Farmacity: la madre de todas las batallas

Farmacity: la madre de todas las batallas

La Audiencia Pública, prevista para el 25 de agosto, promete develar todos los intereses detrás de la cadena.  Estará en juego, además, el modelo de farmacia y el modo del ejercicio profesional para los farmacéuticos. Advierten que la decisión de la Corte tendrá alcance nacional, y no se limitará solamente a la Provincia de Buenos Aires.

La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública por el caso Farmacity para el 29 de agosto que se convertirá en “la madre de todas las batallas”. La COFA pide que se garantice la transparencia del debate, mientras algunas versiones sugieren que puede tratarse de una nueva maniobra para favorecer al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

“Nosotros celebramos que se le dé transparencia a este juicio, ya que si bien pensamos que la Corte Nacional no debería haber tomado el reclamo y ratificado lo que dijo la justicia bonaerense en sus cuatro instancias, vemos positivo que sea público y a los ojos de todos pues es de público conocimiento que Mario Quintana sigue tomando las decisiones de esta empresa y que lo único que persigue es rentabilidad para su empresa de capitales poco claros y escondidos detrás de sociedad de sociedades”, señaló María Isabel Reinoso, presidenta de la COFA y del Colegio Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.

Reinoso recordó que fue la COFA, junto con los diputados bonaerenses Ricardo Lissalde y Lisandro Bonelli del Frente Renovador, quienes solicitaron la audiencia pública convocada para finales de agosto.

“Luego del dictamen bochornoso, y a medida, de la Procuración General de La Nación, el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Bs. As. solicitó a la Corte Suprema de la Nación que antes de resolver convocara a una Audiencia Pública. En el mismo sentido lo hizo el defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y los diputados Lisandro Bonelli y Ricardo Lissalde, ambos legisladores y ciudadanos de la provincia de Buenos Aires”, resaltó la presidenta de la COFA.

Lisandro Bonelli en su twitter escribió: Celebramos que la @CorteSupremaAR dé transparencia y convoque a una audiencia pública por #Farmacity  Tiene que quedar claro en la Justicia que Mario Quintana utilizó su cargo en el Estado para hacer negocios. Es necesario que renuncie. #NoAFarmacity #QuintanaRenunciá

“Me genera una gran satisfacción saber que la Corte Suprema convocará a una audiencia pública por la ilegal maniobra de Mario Quintana. Tiene que quedar en claro que los funcionarios no pueden utilizar al Estado para favorecer negocios particulares”, twitteo a su vez Ricardo Lissalde.

Reinoso recordó que “este juicio se había ganado en todas las instancias en la Provincia y llegó a la instancia nacional porque la empresa farmashopping encontró un clima político propicio , ya que quien lo inició es precisamente el actual Vicejefe de gabinete Nacional”.

Para Reinoso, el juicio “tiene una significación que excede a las farmacias ya que de hacer lugar al reclamo de la empresa la Provincia de Buenos Aires y las restantes provincias del país perderían su autonomía en legislar lo referente al ejercicio de las profesiones y también las cuestiones relacionadas a la salud de sus habitantes”.

“Para todos y hasta ahora era muy claro que el ejercicio de las profesionales y las cuestiones de salud eran de orden local. Por ello la provincia de Buenos Aires y las demás legislaron en estas cuestiones. Lo que es claro para todo el mundo parece no lo es para el vicejefe del Gabinete Nacional que decidió judicializar a tres provincias, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, para acomodar via judicial las leyes que no les son funcionales a los intereses de su empresa”, remarcó.

“Los farmacéuticos que hoy ejercemos en la Provincia no tenemos nada que esconder, fuimos a la Universidad, nos formamos para brindar Salud, tenemos nuestras farmacias en la Provincia donde ejercemos digna y legalmente nuestra profesión y no nos escondemos detrás de ningún fondo de inversión ni tenemos nuestros capitales en paraísos fiscales…, todo bien transparente y pedimos que no se mercantilice nuestra profesión”, subrayó Reinoso, en un duro comentario sobre el vicejefe de Gabinete y su modelo empresario.

También “tenemos muy claro que la farmacia es un servicio de utilidad pública, no un comercio, y que la independencia profesional se verá socavada si tenemos que responder a un Ceo en lugar de responder a nuestro saber profesional”, reforzó Reinoso.

La Corte Suprema “está al rojo vivo por la pelea por la presidencia y la posible sucesión de Ricardo Lorenzetti, quien juega a fondo sus cartas para mantenerse en el cargo y, en medio de la tensión con Horacio Rosatti, ahora busca desgastar a Carlos Rosenkrantz aprovechando el caso Farmacity”, escribió La Política Online.

Rosenkrantz es uno de los dos miembros de la Corte Suprema – el otro es Rosatti- que se excusó de intervenir en el expediente de Farmacity por haber sido el abogado que presentó la demanda contra la provincia de Buenos Aires, cuando su estudio estaba contratado por la cadena de Mario Quintana.

“En el medio de los tironeos internos, en la justicia empezó a trascender que la Corte podría inclinarse por fallar a favor de Farmacity, lo que derivaría en una inevitable polémica política por la ligazón de la cadena con Mario Quintana”, agregó la publicación.

La audiencia incluirá a otros actores y organizaciones de la sociedad civil y de consumidores convocadas por la Corte Suprema, tal como ocurrió en las audiencias por el Riachuelo y la Ley de Medios, pues de escuchar solo a la Cofa, el Colegio Farmacéutico y Farmacity se repetirían argumentos ya escuchados en otras instancias inferiores.

Daniel Alvarado, presidente de la OnG Farmacéuticos sin Fronteras, recordó que “ya nos presentamos hace unos años en otro juicio contra Farmacity cuando Mauricio Macri era el Jefe de Gobierno”.

Entre las entidades que participaron de audiencias precedentes vinculadas a la demanda de Farmacity figuran el Cels, Poder Ciudadano, la Comisión de Defensa del Consumidor y de la Competencia, la Asociación de Usuarios y Consumidores Unidos, la Asociación de Abogados de la Ciudad y la Asociación de Docentes Universitarios, entre otras.

Mientras brotan las especulaciones sobre la transparencia de la Corte Suprema y los intereses creados,  se reproduce a continuación la petición de una audiencia pública que presentó la COFA el 26 de abril:

SOLICITA AUDIENCIA PÚBLICA

Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación:

María Isabel Reinoso, en carácter de Presidente del COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, constituyendo domicilio electrónico junto a mi letrado patrocinante Dr. Daniel Alberto Sabsay (To. 29 Fo. 389), en 20101340067 en los autos caratulados “FARMACITY S.A C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/ S/ PRETENSION ANULATORIA – RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY” Exp. 118/2017 a V.E. digo:

I- OBJETO Que en carácter de tercero coadyuvante de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires en las presentes actuaciones y en los términos de la Acordada 30/2007 vengo a solicitar a V.E. convoque a una audiencia pública informativa. Dicho marco resulta sumamente propicio para la intervención de Amigos del Tribunal a fin de enriquecer el debate público en relación al presente caso. Todo ello, en mérito a las consideraciones que se exponen a continuación.

II.- RELEVANCIA PÚBLICA DEL CASO. El debate público mejora la legitimidad de las decisiones al requerir criterios comprensivos de las distintas posiciones para arribar a un consenso entrecruzado, que si bien no conducirá a lo que cada uno desea individualmente permitirá en cambio lo que todos deseamos, es decir, vivir en una sociedad ordenada sobre la base de un criterio más realista de justicia (RAWLS, John, “Justice as Fairness. A restatement”, Harvard University Press, 2001).

La vinculación entre la participación en las decisiones relacionadas a las políticas públicas y el fortalecimiento de la democracia ha sido remarcada en numerosos instrumentos internacionales suscriptos por la Argentina, entre los que cabe destacar a la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, Lisboa, Portugal, 25 y 26 de junio de 2009, Capítulo primero, puntos 2 y 3) y el Código Iberoamericano del Buen Gobierno, respaldado por la XVI Cumbre Iberoamericana (Uruguay, noviembre de 2006, especialmente regla 11.7 y regla IV.35).

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires nuclea y representa a los farmacéuticos que ejercen su actividad en la Provincia de Buenos Aires, en cualquiera de sus ámbitos, en las oficinas farmacéuticas, en los laboratorios, en los hospitales públicos, entre otros; defendiendo en todo momento el quehacer profesional de los mismos. En este sentido, la entidad que represento se encuentra en condiciones de efectuar un sustancial aporte al debate público que suscita la presente controversia.

La relevancia pública del caso radica en la defensa del servicio público de farmacia regulado por la Ley 10.606 que se traduce en la protección del derecho a la salud. Justamente, lo destacado a nivel público es la afectación que podría llegar a tener el modelo sanitario vigente en el territorio de la Provincia de Buenos Aires si se declara inconstitucional el articulado en cuanto a la propiedad de farmacias, pues esto constituye una herramienta medular para el acceso seguro a bienes sociales como los medicamentos, alejándose de un modelo corporativo y capitalista que concibe a la farmacia como un negocio.

Las Farmacias por su carácter de servicio público impropio, establecido por ley (art. 1 Ley 10606) y fiscalizado por el Estado, se hallan sujetas a un régimen normativo específico, el cual responde a la necesidad de garantizar un servicio de calidad al público, siendo un centro sanitario al servicio de la comunidad. Por ello corresponde realizar una planificación y ordenamiento para la autorización para su funcionamiento, de tal forma de propender a su real distribución racional en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.

El objetivo que ha tenido en miras la legislatura provincial es la de garantizar a la población, una adecuada y homogénea atención farmacéutica, como asimismo, que el acceso al medicamento sea ágil y rápido, y en las mismas condiciones para todos, independientemente donde resida el paciente, destacando de este modo el derecho a la salud como elemento prioritario en la cuestión.

De allí surge la exigencia de establecer que tal actividad profesional solamente pueda ser llevada a cabo por el farmacéutico y que, sin duda alguna, la propiedad de la farmacia constituye una modalidad del ejercicio profesional y por lo tanto inseparable de su regulación. Tal ha sido el criterio seguido por la legislatura provincial al regular sobre tal materia, conforme lo expresa el artículo 14 de la ley 10.606 (Texto según Ley 11.328), norma de la cual surge la necesaria participación de los farmacéuticos en la propiedad de las farmacias, ya sea teniendo la titularidad de la oficina en forma exclusiva (farmacia unipersonal); compartiendo la propiedad con otro/s farmacéuticos (sociedad de responsabilidad limitada y sociedades colectivas) o bien conformando una sociedad en comandita simple, condicionada a que los socios no farmacéuticos actúen como socio comanditarios y no tengan injerencia en la dirección técnica, debiendo asimismo, estar integradas por personas físicas perfectamente individualizadas ante la autoridad sanitaria.

Tal como quedara expuesto, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires,  se establece un régimen taxativo en lo que a propiedad de farmacias se refiere, impidiendo que cualquier persona física o jurídica pueda ser propietaria de oficinas farmacéuticas, como consecuencia de su condición de servicio público impropio asignado por ley y fiscalizado por el Estado (conf.art.1 de la Ley 10.606). En este aspecto, reservar la propiedad de farmacias al farmacéutico, se vincula expresamente con que ello constituye una modalidad inherente al ejercicio profesional, y como tal, inseparable de tal concepto. Este es el sentido que se ha expuesto en el debate parlamentario que precedió a la sanción de la Ley (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, Noviembre 25  de 1987  y Diario de Sesiones de Cámara de Diputados 02-04-87), como asimismo lo ha manifestado la más calificada doctrina (Bezzi, Osvaldo Máximo: “La propiedad de la farmacia; modalidad inherente al ejercicio profesional”. LL 1986-E, Sección Doctrina, pag. 1135).

Este es el criterio que han seguido las sentencias de primera instancia, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires y la Suprema Corte Bonaerense, quienes han sido contundentes acerca de la constitucionalidad de la Ley 10.606. Por ello consideramos que el reciente dictamen de la Procuradora Fiscal Laura Monti, de fecha 11 de abril de 2018, se distancia de una correcta interpretación constitucional para elaborar una opinión a la medida de Farmacity. No desconocemos que tal dictamen no es vinculante para V.E. No obstante ello, la trascendencia pública y sanitaria del caso pone de relieve la necesidad de abrir el debate y discutir los groseros errores jurídicos en lo que incurre la Procuradora Fiscal y, sin dudas, el instrumento para hacerlo es una audiencia pública en la que intervengan, además de las partes los amigos del tribunal.

Como puede leerse en su dictamen, la Procuradora Fiscal Laura Monti, recomienda hacer lugar al recurso de queja y declarar la procedencia del recurso extraordinario interpuesto, revocar la sentencia apelada en cuanto declara la validez constitucional del art 14 de la ley 10.606, declarar la nulidad de los actos locales que se fundan en el impedimento que esa norma prevé y devolver los autos al tribunal de origen a fin de que se pronuncie acerca de la tacha de inconstitucionalidad que se endilga al art 3° de la ley local 10.606. En efecto, no se pronuncia sobre las restricciones por distancia y densidad demográfica sino sólo sobre la titularidad de farmacias.

Entre las consideraciones del dictamen, el principal argumento tiene que ver con la distribución constitucional de competencias. La Procuradora sostiene que regular la capacidad de las personas humanas y jurídicas es una potestad del Congreso Nacional (art. 75 inc. 12 Constitución Nacional). Desde esta perspectiva, considera que la Ley 10.606 no puede prohibir a una S.A. ser titular de farmacias. Esta postura constituye un grosero error jurídico. En efecto, una interpretación en ese sentido no sólo desconoce que las materias reguladas son diferentes sino también la distribución constitucional de competencias entre el Congreso Nacional y la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires en materia de salud.

La regulación de farmacias integra el poder de policía provincial, no sólo por vincularse con el ejercicio de una profesión liberal, sino también por encontrarse en juego razones de salubridad pública. Por ello las provincias han conservado dichas atribuciones y no han sido delegadas a la Nación, por lo tanto son exclusivas de las primeras (art. 121 CN). Bajo ninguna circunstancia puede admitirse que la Ley 10.606 invada y/o avance sobre atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación (arts. 75 inc. 12), tal como sugiere la Procuradora. Pues aquí no estamos en presencia de la regulación del comercio sino del ejercicio de una profesión que se halla directamente vinculada a la saludo de la población.

Tal como explica la Suprema Corte bonaerense, en el régimen institucional diseñado por la Constitución nacional, las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal (conf. sus arts. 5, 121, 122 y 123) y la regulación de todo lo concerniente al ejercicio de las profesiones liberales es facultad exclusiva de la Legislatura (conf. art. 42, Const. Prov.). Así la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado que “es indudable la facultad de las provincias de reglamentar el ejercicio de profesiones liberales, dentro del poder de policía que les está reservado” (Fallos 156:290; 197:569; 199:202)”. Partiendo de esta base sobre distribución constitucional de competencias, la Suprema Corte Provincial en la presente causa señala que “…La ley 10.606 es una típica regulación de policía, dictada en ejercicio de poderes locales; no una delimitación de la capacidad de las personas jurídicas”.

La Procuradora Fiscal soslaya la trascendencia que implica que en el territorio provincial las farmacias constituyan un servicio público y la condición de bien social del medicamento en la Constitución Bonaerense. A su vez, el dictamen pareciera olvidar que el Decreto 2284/91 se ocupa de la desregulación del Comercio Interior de Bienes y Servicios y del Comercio Exterior, del mercado de capitales y de una reforma fiscal entre otras cuestiones. Mientras que la Ley 10.606 se refiere específicamente a la actividad farmacéutica y su regulación. En efecto, no existe confrontación de facultades pues no estamos en presencia de facultades concurrentes referentes al poder de policía de bienestar. Afirmar lo contrario, implicaría confundir el poder de policía “para afianzar la libertad económica” (terminología literal de los considerandos del Decreto 2284/91)  con el poder de policía sobre una actividad vinculada a la salud de la población como lo es la actividad farmacéutica (artículo 36 inc. 8 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).

Sin dudas, estamos en presencia de un caso de relevancia pública puesto que, en caso de confirmarse el dictamen de la Procuradora, se producirá un impacto destructivo para el modelo sanitario y el servicio público de farmacias de la Provincia de Buenos Aires. En este contexto, a efectos discutir las aristas más relevantes del caso y para eliminar posibles errores en la apreciación de los hechos y el derecho relevante, mejorar el debate público y oír las opiniones de organismos especializados, la audiencia pública deviene una instancia crucial.

III- PETITORIO Por todo lo expuesto, a V.E. SOLICITO  convoque a una audiencia pública informativa habilitando la intervención de los Amigos del Tribunal.

PROVEER DE CONFORMIDAD

SERÁ JUSTICIA

Fuente: PharmaBaires

“Caso Farmacity”: Lorenzetti, Quintana, los intereses y las internas

El caso dejará al descubierto intereses personales cruzados. La audiencia pública expondrá a Quintana.

Lorenzetti apunta a Quintana por los rumores de su salida

El Presidente de la Corte Suprema cree que fue Quintana quien lanzó la versión de su renuncia. La Corte convocó a audiencias por el caso Farmacity.

El reclamo judicial de Farmacity resume un clima de época en el que se cruzan conflictos de intereses, un lobby multimillonario, operaciones mediáticas y una pulseada apenas velada entre una parte del Gobierno y la Corte Suprema. Tras el triple rechazo judicial bonaerense a la posibilidad de que la cadena de farmacias desembarque en la provincia, la Corte nacional decidió tomar el caso. Y ahora, con Ricardo Lorenzetti como protagonista excluyente en un tribunal reducido, programó una audiencia pública. Desde el 29 de agosto y durante 30 días, desfilarán abogados, técnicos y farmacéuticos.

Así, Lorenzetti pretende contraatacar a sus archienemigos, tanto históricos como circunstanciales.

El presidente de la Corte presume que el eje Elisa Carrió-Mario Quintana es el promotor de las noticias que lo dan como renunciado o a punto de hacerlo. Esa versión circuló con insistencia el lunes pasado, después de un almuerzo realizado en Casa Rosada entre Lorenzetti y Mauricio Macri. El lunch fue a pedido del Presidente, y la agenda de la charla se mantiene como un misterio. El juez santafesino, pese a la difusión de su alejamiento, busca la reelección.

 

La Audiencia Pública expondrá a Quintana y develará sus intereses y conexiones con la cadena de farmacias

Por vía de la audiencia informativa, un sistema usado antes del fallo sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios, Lorenzetti quiere transparentar un litigio incómodo para el Gobierno. Porque la demanda judicial fue iniciada por el ex director y fundador de ese tanque de 250 farmacias: el vicejefe de gabinete Mario Quintana.

“La mano de Quintana es evidente”, se queja la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Isabel Reinoso. COFA representa a unas 15 mil farmacias chicas y medianas: por eso rechaza el despliegue bonaerense de un actor del peso de Farmacity.

Si bien desde la empresa niegan la influencia de Quintana, lo cierto es que el segundo de Marcos Peña todavía no se desvinculó totalmente de su creación más exitosa. El fiscal Ramiro González lo imputó por ese motivo hace unos 20 días.

La puja a su vez expondrá a otro supremo: Carlos Rosenkrantz, quien ya se excusó de la causa. Su estudio (habitual bufete de poderosas empresas) representó a Farmacity en la cruzada judicial que llegó a la Corte: la supuesta inconstitucionalidad de un artículo de la ley bonaerense, que excluye a las sociedades anónimas de la lista de titulares posibles.

Desde 2010, sin embargo, su planteo fue desestimado en primera instancia, por la cámara y por la Corte provincial. Según el argumento de Farmacity, existe un decreto y una ley nacional que contradicen a la norma bonaerense.

Desde el 29 de agosto, expondrán los llamados “amigos del tribunal”. Con Rosenkrantz y Horacio Rosatti excluidos, solo los escucharán tres ministros de la Corte: Lorenzetti, Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Así, Lorenzetti volverá a ocupar el lugar de centralidad que había perdido con la asunción de los dos jueces propuestos por Macri. Su opinión será determinante para destrabar (o impedir) un negocio multimillonario que roza a la Rosada.

Sin plazos definidos, el fallo llegaría antes de fin de año.

Fuente: Perfil


Las universidades también defienden el modelo sanitario de farmacia contra el farmashopping

Hubo importantes definiciones de las casas de altos estudios en defensa del modelo sanitario de farmacia y a favor de la independencia profesional del farmacéutico. Emitieron resoluciones y comunicados la Facultad de La Plata, la Facultad de Farmacia de la UBA y el ECUAFyB, se incluyen los documentos en esta nota.

El Ente Coordinador de Unidades Académicas de Farmacia y Bioquímica, la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata emitieron esta semana sendos documentos de apoyo a la farmacia como centro de salud.

Las entidades académicas manifestaron frontalmente su oposición al dictamen de la Procuración General de la Nación, del 11 de abril pasado, que dio un guiño a la entrada de Farmacity a la provincia de Buenos Aires, en sintonía con la demanda de Mario Quintana contra  la Ley sanitaria 10.606 de ejercicio de la actividad farmacéutica.

Las universidades públicas y privadas manifestaron sus críticas al dictamen

Documento de posición de ECUAFyB:

ECUAFyB (Ente Coordinador de Unidades Académicas de Farmacia y Bioquímica) presentó un documento de posición en el cual sostiene que “observa con preocupación últimos acontecimientos referidos al dictamen de la Procuración General de la Nación” y entre los argumentos señala que “el medicamento es un bien social, y su acceso debe estar garantizado para asegurar la salud pública, atendiendo a la racional distribución de las farmacias comunitarias en todo el territorio, las cuales se constituyen en centros de atención primaria de la salud bajo la responsabilidad del único profesional experto: el farmacéutico”.

Sostiene también que “la figura jurídica de cuya titularidad depende el establecimiento sanitario, condiciona el libre desempeño profesional en vistas a las obligaciones normativas del propio ejercicio, donde el farmacéutico debe promover el uso racional y no mercantilista del medicamento en la dispensa, brindando sus servicios profesionales, los cuales son reconocidos en el mundo a través de innumerables documentos emitidos por la OMS, la OPS, la Federación Internacional de Farmacia, entre otras prestigiosas instituciones.”

“La Farmacia comunitaria, como centro de Atención Primaria de la Salud, debe centrar su organización, gestión y funcionamiento en actividades relacionadas a su rol sanitario, en desmedro de otras actividades comerciales ajenas a su rol natural vinculado a la Salud Pública”, señala el contundente documento de ECUAFyB.

 

Resolución del Consejo Directivo de la FFyB – UBA:

Por su parte, el Consejo Directivo de la Facultad de Farmacia de la UBA puntualizó en la Resolución N°128 que el pronunciamiento del procurador subrogante Casal “pretende sustentarse en el antiguo y desusado decreto desregulatorio 2284/91, tratando a la dispensa de los medicamentos como si se tratase de un simple acto mercantil”.

Destaca también que “de tomarse la decisión sugerida se afectará severamente la Salud Pública, ya que apunta a la concentración, poniendo el fin de lucro por encima de las necesidades sanitarias de la población”.

Se reafirma la importancia de los artículos 3° y 14° de la Ley 10.606 de la Provincia de Buenos Aires, “ya que los mismos son un reaseguro para que el Farmacéutico cumpla su función de asesorar a otros integrantes del equipo de salud y a la población sobre el uso racional del medicamento y otros productos para la salud”.

La decana Cristina Arranz y la secretaria académica Laura Schreier establecen “elevar la Resolución al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires recomendando que se pronuncie a favor de la defensa de la Salud Pública y la profesión farmacéutica y lo eleve a la Corte Suprema de Justicia”.

Acceda en este link a la Resolución de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires – UBA

 

Resolución de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata:

También se manifestó en defensa de la ley sanitaria provincial 10.606. rechazando explícitamente el dictamen de la Procuración. Se destacan la importancia de los servicios farmacéuticos, a los que la población accede gratuitamente, por encima de consideraciones de carácter mercantil.

Fuente: COFA

 

 

 


PAMI: ALERTAN SOBRE UN “CAOS INDUCIDO” PARA QUEDARSE CON EL NEGOCIO DE LOS MEDICAMENTOS PARA LOS JUBILADOS

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Category : Farmacia , Profesionales , Salud

“Una guerra”, “campo de batalla”, son las metáforas bélicas que está utilizando el periodismo con insistencia para explicar el conflicto entre el PAMI, la industria, los colegios farmacéuticos y los distribuidores. Mientras tanto el acuerdo sigue lejos y nadie arriesga que pasará a partir del primero de abril. Hay quienes sospechan que “el caos” es inducido para favorecer a algunos grupos económicos vinculados al gobierno.

En los últimos días se repitieron los tensos encuentros en la Casa Rosada donde los directivos de las cámaras farmacéuticas son recibidos por el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, con una nueva modalidad: cámara por cámara quizás en un intento por romper el frente empresario.

En igual sintonía, la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) puso el dedo en la llaga, advirtiendo que a partir del primero de abril, cuando teóricamente debe comenzar a regir el nuevo convenio, “los jubilados podrían quedarse sin medicamentos”.

“Si no hay prórroga se espera un caos a partir del primero de abril, porque las farmacias no están preparadas para atender con el nuevo sistema”, afirmaron dirigentes farmacéuticos de la Ciudad de Buenos Aires.

La posibilidad de una prórroga, recurso que ya aplicó Sergio Cassinotti, titular del PAMI, cuando asumió a mediados del año pasado, no está sobre la mesa de negociaciones, por ahora, aseguran los voceros empresarios.

Pero objetivamente a nadie le conviene el caos pronosticado por los colegios farmacéuticos. Para el gobierno tendrá un costo político muy fuerte en momentos en que la inflación golpea los bolsillos y la economía no arranca.

Y para los laboratorios sería ocupar el peor escenario, como los “malos de la película”. Papel de reparto que ya tienen asumido.

“Esperamos que nadie esté jugando a ese caos para irrumpir en el sistema para imponer sus ‘soluciones’”, es el temor que acecha en la COFA, siempre atenta a los movimientos en las sombras del segundo Vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

Lo cierto, tal como advirtió la titular de la COFA, María Isabel Reinoso, “nadie le está avisando a los jubilados que a partir de abril no tendrán las marcas de medicamentos que consumen habitualmente”.

PAMI ya repartió una lista de precios máximos o “ponderados” a los que deberían ajustarse los laboratorios a partir de abril. “El noventa por ciento de los laboratorios no están en condiciones de aceptar los precios propuestos”, comentaron a Pharmabaires directivos de laboratorios nacionales, de primera línea. Si ellos no pueden, menos los medianos que le siguen en la pirámide.

Las farmacias pequeñas y medianas “van a dejar en claro su voluntad de atender a los jubilados, pero si se les garantizan condiciones y plazos de pago previsibles y posibles de sostener. Los problemas no los generaron estas farmacias ni los colegios farmacéuticos”, subrayaron desde la COFA.

Reinoso ya anticipó la demanda de la COFA: para sostener el nuevo sistema las bonificaciones de las farmacias deben reducirse al 10 por ciento promedio “para defender la atención en farmacias pequeñas y medianas de todo el país”.

Ese será el reclamo que en las próximas horas la COFA y la federación de cámaras de farmacias FACAF trasladarán a las cámaras de laboratorios, como advertencia de que no acompañaran cualquier acuerdo y que quieren negociar directamente con el PAMI.

En las últimas horas surgió una supuesta rendija para negociar, que consiste en la opción de congelar los precios a diciembre y reducirlos 5 por ciento como quiere el PAMI, pero con actualizaciones trimestrales que acompañarían el incremento inflacionario por el que se desliza la economía argentina.

Pero el PAMI parece “enamorado” de los precios máximos y de las licitaciones, que consideran “no negociables”. Especialmente desde que la licitación conjunta de PAMI e IOMA de Factor VIII para hemofílicos facilitó un supuesto ahorro del 80 por ciento.

Mario Negri, titular del bloque radical en la Cámara de Diputados, escribió eufórico en Twitter: “el Gobierno Nacional logró que los laboratorios licitaran en $ 313 millones la misma droga hemofílica por la que hace un año pidieron $1.800 millones. Es la política más progresista en salud que se haya encarado desde los tiempos de Arturo Illia. Sigamos #CambiandoJuntos.

La referencia al gobierno de Illia no es gratuita. Apunta a refrescar en la memoria de la sociedad argentina aquella responsabilidad histórica adjudicada a los laboratorios farmacéuticos en el derrocamiento del ex presidente radical en 1966, a causa de haber sancionado una Ley de Medicamentos.

“No nos extraña, en alguna de las reuniones en la Rosada dejaron entrever que nos iban a echar la culpa del derrocamiento de Illia a través de algunos de sus aliados en el gobierno”, comentaron directivos de la industria.

Así también negaron que el ahorro fuese del 80 por ciento como afirma el gobierno y propusieron que “explique cómo saca las cuentas y que cifra tomó para hacer la comparación”.

Desde las cámaras empresarias también observan con asombro y molestia cómo se impone un lenguaje belicista como “campaña de batalla” o “guerra a los laboratorios” en los textos periodísticos de escribas con acceso a los despachos oficiales. Le adjudican la terminología a la “bajada de línea” de la Casa Rosada.

También el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, durante una entrevista para el canal La Nación + habló de “cierta corrupción en la competencia por precios de los medicamentos”, pero no abundó en sus imputaciones ni el periodista repreguntó.

El ambiente está enrarecido es cierto, pero los voceros industriales negaron enfáticamente la versión de un intercambio de insultos entre el presidente Mauricio Macri y dueños de laboratorios nacionales, como deslizó LaPolíticaOnLine.

“Hubo una reunión es cierto y fue cordial. Nunca estuvo presente Quintana como se sostiene en esa nota. Nosotros no queremos pelearnos con Macri”, puntualizaron desde el sector.

La COFA y los colegios farmacéuticos elaboraron un borrador para consumo de sus asociados, que expone con precisión como vislumbran el futuro:

“Habiendo tomado conocimiento, de las distintas propuestas realizadas por el Instituto para cada segmento del convenio de provisión de medicamentos a sus beneficiarios, a partir del 01-04-18, nos parece oportuno resaltar algunos puntos determinantes para la viabilidad del mismo desde las farmacias prestadoras.

1- Al retrotraer los precios al 31-12-17 y aplicarle un descuento del 5% sobre el PVP vigente provoca un quebranto en las farmacias, proporcional al número de unidades afectadas existentes en su stock.

2- Se propone una actualización trimestral que contemple el 70% del IPC para ajustar el precio de los medicamentos, lo que provocaría en el corto plazo un desfinanciamiento de las farmacias producto de que tendrán que afrontar mayores gastos en insumos, sueldos y estructura que no tendrán su correlato en el precio del medicamento.

3- Si bien no es responsabilidad del Instituto, el incremento en la alícuota de Ingresos Brutos en muchas provincias, sumado a los puntos ya descriptos hacen inviable la prestación para muchas farmacias, especialmente las del sur del país que abonan un sobre sueldo del 25% por zona fría.

4 – En la actualidad las farmacias tienen garantizada su compra en droguerías, con las notas de crédito emitidas por la Industria, habría que contemplar un mecanismo que continúe asegurando el normal abastecimiento de las mismas.

Como solución a estos problemas, se necesita reducir el porcentaje de bonificación realizado por las farmacias y garantizar que las condiciones comerciales de la cadena no cambien en detrimento de la rentabilidad de las farmacias.

Concretamente, que la disminución de los costes en medicamentos buscada por el Instituto no redunde en una baja en las condiciones comerciales de las farmacias”.

Para los farmacéuticos el futuro convenio puede ser ruinoso. Para la industria un pasaje a la pérdida de rentabilidad y el estancamiento futuro de las inversiones. Para los jubilados la incertidumbre de que medicamentos recibirán y a qué precio.

Solo el gobierno – y Farmacity si ingresa en el convenio – tendrá motivos para regodearse anunciando un nuevo convenio PAMI con sensibles rebajas, ya que lo presentará como “un triunfo político”.

Audio con declaración de María Isabel Reinoso, titular de la COFA en FM La Tribu: cliquear aquí

Fuente: Pharmabaires


Convenio PAMI – medicamentos: avanzan las negociaciones, mientras Quintana espera su oportunidad

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Category : Farmacia , Salud

Finalmente, la industria farmacéutica y el PAMI se sentaron a dialogar y buscan limar asperezas. No obstante, se mantiene la amenaza sobre la red de farmacias prestadoras: denuncian el “acuerdo” CAF – Farmacity

En buenos términos, la industria farmacéutica y el PAMI buscan ahora acordar el nuevo convenio para la obra social de los jubilados, que comenzaría a regir desde principios de abril.

Tanto los laboratorios como el PAMI quieren bajar el nivel de confrontación, con sus repercusiones mediáticas, que llegaron al límite la semana pasada con notas periodísticas que se publicaron contra la industria farmacéutica y algunos de sus directivos.

Se adjudicó a Mario Quintana (funcionario y propietario de la cadena Farmacity) la intención de generar divisiones en la industria, y la idea de buscar negociar con los laboratorios por fuera de las cámaras, o con cada cámara que agrupa a los laboratorios por separado (ver nota aquí). Esta intención ahora fue dejada de lado.

Voceros del gobierno reconocieron que los laboratorios medicinales apelaron al contacto directo con el presidente Macri. Así, habrían pasando por encima del vicejefe de gabinete Quintana, para poder revertir la situación de enfrentamiento que mantienen con este funcionario.

Mario Quintana podría posicionar a Farmacity si se consiguieran mejores condiciones para esta cadena de farmacias en la atención al PAMI. La cadena podría constituirse en una verdadera “aspiradora” de recetas, en detrimento de las farmacias pequeñas y medianas, que en muchos casos hoy dependen de la atención al PAMI para sustentarse.

No obstante, en las negociaciones con la industria, se mantiene la intención del PAMI de reducir gastos ajustándolos a un presupuesto menor, lo que impactaría en la compra de medicamentos. El PAMI avanza en una política de reducción de gastos y el ajuste llegará a los medicamentos, ya que se propone asignar a este rubro un presupuesto un 20% menor al de 2017.   

En este sentido, el PAMI quiere descuentos del 80 por ciento para los oncológicos que ya tengan de cinco a diez años en el mercado y la fijación de precios máximos para los medicamentos ambulatorios, con un vademécum cerrado.

No obstante, la industria farmacéutica ha hecho notar que los 50 medicamentos más recetados por PAMI no han incrementado excesivamente su precio en el último año (dan como ejemplos la marca más recetada de losartán y las marcas comerciales de otros medicamentos habitualmente usados para tratamientos crónicos, que no habrían incrementado su precio por encima de la inflación general). Reconocen, en cambio, que sí hubo aumentos desmedidos sobre medicamentos puntuales de algunos laboratorios, pero estos precios podrían corregirse o considerar cada caso particular.

La industria no considera que sea conveniente fijar precios máximos o de referencia, advirtiendo que generarían aumentos inmediatos en los precios de los medicamentos que hoy estuvieran por debajo de esos valores que se fijen. 

Por otro lado, se espera que el acuerdo PAMI – industria deje de lado los intentos de perjudicar la red de farmacias, que hoy se extiende en todo el país. En este sentido, se ha venido advirtiendo la intención de  algunas entidades comerciales farmacéuticas de intentar captar la “crema” de la atención farmacéutica (en especial las grandes cadenas) ofreciéndoles descuentos y condiciones diferenciales, y perjudicando a las farmacias pequeñas y medianas, que hoy apenas pueden sostener la atención al PAMI.

Explícitamente, se ha acusado a la Cámara Argentina de Farmacias (CAF), a la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) y a la entidad Farmasur de pretender avanzar sobre la Red COFA, hoy la más grande del país,  que defiende el modelo sanitario de farmacias y la atención profesional (ver nota aquí).

También se ha advertido que en este enfrentamiento la CAF (Cámara Argentina de Farmacias) aparece como un socio no declarado de Farmacity, apostando a que esta cadena triunfe en su intento de ingresar en la provincia de Buenos Aires, esperando obtener los beneficios de esta postura.


Comienzan los tironeos entre el PAMI y la industria farmacéutica por el nuevo convenio medicamentos

Debería entrar en vigencia desde marzo de 2018. PAMI quiere que la industria le ceda Farmalink, para encargarse de todas las auditorías. También quiere menores precios y seguir recortando su presupuesto. Macri tomó una posición ambigua y Quintana (Farmacity) habría puesto su propio negociador.

El PAMI pidió la transferencia de Farmalink, precios máximos y descuentos de hasta el 80 por ciento, al iniciarse las negociaciones con la industria por el nuevo convenio. Negociaciones que vienen “muy duras y a cara de perro”, admiten voceros de la industria.

La primera sorpresa cuando las partes comenzaron a negociar hace algunos días en la Casa Rosada convocados por el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, fue que el PAMI pidió la incorporación de Farmalink bajo su órbita.

Sergio Cassinotti, titular del PAMI, explicó que requería de la incorporación a su órbita de la gerenciadora Farmalink porque el organismo “necesita recuperar controles que ha cedido y para transparentar el gasto en medicamentos”, objetivo que se complementaría con el convenio firmado con FEFARA y que comenzará a regir el primero de abril.

La transferencia de Farmalink, gerenciadora fundada por la industria para ocuparse de  las auditorias del PAMI y las obras sociales, es técnicamente compleja ya que sería necesario modificar sus estatutos.

Sin embargo, hay un atajo y sería desdoblar en dos a Farmalink para transferirle al PAMI el área de los controles que más le interesa a Cassinotti. Otra alternativa sería “refundar” la gerenciadora en una nueva sociedad con injerencia sustancial del PAMI.

El tema de los medicamentos ambulatorios, el PAMI insiste en los precios máximos o de referencia, aunque podría allanar un acuerdo si la industria acepta una nueva rebaja de ocho a diez puntos.

“Para  nosotros es imposible aceptar los precios máximos, que dejarían a muchos medicamentos fuera de convenio”, señalaron voceros industriales. Precios máximos implica además un precedente que irrita a las cámaras del sector  pues se traduciría en un vademécum cerrado.

Peor es el panorama para los laboratorios nacionales que proveen al PAMI de oncológicos con una antigüedad de cinco a diez años en el mercado.

Cassinotti directamente pide un descuento del 80 por ciento porque considera que ya cumplieron su ciclo y los laboratorios acumularon la suficiente rentabilidad.

En cambio, no hubo definiciones de que estrategia asumirá el PAMI  con los medicamentos  oncológicos de alto costo provistos por las multinacionales, importados de sus casas matrices y cuyos precios provocan dolores de cabeza en EEUU y la UE.

Quizás la estrategia pase por la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud, proyecto que viene muy demorado y atado a otros acuerdos con el sindicalismo.

Por un lado o por el otro, todo apunta al ajuste que Cassinotti mencionó durante la reunión en La Rosada, cuando explicó  que el PAMI tuvo el año pasado un déficit operativo de 3 mil millones de pesos, superior al 2 por ciento de su presupuesto  y el objetivo impuesto desde la Jefatura de Gabinete es eliminarlo para junio venidero.

No todo el ajuste –se supone-  recaerá sobre los medicamentos, pues también hay prótesis y otros costos operativos desbordados.

Pero, en medicamentos el PAMI gasta mensualmente 2.400 millones de pesos mensuales y Cassinotti volvió a repetir que considera que es una cifra excesiva.

Aún más contundente sobre los objetivos fue Nicolás Pavlovsky, coordinador de la Jefatura de Gabinete, ex CEO de Direct TV y con master en la Universidad de Harvard, que aparece como el nuevo hombre fuerte del gobierno para negociar con la industria. ¿Será el espadachín de Lopetegui o lo envió a la cancha Mario Quintana para barrer en el medio campo? .

Pavlovsky  fue directamente a la cuestión de fondo y afirmó que “para el gobierno el eje central es la reducción del precio de los medicamentos que paga el PAMI”.

También deslizó críticas al convenio tal como existe desde sus orígenes, al afirmar que el PAMI  no debió haber renunciado a las auditorías y el pago directo de las prestaciones, una de las demandas históricas de los farmacéuticos.

La industria respondió que si el convenio avanzó con fallas, con gastos excesivos, con desmadres y controles inexistentes, no fue por errores de la industria sino de las conducciones que se sucedieron en el PAMI ya que todas prometían transparentar y luego terminaban en el mismo lodazal. Y por algo habrá sido….

“En la reunión de la Rosada nos tiraron con cinco misiles”, admitieron voceros de la industria que quizás habían esperado otro clima luego de una reunión que el presidente Mauricio Macri mantuvo en Olivos con el empresario farmacéutico  Daniel Sielecki.

En esa reunión no estuvieron las cámaras de la industria, solo el socio de Hugo Sigman y Lopetegui ,  además del ascendente Nicolás Pavlovsky, y  supuestamente el presidente laudó a favor de las cámaras en cada punto conflictivo  que se expusieron sobre la mesa sobre la negociación del convenio PAMI.   Excepto en el tema de Farmalink que avaló a sus funcionarios.

Macri -según el relato – de algunos de los escasos testigos,  mencionó que  tenía confianza “en el nuevo protagonismo de la industria farmacéuticas argentina” en el contexto económico de los próximos años.

El convenio PAMI  es para industria una cuestión de supervivencia aunque también puede ser un caballo de Troya. Por ahora seguirán las negociaciones a través de tres comisiones de trabajo para ir redactando la letra fina.

Y también,  en una inusual medida en un  país donde siempre se colocan las luces cortas,  hay una de largo plazo: la conformación de una comisión que estudiará un plan de acción conjunto que mejore la competitividad del convenio en el plazo de cinco años.

Fuente: Pharmabaires

 


PAMI quiere seguir ahorrando, y buscará pagar menos en medicamentos en 2018

El PAMI se propone un ahorro de 25 por ciento en el nuevo convenio que firmará con la industria farmacéutica a partir de marzo de 2018.

Uno de sus primeros objetivos es conseguir una sensible rebaja en los medicamentos oncológicos, para los que amenaza dar batalla con una licitación pública. Estos medicamentos están, principalmente, en manos de los laboratorios extranjeros, por lo que la pelea promete ser difícil.

Para los medicamentos ambulatorios, que son provistos principalmente por laboratorios nacionales, el PAMI amenaza, de nuevo, con establecer precios de referencia.

PAMI  ha comenzado a esbozar las líneas rectoras que ordenarán sus negociaciones con la industria.  La pelota se puso en movimiento en los últimos días y los directivos de la obra social de los jubilados  ya instalaron la presión sobre los laboratorios, especialmente los importadores de oncológicos que son en su mayoría multinacionales.

En esas primeras definiciones escuchadas de boca de los negociadores del PAMI,  se mencionó como objetivo reducir el costo mensual del convenio en alrededor de 25 por ciento.

Nada novedoso para la industria, pues cuando Sergio Cassinotti llegó a la dirección del PAMI y “técnicamente” anuló el convenio  durante algunas semanas, cuando se volvió a sentar a negociar, adelantó que se proponía una reducción del 25 por ciento promedio para la próxima renovación. Aseveración acompañada de cuadros estadísticos que indicaban un costo excesivo en medicamentos comparado con otros países.

La novedad está ahora en los precios de referencia que  se propone fijar para los ambulatorios y la ofensiva que se promete agresiva contra los precios abrumadores de los oncológicos y otros medicamentos de alto costo.

Para  fijar los precios de referencia, Cassinotti cuenta ahora con el convenio firmado con FEFARA que “no se toca” por más que alguna cámara industrial o algún prestador de la cadena proteste, enfatizó.

En cuanto a los oncológicos,  Cassinotti ya avisó a través de sus voceros en los primeros escarceos con la industria que está dispuesto a ir a fondo con una sustancial reducción de los precios.

La primera opción es negociar con los laboratorios multinacionales haciendo uso del nuevo poder que le proporciona la resolución 1004-E del Ministerio de Salud y de la Superintendencia Servicios de Salud (SSS) que autoriza las compras conjuntas de medicamentos e insumos para PAMI  y para IOMA, cuyo convenio también debe renovarse en marzo.

La segunda opción,  en caso de fracaso de la primera, es convocar directamente a una licitación también conjunta para proveer a PAMI y a IOMA, licitación que podría ser internacional,  aseguran los voceros del organismo, que ahora no temen las impugnaciones que sufrieron otras licitaciones similares en el pasado.

“Tienen que bajar los precios si o si”, enfatizan en el entorno de Cassinotti,  prometiendo que durante los dos próximos meses van a “operar” especialmente sobre las multinacionales.

Sin duda una situación difícil se les presenta a los CEO de las filiales locales de las multinacionales, que deberán ofrecerles un menú de opciones a sus casas matrices.

Para estas casas matrices quedarse sin el negocio de Argentina puede ser un golpe (o apenas un mal trago) en su facturación mundial.  Pero aceptar una rebaja significativa llevaría a que por efecto cascada otros países de la región o de Asia les pidan descuentos similares.

O sea un mal precedente que no deja demasiadas puertas elegantes para escapar de la encerrona que les propone Cassinotti.

Como primera medida, las multinacionales ya advirtieron cómo van a ajustar: con despedidos masivos y reduciendo al mínimo su plantel en el país. Los APM (visitadores médicos) serán las primeras víctimas del achicamiento.

Achicamiento que tampoco se origina exclusivamente en cuestiones locales.  Teva está reduciendo 14 mil puestos de trabajo en todo el mundo y 1.400 son en su casa matriz de Israel. Allergan ya despidió recientemente a 109 empleados en California y estudia otra poda de un millar en el resto del mundo.

“Para conseguir que el presupuesto de medicamentos del PAMI este año se reduzca en 25 por ciento tenemos que empezar con los medicamentos de alto costo,  específicamente los oncológicos”,  aseveran los colaboradores de Cassinotti.

El  argumento es válido pero en la práctica puede encontrarse con la demanda inducida de los laboratorios y los médicos que recetan determinadas marcas.

Hay medicamentos nuevos que ingresan al mercado argentino con un costo de 250 mil dólares y ¿Qué pasará cuando llegue al país el medicamento contra la ceguera más caro del mundo que acaba de aprobarse en Estados Unidos? (ver nota aquí)

En el PAMI y en la SSS lamentan que no haya avanzado durante el año pasado la creación de la  Agencia Nacional  de Evaluación de Tecnologías de Salud, que hubiese funcionado como barrera ante estas nuevas drogas cuando se solicitan para la seguridad social.

Una estrategia de dudosa validez ató su creación a la reforma laboral. Un anzuelo para los sindicalistas y las obras sociales que por ahora ha dejado a Cassinotti en un combate casi personal contra los laboratorios de oncológicos.

Fuente: Pharmabaires


Una “Farmamóvil” frente a Tribunales

Farmacéuticos en alerta por lobbies en la Corte Suprema de Justicia argentina para instalar farmacias shopping y conseguir beneficios en la atención al PAMI.

El primer jueves de diciembre, desde temprano y hasta las 14 hs., por iniciativa del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, se instaló un “Farmamóvil” frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Allí y en los alrededores, los farmacéuticos estuvieron entregando material informativo, respondiendo consultas y explicando las consecuencias que tendría una decisión de la Corte -que fuera contraria a las leyes actualmente vigentes-, para la salud pública, para las farmacias comunitarias y para el acceso de la población a los medicamentos.

La iniciativa se mantendrá los jueves del mes de diciembre, de 10 a 14 hs frente al Palacio de Tribunales, con la consigna Cuando la salud está en peligro el remedio es la justicia.

El trailer también recorrerá otros lugares de la provincia de Buenos Aires, para promover campañas sanitarias de prevención, dando información a los pacientes, realizando controles de presión arterial, y será un espacio para conversar con el público y compartir material de defensa profesional.

También para responder sus consultas, sobre todo las referidas a las consecuencias que tendría vulnerar las leyes vigentes para la salud pública, para el acceso al medicamento y las farmacias comunitarias.

La situación es debida a una doble pretensión de la cadena Farmacity: por un lado pretende que la Corte Suprema avale cambiar las normas existentes, que garantizan un servicio farmacéutico adecuado y garantías para el acceso de la población a sus medicamentos.

Por otro lado, la mega cadena de farmacias -propiedad de un funcionario del gobierno nacional-, presentó un requerimiento para que se le mejoren los beneficios que recibe por atender a los afiliados de la obra social PAMI, en detrimento de las farmacias pequeñas y medianas, o situadas en lugares alejados de los grandes centros urbanos.

 


Diputados contra las farmacias polirrubro

Un proyecto de ley quiere evitar que se vendan en las farmacias productos ajenos a la salud.

El proyecto busca evitar que “se tergiverse el verdadero rol de las farmacias, consistente en la provisión de un servicio de utilidad pública”, centrado en la dispensa de medicamentos y productos para la salud de la población.

También se considera que el hecho de que existan establecimientos farmacéuticos que puedan expender otra clase de bienes tales como golosinas, bebidas, comestibles, artefactos para el hogar u oficinas, juguetes, indumentaria, etc., “es algo que poco tiene que ver con la actividad propia de una farmacia y sí con la ampliación de un negocio en busca de obtener ganancias con la venta de productos que escapan al contralor de la autoridad sanitaria competente.”, según advierten los diputados autores del Proyecto.

El proyecto está enmarcado en los alertas que se viene dando por la ampliación de las cadenas de farmacias polirrubro, algunas sustentadas desde fondos de inversión y sociedades anónimas y que piden cambios en las legislaciones a su favor, y la discusión entre los modelos de farmacia, sanitario vs. “shoping”.

Lo que propone el proyecto es modificar los art. 1 y 2 de la Ley Nacional 17.565 para que queden redactados de esta forma:

LEY 17.565 – ARTÍCULO 1º: Modificase el Artículo 1° de la Ley 17.565, el que quedará redactado de la siguiente forma:
ARTÍCULO 1°: “La preparación de recetas, el expendio de drogas, medicamentos, incluidos los denominados de venta libre y de especialidades farmacéuticas, cualquiera sea su condición de fraccionamiento, sólo podrán ser efectuadas en todo el territorio de la Nación en farmacias habilitadas.
Los medicamentos denominados de venta libre deberán ser expendidos personalmente en mostrador por farmacéuticos o personas autorizadas para tal fin.
La autoridad sanitaria competente podrá disponer la incorporación de otro tipo de productos, en el caso que éstos tengan una relación directa con el cuidado de la salud pública y que estén dentro de su órbita de control.
Su venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia y, sin perjuicio de las sanciones establecidas por la ley, los que la efectúen podrán ser denunciados por infracción al Código Penal”.
ARTICULO 2°: Modificase el Artículo 2° de la Ley 17.565, el que quedará redactado de la siguiente forma:
ARTICULO 2°: “Las farmacias deberán ser habilitadas por la autoridad sanitaria competente quedando sujetas a su fiscalización y control; la que podrá suspender la habilitación o disponer su clausura cuando las condiciones higiénico-sanitarias, la insuficiencia de elementos, condiciones técnicas o deficiencias de las prestaciones, o la venta de productos no autorizados así lo hiciere pertinente.
Las máximas autoridades sanitarias a nivel nacional y provincial se encuentren facultadas para autorizar a título precario, en zonas en donde no actúen farmacéuticos, el establecimiento de botiquines de medicamentos, debiendo determinar las condiciones administrativas, debiendo determinar las condiciones administrativas e higiénico-sanitarias de los mismos.
Los programas nacionales, provinciales, municipales o comunales destinados a la provisión de medicamentos o productos mencionados en el artículo 1° de la presente ley, deben contar con la supervisión de farmacéuticos, conforme lo regule la autoridad jurisdiccional competente.
ARTÍCULO 3º: De forma.

Ver el proyecto de Ley completo  AQUÍ


Caso Farmacity: Vidal dice que “no intervendrá”, pero apoya a Quintana

La gobernadora bonaerense no distingue entre un modelo sanitario y la farmacia shopping.

En declaraciones a la señal A24, María Eugenia Vidal reconoció que no intervendrá en el juicio que lleva adelante Farmacity contra su provincia, porque entiende que hay un “conflicto de intereses”. (Ver una síntesis del caso AQUÍ)

Quienes están siguiendo el caso advirtieron que en los dichos de la gobernadora hay dos errores de apreciación. Por un lado, no distingue entre un interés sanitario y un interés económico. Y por otro lado, el juicio que lleva adelante Farmacity es contra la provincia de Buenos Aires, que ella gobierna.

Como hicieron otros gobernadores, incluso los que la precedieron a ella en la provincia de Buenos Aires, se esperaba que Vidal apoyara el federalismo y las  leyes sanitarias provinciales. Cabe aclarar que el juicio iniciado por Quintana es directamente contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y no contra entidades farmacéuticas.

Al no intervenir en un juicio que es contra las leyes sanitarias de su distrito, Vidal eligió alinearse políticamente con quien hoy es el vicejefe de Gabinete del gobierno nacional -y miembro de su propio partido político-, el economista Mario Quintana. La lectura que la perjudica es que, actuando así, subordina el interés sanitario de su provincia al interés comercial de un funcionario del gobierno central.

Por el contrario, otros dirigentes del oficialismo se manifestaron claramente en contra del reclamo judicial. El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli (PRO), consideró que una llegada de Farmacity al ámbito bonaerense “es un avasallamiento a la Ley Provincial de Farmacias”.

Jueces amigos y el verdadero “conflicto de interés”

Mario Quintana: funcionario y dueño de Farmacity

A pesar de la apariencia que intenta mostrar Vidal de desentenderse, cada vez es más evidente que en el caso hay operaciones políticas, sin las cuales la Corte Suprema nacional no hubiera aceptado el caso. Vale recordar que en la Corte Quintana puede ejercer su influencia porque tiene dos jueces amigos: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Uno fue abogado de la cadena comercial de medicamentos, el otro tuvo como asesora a la actual directora de Asuntos Jurídicos de la empresa.

La demanda de Farmacity es, efectivamente, contra el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, por lo que Vidal no puede desentenderse. Lo comenzó Mario Quintana en 2012, cuando era presidente de la compañía. Es más, la primera hoja del expediente que hoy tiene en sus manos la Corte Suprema es un poder firmado por el propio Quintana.

El verdadero “conflicto de interés” es entonces entre la función pública y los intereses personales, y no solo afecta al actual vicejefe de gabinete Quintana, sino también a los jueces Rosatti y Rosenkrantz. La posibilidad de ingresar al mayor distrito del país aumentaría de inmediato, y enormemente, el valor accionario de la cadena.

La postura de la Facultad de Farmacia

A diferencia de la postura ambigua de la gobernadora Vidal, entidades académicas no aceptan que intereses económicos afecten los servicios que pueden brindar las farmacias.

La Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires se manifestó en contra de la modificación de las actuales normativas sanitarias de la provincia de Buenos Aires.

En una resolución, la entidad académica dejó en claro que “rechaza todo intento de modificación de la normativa vigente en la Provincia de Buenos Aires”, en resguardo de las farmacias, del rol profesional del farmacéutico, y de la salud pública.

La Facultad también recuerda y reivindica que los medicamentos son bienes sociales, rechazando “todo intento de priorizar intereses económicos sobre la salud de la población”. 

Los farmacéuticos “abrazan” Tribunales

Los farmacéuticos reaccionaron con un “abrazo” a la Corte Suprema, concentrándose frente al Palacio de Justicia de la Nación. Allí apuntaron directamente a Mario Quintana, denunciando como algo evidente que si el funcionario no estuviera ligado a la cadena, la Corte no hubiera aceptado un caso que ya se decidió en la provincia.

Isabel Reinoso, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Buenos Aires, le exigió a la Corte Suprema que sostenga los fallos sucesivos de la justicia bonaerense, que reafirmaron  la negativa a Farmacity a operar en ese territorio, fundamentándose y poniendo en relevancia  aspectos sanitarios.  “Una decisión contraria afectaría gravemente el modelo sanitario de nuestra provincia y cambiaría la norma que regula la cantidad de farmacias por habitante y la distancia de 300 metros que debe existir entre cada farmacia en toda la provincia”, alertó Reinoso.

Fuente: FarmaPress
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