Quintana, Vidal, Larreta: las mismas ideas para un modelo farmashopping

Quintana, Vidal, Larreta: las mismas ideas para un modelo farmashopping

Los tres referentes del gobierno argentino, hoy funcionarios, compartían sus ideas de libre mercado y políticas desregulatorias en un libro escrito hace tiempo atrás.

Los criterios defendidos por Mario Quintana, propietario de la cadena Farmacity, fueron escritos hace 20 años, y llevados luego a la práctica en su modelo “farmashopping”.

En un libro de 1998, titulado “Domando al elefante blanco”, escrito en colaboración con quien fue su compañero de estudios, el hoy gobernador de la Ciudad de Buenos Aires y también economista Horacio Rodriguez Larreta, Mario Quintana expone sus ideas y soluciones para atender derechos básicos, entre ellos la salud y la asistencia sanitaria.

La propuesta que desarrolla es darle toda la autonomía posible a las empresas privadas para que se hagan cargo de las necesidades de la salud, haciendo con libertad sus negocios. En la práctica, esto lo traduce en lo que ahora pide: autonomía casi absoluta para sus “farmashoppings”, instalándolas donde comercialmente convenga, y vendiendo todo lo que sea rentable, dejando de lado la función sociosanitaria de estos establecimientos.

En el mencionado libro, participó una Licenciada en Ciencias Políticas recién recibida en la Universidad Católica Argentina: María Eugenia Vidal, hoy Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Resulta fácil observar los lazos conceptuales que unen a Vidal con Quintana, y los motivos por los cuales la actual gobernadora no defiende las leyes reguladoras sanitarias de su provincia, amenazadas por un juicio que actualmente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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El libro que escribieron juntos Quintana, Larreta y Vidal.

(Ver este link para información del libro de referencia)

El juicio contra la ley sanitaria de la Provincia de Buenos Aires

Mario Quintana, fiel a los principios que ya había expresado claramente en su libro, inició un juicio contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para declarar inconstitucional la ley 10.606, la ley sanitaria que regula el funcionamiento de las farmacias en ese distrito.

Para todas sus presentaciones judiciales, Mario Quintana y sus abogados se apoyaron en el decreto de desregulación económica 2284 del año 1991, que habilitó a que: “cualquier persona física o jurídica de cualquier naturaleza” pueda ser propietaria de farmacias, “sin ningún tipo de restricción de localización”.

Es decir, aquel decreto desregulatorio de los años noventa, impulsado por el entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo, es el que otorga los “cambios” que ahora el funcionario Quintana pide que se apliquen en la Provincia de Buenos Aires.

El mismo decreto 2284/91 es el que también permitió, en su momento, la venta de medicamentos en quioscos, y que los supermercados pudieran instalar pequeños espacios de 20 metros cuadrados para la venta de medicamentos entre sus góndolas: el mismo modelo comercial que sigue ahora Quintana en sus farmashoppings.

En este link se puede ver la redacción original del decreto 2284/91. De los artículos a los que hacemos referencia: 13, 14 y 15, los dos últimos pudieron ser modificados con posterioridad a instancias de las entidades profesionales farmacéuticas, pero el relativo a la propiedad de las farmacias es el único que aún se mantiene vigente en la ley nacional, y es justamente el que utiliza la empresa de Mario Quintana, Farmacity, para apoyarse en sus presentaciones judiciales.

Está prevista una Audiencia Pública, habilitada por la Corte Suprema, donde se escucharán los planteos de las partes en litigio y  seguramente se actualizará esta discusión acerca de la necesidad de regulaciones sanitarias, o si por el contrario debe predominar la desregulación y la libertad de empresa.

Fuente: politicargentina.com

Ceos de Farmacity aportaron a la campaña de Cambiemos

Relacionan el sospechoso el silencio de Vidal y el apoyo a la cadena de legisladores oficialistas a que Ceo´s de Farmacity aportaron al partido político PRO $1,5 millón de pesos. 

El silencio de la gobernadora Vidal en la demanda de Farmacity, y que el bloque oficialista “cajoneara” en la en la Legislatura bonaerense un proyecto que prohíbe el desembarco Farmacity en la provincia de Buenos Aires, podría tener una explicación: el aporte de directivos de la empresa a la campaña del PRO.

En el marco del escándalo por los aportes truchos para la campaña electoral de Cambiemos, el senador provincial Gustavo Traverso reveló que los dueños de la multinacional Farmacity, Alejandro Gorodisch e Irene Cubric, financiaron por un millón y medio de pesos al partido que preside la gobernadora María Eugenia Vidal.

“Yo había emitido una sospecha la semana pasada, que era muy sospechoso el silencio de Vidal sobre una demanda de Farmacity en Buenos Aires y nos encontramos que los Ceo de Farmacity son aportantes a la campaña y financiamiento del PRO” afirmó Traverso en una radio platense.

Actualmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en sus manos la causa iniciada por la cadena farmacéutica para desembarcar en la provincia de Buenos Aires. La demanda data del año 2012 y llegó al máximo tribunal por la insistencia de la empresa, luego de chocar con los sucesivos fallos de la justicia provincial que rechazaron la autorización.

Además, el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia solicitó en varias oportunidades una reunión con la gobernadora para explicarle el impacto negativo del desembarco de la multinacional fundada por el actual vicejefe de Gabinete de Macri, Mario Quintana. Ante el pedido, Vidal no solo no los recibió, sino que tampoco hizo pública su postura sobre el conflicto.

El vínculo entre el oficialismo y Farmacity tiene su correlato en la Legislatura bonaerense. El bloque de Cambiemos en el Senado impide el tratamiento en comisiones de un proyecto que pone un freno al ingreso de Farmacity a la Provincia. La iniciativa ya fue aprobada en la cámara de Diputados en abril de este año con los votos de las bancadas de la oposición. En ese momento, los legisladores que responden a la Gobernadora votaron en contra de la normativa que declara como taxativo el artículo 14 de la ley vigente 10.606 que prohíbe a las sociedades anónimas, como es el caso de la cadena beneficiada por el gobierno, instalar farmacias en los distritos bonaerenses.

Fuente: PLN

Caso Farmacity: se suspendió la audiencia pública y hay sospechas

Lo llamativo del anuncio de la Corte es que se realizó apenas minutos más tarde de que cerrara el plazo para la entrega de las presentaciones a favor y en contra de la irrupción de Farmacity en territorio bonaerense. Esto le daría más tiempo a la cadena para elaborar su estrategia. Sospechan la injerencia de Quintana.

La disputa por el desembarco de la cadena Farmacity en la provincia de Buenos Aires tuvo un nuevo capítulo en la Justicia. Es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió la audiencia pública que había fijado para el 29 de agosto por cuestiones de “agenda” de la jueza Elena Highton de Nolasco.

Lo llamativo del anuncio de la Corte es que se realizó apenas minutos más tarde de que cerrara el plazo para la entrega de las presentaciones a favor y en contra de la irrupción de Farmacity en territorio bonaerense.

La cadena de farmacias del vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana, ya cosechó el revés judicial en todas las instancias de la Justicia de la Provincia, el rechazo de la Cámara de Diputados bonaerense y de 103 municipios que, a través de decretos u ordenanzas, se manifestaron en contra del desembarco.

Sin embargo, con la llegada de Quintana al gabinete de Mauricio Macri la causa Farmacity logró salirse de la órbita bonaerense y llegó a la Corte Suprema de la Nación, donde ya los jueces Carlos Rozenkratz y Horacio Rosatti se excusaron de intervenir, por tener vínculos previos con la cadena de farmacias.

La última decisión de la Corte, de suspender la audiencia pública, despertó suspicacias entre los defensores de las farmacias de barrio y el modelo sanitario que defiende la Ley provincial 10.606. Es que la mano de Quintana pareciera haber actuado en el llamativo anuncio de la Corte Suprema, que argumentó la suspensión con un viaje a México de la jueza Highton de Nolasco para participar de la “Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia”.

Con la totalidad de los escritos entregados de los amicus curiae que serán oradores en la audiencia pública, la cadena ganó tiempo en la Justicia para estudiar todos los argumentos a favor y en contra del desembarco de la cadena. 

Lo cierto es que los manejos entre Farmacity, el gobierno nacional y la Corte Suprema vienen dando que hablar desde el hermético encuentro entre el presidente Mauricio Macriy el presidente de la Corte, Horacio Lorenzetti.

El almuerzo que se realizó el 19 de junio en la Rosada -cuyo temario no trascendió a los medios- se concretó apenas unas horas antes de que la Corte Suprema fijara la fecha para la suspendida audiencia pública, que aún no tiene fecha de realización.

En paralelo a la discusión judicial, Farmacity puso en marcha una intensa campaña en las redes sociales para mostrarse cerca de los usuarios de farmacias y sumar adhesiones entre la opinión pública.

Fuente: Diagonales.com

En defensa del modelo sanitario de farmacia

En este documento publicado por la Agrupación Médica Luis Aredez se toma postura a favor del modelo sanitario de farmacias. 

 Se rechaza el “modelo” de cadenas de farmacias “shoppings”, que se presenta publicitariamente como un adelanto o una alternativa “moderna” , y se detallan las propuestas más recientes de FIP y OPS/OMS para lo que deben ser las nuevas orientaciones de los servicios farmacéuticos, que coinciden con la propuesta del modelo sanitario de farmacias.

La nota advierte acerca del avance de los negocios privados sobre el derecho a la salud, que también se viene observando en otras áreas.

Transcribimos el artículo original:

EN DEFENSA DEL MODELO SANITARIO DE FARMACIAS – Documento publicado por la Agrupación Médica Luis Aredez

Es necesario reaccionar y tomar una postura firme y muy clara cuando se pretende avanzar sobre el derecho a la salud para dar lugar a los negocios privados. Hoy, esto está pasando en el sector farmacéutico.

En el caso de las farmacias, el intento se hizo más evidente, y llegó a algunos medios de prensa, porque está resultando beneficiado un funcionario público: el Vicejefe de Gabinete del gobierno nacional, el economista Mario Quintana, que es el fundador y dueño de la cadena de farmacias más grande de Argentina.

Funcionarios públicos con negocios privados

Desde que Quintana es funcionario público, su cadena de farmacias (Farmacity) fue favorecida por decisiones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, el año pasado, y más recientemente por un dictamen de la Procuración General de la Nación. En el primer caso, se benefició a esa empresa en relación a la atención al PAMI; en el último caso el dictamen judicial sirvió para acompañar la intención de Quintana de instalar su cadena de farmacias en la provincia de Buenos Aires, donde una ley sanitaria se lo prohíbe.

También, se procesó a un alto funcionario del Ministerio de Salud de la Nación acusado de proteger a la empresa de Quintana, a la que no se le habrían aplicado las sanciones administrativas que correspondían. Las faltas sanitarias que se detuvieron serían más de cien.

El funcionario Quintana promueve para su cadena de farmacias el estilo “farmashopping”, un tipo de establecimiento comercial de venta polirrubro que busca maximizar ganancias y relega a un segundo plano la función sanitaria de las farmacias y el rol de los farmacéuticos como agentes de salud.

Para fundamentar sus argumentos, el dictamen de la Procuración se basó en el decreto 2284 del PEN, sancionado el 31 de octubre de 1991, a instancias del entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo. El decreto desregulaba varios aspectos de la actividad farmacéutica; por ejemplo, permitió que fondos de inversión extranjeros pudieran ser propietarios de farmacias, a través de sociedades anónimas; también permitió la apertura de farmacias dentro de supermercados e impidió todo intento de distribución racional en la instalación de estos establecimientos sanitarios.

Lejos de mejorar el modelo de farmacias argentino y los servicios farmacéuticos, dándoles una orientación sanitaria y un lugar dentro del sistema de salud, se las desvirtuó y se favoreció el negocio de unas pocas empresas.

Se desmerece la función sociosanitaria de farmacias y farmacéuticos

Este modelo que se promueve ahora desde los más altos niveles del gobierno nacional argentino, ya ha demostrado sus efectos negativos en otros países sudamericanos.

El caso más conocido es el chileno, donde la desregulación absoluta del sector, en las últimas décadas, llevó a que la dispensa de medicamentos a la población esté concentrada a tal punto que es manejada por solamente tres cadenas de farmacias.

El perjuicio que se ocasionó en el país trasandino quedó en evidencia cuando se detectaron aumentos concertados de precios de más de 200 medicamentos, entre ellos muchos para enfermedades crónicas: epilepsia, diabetes, asma, reumatismo, hipertensión, y también antibióticos y anticonceptivos. Estas cadenas de farmacias concertaron sobreprecios de medicamentos de hasta el 3000 %. A la vez, en ellas el trabajo de los profesionales farmacéuticos es cada vez peor retribuído.

¿Cuál es el sistema “moderno” de farmacias?

Publicitariamente, el “modelo” de cadenas de farmacias “shoppings” se presenta como un adelanto, una alternativa “moderna” contra un modelo sanitario de farmacias que se quiere estigmatizar como “atrasado”. Esta es una falacia, que no resiste el más mínimo análisis cuando se consideran las últimas recomendaciones de los organismos sanitarios internacionales.

En efecto, si se consideran las directrices conjuntas de la FIP (Federación Internacional de Farmacias) y de la OMS sobre buenas prácticas de farmacia (año 2011), así como también las recomendaciones en cuanto a los estándares de calidad de los Servicios Farmacéuticos de la OPS/OMS (año 2013), el desarrollo de un modelo sanitario de farmacias sostiene propuestas muy distintas a las que quieren imponer Quintana y los grandes grupos económicos que actúan en alianza con él, que se orientan hacia el modelo chileno.

Tanto FIP, como OPS/OMS proponen un servicio farmacéutico cercano a la población, con inserción comunitaria, de cercanía, que brinde posibilidad de acceso a las consultas, a la educación sanitaria, al uso adecuado de los medicamentos, con una distribución racional de las farmacias para que sean la puerta de entrada al sistema sanitario formal. Es decir, todo lo contrario a lo que propone el modelo “farmashopping”: grandes superficies concentradas en los centros urbanos (donde es redituable el negocio), orientación al consumo inadecuado de medicamentos y subutilización de los recursos humanos formados.

Farmacias, CUS, AGNET, PAMI: negocios sin límite

Nada de lo anterior, sin embargo, puede sorprendernos. Va en línea con el avance de las estrategias de mercado y de los negocios privados sobre el derecho a la salud de la población, que también se viene observando en otras áreas.

La reforma del sistema de salud argentino, a través de la llamada “Cobertura Universal de Salud” (CUS), promovida por un decreto presidencial, también se propone generar ganancias a empresas privadas, retirándose el Estado de las prestaciones y dejando de lado regulaciones para generar un negocio que quedará en pocas manos.

En el PAMI, la tendencia es que el Estado sea un comprador de medicamentos de los grandes laboratorios (con un predominio cada vez más marcado de los laboratorios extranjeros) y de servicios a las farmacias (que terminará concentrándose en las grandes cadenas), ofreciendo cada vez menos beneficios y menos cobertura a los afiliados.

La Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AGNET), recientemente presentada en el Senado, acotará la responsabilidad del Estado a una cantidad limitada de prestaciones y al suministro de algunos medicamentos básicos, abriendo el negocio a empresas privadas para otro tipo de tratamientos y farmacoterapias.

En síntesis, hoy en el ámbito de las farmacias, como en otras áreas, se hace evidente que se favorecen negocios privados –muchas veces ligados a funcionarios públicos-, se limitan las posibilidades de los profesionales para desarrollarse y ofrecer sus servicios, subutilizándolos y subordinándolos a un interés comercial, a la vez que se hace cada vez más difícil el acceso a la salud para la población.

Ver el documento original aquí.


De farmacias a farmashoppings: ¿el “cambio” hacia atrás?

Una crítica a la orientación que se le quiere dar a las farmacias argentinas.

En esta nota publicada por Nuevo Encuentro Salud de la Ciudad se analizan hechos recientes y se los pone en relación con iniciativas que ya han fracasado en el pasado.

Se remarca también la coincidencia de ideas entre Mario Quintana (dueño y fundador de Farmacity), Rodriguez Larreta (Gobernador de la Ciudad de Buenos Aires) y María E. Vidal (gobernadora de la Provincia de Buenos Aires), que están expuestas en un libro que escribieron juntos.

Transcribimos la nota original:

 

EL “CAMBIO” HACIA ATRÁS EN SALUD: DE FARMACIAS A FARMASHOPPINGS

El gobierno macrista aplica el concepto de Mario Quintana: no hay límites para los negocios.

Días pasados, causó sorpresa, malestar y alerta un dictamen de la Procuración General de la Nación a favor de Farmacity, la empresa del Vicejefe de Gabinete del gobierno nacional, Mario Quintana.

Causó sorpresa porque se opuso a tres fallos de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que habían sido adversos a Farmacity. Estos fallos defendían la ley provincial, que regula y promueve un modelo sanitario de farmacias.

En efecto, la ley 10.606 de la provincia de Buenos Aires garantiza una distribución racional de establecimientos farmacéuticos en todo el territorio, en función de recomendaciones sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, con parámetros de densidad poblacional y distancia para su instalación.

La ley permite la propiedad de las farmacias a profesionales farmacéuticos y a determinadas figuras societarias, de las que se excluye a las sociedades anónimas.

Ambas regulaciones legales obstaculizan los intereses de Mario Quintana, que no puede instalar su cadena de farmacias.

El modelo de farmacias propuesto por el funcionario, sustentado con dinero proveniente de fondos de inversión, sigue una orientación netamente comercial, no sanitaria, volcada a la oferta polirrubro, con un modelo “farmashopping” que banaliza los medicamentos transformándolos en un bien de consumo. Asimismo, desmerece la atención profesional farmacéutica y los servicios sanitarios que podrían brindarse en las farmacias, ocultándolos detrás de la oferta polirrubro que incluye golosinas, lencería y bazar.

Esto responde estrictamente a los criterios defendidos por Mario Quintana, planteados en conceptualizaciones teóricas, y llevados luego a la práctica en su modelo “farmashopping”.

 

Quintana, Rodriguez Larreta y Vidal: unidos por las mismas ideas

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El libro que escribieron juntos Quintana, Larreta y Vidal.

En un libro de 1998, titulado “Domando al elefante blanco”, escrito en colaboración con su ex compañero de estudios, el hoy gobernador y también economista Horacio Rodriguez Larreta, Mario Quintana expone temerariamente sus “soluciones” para atender derechos básicos, entre ellos la salud y la asistencia sanitaria.

Su propuesta es darle toda la autonomía posible a las empresas privadas para que se hagan cargo de las necesidades de la salud, haciendo con libertad sus negocios. En la práctica, esto lo traduce en requerir autonomía absoluta para sus “farmashoppings”, instalándolas donde le convenga, y vendiendo todo lo que sea rentable, olvidándose de la función sociosanitaria de estos establecimientos.

En el mencionado libro, participó una recién recibida, Licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina: María Eugenia Vidal. Resulta fácil observar los lazos conceptuales que unen a Vidal con Quintana, y los motivos por los que, la actual gobernadora de la Pcia. De Buenos Aires, no defiende las leyes sanitarias de su provincia, amenazadas por Quintana.

(Ver este link para información del libro de referencia)

 

El dictamen de la Procuración a la Corte: desregulatorio y a favor de la libertad de empresa

El reciente dictamen emitido por la Procuración es a la medida de Quintana: recomienda a la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptar el caso iniciado por el funcionario, y habilitar la sociedad anónima para permitir la entrada de su cadena de farmacias en cualquier territorio de la Nación.

El expediente, que había sido presentado por el propio Mario Quintana, sostenido actualmente en su calidad de funcionario público, implica un juicio al Estado, ya que litiga contra gobiernos provinciales.

El dictamen que firmó el Procurador interino Eduardo Casal (designado por el gobierno en lugar de Alejandra Gils Carbó) debe generar alerta también por sus fundamentos: se basa casi exclusivamente en el decreto de desregulación económica 2284 del año 1991, que habilitaba a que: “cualquier persona física o jurídica de cualquier naturaleza” pueda ser propietaria de farmacias, “sin ningún tipo de restricción de localización”.

Es decir, aquel decreto desregulatorio de los años noventa, impulsado por el entonces todopoderoso Domingo Cavallo, el ex Ministro de Economía, que llevó el país a la ruina, es el que otorga los “cambios” que ahora pide Quintana… veintisiete años después.

El mismo decreto 2284/91 es el que también permitió la venta de medicamentos en quioscos, y que los supermercados pudieran abrir pequeños “stands” de 20 metros cuadrados para la venta de medicamentos (no se los puede llamar farmacias) entre sus góndolas: el mismo modelo comercial que sigue ahora Quintana en sus farmashoppings.

En este link se puede ver la redacción original del decreto 2284/91, véanse los artículos a los que hacemos referencia: 13, 14 y 15, estos dos últimos pudieron ser modificados con posterioridad a instancias de las entidades profesionales farmacéuticas, pero el relativo a la propiedad de las farmacias es el único que aún se mantiene vigente, y fue justamente el utilizado en el dictamen de la Procuración para favorecer a Farmacity.

En definitiva, son las ideas de Mario Quintana, ahora funcionario, las que marcan el rumbo del gobierno y de la justicia macrista: los negocios avanzando sobre la salud, apartando todas las normativas y regulaciones que obstaculicen sus intereses económicos.

Ver nota original aquí.


El convenio PAMI-medicamentos se cae: los números no cierran

Los recientes cambios en el convenio de provisión de medicamentos a los jubilados, por imposiciones del gobierno a través del PAMI, lo complicaron. Se obligó a las farmacias a trabajar con dos precios distintos (un PVP libre y otro PVP irreal para PAMI), pero la reciente devaluación y aumento de precios complica su futuro.

Las cámaras farmacéuticas analizan como salir de la encrucijada de los Precios Pami (o precios máximos) acordados antes de la estampida del dólar que no cesa, con el incremento del costo de las importaciones y la paritaria con ATSA que se avecina. El panorama es “desesperante”, agregaron los farmacéuticos.

Los medicamentos y las bananas serán los productos de consumo que más aumentarán con el nuevo precio del dólar, precisó un informe de La Nación.

Ese aumento coloca a la industria farmacéutica ante un nuevo escenario que no estaba previsto cuando firmaron el nuevo convenio PAMI con precios congelados, que se retrotrajeron, y actualizaciones por debajo de la inflación anual.

Un gran éxito para Sergio Cassinotti, el titular del PAMI, pero para la industria si aquello que firmaron era un modelo borrascoso y con incógnitas, ahora comienza a tomar las dimensiones de un Titanic.

“Este convenio no va más, se fue todo a la m…..”, señalaron sin eufemismos directivos de la industria farmacéutica nacional.

Así el Convenio PAMI no va…no se puede cumplir”, reforzaron los directivos de las dos cámaras de los laboratorios nacionales que en los últimos días, por separado, analizaron la crisis que se les avecina.

La sustentabilidad del convenio siempre estuvo en duda. Lo que no estaba previsto es que comenzara a naufragar a la quinta semana de vigencia, a causa del dólar trepidante.

Como primera medida, las cámaras nacionales acordaron pedir una urgente reunión con el PAMI para exigir un cronograma de pagos previsible y “que se cumpla” de la deuda de 3.200 millones de pesos. Ya hubo algunos incumplimientos y atrasos que habían prometido desterrar con el nuevo convenio.

El segundo tema, crucial, es como cumplir con los Precios Pami y el impacto sobre el precio de los medicamentos de venta directa al público, con la escalada continúa del dólar.

“El 95 por ciento de los incipientes son importados. El 100 por ciento de los colorantes también. Por el monopolio de la Ley de Patentes los medicamentos alto costo son importados desde casa matrices o desde Brasil,  por el titular de la patente, por ejemplo oncológicos y para la diabetes y la hepatitis”, resumieron.

Además hay otro factor: el costo de la materia prima procedente de China se ha incrementado del 100 al 250 por ciento desde comienzos de año,  debido a que han emprendido un proceso de adecuación ambiental de sus plantas fabriles al Tratado de París. Y el impacto de China también repercute en el mercado de India. Entre ambos países son los principales proveedores del mercado argentino.

Se han advertido incrementos que superan el 5 por ciento en el precio de los medicamentos a partir de la escalada del dólar, en pocas semanas. Y es el comienzo.

La situación de las farmacias es desesperante. Aceptamos el Acuerdo PAMI como el mal menor, pero hay farmacias de los barrios periféricos como Barracas, Liniers y la Boca que están cerrando”, señalaron directivos del colegio de Farmacéuticos de Capital Federal.

“Pami fue siempre la obra social universal que servía para sostener al farmacéutico independiente, pero ahora el convenio no es holgado como para ayudar a la sustentabilidad. Crecieron los gastos fijos y hay más restricciones para vender a los jubilados”, señalaron los farmacéuticos porteños.

Estos voceros aseguraron que “el dueño de una farmacia de barrio, lejos del centro, gana lo mismo que un farmacéutico en relación de dependencia y entonces termina por cerrar y no se abren farmacias nuevas en este contexto adverso”.

Los farmacéuticos también aseguraron que “la industria se había comprometido a no aumentar el precio de venta al público más del 20 por ciento de los Precios Pami, pero esa promesa ahora es evidente que es imposible de cumplir y la ecuación para el farmacéutico será negativa porque terminaremos financiando la diferencia entre los precios de venta al público y el Precio Pami”.

Desde la industria admiten que hubo una promesa no escrita pero no de fijar un techo del 20 por ciento para la “grieta” de precios entre PAMI y el resto, sino que “nos íbamos a hacer cargo del 5 por ciento de la diferencia”.

Al mismo tiempo, desde la industria reconocieron que la situación de las farmacias “es desesperante y nos tenemos que sentar de nuevo a evaluar alternativas”.

Los farmacéuticos insistieron que resulta imposible funcionar “cuando las droguerías te cortan al minuto si no pagas y  para afrontar los descubiertos en el banco te están pidiendo del 70 al 80 por ciento anual”.

En algo, las farmacias de barrio parecen hermanadas con Farmacity pues según La Política OnLine durante la corrida bancaria la cadena debió acudir al Banco Galicia y le pidieron 60 por ciento de interés por un adelanto.

Mario Quintana, el ex CEO de la cadena y vicejefe de Gabinete, reaccionó al grito de “usureros” cuando se enteró del episodio.

Fuente: Pharmabaires


Se presentó proyecto de ley que busca limitar los “farmashoppings”

Plantea la necesidad de fortalecer la función sanitaria de las farmacias y el rol profesional farmacéutico.

Se presentó en el Congreso, y ante la prensa, un proyecto de ley que introduce modificaciones en algunos artículos de la Ley 17.565 sobre el Ejercicio de la Actividad Farmacéutica, que de ser aprobado constituirá una barrera para evitar que sociedades anónimas se expandan con modelos de farmacias que no siguen un modelo sanitario.

Fernanda Raverta, diputada nacional del  FVP por Mar del Plata, señaló que el proyecto de su autoría “le brinda seguridad a los farmacéuticos” y que constituye “un mensaje claro a la Corte Suprema de Justicia”, donde se encuentra el recurso que presentó la cadena Farmacity para poder ingresar al territorio bonaerense.

“Es escandaloso el lobby del vicejefe de Gabinete nacional, Mario Quintana, por Farmacity”, enfatizó Raverta durante la presentación del proyecto de ley que acompañan Ivana Bianchi de Unidad Justicialista de San Luis y vicepresidenta de  la Comisión de Salud, Cecilia Moreau y Daniel Arroyo del Frente Renovador, Mónica Macha, Agustín Rossi, Andrés Larroque, Máximo Kirchner, Julio Solanas, Carlos Castagnetto, Luis Tailhade del Frente para la Victoria, y Araceli Ferreyra de Peronismo para la Victoria de Corrientes.

“Sabemos del rol de los farmacéuticos en las comunidades”, resaltó Raverta frente a un nutrido auditorio encabezado por los directivos de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), los presidentes de los colegios farmacéuticos de la mayoría de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, y de los municipios bonaerenses de Chacabuco, Chascomús, Olavarría, Lomas de Zamora y Ezeiza, entre otras comunas.

Precisamente, Raverta y María Isabel Reinoso, presidenta de la COFA, resaltaron que 79 concejos deliberantes bonaerenses aprobaron ordenanzas de respaldo a los farmacéuticos bonaerenses en su disputa con Farmacity y otro 19 tienen en estudio iniciativas similares.

Raverta y Reinoso también coincidieron que la ofensiva de Farmacity, que desde 2010 perdió en todas las instancias judiciales de la provincia incluida su Corte Suprema, refleja “un clima de época con empresarios que son funcionarios e interfieren en la ley”.

Reinoso destacó el acompañamiento de Carlos Villagra de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales, y de Miguel Lombardo, presidente de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias FACAF.

“Entre las tres entidades venimos trabajando todos los días para mejorar el servicio a 5.500.000 de jubilados”, resaltó Reinoso.

La titular de la COFA enfatizó que “llenaron las farmacias de papas fritas, golosinas, chupetines….nosotros no estudiamos cinco años o más para eso”, al trazar una comparación con el modelo de la cadena Farmacity.

Reinoso destacó la presencia del diputado bonaerense Lisandro Bonelli del Frente Renovador y autor de la ley con media sanción en la legislatura provincial que frena el ingreso de las sociedades anónimas como dueñas de farmacias.

Precisamente, Reinoso recordó que Bonelli presentó un estudio durante el debate en la legislatura provincial demostrativo que “hay 150 Farmacity en las zonas con más ingresos y apenas 21 en las zonas de menos ingreso” per cápita.

Reinoso identificó a la desregulación que inició el ministro de Economía Domingo Cavallo en tiempos del menemismo como la raíz de una interpretación capciosa sobre la que intenta montarse Farmacity para judicializar su presencia en las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe.

Agustín Rossi, uno de los firmantes del proyecto y presidente del bloque del FVP calificó de “obsceno” que el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, aún accionista de Farmacity, “dedique parte de su tiempo a presionar al Poder Judicial para conseguir un fallo que beneficie sus negocios, su empresa personal”.

“Esta ley pone al Estado en el lugar que debe estar regulando el mercado farmacéutico e interpreta la preocupación de vastos sectores de la sociedad”, enfatizó Rossi.

El presidente del bloque destacó que su compañero de bancada, Fernando Espinosa, presentó un proyecto similar sobre el funcionamiento de las farmacias que contiene coincidencias con el de Raverta.

El ex ministro de Salud Daniel Gollan, recordó los conflictos que atravesó durante su gestión con el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y hoy presidente Mauricio Macri, a causa del funcionamiento de Farmacity en el ámbito porteño violando normas legales nacionales.

“Macri fallo siempre a favor de desvirtuar el rol del farmacéutico y la importancia de los medicamentos”, reseñó Gollan, recordando el veto del ahora presidente Macri a la ley que buscaba evitar la venta de medicamentos en kioscos.

Alejandro Colla, ex ministro de Salud bonaerense, recordó que le tocó afrontar en 2010 “el primer inconveniente con esta empresa” cuando intentó ingresar a la provincia.

“Esto tiene que ver con la visión económica que tiene este gobierno”, afirmó el ex ministro de Salud de Daniel Scioli.

Gustavo Traverso, senador provincial por Unidad Ciudadana y farmacéutico, participó junto con Raverta en la redacción de este proyecto

“Está en juego el modelo de atención sanitaria y la definición constitucional, a nivel nacional y provincial, que el farmacéutico es un agente de salud y el medicamento un bien social”, remarcó Traverso, al contrastar con el modelo de Farmacity.

Además, “las cadenas alientan el autoconsumo”, reforzó Traverso.

 

Quintana, las SA, y las provincias que protegen sus farmacias

Esta modificación a nivel nacional va en consonancia con la sanción de leyes provinciales en Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos que impiden que sociedades anónimas instalen farmacias.

Desde 2012 que la empresa propietaria de la mayor cadena de farmacias argentina quiere hacer pie en Buenos Aires, pero la provincia lo limitó y el año pasado Farmacity llevó su reclamo hasta la Corte Suprema.

Recientemente, el periodista Jorge Lanata apuntó contra Mario Quintana en su programa televisivo y aseguró que el funcionario aún controla la cadena de farmacias.

Señaló que a pesar de tener menos del 3% de las acciones de esa empresa, en los hechos controla más del 50% de las decisiones en el directorio de esa compañía y no blanqueó ello en su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA)

El proyecto de Ley presentado es el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Expediente 2787-D-2018

Sumario: FARMACIAS – LEY 17565 -. MODIFICACIONES SOBRE REGULACION DEL EJERCICIO. DEROGACION DEL ARTICULO 13 DEL DECRETO 2284/91 RATIFICADO POR LEY 24307

Fecha: 10/05/2018

http://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=2787-D-2018

El Senado y Cámara de Diputados…

ARTÍCULO 1°. Modifíquese el artículo 3 de la Ley 17.565, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 3°: Las farmacias por ser un servicio público impropio integrante del sistema de salud, estarán racionalmente distribuidas en el territorio nacional a fin garantizar el acceso equitativo a los medicamentos y demás productos sanitarios, y su uso racional, con la prestación de servicios farmacéuticos integrales y continuos basados en la atención primaria de la salud y la educación sanitaria.

Para asegurar la accesibilidad y calidad en el servicio según las necesidades sanitarias, la autorización de la instalación de farmacias será establecida por las autoridades jurisdiccionales correspondientes, determinando los requerimientos de distancia entre farmacias y la cantidad de farmacias por habitante de acuerdo a las características demográficas y geográficas de cada jurisdicción.

Los traslados de farmacias podrán realizarse dentro de la misma localidad, partido o departamento y podrá solicitarse para farmacias que acrediten una antigüedad mínima de funcionamiento en su lugar de origen, conforme al régimen local.

A los efectos de obtener la habilitación por parte de la autoridad sanitaria competente, además de lo concerniente a la propiedad y dirección técnica previstos en la presente ley, el interesado deberá acreditar que la farmacia reúne los requisitos edilicios, sanitarios, de seguridad, equipamiento, documentación, drogas y medicamentos que se establezcan en la reglamentación.

Asimismo, la autoridad sanitaria fijará los medicamentos o especialidades medicinales que por su acción terapéutica pueden ser requeridos en casos de urgencia y deban conservarse en las farmacias para su dispensación inmediata del público.

ARTÍCULO 2°. Modifícase el artículo 4 de la Ley 17.565, el que quedará redactado en los siguientes términos:

Artículo 4°: Una vez acordada la habilitación a que se refieren los artículos precedentes, en las farmacias no se podrá introducir modificación alguna en su denominación o razón social o en las modalidades de sus prestaciones, sin autorización previa de la autoridad sanitaria.

Para facilitar a los usuarios la identificación de las oficinas de farmacia, deberán contar en su fachada con una cruz verde, con dispositivo que permita su iluminación.

Las reformas, ampliaciones, cierres temporarios, definitivos o reaperturas, deberán comunicarse previamente a la autoridad sanitaria.

Toda farmacia que haya permanecido cerrada por más de treinta (30) días corridos, será considerada como entidad nueva en el caso de su reapertura.

ARTÍCULO 3°. Incorpórase como artículo 14 de la Ley 17.565, el siguiente texto:

Artículo 14°: Podrá autorizarse la instalación de farmacias cuando la propiedad sea:

a) De profesionales farmacéuticos con título habilitante.

  1. b) De Sociedades Colectivas ó Sociedades de Responsabilidad Limitada, integradas totalmente por profesionales habilitados para el ejercicio de la Farmacia, como asimismo, entre profesionales farmacéuticos y terceros no farmacéuticos, no pudiendo estos últimos tener injerencia en la dirección técnica de la farmacia, ni en ninguna tarea vinculada al ejercicio profesional. El/los profesional/es Director/es Técnico/s asumirá/n como gerente/s en este tipo de sociedades. Las sociedades de Responsabilidad Limitada estarán integradas por personas físicas quienes deberán individualizarse ante la autoridad sanitaria. El tercero no farmacéutico no podrá participar en más de dos (2) sociedades propietarias de farmacias
  2. c) De Establecimientos hospitalarios públicos dependientes de la Nación, Provincias o Municipios. La dispensación de medicamentos se hará exclusivamente con destino a los pacientes asistidos en el establecimiento, ya sean internados o ambulatorios, previa presentación de la receta médica o modalidad interna que la sustituya. Las clínicas, sanatorios y hospitales privados deberán contar con servicio de farmacia habilitada para brindar servicio exclusivamente a los pacientes internados.

Las mismas deberán contar con la presencia efectiva personal de profesionales farmacéuticos.

 

  1. d) De Obras Sociales, Entidades Mutualistas y/o Gremiales que se encuentren autorizadas por sus estatutos, las que deberán reunir los siguientes requisitos:

Una antigüedad mínima de cinco (5) años en su actividad social reconocida y el número mínimo de afiliados o asociados que se determine en la reglamentación.

Que se obliguen a mantener la dirección técnica efectiva personal de un farmacéutico.

Estas Farmacias estarán destinadas exclusivamente al servicio asistencial de los asociados ó afiliados de la Entidad ó Entidades que las instalen y de las personas a su cargo, cuya nómina y vínculo deberá consignarse en el carnet que lleva el beneficiario. Asimismo, en el local en el que funcione el establecimiento, se deberá contar con la nómina de las personas habilitadas para hacer uso de la farmacia, en la cual se consigne su nombre y dirección, como asimismo, vínculo familiar con el titular afiliado o asociado y número de credencial correspondiente, la cual deberá ser permanentemente actualizada.

Estas Farmacias no podrán tener propósito de lucro y no podrán expender medicamentos y demás productos farmacéuticos a precio mayor que el costo y un adicional que se estimará para cubrir gastos generales y que fijará el Ministerio de Salud.

El Balance de estas Farmacias debe estar integrado en el Balance consolidado de la entidad propietaria.

Estas Farmacias en ningún caso podrán ser entregadas en concesión, locación ó sociedad con terceros, sea en forma declarada ó encubierta. Cuando se constatare la transgresión a esta norma se procederá a la inmediata clausura del establecimiento sin perjuicio de otras sanciones que puedan aplicarse según el caso.

Queda prohibido la suscripción de contratos de franquicia o de cualquier otro tipo de contrato o convenio conducente a la disminución, aunque sea parcial, de la independencia técnica o de criterios en el ejercicio de la profesión farmacéutica.

Queda prohibido cualquier autorización para otras modalidades de propiedad de Farmacias que no sean las especificadas en este artículo.

ARTÍCULO 4°. Incorpórase como artículo 15 de la Ley 17.565, el siguiente texto:

Artículo 15°: En caso de fallecimiento del propietario ó socio farmacéutico de inhabilitación en su carácter de tal, podrá mantenerse el funcionamiento de la Farmacia, siempre que la dirección técnica sea ejercida por un profesional farmacéutico, debiendo regularizarse la situación en el término de tres (3) años.

ARTÍCULO 5°. Modifíquese el artículo 17° de la Ley 17.565, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 17°: Los farmacéuticos para ejercer su profesión deberán estar inscriptos en la matricula cuyo registro y atención se encuentra a cargo de los colegios profesionales o de la autoridad sanitaria correspondiente cuando no existiere colegio en la jurisdicción, los que autorizarán el ejercicio profesional otorgando la respectiva matrícula y extendiendo la correspondiente credencial. Esta deberá ser devuelta al colegio profesional o la autoridad sanitaria cuando por cualquier circunstancia sea suspendida o cancelada la referida matrícula. Los interesados, en su primera presentación deberán constituir domicilio legal y declarar sus domicilios real y profesional.

La matriculación es el acto por el cual el colegio profesional o la autoridad sanitaria otorga la autorización para el ejercicio profesional, de acuerdo a lo establecido en la presente, y podrá ser cancelada en virtud de sentencia judicial firme, de acuerdo a lo establecido en la presente ley o en las respectivas leyes de colegiación.

ARTÍCULO 6°. Incorpórase como artículo 61 BIS° de la Ley 17.565, el siguiente texto:

Artículo 61 BIS°: Las disposiciones de la presente ley son de orden público y serán de aplicación a la actividad farmacéutica en todo el ámbito nacional.

Las autoridades jurisdiccionales correspondientes ejercerán las facultades de habilitación, fiscalización y control, pudiendo disponer exigencias específicas cuando así lo impongan fundadamente particulares circunstancias locales, en cuanto resulten complementarias a las de esta ley.

ARTÍCULO 7º: Deróganse el artículo 13 del Decreto 2284/91, ratificado por Ley 24.307 y el artículo 1 inciso c) del Decreto N° 240/99.

ARTÍCULO 8º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Este proyecto tiene por objeto actualizar la regulación del ejercicio de la farmacia, como establecimiento, institución jurídica y sobre la profesión del farmacéutico, en función de los avances científico-tecnológicos y educativos, los cambios de paradigma en el enfoque de los servicios farmacéuticos impulsados por organismos internacionales especializados de salud (Organización Panamericana de la Salud -OPS-, Organización Mundial de la Salud -OMS-, Federación Internacional Farmacéutica –FIP-), como así también, la adaptación al contexto normativo, sociopolítico y de políticas sanitarias.

Al respecto, ha de tenerse presente que el derecho a la protección de la salud es uno de los derechos humanos fundamentales consagrado constitucionalmente con la incorporación de los tratados internacionales en la reforma de 1994, constituyendo un deber inexcusable del Estado, el de cumplir y respetar tal derecho a la salud. En tal sentido, el Estado debe procurar las condiciones, prestaciones y bienes necesarios para lograr el más alto nivel posible de salud, incluyendo entre las acciones requeridas al efecto, la elaboración del marco legal regulatorio adecuado para las diferentes actividades del sector salud.

Es así pues que, en el marco de las políticas de salud, las acciones de atención primaria a través de los centros de salud, así como las de promoción y educación sanitaria, colocan al farmacéutico y a las farmacias en un papel relevante, por tener este profesional un contacto directo e inmediato con el paciente y sus familiares o allegados, y se transforma en un establecimiento sanitario de consejo profesional autorizado y de derivación consciente a la consulta médica.

En este aspecto, cabe resaltar que las directrices de la OMS en alianza con la FIP sobre el papel del farmacéutico en los servicios de salud, la función del farmacéutico y las buenas prácticas de farmacia y más tarde, sobre su rol en el autocuidado y la automedicación , sumado a la experiencia en regiones de Latinoamérica, han representado un marco importante para redefinir el papel no solo del profesional, sino de los servicios farmacéuticos hacia la garantía de la atención integral, integrada y continua, respondiendo a las necesidades y problemas, tanto individuales como colectivos, de la salud de la población. Los valores, principios y elementos de la atención primaria de la salud (APS) representan pues una excelente oportunidad para reorientar los servicios farmacéuticos de calidad como parte integral de los sistemas y servicios de salud.

Las farmacias realizan entonces, un trabajo complementario de las acciones llevadas a cabo por los servicios de atención de la salud, siendo su preocupación constante la calidad de sus servicios y de los productos que dispensa, dirigiendo los esfuerzos de su actuación en forma prioritaria a las necesidades de los pacientes.

En ese marco, es dable señalar que, como consecuencia de su condición jurídica, esto es, por su carácter de servicio público impropio, las farmacias se hallan sujetas a un régimen legal específico que es parte del poder de policía del Estado, el cual responde a la necesidad de garantizar un servicio de calidad al público, acorde a la naturaleza de la farmacia como centro sanitario al servicio de la comunidad.

En el ámbito de la farmacia, se desempeña el farmacéutico, cuya misión es conforme lo ha definido la OPS, contribuir al cuidado de la salud individual y colectiva de la población, a través de su participación activa en el equipo de salud y la comunidad, con servicios farmacéuticos integrales, integrados y continuos, comprometidos con el acceso equitativo a medicamentos y otros insumos sanitarios esenciales de calidad, y su uso racional, incluyendo las terapias alternativas y complementarias en un sistema de salud basado en la atención primaria de la salud, para de este modo alcanzar su mayor nivel de salud posible .

Resulta así trascendente que el público pueda acceder al servicio en condiciones equitativas, y que la actividad farmacéutica constituya una fuente de información fidedigna y segura a través del farmacéutico, en la actual concepción de su rol como agente sanitario de relevancia social. Estas importantes funciones sanitarias que deben cumplir las farmacias como servicio de salud, deben estar relacionadas con un grupo de población mínimo al cual brindar el mismo. Lo expuesto, se vincula a la necesaria distribución de los establecimientos farmacéuticos de manera estratégica y razonable para que toda la población tenga posibilidad de acceso en igualdad de condiciones.

Sin embargo, por aplicación del Decreto 2284/91 de “desregulación económica”, promovido por el entonces ministro de economía Domingo Cavallo, se posibilitó la instalación indiscriminada de farmacias, concentradas en zonas urbanas, dejando sin servicio a poblaciones más alejadas de tales centros o en áreas rurales, priorizando el factor económico por sobre la real necesidad o utilidad pública en la apertura de nuevas oficinas de farmacia.

Este modelo insertó al medicamento y a la profesión farmacéutica en un marco económico de libre competencia, sometido a la ley de la oferta y demanda; muy alejado del modelo sanitario sostenido por la profesión farmacéutica. En efecto, en tanto el medicamento es un bien social y no una simple mercancía, la atención en salud no debe regularse con reglas de un mercado absolutamente comercial; se imponen pues el criterio profesional, el uso racional del medicamento y el bienestar general. Una activa participación del Estado en el control de la dinámica permitirá a la población un mejor acceso a esta instancia sanitaria garantizando medicamentos confiables y optimizando los servicios que presta el farmacéutico a la población.

A fin de permitir que ello resulte viable, es que corresponde realizar una planificación y ordenamiento para la autorización del funcionamiento de las farmacias, de tal forma de propender a su real distribución racional en el territorio nacional. Ello, con el objetivo de garantizar a la población, una adecuada y homogénea atención farmacéutica, como asimismo, que el acceso al medicamento sea ágil y rápido, y en las mismas condiciones para todos, independientemente donde resida el paciente.

Por el artículo 13 del referido Decreto 2284/91, se modificó además el artículo 14 de la ley 17.565, posibilitando que personas ajenas a la profesión puedan ser propietarias de farmacia, permitiéndose la titularidad a otras formas societarias tipificadas en la ley de sociedades, incluso sociedades anónimas.

Sin embargo, este tipo de figuras sociales no se compadece con la condición jurídica de la farmacia. En efecto, en tanto se trata de un servicio público impropio, resulta menester la individualización del sujeto que brinda tal servicio, de modo de precisar las responsabilidades que pudieran caberle en lo que el acto sanitario de la dispensa refiere (esto es, ante la eventual producción de un hecho dañoso derivado de una incorrecta actuación profesional del farmacéutico). Admitir un criterio diverso, conduciría a que tal servicio público, quede en manos de sujetos indeterminados, mutables en función de las modificaciones en la composición societaria, con el consiguiente riesgo de la disipación de la responsabilidad.

Conforme ha sido definido por calificada doctrina, “la farmacia es, por excelencia, el ámbito del ejercicio profesional del farmacéutico, al que es inherente la titularidad del establecimiento. Dicho de otro modo, el concepto “farmacia-farmacéutico” es un todo inescindible y la titularidad -o propiedad- no es más que una modalidad de la regulación profesional” . Surge entonces claramente la indivisibilidad del ejercicio profesional y la propiedad de la farmacia, por ser la oficina farmacéutica el ámbito natural donde el farmacéutico ejerce su profesión, ya que la farmacia existe porque existe el farmacéutico.

Lo antes dicho es compartido por varios países miembros de la Unión Europea, que han sancionado en sus respectivos Estados, diversas leyes, que con un espíritu marcadamente sanitario, regulan sobre la instalación y funcionamiento de las farmacias, en cuanto prestadoras de un servicio público. La práctica recogida en estos países, ha demostrado resultados altamente positivos, en cuanto a la organización del funcionamiento de las farmacias, arrojando como resultado una eficiente cobertura farmacéutica al paciente y garantizando la independencia del asesoramiento profesional del farmacéutico como titular de la oficina farmacéutica.

Las modificaciones normativas operadas a partir del año 1991 en la ley 17565, condujeron a que el farmacéutico director técnico que no sea propietario de su farmacia -en forma individual o como socio administrador de una sociedad-, quedara en franca relación de dependencia; llevando a una fractura de responsabilidades jurídicas. Así personas ajenas a la profesión actuando como empleadores y administradores de farmacias, se reservan el poder de decisión, los distintos aspectos de la administración, incluidas entre otras actividades, las compras de medicamentos, pudiendo marginar de ellas al farmacéutico, perdiendo así este profesional el control exclusivo sobre la gestión de compras, mantenimiento de stocks, horarios de atención, etc. Se identifica pues una situación compleja en cuanto a determinar quién será el responsable de la calidad y procedencia de medicamentos adquiridos en esa forma, donde el profesional director técnico no hubiera tenido injerencia en alguna de estas adquisiciones.

Por otra parte, a través del presente proyecto de ley se recepta la evolución normativa del desempeño profesional desde las incumbencias propias y las actividades reservadas al título farmacéutico, constituyéndolo así en un texto integrado, aplicable a todos los ámbitos de competencia referidos al ejercicio de la profesión farmacéutica. De tal modo, resulta una propuesta abarcativa y actualizada, contemplado temas no incluidos en la normativa vigente, posibilitando así superar vacíos legislativos.

A su vez, aquellas actividades reservadas e incumbencias definidas en el nivel educativo universitario, que viene acreditada con la posesión del título farmacéutico, no habilita para ejercer, resultando necesario un procedimiento de registro ante los colegios de farmacéuticos y asociaciones profesionales (que ejercen potestades legalmente delegadas por el Estado, en cuanto al registro y control de la matrícula) o la autoridad sanitaria según corresponda, conocido como matriculación, y el cumplimiento de pautas contenidas en un cuerpo normativo que define la buena práctica de la profesión.

Se propone además derogar el artículo 13 del decreto 2284/91, con el fin de superar las gravosas consecuencias que la desregulación económica trajo aparejada, con una clara distorsión de los criterios sanitarios y la ausencia de fiscalización efectiva por parte del Estado. A los efectos precedentemente reseñados, se establecen pautas regulatorias de alcance nacional, siendo las mismas de orden público; con resguardo de las normas locales preexistentes y dejando a criterio de cada jurisdicción el desarrollo de los aspectos operativos específicos.

El presente proyecto de ley se enmarca en el contexto normativo precedentemente referenciado, en consonancia con los avances científicos, tecnológicos y educativos, y recogiendo las recomendaciones de organismos de jerarquía internacional en materia de salud.

Por todo lo expuesto, solicito a los y las legisladoras, acompañen con su voto el presente proyecto de ley.

Fuentes: Pharmabaires, HCN, DyN


Perdió Farmacity

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Category : Farmacia , Salud

Toda la oposición estuvo de acuerdo en votar contra la cadena del funcionario Mario Quintana.

La oposición en la Cámara de Diputados en la Provincia de Buenos Aires consiguió aprobar por 43 votos a 40 una reforma a la Ley de Farmacias bonaerense, para bloquear el desembarco de Farmacity. El proyecto presentado por el Frente Renovador fue votado al término de una tensa sesión parlamentaria en la que no faltaron imputaciones contra el ex Ceo de la cadena y actual vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, como así también entre los legisladores.

El proyecto debe ahora ser debatido por el Senado bonaerense, donde el oficialismo tiene mayoría y la única expectativa es que se abstengan o voten por la afirmativa algunos senadores radicales, en virtud de la presión que perciben en sus respectivos distritos contra el desembarco de la cadena de farmacias.

La voz cantante del debate fue el diputado massista Lisandro Bonelli, quien en su intervención afirmó que “la Ley de Farmacias actual es clara para todos, menos para Quintana”.

El proyecto del legislador vino a completar una interpretación de la Ley de Farmacias sobre la prohibición de que sociedades anónimas sean propietarias de farmacias en territorio bonaerense.

La iniciativa del diputado Lisandro Bonelli declara “taxativo”, el artículo 14 de la ley 10.606, el punto que detalla quiénes pueden instalar farmacias en la provincia.

La ley no detalla la prohibición a las sociedades anónimas (tal el caso de Farmacity) y ese fue el resquicio legal del que se aferra Farmacity desde los tiempos de Mario Quintana como CEO para batallar en la Justicia.

El legislador massista expresó durante su intervención que “estamos discutiendo qué modelo de farmacia queremos en nuestro país, y creo que hay tres cuestiones a debatir: las normativas, la organización y función, y el por qué estamos evaluando esto”.

“La ley actual es clara todos, menos para Quintana y su negocio, porque quiere seguir lucrando con los medicamentos, entonces no debe haber ninguna discusión sobre este modelo”, enfatizó Bonelli.

El legislador aseveró que “un medicamento no es una mercancía, con un medicamento se mide si alguien vive o no vive, si se cura o no, es cuestión de salud. Yo quisiera que la gobernadora se exprese, porque es un tema de interés público”.

La legisladora radical Alejandra Lorden, vocera del oficialismo y presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, pidió discutir una nueva Ley de Farmacias, o sea un salto hacia adelante.

“Nosotros estamos del lado de los farmacéuticos. Por eso planteamos la necesidad de discutir una nueva ley. Una norma que se traduzca en una ley moderna y no en un parche como plantea la oposición“, propuso Lorden.

Mientras era silbada por los farmacéuticos presentes pese a que dijo que estaba de su lado, agregó que “no estamos por la comercialización, nos merecemos una ley moderna. No creemos que la solución sea una normativa existente, necesitamos trabajar coordinadamente con aquellos a quien toca esta ley”.

La diputada de la Coalición Cívica, Maricel Echecoin Moro, en sintonía con su compañera del radicalismo, apuntó contra la oposición en su conjunto: “Ustedes saben que agregar la palabra ‘taxativo’ o no a la ley no tiene efecto jurídico alguno. Esta ley no viene a resolver la cuestión de fondo”.

Maricel Etchecoin Moro, advirtió que hay empresarios farmacéuticos “que tienen connivencia con la política; nosotros vamos a defender a los verdaderos farmacéuticos”.

Su intervención fue también acompañada de abucheos cuando enfáticamente  vinculó al sonado caso de la efredina con el financiamiento de campañas electorales y aseveró que “a mi no me corren los Quintana porque no tengo parientes en los laboratorios”. Por el contrario mencionó a dueños de farmacias que habrían aportado al Frente para la Victoria en 2015.

El bloque de Unidad Ciudadana en cambio sí aprovechó el debate para vincular los intereses de Mario Quintana (aún dueño de un porcentaje de acciones de Farmacity) con los discursos oficialistas que buscaron frenar la iniciativa.

Carlos Moreno de Unidad Ciudadana remarcó que Farmacity “no es producto del esfuerzo de un vecino común, sino que es de Quintana, un personaje funcional a Mauricio Macri. Cada vez que abría un comercio de esa cadena, cerraron cinco farmacias”.

En tal sentido el diputado Bonelli twitteo durante la sesión: El caso de la ciudad de Buenos Aires es testigo. Hay más de 150 sucursales de #Farmacity en la zona más pudiente, pero tan sólo 21 en los barrios más pobres.#NoAFarmacity porque la salud no es un negocio. La ley es clara y todos debemos cumplirla @mauriciomacri #Quintana

Mientras se discutía el proyecto, los farmacéuticos bonaerenses se movilizaron hasta la Casa de Gobierno para exigir de la gobernadora María Eugenia Vidal que se pronuncie contra el desembarco de Farmacity.

De la Casa de Gobierno se desplazaron a la Legislatura donde había comenzado el picante debate.

La protesta, de la que participaron farmacéuticos del interior de la provincia y del conurbano bonaerense, se realizó bajo el lema “Defender un modelo sanitario de farmacias para nuestra provincia”.

“En la provincia hay 7600 farmacéuticos matriculados y 4500 farmacias. Los farmacéuticos estén cada vez más indignados de ver cómo se ponen por encima los intereses de una sola empresa y se destruye un sistema sanitario que da resultados”, dijo a Télam la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires (Colfarma) y de la Confederación de Farmacéuticos Argentinos (COFA), María Isabel Reinoso.

En la protesta, se leyó una “carta abierta” a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, a quien le solicitaron que se pronuncie sobre el tema.

Vidal no expresa cuál es el modelo de salud que quiere para los 16 millones de bonaerenses. Ella no puede incidir en la justicia, pero consideramos que debe pronunciarse”, exigió Reinoso.

Con esta discusión, “se debaten dos modelos: si la provincia va a tener un modelo sanitario o si va a imperar el modelo de mercado”, completó Reinoso .

Fuente: Pharmabaires


El PAMI avanza con el convenio, la industria y los farmacéuticos hablan de incertidumbre y crisis terminal

PAMI impone sus condiciones unilaterales, que según se advirtió no benefician más que a las grandes cadenas. La industria amenaza con no adherir, los farmacéuticos alertan sobre la incertidumbre y el caos que generará el cambio de sistema. Fefara, que cedió su validador al PAMI cuando comenzaron las negociaciones, ahora dice que “la cosa no tiene remedio”. Negociaciones de último momento buscan el contacto con Macri, eludiendo pasar por la vicejefatura de gabinete, donde habita Mario Quintana.

El PAMI ya decidió un nuevo convenio con un severo ajuste para los medicamentos. Pero la industria todavía no lo aceptó y se debate entre acordar o patear  el tablero. Los  farmacéuticos y las cámaras de farmacias hablan de incertidumbre y de crisis terminal.

El PAMI unilateralmente ya decidió cuánto pagará por los medicamentos que consumen sus afiliados a partir del primero de abril. El anuncio no lo hizo oficialmente el organismo, sino el  consejo de obras sociales provinciales (COSSPRA), luego de una reunión con el titular de la obra social, Sergio Cassinotti.

El PAMI plantea realizar una contratación directa con los laboratorios, exigiendo un descenso del 5% del costo para los afiliados al Instituto”, comentó la dirigencia de COSSPRA, al transmitir su apoyo a la política adoptada por Cassinotti.

“Han definido que la modalidad será basada en el precio de referencia, lo que implica un precio máximo para los beneficiarios. Es decir, garantizará a los afiliados un acceso a medicamentos con precios menores a los actuales”, explicaron los dirigentes de COSSRA sobre lo que vendrá a partir del primero de abril.

Por otra parte, exigirán un congelamiento de los precios que se revisará sólo si la inflación supera el 15% anual”, ampliaron desde el Consejo de obras sociales provinciales.

Sin embargo, las cámaras empresarias aseguran que no hay acuerdo todavía y durante el fin de semana preparaban una solicitada que aparecerá en las próximas horas, luego de una última y nuevamente fracasada reunión con el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui.

Incluso algunos empresarios que aún se consideran “amigos” del presidente Mauricio Macri, buscaban afanosamente en estas horas volver a tender puentes directos con el mandatario, eludiendo el muro levantado por Lopetegui y Cassinotti.

En la solicitada dirigida a Macri, los laboratorios con el acompañamiento de la COFA, FACAF, ADEM y la asociación de farmacias sindicales y mutuales, prometen un “DESCUENTO ADICIONAL EXTRAORDINARIO” (en mayúsculas en el original) del 5 por ciento para medicamentos ambulatorios y del 10 por ciento en los especiales. También incluían en el borrador al que accedió PHARMABAIRES la promesa de mantener los precios para el PAMI en 30 por ciento por debajo de la inflación.

Básicamente, lo que pedían Cassinotti y Lopetegui, pero sin precios máximos ni licitaciones.

Muchos empresarios farmacéuticos están desconcertados en estos días con la dureza del gobierno y especialmente con las operaciones de prensa a través de medios y periodistas oficialistas que están refractando una visión negativa, casi fenicia, de la industria farmacéutica, instalando la sensación de que son “los malos de la película”.

El gobierno busca un “triunfo político” en tiempos en que no soplan vientos económicos favorables y no trepida en presentar a los laboratorios “como unos avaros que levantamos la plata con una pala”, señalaron voceros empresarios.

Entre esos empresarios hay quienes se consideran “amigos” del presidente y contribuyeron a sus campañas electorales desde que arribó a la Jefatura de la Ciudad de Buenos Aires en 2007. Pero el tiempo pasa y las amistades a veces se difuman.

Esos voceros aseguran que “de ninguna manera” están negociando el convenio PAMI a cambio de que el gobierno no acepte las condiciones leoninas que impone la UE en materia de propiedad intelectual para firmar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur.

Quieren un congelamiento que implica rebajar los precios un 35 por ciento en un contexto inflacionario. Muchos laboratorios no pueden aceptar esa imposición. Sería la quiebra”, afirmaron voceros empresarios.

Las cámaras durante la última reunión del viernes pasado, tal estéril como las precedentes, le llevaron a Lopetegui un informe en el que aseguran que los precios promedio de los medicamentos para los tratamientos crónicos y agudos son 75 por ciento más bajos que en resto de la región e incluso 79 por ciento inferior que en los países desarrollados.

También hizo mucho “ruido” entre los laboratorios nacionales la primera licitación conjunta de PAMI, IOMA, la Superintendencia de Servicios de Salud y el Ministerio de Salud de Factor VIII para hemofílicos que ganaron CSL Behring y Pfizer.

“Gracias a CAEME  ahora dirán que consiguieron precios hasta 80 por ciento más bajos”, deslizaron voceros de los nacionales.

Los laboratorios no son los únicos que zozobran en la incertidumbre. La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), a través de su publicación Correo Farmacéutico graficó la situación: publicó en su tapa una bomba con la mecha encendida a punto de estallar con la leyenda “Amenaza para la industria farmacéutica”.

La COFA, la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina, emitieron un comunicado en la que vislumbran un horizonte casi desolador, ya que hablan de “crisis terminal”.

En el comunicado aseguran que “a pocos días de concluir el convenio de prestación a los beneficiarios del PAMI, la continuidad de la provisión de medicamentos a los jubilados está en zona de riesgo por efecto de la incertidumbre que surge de las negociaciones (¿aún en marcha?) entre el gobierno nacional y la industria farmacéutica”.

“Las farmacias, a través de sus entidades representativas, hemos mantenido reuniones con autoridades del PAMI, con funcionarios de la Vicejefatura de Gabinete y con componentes de la industria farmacéutica, y las conclusiones de esos encuentros no pueden ser más desalentadoras: no se conoce a cuáles medicamentos tendrá acceso el jubilado a partir de abril, no se conoce cuánto ni cuándo pagará el PAMI las futuras prestaciones ni a quienes, no se conocen las condiciones que se les plantean a las farmacias para seguir atendiendo el convenio y por ende no se conocen cuáles farmacias seguirán atendiendo, no se conoce cómo ni quién realizará el servicio de auditoría y sistemas, no se conoce cómo el PAMI se pondrá al día con la deuda que incluye el mes de diciembre, no se conoce de qué manera se pagarán los servicios y prestaciones de lo que va del 2018 una vez que el actual convenio finalice”, afirmaron las tres entidades.

“Estos interrogantes le están siendo retaceados a los jubilados bajo el manto de una promesa, ampliamente difundida por los medios, de reducir el gasto por parte del PAMI, pero sin indicar cuáles serían las consecuencias concretas de ese ajuste en el acceso del jubilado a sus medicaciones”, agregaron.
Para estas entidades, “hay una única certeza en estas negociaciones, y es que se está preparando la escena para la irrupción plena y masiva en el convenio de los intereses económicos más poderosos y concentrados del sector”.

Las entidades advirtieron que no solo hay incertidumbre sobre lo que vendrá con el nuevo convenio, pues recibieron “la desagradable novedad de un reciente aumento salvaje del impuesto a los Ingresos Brutos en la mayor parte de las provincias, lo cual pone en jaque la sustentabilidad de la pequeña y mediana farmacia, y en riesgo de manera directa la continuidad de miles de fuentes de trabajo”.

A este preocupante escenario se suma la promesa ampliamente difundida por el gobierno, en su disputa con los laboratorios, de bajar el precio del medicamento sin contemplar de qué manera se evitará sumergir a la mayoría de las farmacias en una crisis terminal”, pronosticaron.

“El nombre de esta situación se llama INCERTIDUMBRE porque nadie ha logrado darnos respuestas concretas y certeras a estos interrogantes:
¿A cuáles medicamentos podrá acceder el jubilado de ahora en más?
¿A los mismos que ahora consume o a otros? ¿Podrá el jubilado seguir concurriendo a su farmacia de confianza para acceder a sus medicinas o deberá, con el gasto adicional que esto conlleva, buscar algún shopping de medicamentos lejos de su hogar?

¿Cómo debemos entender que el Estado pretenda reducir el precio de los medicamentos y al mismo tiempo aplicar un aumento salvaje de los impuestos para las farmacias?, se preguntaron.

¿Esta oscura, e inusualmente externalizada negociación (no negocia el PAMI sino la Vicejefatura de Gabinete), en tiempos de “transparencia” tiene como objeto beneficiar algún interés comercial ligado al eufemismo del “conflicto de intereses”?, se preguntaron las tres entidades, en referencia al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, ex CEO de Farmacity que de incorporarse al convenio con el formato que propone hoy el PAMI y la Vicejefatura de Gabinete, será el único y gran ganador en una mesa en la que todos pierden.

“Toda incertidumbre va acompañada de precariedad y de riesgo, y precisamente riesgo es a lo que se enfrentan hoy nuestros jubilados en el futuro cercano para acceder a sus medicamentos” completó la COFA, FACAF y la asociación de farmacias sindicales y mutuales que preside Carlos Villagra.

También FEFARA difundió una editorial sobre el actual conflicto con un título que expone con crudeza la situación: “ASI, LA COSA NO TIENE REMEDIO”.

“Las instituciones, después de mucho tiempo, debían tener la ocasión de negociar directamente con el financiador las condiciones en las cuales prestarían sus servicios”, propuso FEFARA.

“Aportando lo que estaba a nuestro alcance para hacer realidad estas aspiraciones, pusimos a disposición del todos las soluciones informáticas y procesos de gestión que tenemos operativos en el seno de nuestra institución, demandando una activa participación en todo lo relacionado con la dispensa por considerar que somos los únicos y legítimos representantes de nuestra red de farmacias”, subrayó la entidad presidida por Manuel Agotegaray.

“Así las cosas, el tiempo fue transcurriendo y nuestra inquietud creciendo. Hoy estamos a escasas tres semanas del final del viejo convenio y las incertidumbres superan holgadamente a las certezas”,  coincidió en el diagnóstico.

“Por lo que logramos saber a través de los medios de comunicación, la negociación entre el PAMI y la Industria se ha transformado en una batalla en la cual ninguna de las partes parece estar dispuesta a ceder ni un centímetro en sus posiciones”, evaluó.

“Actores que, además, en ningún momento han dado participación a las instituciones farmacéuticas para ejercer la natural representación de la red nacional de farmacias”, enumeró, en otra coincidencia.

Entre tanto, “todo tipo de rumores anunciando catástrofes se hacen correr en el mercado, generando lógica angustia y zozobra entre los integrantes de una red de farmacias constituida en una abrumadora mayoría por pequeñas unidades productivas”.

En ese  contexto de versiones contradictorias y medios que operan con filtraciones sesgadas, “se dan como ciertas algunas alocadas versiones, las que solo por citar un par dicen que se establecería una bonificación lineal del orden del 15% sobre PVP para todas las farmacias; o bien que las farmacias, ante la fijación de precios máximos, se verían obligadas a vender medicamentos a PAMI con precios inferiores a los de compra, y otras por el estilo”.

“Reconocemos que estando en la incertidumbre en que nos encontramos hoy, resulta difícil formular análisis para la necesaria toma de decisiones. No obstante ello, queremos hacerle saber a todo el mundo que consideramos inaceptable y totalmente inviable la aplicación de medidas tales como las señaladas en el párrafo anterior”, subrayó.

Lo que las farmacias “pretendemos y demandamos para el nuevo convenio, es una mejora en las condiciones económico-financieras: baja de aportes y menor ciclo de cobro”.

“Por ello, en ejercicio de la representación de nuestras farmacias venimos a peticionar la urgente inclusión de las instituciones farmacéuticas en la mesa de negociaciones, como imprescindible condición de posibilidad para que la red nacional pueda asegurar la normal dispensa de medicamentos a los afiliados PAMI a partir del 1 de abril del corriente año”, completó FEFARA.

Fuente Pharmabaires

 

 


PAMI: Farmacéuticos advierten que se agota el tiempo y piden precisiones

En un comunicado conjunto, las entidades que representan a la mayoría de las farmacias del país advierten sobre la irrupción de “intereses económicos poderosos y concentrados” en las negociaciones para la provisión de medicamentos a los jubilados. También piden se proteja la red de atención de farmacias de todo el país, y que no se genere más incertidumbre en la atención a través del PAMI. Alertan también la intromisión de la “vicejefatura de gabinete”, en lo que sería una alusión a Mario Quintana, y el posible conflicto de intereses.

Transcribimos el comunicado conjunto de COFA, FACAF y Farmacias mutuales y sindicales:

 

 

PAMI:  LOS MEDICAMENTOS PARA LOS JUBILADOS ENTRE LA

INCERTIDUMBRE Y EL RIESGO

 

A pocos días de concluir el convenio de prestación a los beneficiarios del PAMI,

la continuidad de la provisión de medicamentos a los jubilados está en zona de

riesgo por efecto de la incertidumbre que surge de las negociaciones (¿aún en

marcha?)  entre  el  gobierno  nacional  y  la  industria  farmacéutica.  Estas

negociaciones se vienen desarrollando sin resultados concretos y los mensajes

que surgen de una parte y de la otra sobre su curso no son coincidentes.

 

Las  farmacias,  a  través  de  sus  entidades  representativas,  hemos  mantenido

reuniones  con  autoridades  del  PAMI,  con  funcionarios  de  la  Vicejefatura  de

Gabinete  y con componentes de la industria farmacéutica,  y las  conclusiones

de esos encuentros no pueden ser más desalentadoras: no se conoce a cuáles

medicamentos tendrá acceso el jubilado a partir de abril, no se conoce cuánto

ni cuándo pagará el PAMI las futuras prestaciones ni a quienes, no se conocen

las condiciones que se les plantean a las farmacias para seguir atendiendo el

convenio y por ende no se conocen cuáles farmacias seguirán atendiendo, no

se  conoce  cómo  ni  quién  realizará  el  servicio  de  auditoría  y  sistemas,  no  se

conoce  cómo  el  PAMI  se  pondrá  al  día  con  la  deuda  que  incluye  el  mes  de

diciembre,  no  se  conoce  de  qué  manera  se  pagarán  los  servicios  y

prestaciones de lo que va del 2018 una vez que el actual convenio finalice.

 

Demasiadas incógnitas para un convenio que termina en 20 días y provee de

medicamentos a los 5 millones de argentinos con mayor demanda de atención

sanitaria.

 

Estos interrogantes le están siendo retaceados a los jubilados bajo el manto de

una  promesa,  ampliamente  difundida  por  los  medios,  de  reducir  el  gasto  por

parte del PAMI, pero sin indicar cuáles serían las consecuencias concretas de

ese ajuste en el acceso del jubilado a sus medicaciones.

 

Hay una única certeza en estas negociaciones, y es que se está preparando la

escena  para  la  irrupción  plena  y  masiva  en  el  convenio  de  los  intereses

económicos más poderosos y concentrados del sector.-

 

Mientras  esto  sucede  en  los  más  altos  niveles  de  gobierno,  las  farmacias

seguimos diariamente y en cada barrio, de cada localidad, de cada provincia de

nuestra  país  brindando  el  servicio  farmacéutico  a  nuestros  vecinos  jubilados,

haciendo un mayúsculo esfuerzo en esta coyuntura para sostener la atención,

aportando  gran  parte  de  nuestra  ganancia  para  trabajar  en  el  convenio,

sufriendo como todos los argentinos el aumento del costo de vida y los gastos

fijos y variables, con la desagradable novedad de un reciente aumento salvaje

del impuesto a los Ingresos Brutos en la mayor parte de las provincias, lo cual

pone en jaque la sustentabilidad de la pequeña y mediana farmacia, y en riesgo

de manera directa la continuidad de miles de fuentes de trabajo.

 

A este preocupante escenario se suma la promesa ampliamente difundida por

el  gobierno,  en  su  disputa  con  los  laboratorios,  de  bajar  el  precio  del

medicamento sin contemplar de qué manera se evitará sumergir a la mayoría

de las farmacias en una crisis terminal.

 

Las farmacias no somos formadoras de precios, eso lo hacen los laboratorios

con la autorización de la Secretaría de Comercio, y las farmacias no tenemos la

facultad  que  tiene el  resto de  la  economía minorista  argentina de trasladar  el

aumento de los costos al precio de venta.

 

Si dentro de 20 días debemos dispensar medicamentos a un precio menor al

que hoy lo compramos ¿Quién se hará cargo de esa diferencia? ¿O acaso las

farmacias  deben  dejar  de  comprar  medicamentos  hasta  que  la  situación  se

defina poniendo en riesgo la normal provisión de medicinas a la totalidad de la

población?

 

El  nombre  de  esta  situación  se  llama  INCERTIDUMBRE  porque  nadie  ha

logrado darnos respuestas concretas y certeras a estos interrogantes:

  • ¿A cuáles  medicamentos  podrá  acceder  el  jubilado  de  ahora  en  más?

¿A los mismos que ahora consume o a otros?

  • ¿Podrá el jubilado seguir concurriendo a su farmacia de confianza para

acceder  a  sus  medicinas  o  deberá,  con  el  gasto  adicional  que  esto

conlleva, buscar algún shopping de medicamentos lejos de su hogar?

  • ¿Cómo debemos entender que el Estado pretenda  reducir el precio de

los medicamentos y al mismo tiempo aplicar un aumento salvaje de los

impuestos para las farmacias?

  • ¿Esta oscura, e inusualmente externalizada negociación (no negocia el

PAMI  sino  la  Vicejefatura  de  Gabinete),  en  tiempos  de  “transparencia”

tiene como objeto beneficiar algún interés comercial ligado al eufemismo

del “conflicto de intereses”?

 

Las  entidades  farmacéuticas    reclamamos  la  libre  accesibilidad  de

medicamentos  en  todo  el  territorio  nacional,  que  se  establezcan  condiciones

equitativas  para  las  farmacias  prestadoras  respetando  sus  particularidades

geográficas  y  su  dimensión  económica  para  asegurar  la  continuidad  de  la

amplia  red  actualmente vigente,  en  un  rubro  esencialmente sanitario,  aunque

haya quienes que pretenden convertirlo en coto de caza de grandes intereses

económicos.

 

Toda  incertidumbre  va  acompañada  de  precariedad  y  de  riesgo,  y

precisamente  riesgo  es  a  lo  que  se  enfrentan  hoy  nuestros  jubilados  en  el

futuro cercano para acceder a sus medicamentos.

Pedimos respuestas concretas y claridad en las soluciones, se agota el tiempo.

 

Firman: María Isabel Reinoso (COFA), Miguel Lombardo (FACAF), Carlos Villagra (Farmacias mutuales y sindicales)


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