendrá a partir del primero de abril.

Por otra parte, exigirán un congelamiento de los precios que se revisará sólo si la inflación supera el 15% anual”, ampliaron desde el Consejo de obras sociales provinciales.

Sin embargo, las cámaras empresarias aseguran que no hay acuerdo todavía y durante el fin de semana preparaban una solicitada que aparecerá en las próximas horas, luego de una última y nuevamente fracasada reunión con el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui.

Incluso algunos empresarios que aún se consideran “amigos” del presidente Mauricio Macri, buscaban afanosamente en estas horas volver a tender puentes directos con el mandatario, eludiendo el muro levantado por Lopetegui y Cassinotti.

En la solicitada dirigida a Macri, los laboratorios con el acompañamiento de la COFA, FACAF, ADEM y la asociación de farmacias sindicales y mutuales, prometen un “DESCUENTO ADICIONAL EXTRAORDINARIO” (en mayúsculas en el original) del 5 por ciento para medicamentos ambulatorios y del 10 por ciento en los especiales. También incluían en el borrador al que accedió PHARMABAIRES la promesa de mantener los precios para el PAMI en 30 por ciento por debajo de la inflación.

Básicamente, lo que pedían Cassinotti y Lopetegui, pero sin precios máximos ni licitaciones.

Muchos empresarios farmacéuticos están desconcertados en estos días con la dureza del gobierno y especialmente con las operaciones de prensa a través de medios y periodistas oficialistas que están refractando una visión negativa, casi fenicia, de la industria farmacéutica, instalando la sensación de que son “los malos de la película”.

El gobierno busca un “triunfo político” en tiempos en que no soplan vientos económicos favorables y no trepida en presentar a los laboratorios “como unos avaros que levantamos la plata con una pala”, señalaron voceros empresarios.

Entre esos empresarios hay quienes se consideran “amigos” del presidente y contribuyeron a sus campañas electorales desde que arribó a la Jefatura de la Ciudad de Buenos Aires en 2007. Pero el tiempo pasa y las amistades a veces se difuman.

Esos voceros aseguran que “de ninguna manera” están negociando el convenio PAMI a cambio de que el gobierno no acepte las condiciones leoninas que impone la UE en materia de propiedad intelectual para firmar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur.

Quieren un congelamiento que implica rebajar los precios un 35 por ciento en un contexto inflacionario. Muchos laboratorios no pueden aceptar esa imposición. Sería la quiebra”, afirmaron voceros empresarios.

Las cámaras durante la última reunión del viernes pasado, tal estéril como las precedentes, le llevaron a Lopetegui un informe en el que aseguran que los precios promedio de los medicamentos para los tratamientos crónicos y agudos son 75 por ciento más bajos que en resto de la región e incluso 79 por ciento inferior que en los países desarrollados.

También hizo mucho “ruido” entre los laboratorios nacionales la primera licitación conjunta de PAMI, IOMA, la Superintendencia de Servicios de Salud y el Ministerio de Salud de Factor VIII para hemofílicos que ganaron CSL Behring y Pfizer.

“Gracias a CAEME  ahora dirán que consiguieron precios hasta 80 por ciento más bajos”, deslizaron voceros de los nacionales.

Los laboratorios no son los únicos que zozobran en la incertidumbre. La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), a través de su publicación Correo Farmacéutico graficó la situación: publicó en su tapa una bomba con la mecha encendida a punto de estallar con la leyenda “Amenaza para la industria farmacéutica”.

La COFA, la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina, emitieron un comunicado en la que vislumbran un horizonte casi desolador, ya que hablan de “crisis terminal”.

En el comunicado aseguran que “a pocos días de concluir el convenio de prestación a los beneficiarios del PAMI, la continuidad de la provisión de medicamentos a los jubilados está en zona de riesgo por efecto de la incertidumbre que surge de las negociaciones (¿aún en marcha?) entre el gobierno nacional y la industria farmacéutica”.

“Las farmacias, a través de sus entidades representativas, hemos mantenido reuniones con autoridades del PAMI, con funcionarios de la Vicejefatura de Gabinete y con componentes de la industria farmacéutica, y las conclusiones de esos encuentros no pueden ser más desalentadoras: no se conoce a cuáles medicamentos tendrá acceso el jubilado a partir de abril, no se conoce cuánto ni cuándo pagará el PAMI las futuras prestaciones ni a quienes, no se conocen las condiciones que se les plantean a las farmacias para seguir atendiendo el convenio y por ende no se conocen cuáles farmacias seguirán atendiendo, no se conoce cómo ni quién realizará el servicio de auditoría y sistemas, no se conoce cómo el PAMI se pondrá al día con la deuda que incluye el mes de diciembre, no se conoce de qué manera se pagarán los servicios y prestaciones de lo que va del 2018 una vez que el actual convenio finalice”, afirmaron las tres entidades.

“Estos interrogantes le están siendo retaceados a los jubilados bajo el manto de una promesa, ampliamente difundida por los medios, de reducir el gasto por parte del PAMI, pero sin indicar cuáles serían las consecuencias concretas de ese ajuste en el acceso del jubilado a sus medicaciones”, agregaron.
Para estas entidades, “hay una única certeza en estas negociaciones, y es que se está preparando la escena para la irrupción plena y masiva en el convenio de los intereses económicos más poderosos y concentrados del sector”.

Las entidades advirtieron que no solo hay incertidumbre sobre lo que vendrá con el nuevo convenio, pues recibieron “la desagradable novedad de un reciente aumento salvaje del impuesto a los Ingresos Brutos en la mayor parte de las provincias, lo cual pone en jaque la sustentabilidad de la pequeña y mediana farmacia, y en riesgo de manera directa la continuidad de miles de fuentes de trabajo”.

A este preocupante escenario se suma la promesa ampliamente difundida por el gobierno, en su disputa con los laboratorios, de bajar el precio del medicamento sin contemplar de qué manera se evitará sumergir a la mayoría de las farmacias en una crisis terminal”, pronosticaron.

“El nombre de esta situación se llama INCERTIDUMBRE porque nadie ha logrado darnos respuestas concretas y certeras a estos interrogantes:
¿A cuáles medicamentos podrá acceder el jubilado de ahora en más?
¿A los mismos que ahora consume o a otros? ¿Podrá el jubilado seguir concurriendo a su farmacia de confianza para acceder a sus medicinas o deberá, con el gasto adicional que esto conlleva, buscar algún shopping de medicamentos lejos de su hogar?

¿Cómo debemos entender que el Estado pretenda reducir el precio de los medicamentos y al mismo tiempo aplicar un aumento salvaje de los impuestos para las farmacias?, se preguntaron.

¿Esta oscura, e inusualmente externalizada negociación (no negocia el PAMI sino la Vicejefatura de Gabinete), en tiempos de “transparencia” tiene como objeto beneficiar algún interés comercial ligado al eufemismo del “conflicto de intereses”?, se preguntaron las tres entidades, en referencia al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, ex CEO de Farmacity que de incorporarse al convenio con el formato que propone hoy el PAMI y la Vicejefatura de Gabinete, será el único y gran ganador en una mesa en la que todos pierden.

“Toda incertidumbre va acompañada de precariedad y de riesgo, y precisamente riesgo es a lo que se enfrentan hoy nuestros jubilados en el futuro cercano para acceder a sus medicamentos” completó la COFA, FACAF y la asociación de farmacias sindicales y mutuales que preside Carlos Villagra.

También FEFARA difundió una editorial sobre el actual conflicto con un título que expone con crudeza la situación: “ASI, LA COSA NO TIENE REMEDIO”.

“Las instituciones, después de mucho tiempo, debían tener la ocasión de negociar directamente con el financiador las condiciones en las cuales prestarían sus servicios”, propuso FEFARA.

“Aportando lo que estaba a nuestro alcance para hacer realidad estas aspiraciones, pusimos a disposición del todos las soluciones informáticas y procesos de gestión que tenemos operativos en el seno de nuestra institución, demandando una activa participación en todo lo relacionado con la dispensa por considerar que somos los únicos y legítimos representantes de nuestra red de farmacias”, subrayó la entidad presidida por Manuel Agotegaray.

“Así las cosas, el tiempo fue transcurriendo y nuestra inquietud creciendo. Hoy estamos a escasas tres semanas del final del viejo convenio y las incertidumbres superan holgadamente a las certezas”,  coincidió en el diagnóstico.

“Por lo que logramos saber a través de los medios de comunicación, la negociación entre el PAMI y la Industria se ha transformado en una batalla en la cual ninguna de las partes parece estar dispuesta a ceder ni un centímetro en sus posiciones”, evaluó.

“Actores que, además, en ningún momento han dado participación a las instituciones farmacéuticas para ejercer la natural representación de la red nacional de farmacias”, enumeró, en otra coincidencia.

Entre tanto, “todo tipo de rumores anunciando catástrofes se hacen correr en el mercado, generando lógica angustia y zozobra entre los integrantes de una red de farmacias constituida en una abrumadora mayoría por pequeñas unidades productivas”.

En ese  contexto de versiones contradictorias y medios que operan con filtraciones sesgadas, “se dan como ciertas algunas alocadas versiones, las que solo por citar un par dicen que se establecería una bonificación lineal del orden del 15% sobre PVP para todas las farmacias; o bien que las farmacias, ante la fijación de precios máximos, se verían obligadas a vender medicamentos a PAMI con precios inferiores a los de compra, y otras por el estilo”.

“Reconocemos que estando en la incertidumbre en que nos encontramos hoy, resulta difícil formular análisis para la necesaria toma de decisiones. No obstante ello, queremos hacerle saber a todo el mundo que consideramos inaceptable y totalmente inviable la aplicación de medidas tales como las señaladas en el párrafo anterior”, subrayó.

Lo que las farmacias “pretendemos y demandamos para el nuevo convenio, es una mejora en las condiciones económico-financieras: baja de aportes y menor ciclo de cobro”.

“Por ello, en ejercicio de la representación de nuestras farmacias venimos a peticionar la urgente inclusión de las instituciones farmacéuticas en la mesa de negociaciones, como imprescindible condición de posibilidad para que la red nacional pueda asegurar la normal dispensa de medicamentos a los afiliados PAMI a partir del 1 de abril del corriente año”, completó FEFARA.

Fuente Pharmabaires

 

 


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PAMI: Farmacéuticos advierten que se agota el tiempo y piden precisiones

En un comunicado conjunto, las entidades que representan a la mayoría de las farmacias del país advierten sobre la irrupción de “intereses económicos poderosos y concentrados” en las negociaciones para la provisión de medicamentos a los jubilados. También piden se proteja la red de atención de farmacias de todo el país, y que no se genere más incertidumbre en la atención a través del PAMI. Alertan también la intromisión de la “vicejefatura de gabinete”, en lo que sería una alusión a Mario Quintana, y el posible conflicto de intereses.

Transcribimos el comunicado conjunto de COFA, FACAF y Farmacias mutuales y sindicales:

 

 

PAMI:  LOS MEDICAMENTOS PARA LOS JUBILADOS ENTRE LA

INCERTIDUMBRE Y EL RIESGO

 

A pocos días de concluir el convenio de prestación a los beneficiarios del PAMI,

la continuidad de la provisión de medicamentos a los jubilados está en zona de

riesgo por efecto de la incertidumbre que surge de las negociaciones (¿aún en

marcha?)  entre  el  gobierno  nacional  y  la  industria  farmacéutica.  Estas

negociaciones se vienen desarrollando sin resultados concretos y los mensajes

que surgen de una parte y de la otra sobre su curso no son coincidentes.

 

Las  farmacias,  a  través  de  sus  entidades  representativas,  hemos  mantenido

reuniones  con  autoridades  del  PAMI,  con  funcionarios  de  la  Vicejefatura  de

Gabinete  y con componentes de la industria farmacéutica,  y las  conclusiones

de esos encuentros no pueden ser más desalentadoras: no se conoce a cuáles

medicamentos tendrá acceso el jubilado a partir de abril, no se conoce cuánto

ni cuándo pagará el PAMI las futuras prestaciones ni a quienes, no se conocen

las condiciones que se les plantean a las farmacias para seguir atendiendo el

convenio y por ende no se conocen cuáles farmacias seguirán atendiendo, no

se  conoce  cómo  ni  quién  realizará  el  servicio  de  auditoría  y  sistemas,  no  se

conoce  cómo  el  PAMI  se  pondrá  al  día  con  la  deuda  que  incluye  el  mes  de

diciembre,  no  se  conoce  de  qué  manera  se  pagarán  los  servicios  y

prestaciones de lo que va del 2018 una vez que el actual convenio finalice.

 

Demasiadas incógnitas para un convenio que termina en 20 días y provee de

medicamentos a los 5 millones de argentinos con mayor demanda de atención

sanitaria.

 

Estos interrogantes le están siendo retaceados a los jubilados bajo el manto de

una  promesa,  ampliamente  difundida  por  los  medios,  de  reducir  el  gasto  por

parte del PAMI, pero sin indicar cuáles serían las consecuencias concretas de

ese ajuste en el acceso del jubilado a sus medicaciones.

 

Hay una única certeza en estas negociaciones, y es que se está preparando la

escena  para  la  irrupción  plena  y  masiva  en  el  convenio  de  los  intereses

económicos más poderosos y concentrados del sector.-

 

Mientras  esto  sucede  en  los  más  altos  niveles  de  gobierno,  las  farmacias

seguimos diariamente y en cada barrio, de cada localidad, de cada provincia de

nuestra  país  brindando  el  servicio  farmacéutico  a  nuestros  vecinos  jubilados,

haciendo un mayúsculo esfuerzo en esta coyuntura para sostener la atención,

aportando  gran  parte  de  nuestra  ganancia  para  trabajar  en  el  convenio,

sufriendo como todos los argentinos el aumento del costo de vida y los gastos

fijos y variables, con la desagradable novedad de un reciente aumento salvaje

del impuesto a los Ingresos Brutos en la mayor parte de las provincias, lo cual

pone en jaque la sustentabilidad de la pequeña y mediana farmacia, y en riesgo

de manera directa la continuidad de miles de fuentes de trabajo.

 

A este preocupante escenario se suma la promesa ampliamente difundida por

el  gobierno,  en  su  disputa  con  los  laboratorios,  de  bajar  el  precio  del

medicamento sin contemplar de qué manera se evitará sumergir a la mayoría

de las farmacias en una crisis terminal.

 

Las farmacias no somos formadoras de precios, eso lo hacen los laboratorios

con la autorización de la Secretaría de Comercio, y las farmacias no tenemos la

facultad  que  tiene el  resto de  la  economía minorista  argentina de trasladar  el

aumento de los costos al precio de venta.

 

Si dentro de 20 días debemos dispensar medicamentos a un precio menor al

que hoy lo compramos ¿Quién se hará cargo de esa diferencia? ¿O acaso las

farmacias  deben  dejar  de  comprar  medicamentos  hasta  que  la  situación  se

defina poniendo en riesgo la normal provisión de medicinas a la totalidad de la

población?

 

El  nombre  de  esta  situación  se  llama  INCERTIDUMBRE  porque  nadie  ha

logrado darnos respuestas concretas y certeras a estos interrogantes:

  • ¿A cuáles  medicamentos  podrá  acceder  el  jubilado  de  ahora  en  más?

¿A los mismos que ahora consume o a otros?

  • ¿Podrá el jubilado seguir concurriendo a su farmacia de confianza para

acceder  a  sus  medicinas  o  deberá,  con  el  gasto  adicional  que  esto

conlleva, buscar algún shopping de medicamentos lejos de su hogar?

  • ¿Cómo debemos entender que el Estado pretenda  reducir el precio de

los medicamentos y al mismo tiempo aplicar un aumento salvaje de los

impuestos para las farmacias?

  • ¿Esta oscura, e inusualmente externalizada negociación (no negocia el

PAMI  sino  la  Vicejefatura  de  Gabinete),  en  tiempos  de  “transparencia”

tiene como objeto beneficiar algún interés comercial ligado al eufemismo

del “conflicto de intereses”?

 

Las  entidades  farmacéuticas    reclamamos  la  libre  accesibilidad  de

medicamentos  en  todo  el  territorio  nacional,  que  se  establezcan  condiciones

equitativas  para  las  farmacias  prestadoras  respetando  sus  particularidades

geográficas  y  su  dimensión  económica  para  asegurar  la  continuidad  de  la

amplia  red  actualmente vigente,  en  un  rubro  esencialmente sanitario,  aunque

haya quienes que pretenden convertirlo en coto de caza de grandes intereses

económicos.

 

Toda  incertidumbre  va  acompañada  de  precariedad  y  de  riesgo,  y

precisamente  riesgo  es  a  lo  que  se  enfrentan  hoy  nuestros  jubilados  en  el

futuro cercano para acceder a sus medicamentos.

Pedimos respuestas concretas y claridad en las soluciones, se agota el tiempo.

 

Firman: María Isabel Reinoso (COFA), Miguel Lombardo (FACAF), Carlos Villagra (Farmacias mutuales y sindicales)


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Nuevo convenio PAMI: Farmacity sería el gran ganador

En forma insólita, en la negociación por el convenio para la atención de la mayor obra social de Argentina, el PAMI estaría intercediendo a favor de los intereses de la cadena de farmacias del funcionario Mario Quintana.

PAMI propone que Farmacity ingrese como prestador pleno y en igualdad de condiciones que el resto de las farmacias de todo el país en el nuevo convenio con la industria. LA COFA denuncia que sería “escandaloso”. El vicejefe de Gabinete, Mario quintana, sin duda, sería el gran ganador en el nuevo esquema.

“Con el nuevo convenio todos pierden…,los jubilados que le van a dar menos medicamentos, la industria que pierde el validador y le ponen precios máximos, las farmacias que no saben si van a cobrar y cómo. El único que gana es Quintana: 11 millones por mes al bajársele la bonificación a Farmacity del 26 al 15 por ciento y el PAMI le va a dar el alta para que atienda en todas las sucursales que no tienen PAMI, sintetizó un dirigente del Colegio de Farmacéuticos de Capital Federal, al término del último confederal de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), en que se debatieron medidas para resistir el avance de la cadena.

Isabel Reinoso, titular de la COFA, confirmó que “lo que el PAMI está solicitando para el nuevo convenio es otorgar el propio PAMI las altas de farmacias”.

“En los últimos años y tal como lo dice el convenio para dar de alta a una farmacia debe además de presentar los papeles de habilitación por parte de la autoridad sanitaria, cumplir con las disposiciones legales sanitarias de cada jurisdicción o Provincia”, explicó Reinoso.

“Como sabemos esta cadena Farmashopping no cumple (con esas disposiciones legales), así que si esto sucede nos opondremos como lo vinieron haciendo las entidades farmacéuticas desde 2011”, prometió.

Reinoso subrayó que “además sería escandaloso que por influencias políticas logre las altas cuando sigue sin cumplir las normativas sanitarias de las respectivas provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“Es verdad, una de las exigencias de Sergio Cassinotti (titular del PAMI), es dejar entrar a Farmacity. Nosotros le avisamos a las confederaciones farmacéuticas apenas pusieron la exigencia sobre la mesa”, explicaron voceros de la industria.

Estos voceros ratificaron el apoyo de las cámaras empresarias a los farmacéuticos que han sido una de las patas históricas del convenio pero dejaron abierto un interrogante:”van a tener que ir a negociar a la Jefatura de Gabinete…”.

Pero sucede que en la Jefatura de Gabinete habita Mario Quintana el ex CEO de Farmacity y a quien se le adjudica los cambios que se quieren introducir en el convenio.

Cabe recordar que hace años durante una dura pelea con la industria, Quintana acusó directamente a los laboratorios nacionales (y en especial a uno) de bloquear su ingreso pleno al PAMI ya que solo veinte sucursales estaban autorizadas para atender a los jubilados.

“Con el nuevo esquema se perjudica al 70 por ciento de las farmacias y solo se salva el 30 por ciento, incluidas cadenas como Farmacity que tendrá el respaldo financiero propio para sostener la atención al PAMI mientras ahogan a la farmacia de barrio o de pueblo”, se lamentó el dirigente del colegio porteño.

Para el dirigente el esquema es “tan perverso” que las farmacias de pueblos o localidades alejadas que pagan una bonificación del 10 por ciento diferencial, “ahora pagarán 15 por ciento igual que Farmacity”.

También se entiende la demanda de PAMI de acceder a la base de datos y a la transferencia de Farmalink como una exigencia de Quintana para fortalecer el negocio de Farmacity.

El convenio no está cerrado y por lo tanto el crimen todavía no ha sido cometido. Pero parece que falta poco, a menos que estalle una rebelión y los actores de la industria y los farmacéuticos decidan patear el tablero, algo que no se percibe por ahora.

Pero la situación “está muy jodida…” admiten los voceros de la industria, ya que el PAMI insiste con licitaciones y precios máximos.

“Esto solo se puede resolver con una reunión política de alto nivel”, especulan los voceros mirando hacia la Casa Rosada.

En realidad, ya hubo una reunión en Olivos entre el presidente Mauricio Macri, al regreso de las vacaciones, y algunos empresarios farmaceúticos “amigos” que originaron expectativas ahora irresueltas.

Por el contrario, en Ambito Financiero una periodista con acceso a la Jefatura de Gabinete escribió hace días que “el presidente Mauricio Macri le trasmitió a su Gabinete la decisión de dar batalla contra los que considera “abusos de los empresarios” estando entre ellos, según comentan en la Rosada, la industria farmacéutica”.

La periodista refracta y repite el lenguaje que cada vez con mayor asiduidad utilizan en el Gabinete, donde ahora Francisco Cabrera, el ministro de Producción, trata a los industriales de “llorones”.

A tono con la rispidez de las negociaciones, FEFARA emitió un comunicado con elípticas referencias a otros actores:

“Estando así las cosas consideramos que, más allá de las declaraciones de principios y los discursos que se elijan, quienes decimos ser sus representantes debemos demostrar que estamos para defender a las farmacias.

“Y aquí van apareciendo en algunos casos matices, y en otros, marcadas diferencias en el accionar de las diferentes instituciones farmacéuticas, lo que podríamos sintetizar así:
• Unos han elegido llamarse a silencio, dando incluso la impresión de declararse prescindibles.
• Otros han optado por hacerse representar por gestores ajenos a la institución.
• También están quienes, luego de sufrirlo por años, ahora parecen conformes con la continuidad del convenio, poniendo a disposición de empresas gerenciadoras su listado de farmacias.

“Por nuestra parte estamos totalmente convencidos que de esta situación solo se sale apostando fuertemente a la gestión, evitando en todo momento resignar el rol de administradores de nuestras propias redes de farmacias.

“Dejar en manos de terceros el manejo de negociaciones, en las cuales están en juego los intereses de todos, nunca será una opción válida para nosotros. Las consecuencias pueden ser letales: cualquier sacrificio o concesión que el negociador acuerde con el PAMI necesariamente repercutirán en las economías de las farmacias, con especial impacto en las pequeñas y medianas.

“Concretando nuestra visión, diremos que de ningún modo comulgamos con la idea de dejar todo sin cambios y solo demandar que PAMI afecte más dinero a la operatoria.

“Por el contrario, consideramos que la mejor opción para producir beneficios para el conjunto (incluido PAMI), pasa por implementar mejoras en la gestión de procesos y recursos, como condición previa imprescindible para determinar si realmente hace falta una mayor inversión por parte de PAMI.

“Apoyando estas convicciones, las mismas que venimos sosteniendo desde siempre y que hoy volvemos a poner a consideración de todos con la expectativa de generar un intercambio que enriquezca al conjunto, es que:
1. Hemos puesto a disposición del conjunto, soluciones informáticas y de procesos debidamente probados en la administración de numerosos convenios de la seguridad social.
2. Demandamos ser firmantes del nuevo convenio, ejerciendo la representación de nuestra red de farmacias.

Fuente: Pharmabaires

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Denuncian lobby de Farmacity en Defensa de la Competencia

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Category : Farmacia , Salud

Las entidades farmacéuticas emitieron un duro comunicado advirtiendo la situación

Se desarchivó una presentación en la que la megacadena pide beneficios y resarcimientos económicos en relación a la atención al PAMI y de las entidades. Reproducimos el comunicado de las entidades farmacéuticas:

Una nueva embestida del lobby político-empresario contra el modelo sanitario de farmacia

“Sugestivamente” en estos días, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) dependiente de la Secretaría de Comercio, decidió dar curso a una denuncia que presentó una cadena farmacéutica ligada al vicejefe de Gabinete, contra la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (Facaf) y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina (AFMySRA), acusándolas de supuestas maniobras discriminatorias para excluirla del acuerdo de las farmacias con el PAMI, reactivando un expediente que había sido archivado hace casi dos años.

La denuncia contra las instituciones farmacéuticas data de 2011 y fue hecha por Mario Quintana, por entonces presidente de la cadena y actual vicejefe de Gabinete, que aún conserva el 3% de las acciones y que hoy reclama una compensación de 701,7 millones de pesos por supuestas pérdidas de rentabilidad.

No resulta un tema menor, que otra causa que la COFA le había iniciado a Farmacity en 2011 (causa 1400), la CNDC decidió archivarla este año, negando todas las pruebas ofrecidas por la Confederación Farmacéutica Argentina… y ahora surge esta nueva imputación.

La Confederación Farmacéutica Argentina, institución que representa a los profesionales farmacéuticos, considera esto una prueba más del lobby que está ejerciendo ese funcionario ante organismos del Estado y la Justicia para beneficiar a su propia empresa.

El sistema de PAMI es solidario y permite a través del sistema de bonificaciones que las farmacias de lugares más inhóspitos y alejados del país estén en posibilidades económicas de atender a los afiliados. Tanto el PAMI como las entidades profesionales ponemos siempre como prioridad al paciente, mientras que ese grupo inversor sólo pone el foco en la rentabilidad de su empresa.

Sería importante saber quiénes son los accionistas del fondo de inversión Pegasus, que controla a Farmacity entre otras empresas, y cuáles son los funcionarios que conforman el fondo y lo controlan. Además de preguntarnos cómo se permite que un fondo de inversión tenga injerencia en la salud de los jubilados, y en particular en el acceso al medicamento de los habitantes, cuando la Organización Mundial de la Salud establece que el medicamento no es un bien de mercado y la salud es un derecho de la población, no un negocio.

Por otra parte es paradójico, que por un lado la cadena se niegue a hacer un aporte solidario en concepto de bonificación a los afiliados al PAMI, planteando que eso lo excluye del mercado y que le causa un perjuicio económico millonario, cuando por otro lado anuncia en una fiesta y promociona que piensa abrir 200 locales nuevos.

Esto claramente se encuadra en una estrategia política y económica de avanzar sobre diversos poderes del Estado para destruir el modelo sanitario de farmacias. Atacar a las instituciones farmacéuticas es un ataque directo a la red sanitaria de farmacias de todo el país y sus profesionales farmacéuticos, a las farmacias pequeñas y medianas, solidarias con la Seguridad Social y que hoy están distribuidas racionalmente para que toda la población argentina, incluso en los pueblos más pequeños y alejados del país, pueda acceder a la atención farmacéutica y a los medicamentos.

Confiamos en que la Justicia, las autoridades sanitarias, los representantes y toda la sociedad comprendan el daño que el avance de esta empresa y sus intereses económicos por sobre las legislaciones vigentes y las instituciones le hacen al futuro de la salud de la población.

Fuente: Prensa del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires

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El “caso Farmacity” en la Corte Suprema, denuncian presiones

En esta nota, una síntesis del las acciones de Farmacity contra las leyes sanitarias de Buenos Aires

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó una presentación “en queja” de Farmacity, que había perdido en todas las instancias en la provincia de Buenos Aires, incluyendo la Corte Suprema provincial, y se encuentra analizando el expediente. Versiones periodísticas sugirieron que la intervención del máximo tribunal argentino está relacionada a intereses directos de funcionarios. Mario Quintana, ex CEO de la empresa y accionista, hoy es funcionario del gobierno. Esto se suma a que el abogado Carlos Rosenkranz ha representado a Farmacity y hoy es integrante de la Corte. 

El fondo de inversiones Pegasus, que tiene entre sus accionistas a Mario Quintana, secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de Ministros a nivel nacional, logró que la Corte Suprema de Justicia admitiera un recurso de queja, presentado ante los repetidos rechazos de los tribunales bonaerenses a la instalación de la cadena Farmacity en la provincia de Buenos Aires, por una ley que establece un modelo sanitario para las farmacias de ese distrito.

Farmacity inició en mayo de 2012 una acción legal contra la provincia de Buenos Aires, en la que solicita la anulación de la Resolución Nº 000235/12 emanada del Ministerio de Salud Provincial, acto administrativo que rechazaba la solicitud efectuada por la sociedad de habilitar farmacias en la provincia de Buenos Aires. Esto se decidió así, en virtud de las pretensiones de la empresa de quedar exenta de dar cumplimiento a la Ley 10.606, que establece para la instalación de farmacias una distancia mínima de trescientos metros entre una y otra, o una cada 3 mil habitantes, y la prohibición expresa de que sean controladas por una sociedad anónima (tal es el caso de Farmacity), entre otros puntos.

Además, en 2013, el Ministerio de Salud de la Nación dictó una resolución en la que se estableció que las farmacias solo pueden dedicarse a la venta de recetas preparadas, dispensa de drogas, medicamentos y productos destinados a la higiene o estética, por lo que el modelo “shopping” que promueve la firma vinculada al vicejefe de Gabinete es ilegal en los distritos en los que esa normativa tiene vigencia.

El planteo judicial del poderoso grupo empresario tuvo trámite desfavorable en la Justicia de la provincia y, tras fallos negativos en primera y segunda instancias, hasta la Suprema Corte de la provincia dictó resolución por unanimidad avalando lo actuado y ratificando la constitucionalidad de la ley, por lo que el abogado patrocinante de Farmacity adelantó la reserva del recurso de queja ante la Corte nacional. Lo que nadie sospechaba en ese entonces es que ese abogado, Carlos Rosenkranz, sería designado a la postre miembro del máximo tribunal, lo que le valió una impugnación no atendida de parte del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia.

Es decir que Farmacity tiene a su ex Ceo como coordinador del Gabinete y a su ex abogado como juez de la corte, lo que hace evidente la capacidad de lobby empresario para forzar la instalación de la cadena en los distritos en los que está prohibido por ley, para lo cual era necesario, primero, que se admitiera un recurso extraordinario en condiciones de extrema adversidad, porque un fallo a favor de la compañía iría en contra de leyes provinciales con 30 años de vigencia.

En ese sentido las entidades profesionales, no solo farmacéuticas, subrayan que el riesgo real no es la instalación misma de las farmacias, que podría materializarse si aceptaran hacerlo bajo las normas que establece la ley, sino la desregulación absoluta que propone el modelo de Quintana, que transforma a un servicio sanitario y social en un comercio polirrubro, poniendo en riesgo  la sustentabilidad del sistema.

En los 135 distritos bonaerenses hay alrededor de 4500 farmacias, muchas de las cuales se instalaron en barrios periféricos de las grandes ciudades y en pequeñas localidades con pocos habitantes debido a los cupos que establece la ley, por lo que una desregulación como la que propone Farmacity concentraría necesariamente los locales en las zonas comerciales y dejaría otra vez a las zonas alejadas y a los distritos menos poblados sin dispensa de medicamentos.

Y en el mismo sentido se complicaría la disponibilidad y entrega de elementos con cobertura del PAMI, como pañales y bolsas de colonostomía, que hoy se distribuyen en todo el territorio gracias a la red de farmacias, pero que Quintana pretende reemplazar con una entrega por correo, lo que requiere otra desregulación, porque ese sistema de venta y distribución también está prohibido.

Desde el Gobierno bonaerense, por el momento, le han asegurado a los farmacéuticos que no hay ninguna chance de que se pueda avanzar con una modificación a la medida de Farmacity, sin embargo, desde la entidad que nuclea a estos profesionales desconfían de esa respuesta y exigen ser atendidos por la gobernadora María Eugenia Vidal, que nunca les concedió una audiencia, a pesar de los múltiples pedidos en ese sentido.

Además, Quintana ha convertido al disputa también en una cuestión personal y en más de una oportunidad afirmó que “el problema de la Provincia es que tiene a (Isabel) Reinoso como presidente del Colegio”esto es así por la defensa irrenunciable y exitosa de Reinoso de la ley provincial. Quintana no imaginaba que la dirigente bonaerense sería elegida también presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), desde donde también promueve el modelo sanitario que se contrapone con las cadenas de farmacias.

Fuente: El País

 

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Farmacity suma rechazos

Al rechazo a la instalación de la cadena por la justicia en todas las instancias provinciales, se suma ahora la opinión contraria de políticos, legisladores nacionales y provinciales, entidades profesionales y campañas de adhesión a través de Chance.org.

El defensor del Pueblo Bonaerense, el diputado nacional Sergio Massa, colegio profesionales y no solo de farmacéuticos, legisladores provinciales y hasta una campaña de firmas a través de Change.org, sumaron su rechazo al posible desembarco de la cadena Farmacity en territorio bonaerense.

El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, consideró que “todos los jueces (de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), deberían apartarse ya que se trata de una situación atravesada por múltiples intereses que podría provocar un verdadero escándalo institucional”, en referencia a la demanda de Farmacity contra el Estado provincial, que ha sido rechazada en todas las instancias precedentes y que ahora es revisada por el máximo tribunal del país.

El Defensor del Pueblo recordó que uno de los miembros del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, fue abogado de la firma, “por lo que no sólo su excusación sino la del resto de los miembros debería tomarse como una medida preventiva ante posibles decisiones que pudieran comprometer la dignidad del cargo”.

Lorenzino también alertó que  el vicejefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Mario Quintana, fue fundador y titular del fondo de inversión Pegasus, dueño de la cadena Farmacity.

“Consideramos que las sentencias en juzgados provinciales contra la intención de Farmacity determinan que el hecho se trata de una cuestión local que no presentan requisitos para la intervención de la Corte”, precisó Lorenzino.

“¿Cómo se explica que el tribunal presidido por (Ricardo) Lorenzetti haya aceptado analizar la situación? Una clave para entenderlo se encuentra en la primera hoja del expediente: allí figura un poder firmado por Mario Quintana, vicejefe de Gabinete de Macri, CEO de la firma hasta su ingreso al Gobierno, y de Carlos Rosenkrantz, actual miembro de la Corte Suprema y ex abogado de Farmacity”, coincidió María Isabel Reinoso, la presidente del Colegio de Farmacéuticos bonaerense y de la COFA.

“Esperamos que el Poder Judicial sea lo más imparcial posible, porque se estarían avasallando las normas provinciales. La propia gobernadora aplica esta ley y el Poder Judicial bonaerense también se expresó y no han quedado dudas que la ley es constitucional, de corte sanitario, donde el medicamento se considera un bien social”, completó Reinoso.

Sergio Massa, candidato a senador nacional y actual diputado nacional, también alertó que “vamos a estar mirándolo que haga la Corte Suprema de Justicia de la Nación  que es la que tiene que resolver. La provincia de Buenos Aires tiene su propia ley. Que la Corte haga lugar al pedido de Farmacity violaría claramente el federalismo”.

“NO a la modificación de una ley solo para favorecer a una empresa ligada al poder político”, es el título de la campaña de firmas que Change.org lanzó a través de las redes sociales.

“Farmacity quiere imponer un modelo mercantilista de farmacia (farmacia shopping) que nada tiene que ver con el actual modelo sanitario de las farmacias bonaerenses. Los medicamentos son un bien social y no se puede priorizar intereses económicos sobre la salud de la población”, es uno de los argumentos de la campaña de Change.

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires aportó un resumen de las reacciones de funcionarios y legisladores ante la posibilidad de que la Corte Suprema habilite a las sociedades anónimas a poseer farmacias en el territorio provincial, lo que hasta hoy está bloqueado por la ley bonaerense.

  • La Defensoría del Pueblo aseguró hoy que pedirán el juicio político contra el juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, y contra el funcionario nacional, Mario Quintana
  • “Si llega Farmacity a Provincia arruinará miles de familias que llevan generaciones con sus farmacias”. El diputado provincial Santiago Révora se mostró sumamente preocupado por el posible desembarco de la cadena.
  • “Violaría el federalismo”: Sergio Massa cuestionó la posible llegada de Farmacity. “Un funcionario que es dueño de una cadena de farmacias no se puede llevar por delante a 7 mil farmacéuticos de la Provincia”.
  • El presidente del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, Norberto Beliera, manifestó su solidaridad con los profesionales farmacéuticos ante las versiones de un posible desembarco de la cadena Farmacity en territorio bonaerense, y aseguró que “las leyes de la provincia de Buenos Aires deben respetarse”.
  • Defensoría del Pueblo se presenta en la Justicia para frenarlo y se presentará como amicus curiae para apoyar el reclamo del Colegio de Farmacéuticos.
  • “La instalación de Farmacity es un lobby del gobierno”, dijo el diputado provincial Marcelo Torresen relación a la instalación de la cadena “Farmacity”. Torres presentó  un proyecto de declaración en  la Legislatura bonaerense que rechaza la instalación de cadenas de farmacias en el territorio provincial.
  • El diputado provincial Avelino Zurro recordó que hace más de un año la Cámara de Diputados bonaerense demora el tratamiento de un proyecto para expresar el rechazo y una profunda preocupación por la intención de instalar la cadena de farmacias Farmacity en territorio provincial.

Fuente: PharmaBaires

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Grave: habría presiones sobre la Corte Suprema para favorecer a grupo de farmacias

Acusan a funcionarios del gobierno argentino de favorecer a una cadena.  

El escritor y periodista Jorge Asis, deslizó en el programa Animales Sueltos que los farmaceúticos de Buenos Aires “están bastante preocupados por alguna ley que quieren precipitar en la Corte”, el columnista de Alejandro Fantino se refería al recurso de queja que el grupo inversor Pegasus presentó ante el máximo tribunal luego de haber perdido en todas las instancias de la justicia bonaerense para instalar su cadena “Farmacity” en la provincia.

La novedad sorprendió a las entidades profesionales, porque pone en riesgo la vigencia de una Ley que lleva mas de 30 años de vigencia y viene siendo ratificada no solo a través de los poderes legislativo y ejecutivo bonaerenses, sino que cuenta con fallos de primera y segunda instancia y una resolución de unánime de la Corte provincial rechazando los planteos de la empresa que busca imponer el modelo de Farmacia Shoping.

Desde el Colegio de Farmacéuticos admitieron cierta preocupación por la decisión de la corte nacional en tanto que desde otra entidades profesionales alertaron sobre la pérdida de independencia y soberanía del Estado Bonaerense si la justicia federal puede modificar o suspender la aplicación de una normativa que lleva 3 décadas de aplicación.

Vale recordar que la Ley vigente establece un modelo sanitario, que promueve la instalación de nuevas farmacias en barrios y pequeñas localidades, en las que de otra manera sería sumamente dificil su existencia, además de limitar el tipo de productos que pueden venderse, para garantizar que los medicamentos no se mezclen con otro tipo de mercaderías.

 
"Quintana continuaría siendo accionista de Farmacity"

“No hay problemas si se quieren instalar, lo que pasa es que quieren hacerlo sin respetar las leyes de la provincia, o peor aún creando una ley a la medida de una sola empresa que además pondría en riesgo la dispensa de medicamentos”, indicaron desde la entidad que matricula a los farmacéuticos.

La realidad es que las sospechas apuntan a presiones políticas para que la Corte admita un recurso que en condiciones normales sería rechazado y de hecho, Asis también hace mención a esa situación sobre el final de su columna que “no es muy bueno tratar de aprovechar el poder político para tratar de imponer cadenas de farmacias en la provincia de Buenos Aires, eso molesta mucho”,    en referencia directa al cada vez mas influyente Mario Quintana, segundo de Marcos Peña y ex Ceo del grupo Pegasus.

La realidad es que a pesar de haber renunciado a su función gerencial en ese grupo, Quintana continuaría siendo accionista, por lo que las decisiones que promuevan la expansión de la cadena Farmacity lo beneficiarían directamente.   Además, se advierte que la presión no es solo por la instalación del modelo shoping, sino que hay también un intento de hacer trastabillar todos los convenios de los farmacéuticos bonaerenses para  forzar un cambio de paradigma.

Fuente: Mundo Profesional

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