Farmacity calienta la previa a la audiencia del 29A y los farmacéuticos le responden

Farmacity calienta la previa a la audiencia del 29A y los farmacéuticos le responden

La empresa salió a hacer publicidad para justificar su intención de torcer las leyes sanitarias provinciales, mientras en una notable señal política ya son 102 (sobre un total de 135) los municipios bonaerenses que expresaron que no quieren farmashoppings. 

Con mensajes en las redes sociales, supuestamente dirigidos a los clientes, pero con intenciones de influir en la Corte Suprema de Justicia, Farmacity inició su ofensiva mediática hacia la audiencia pública del 29 de agosto, mientras que dos nuevos municipios bonaerenses se pronunciaron contra las cadenas de farmacias.

Mientras apunta a los cortesanos, Farmacity sufrió una nueva derrota en el esquivo territorio bonaerense ya que los municipios de Benito Juárez Pinamar se convirtieron en los dos últimos que rechazan la instalación de farmashoppings.

En Benito Juárez, municipio del sureste bonaerense con 20 mil habitantes, el intendente Julio Marini del FpV, bloqueó por ordenanza el eventual desembarco de las cadenas “farmashopping” mediante una ordenanza a pedido de los farmacéuticos locales.

El intendente de Benito Juárez resaltó que “la atención en salud no debe regularse con reglas de un mercado absolutamente comercial y debe tenerse presente su condición de bien social”, al fundamentar la ordenanza 1214, promulgada a fines de la semana pasada.

“El criterio profesional, el uso racional del medicamento y el bienestar general deben primar en el ejercicio de la farmacia comunitaria, priorizando las necesidades de la población por sobre cualquier interés comercial” sostiene la ordenanza.

La resolución municipal 1214, fue la respuesta de Julio Marini al pedido de los farmacéuticos locales, nucleados en el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia, en consonancia con decenas de municipios que fueron adoptando medidas similares en los últimos tiempos y en especial desde que la Corte Suprema convocó a la audiencia pública del 29.

En Pinamar el Concejo Deliberante votó por unanimidad la adhesión a la Ley provincial  10.606 que regula la actividad de la farmacias y los farmacéuticos y cuya interpretación Farmacity intentará desmontar en la audiencia pública de fines de agosto.

En el Concejo Deliberante de Pinamar, seis concejales son de Cambiemos, tres del partido vecinal Propin, dos de Unidad Ciudadana y dos del FyP. O sea que el oficialismo de Cambiemos a nivel provincial fue decisivo para avanzar en una resolución similar a las que ya adoptaron los vecinos partidos de La Costa y Villa Gesel.

Ahora ya son al menos 102 los municipios bonaerenses que les bajaron las barreras a las “farmashopping” sobre 135 repartidos en el territorio bonaerense.

CALENTANDO LA PREVIA AL 29A

“Que no te confundan los que hablan de monopolio. De 16.817 farmacias en el país, solo 241 son Farmacity. El 1,5 por ciento del total. #Datos no opiniones”, fue uno de los mensajes de la cadena difundidos por las redes sociales.

En otro comunicado redactado al estilo de una solicitada para sus clientes, la cadena sostuvo que “estamos convencidos de que todos los ciudadanos”, se beneficiarían “con más y nuevos servicios” farmacéuticos.

“Eso nos alienta a defender en la justicia el derecho a ofrecer nuestros servicios”,  afirmó Farmacity.

Sin embargo, en la misma solicitada, la cadena reconocía que solo 628 farmacéuticos integran su plantel de 6.500 empleados. También menciona como dudoso mérito que tiene 293 estudiantes de farmacia que “están siempre detrás de los mostradores para  asesorarte”.

“Estamos convencidos de que todos los ciudadanos se benefician en su atención farmacéutica y nuevas opciones. Y que quienes necesitan encontrar una farmacia abierta durante la noche, quienes demandan confianza, cercanía, variedad, formas de pago flexibles y un trato eficiente y cordial, nos acompañan”, finalizó.

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires respondió que “la salud no se ofrece en combos y campañas marketineras vía mail” y dejo como mensaje a la sociedad: “las farmashopping  te tratan como cliente, pero con el marketing no alcanza”.

“A pesar de los millones que invierten en periodistas y en publicidad, se trata de la salud pública”, señaló el colegio bonaerense en un comunicado firmado por su presidenta, María Isabel Reinoso – actual titular de la COFA – “y siete mil seiscientos farmacéuticos con nombre y apellido, que trabajan diariamente y dentro de las leyes vigentes”.

“Las farmacias deben ser dirigidas por farmacéuticos y no por sociedades anónimas cuyo único fin es el lucro”, enfatizó el comunicado con un agregado directo en cuanto al destinatario: “para ustedes no se trata ni de la responsabilidad del agente de salud, ni del bienestar de los pacientes, ni de la salud pública”.

En un párrafo sumamente duro y con destinatario final en Mario Quintana, vicejefe de gabinete y fundador de la empresa, el comunicado afirmó que cadenas como Farmacity y  el fondo de inversiones que desde detrás de escena es el accionista mayoritario, “tratan a las farmacias como negocios y cuando no les rinde los cierran como hacen con sus heladerías y disquerías en el interior de nuestra provincia, dejando personas sin empleo y vecinos sin atención”.

Mario Quintana, heladerías Freddo, cadena Musimundo. Empresas en crisis. Locales que cierran. Despidos….otro mensaje también para los supremos.

La publicidad de Farmacity:

La respuesta de los farmacéuticos:

Fuente: Pharmabaires

Chile: legisladores quieren frenar a cadenas de farmacias por precios abusivos

Dominan el 90% del mercado, remarcan hasta con un 300% y son minimarkets a los que solo les falta vender alcohol.

Los legisladores calificaron como “un robo y una vergüenza” que las cadenas de farmacias ofrezcan los medicamentos un 300% más caros que el costo al que lo adquirieron de los laboratorios.

En base a las denuncias recibidas, el senador Guido Girardi y el diputado Juan Luis Castro, presidentes de las comisiones de Salud del Senado y de la Cámara, junto a Hernán Calderón, presidente de Conadecus (Corporación nacional de consumidores y usuarios), iniciarán acciones para ponerles freno.

La denuncia de precios excesivos la realizó la Asociación de Productores Locales de Medicamentos (Prolmed): informan que las grandes cadenas de farmacia ofrecen los medicamentos hasta tres veces más caro del precio que los compraron. Girardi, Castro y Calderón, pidieron “acelerar” la tramitación de la llamada “Ley de Fármacos II” -ya aprobada en el Senado chileno y ahora en segundo trámite en la Cámara-, pues “pondrá coto a muchas de estas situaciones”.

Podría haber acuerdo para aumentar los precios (colusión)

También los legisladores  presentarán los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica, ya que sospechan que puede haber colusión, pues las cadenas aumentan los precios en la misma cantidad, todas igual.

A la ley en trámite se propondrá introducir una banda de precios, “para que no pueda haber utilidades que superen, por ejemplo, el 20%… lo que ya es excelente negocio”, sugieren los legisladores.

Se sugerirá también que la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) le pueda vender a las farmacias pequeñas a precio de gran volumen, pero con el compromiso de que la utilidad que obtengan no supere el 10 o 12 %.

Buscarían establecer una banda de precios

La tendencia de precios excesivos con márgenes del 300% es bastante constante, y ahora “la farmacia independiente sale más barata que las grandes cadenas”, advierte José Luis Cárdenas, presidente de la Asociación de Productores Locales de Medicamentos (Prolmed).

Cárdenas explicó que la diferencia de precios puede deberse en parte a los mayores costos de funcionamiento de las grandes cadenas. Sin embargo, sugirió que las farmacias independientes deberían ser incluidas en el comparador de precios que presentó el Ministerio de Salud a comienzos de mayo, para ponerle límite a los precios abusivos de las grandes cadenas.

La venta de medicamentos en supermercados no es solución

También, se está advirtiendo que la propuesta del Ejecutivo de vender medicamentos en las góndolas de los supermercados no es una solución efectiva, “porque el problema es con los medicamentos caros que se venden con receta y no con los productos de venta directa”. La propuesta de vender medicamentos en supermercados (una práctica que fue implementada en la década de los años ´90 y luego fue dejada de lado en Argentina) está incluida  en la “Ley de Fármacos II” chilena, pero se buscará eliminar este artículo en la discusión en particular del proyecto de ley.

Para el diputado Castro lo importante es aprobar que “los envases de los medicamentos tengan más destacada la denominación común internacional (DCI) que el nombre de marca: es decir que diga paracetamol más grande que Geniol. Y que los médicos deban recetar por esa denominación y no por la marca. Para que sea la persona quien discrimine y elija cual medicamento compra”. Es decir, se propone algo similar a la ley de prescripción por genéricos que rige actualmente en Argentina.

En tanto, Hernán Calderón, presidente de Conadecus, señaló “creemos que se debe declarar cuales son los medicamentos esenciales y fijarles el precio máximo que se puede pedir a público. No puede quedar a la discreción del mercado. Debemos avanzar a la fijación de precios, las farmacias tienen que ser un centro de salud y no un retail más que sólo les falta vender alcohol”.

Para Calderón también es importante regular “la venta por volumen, porque existe una diferencia abismal entre el que compra un pequeño o un gran volumen”.

Fuente: radioagricultura.cl

Los farmacéuticos le respondieron a una tendenciosa nota editorial del diario La Nación

La nota editorial, agraviante hacia la actividad profesional de los farmacéuticos, fue respondida por la COFA. Solicita un derecho a réplica y que sea publicada la opinión de las entidades farmacéuticas. 

En referencia a la nota editorial publicada ayer en el Diario La Nación, titulada “Farmacias: ¿Y si pensamos en el consumidor?” la presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, Farm. Maria Isabel Reinoso, Presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), solicitó derecho a réplica para poder publicar la siguiente respuesta, titulada “Farmacias: pensemos en el paciente”.

Transcribimos la nota completa:

Farmacias: Pensemos en el paciente

Los medicamentos no son un bien de consumo, por lo tanto, quienes los utilizan no pueden ser considerados “consumidores” sino “pacientes”. En el mundo, los resultados sanitarios están demostrando que el consumismo aplicado a la salud sólo ha provocado muertes, enfermedad y gastos billonarios.

Se gastan 500 billones de dólares por año por la mala utilización de medicamentos en culturas donde la propaganda ha logrado medicar los problemas de la vida cotidiana. En algunos formatos poniendo en las manos del “consumidor” el medicamento a través de las góndolas, para que lo elija como una golosina, en otros ofreciéndolo “2×1”, como el “combo de la salud”, ignorando que un medicamento es un producto sanitario y hasta el más popular puede provocar efectos adversos, tiene dosis tóxica y riesgo de interacciones.

La Organización Mundial de la Salud advirtió que de seguir la tendencia “consumista” de antibióticos, nos quedaremos en pocos años sin herramientas terapéuticas para luchar contra las bacterias. Tal es la gravedad del riesgo, que la mayoría de los países está dictando medidas para controlar su utilización.

En nuestro país el Decreto 2284 liberó en el año 1991 la dispensa de medicamentos con el argumento de que iban a bajar los precios. Ocurrió todo lo contrario. Y tales fueron los resultados epidemiológicos de enfermedad y muertes que en 2009 se debió revertir esa medida con una Ley Nacional, la 26567, aprobada por unanimidad. Y el Ministerio de Salud de la Nación resolvió sacar los medicamentos de las góndolas en las cadenas de farmacias.

Estados Unidos, el país con el mercado más liberalizado, está viviendo una de sus peores crisis sanitarias por el consumo indiscriminado de medicamentos que no sabe cómo enfrentar y que está generando más de 7 muertes por hora en ese país y gastos millonarios por internaciones, gastos médicos y ausentismo laboral.

El modelo supermercadista en la salud, igualmente, está cerca de ser arrollado por un nuevo tsunami comercial: la venta online. Esto supone una amenaza aun mayor ante esta cultura del “consumo” de medicamentos.

El Estado, los legisladores tienen la responsabilidad de poner reglas que protejan a una población que, por desconocimiento y por su vulnerabilidad frente a la publicidad, considera que el medicamento sólo hace bien, que no implica riesgo alguno y que todo puede arreglarse con una pastilla.

El medicamento es un bien social que debe estar siempre al alcance de quien realmente lo necesita, de aquel que por su condición de salud no puede trasladarse a veces kilómetros hacia los lugares más céntricos para adquirir su tratamiento. Por eso en algunas provincias hay un modelo sanitario, donde la propiedad es del farmacéutico y se establecen parámetros de instalación de farmacias según la Organización Mundial de la Salud por distancia y cantidad de habitantes. Cuanto más regulado está el modelo, mejor es el servicio sanitario que se da y que permite que en los pueblos más remotos, incluso donde no hay hospital, haya una farmacia con un profesional al frente para dar consejo.

También hay experiencia internacional sobre esto: Chile se quedó sin farmacias en los pueblos por haber permitido la concentración de tres cadenas de farmacias y ahora está luchando contra la cartelización de precios de esas cadenas. La aplicación del “consumismo” en la salud está probando ser un fracaso económico y una catástrofe sanitaria.

Puede descargar la nota aquí


Avanzan las cadenas de farmacias en Córdoba

Las principales cadenas de farmacias ya poseen 68 bocas en Córdoba (sobre un total de 818 establecimientos en la ciudad). Farmacity posee la mayor cantidad de locales, y compite con otras cadenas. Hay cada vez menos farmacias, y las que abren son sucursales de cadenas. No hay normativa que regule la distancia entre farmacias.

Son muchos los indicadores que dañan la sustentabilidad de las farmacias tradicionales en desmedro de las cadenas del sector.

Durante el gobierno de Cristina Kirchner, el margen de rentabilidad se vio afectado porque el aumento de los medicamentos fue menor que el costo de vida.

Desde la asunción de Macri, se ha recuperado un poco y emparda con la inflación.

Puertas adentro, el margen de las farmacias luego de la venta del medicamento es del 31,6% pero las obras sociales le realizan un descuento del 15%, a lo que hay que restar los costos fijos.

El tiempo de demora para cobrar ronda los 60 días de presentada la facturación, en el caso de las obras sociales y el Apross, pero el Pami estira los plazos a 90 días. Hay algunas excepciones: por ejemplo Osde liquidan a los 15 días.

El descalce financiero es importante porque las farmacias deben abonar a los 15 días los resúmenes a las droguerías.

La venta ilegal y el tráfico de medicamentos adulterados, vencidos y falsificados que se expenden en quioscos u otros comercios ajenos al rubro es otro aspecto que perjudica la estabilidad económica de las farmacias.

Punto de inflexión 

1993. Ese fue el año que cambió para siempre la realidad de las farmacias en la provincia. La desregulación aprobada por la Legislatura provincial, merced al proyecto presentado por el legislador Prudencio Bustos Argañaraz, modificó el mapa del sector, permitiendo la libre instalación y quedando sin efecto la prohibición de un establecimiento cada 200 metros.

En 2013, había 1.336 farmacias en el interior de Córdoba y 962 en capital. En 2018 (datos a fines de mayo) hay 1.632 en el interior y 818 en capital.

Actualmente, de la totalidad de farmacias casi la mitad son propiedad de farmacéuticos y la otra mitad de personas que compraron una farmacia como negocio.

En los últimos 7 años, según analiza Georgina Giraldi, vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos, se cierran entre una o dos farmacias por mes y se abren también una o dos, pero como sucursales de cadenas de farmacias.

Entre las principales cadenas en Córdoba se destacan:

Farmacity con 24 sucursales en Capital y 1 en San Francisco
Farmacias HP Farma con 11 sucursales
Farmacias Líder con 10 sucursales
Farmacias General Paz con 6 sucursales en Capital y 1 en La Falda
Farmacias Hospital Italiano con 6 sucursales
Farmacias Economed con 5 sucursales
Farmacias del Dr. Ahorro con 3 sucursales
Farmacias Mundial con 3 sucursales

Algunas cadenas llegan hasta un 20% de descuento en el precio de venta mientras que a nivel general las farmacias familiares lo máximo que disponen es de un 10% -cuando deciden hacerlo-, con el perjuicio que les ocasiona este régimen de descuentos por la pérdida de clientes.

“Para el Colegio de Farmacéuticos se produce un impacto en la salud de las personas porque no es lo mismo instalar una farmacia para ejercer la propia profesión que para utilizarla comercialmente. Se fue desvirtuando el concepto de farmacia como un centro de salud y ahora vemos en la ciudad de Córdoba que en una misma cuadra hay 4 farmacias y venden hasta golosinas”, sostiene la vicepresidenta del Colegio.

El “remedio” para modificar esta situación, lo encuentra Giraldi en el planteamiento de un proyecto de modificación de la Ley Provincial de Farmacias que presentó el Colegio hace 4 años en la Legislatura, que pretende restituir la regulación de distancia, pero en 300 metros.

De esta forma se propendería a la instalación de más establecimientos en los barrios alejados de la ciudad de Córdoba y descomprimiría la zona céntrica que se presenta “saturada”.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la Comisión de Salud.

Paralelamente, el legislador por Unión por Córdoba, Daniel Passerini, presentó un nuevo proyecto de ley para el sector que también toma en consideración la distancia de 300 metros.

Fuente: Infonegocios

Proyecto de Ley propone un modelo sanitario para las farmacias argentinas

Busca considerarlas un servicio público, procurar la distribución racional y avanzar en formas societarias más adecuadas, que eviten la simulación de la propiedad como así también las sociedades anónimas. En esta nota se incluye el texto completo del proyecto.

El modelo de farmacias argentino ya está en discusión en el Congreso, y se espera que una ley nacional fortalezca su orientación sanitaria y profesional.

Un proyecto ya presentado por los legisladores apunta a un tema central: que las farmacias deben ser propiedad de los profesionales farmacéuticos, o de sociedades colectivas, o de sociedades de responsabilidad limitada “integradas totalmente por profesionales habilitados para el ejercicio de la farmacia como, asimismo, entre profesionales farmacéuticos y terceros no farmacéuticos, no pudiendo estos últimos tener injerencia en la dirección técnica de la farmacia, ni en ninguna tarea vinculada al ejercicio profesional”.

Se pondría fin de esta forma a la sociedad en comandita simple y a las sociedades anónimas, a la vez que se limitaría la cantidad de farmacias por cada sociedad propietaria.

“Este proyecto tiene por objeto actualizar la regulación del ejercicio de la farmacia, como establecimiento, institución jurídica y sobre la profesión del farmacéutico, en función de los avances científico-tecnológicos y educativos, los cambios de paradigma en el enfoque de los servicios farmacéuticos impulsados por organismos internacionales especializados de salud (Organización Panamericana de la Salud -OPS-, Organización Mundial de la Salud -OMS-, Federación Internacional Farmacéutica –FIP-), como así también, la adaptación al contexto normativo, sociopolítico y de políticas sanitarias”, fundamenta el proyecto.

El proyecto busca reafirmar que una farmacia moderna, y necesaria desde el punto de vista sanitario, no es la que se presenta como “farmacia shopping”, que responde a un interés solamente comercial.

Los legisladores agregaron que “las farmacias se hallan sujetas a un régimen legal específico que es parte del poder de policía del Estado, el cual responde a la necesidad de garantizar un servicio de calidad al público, acorde a la naturaleza de la farmacia como centro sanitario al servicio de la comunidad”.

Otro de los objetivos del proyecto es “realizar una planificación y ordenamiento para la autorización del funcionamiento de las farmacias, de tal forma de propender a su real distribución racional en el territorio nacional”.

“Ello, con el objetivo de garantizar a la población, una adecuada y homogénea atención farmacéutica, como asimismo, que el acceso al medicamento sea ágil y rápido, y en las mismas condiciones para todos, independientemente donde resida el paciente”, refuerza el proyecto que profundiza el modelo de farmacia defendido por los colegios profesionales.

El Proyecto ya se ha presentado y se tratará en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación.

 

El Proyecto de Ley, en forma completa y textual, es el siguiente:

Expediente 2787-D-2018
PROYECTO DE LEY – FARMACIAS – LEY 17565 -. MODIFICACIONES SOBRE REGULACIÓN DEL EJERCICIO. DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 13 DEL DECRETO 2284/91 RATIFICADO POR LEY 24307

El Senado y Cámara de Diputados…

ARTÍCULO 1°. Modifíquese el artículo 3 de la Ley 17.565, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 3°: Las farmacias por ser un servicio público impropio integrante del sistema de salud, estarán racionalmente distribuidas en el territorio nacional a fin garantizar el acceso equitativo a los medicamentos y demás productos sanitarios, y su uso racional, con la prestación de servicios farmacéuticos integrales y continuos basados en la atención primaria de la salud y la educación sanitaria.

Para asegurar la accesibilidad y calidad en el servicio según las necesidades sanitarias, la autorización de la instalación de farmacias será establecida por las autoridades jurisdiccionales correspondientes, determinando los requerimientos de distancia entre farmacias y la cantidad de farmacias por habitante de acuerdo a las características demográficas y geográficas de cada jurisdicción.

Los traslados de farmacias podrán realizarse dentro de la misma localidad, partido o departamento y podrá solicitarse para farmacias que acrediten una antigüedad mínima de funcionamiento en su lugar de origen, conforme al régimen local.

A los efectos de obtener la habilitación por parte de la autoridad sanitaria competente, además de lo concerniente a la propiedad y dirección técnica previstos en la presente ley, el interesado deberá acreditar que la farmacia reúne los requisitos edilicios, sanitarios, de seguridad, equipamiento, documentación, drogas y medicamentos que se establezcan en la reglamentación.

Asimismo, la autoridad sanitaria fijará los medicamentos o especialidades medicinales que por su acción terapéutica pueden ser requeridos en casos de urgencia y deban conservarse en las farmacias para su dispensación inmediata del público.

ARTÍCULO 2°. Modifícase el artículo 4 de la Ley 17.565, el que quedará redactado en los siguientes términos:

Artículo 4°: Una vez acordada la habilitación a que se refieren los artículos precedentes, en las farmacias no se podrá introducir modificación alguna en su denominación o razón social o en las modalidades de sus prestaciones, sin autorización previa de la autoridad sanitaria.

Para facilitar a los usuarios la identificación de las oficinas de farmacia, deberán contar en su fachada con una cruz verde, con dispositivo que permita su iluminación.

Las reformas, ampliaciones, cierres temporarios, definitivos o reaperturas, deberán comunicarse previamente a la autoridad sanitaria.

Toda farmacia que haya permanecido cerrada por más de treinta (30) días corridos, será considerada como entidad nueva en el caso de su reapertura.

ARTÍCULO 3°. Incorpórase como artículo 14 de la Ley 17.565, el siguiente texto:

Artículo 14°: Podrá autorizarse la instalación de farmacias cuando la propiedad sea:

  1. a) De profesionales farmacéuticos con título habilitante.
  2. b) De Sociedades Colectivas ó Sociedades de Responsabilidad Limitada, integradas totalmente por profesionales habilitados para el ejercicio de la Farmacia,como asimismo, entre profesionales farmacéuticos y terceros no farmacéuticos, no pudiendo estos últimos tener injerencia en la dirección técnica de la farmacia, ni en ninguna tarea vinculada al ejercicio profesional. El/los profesional/es Director/es Técnico/s asumirá/n como gerente/s en este tipo de sociedades. Las sociedades de Responsabilidad Limitada estarán integradas por personas físicas quienes deberán individualizarse ante la autoridad sanitaria. El tercero no farmacéutico no podrá participar en más de dos (2) sociedades propietarias de farmacias
  3. c) De Establecimientos hospitalarios públicos dependientes de la Nación, Provincias o Municipios. La dispensación de medicamentos se hará exclusivamente con destino a los pacientes asistidos en el establecimiento, ya sean internados o ambulatorios, previa presentación de la receta médica o modalidad interna que la sustituya. Las clínicas, sanatorios y hospitales privados deberán contar con servicio de farmacia habilitada para brindar servicio exclusivamente a los pacientes internados.

Las mismas deberán contar con la presencia efectiva personal de profesionales farmacéuticos.

  1. d) De Obras Sociales, Entidades Mutualistas y/o Gremiales que se encuentren autorizadas por sus estatutos, las que deberán reunir los siguientes requisitos:
  2. Una antigüedad mínima de cinco (5) años en su actividad social reconocida y el número mínimo de afiliados o asociados que se determine en la reglamentación.
  3. Que se obliguen a mantener la dirección técnica efectiva personal de un farmacéutico.
  4. Estas Farmacias estarán destinadas exclusivamente al servicio asistencial de los asociados ó afiliados de la Entidad ó Entidades que las instalen y de las personas a su cargo, cuya nómina y vínculo deberá consignarse en el carnet que lleva el beneficiario. Asimismo, en el local en el que funcione el establecimiento, se deberá contar con la nómina de las personas habilitadas para hacer uso de la farmacia, en la cual se consigne su nombre y dirección, como asimismo, vínculo familiar con el titular afiliado o asociado y número de credencial correspondiente, la cual deberá ser permanentemente actualizada.
  5. Estas Farmacias no podrán tener propósito de lucro y no podrán expender medicamentos y demás productos farmacéuticos a precio mayor que el costo y un adicional que se estimará para cubrir gastos generales y que fijará el Ministerio de Salud.
  6. El Balance de estas Farmacias debe estar integrado en el Balance consolidado de la entidad propietaria.
  7. Estas Farmacias en ningún caso podrán ser entregadas en concesión, locación ó sociedad con terceros, sea en forma declarada ó encubierta. Cuando se constatare la transgresión a esta norma se procederá a la inmediata clausura del establecimiento sin perjuicio de otras sanciones que puedan aplicarse según el caso.

Queda prohibido la suscripción de contratos de franquicia o de cualquier otro tipo de contrato o convenio conducente a la disminución, aunque sea parcial, de la independencia técnica o de criterios en el ejercicio de la profesión farmacéutica.

Queda prohibido cualquier autorización para otras modalidades de propiedad de Farmacias que no sean las especificadas en este artículo.

ARTÍCULO 4°. Incorpórase como artículo 15 de la Ley 17.565, el siguiente texto:

Artículo 15°: En caso de fallecimiento del propietario ó socio farmacéutico de inhabilitación en su carácter de tal, podrá mantenerse el funcionamiento de la Farmacia, siempre que la dirección técnica sea ejercida por un profesional farmacéutico, debiendo regularizarse la situación en el término de tres (3) años.

ARTÍCULO 5°. Modifíquese el artículo 17° de la Ley 17.565, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 17°: Los farmacéuticos para ejercer su profesión deberán estar inscriptos en la matricula cuyo registro y atención se encuentra a cargo de los colegios profesionales o de la autoridad sanitaria correspondiente cuando no existiere colegio en la jurisdicción, los que autorizarán el ejercicio profesional otorgando la respectiva matrícula y extendiendo la correspondiente credencial. Esta deberá ser devuelta al colegio profesional o la autoridad sanitaria cuando por cualquier circunstancia sea suspendida o cancelada la referida matrícula. Los interesados, en su primera presentación deberán constituir domicilio legal y declarar sus domicilios real y profesional.

La matriculación es el acto por el cual el colegio profesional o la autoridad sanitaria otorga la autorización para el ejercicio profesional, de acuerdo a lo establecido en la presente, y podrá ser cancelada en virtud de sentencia judicial firme, de acuerdo a lo establecido en la presente ley o en las respectivas leyes de colegiación.

ARTÍCULO 6°. Incorpórase como artículo 61 BIS° de la Ley 17.565, el siguiente texto:

Artículo 61 BIS°: Las disposiciones de la presente ley son de orden público y serán de aplicación a la actividad farmacéutica en todo el ámbito nacional.

Las autoridades jurisdiccionales correspondientes ejercerán las facultades de habilitación, fiscalización y control, pudiendo disponer exigencias específicas cuando así lo impongan fundadamente particulares circunstancias locales, en cuanto resulten complementarias a las de esta ley.

ARTÍCULO 7º: Deróganse el artículo 13 del Decreto 2284/91, ratificado por Ley 24.307 y el artículo 1 inciso c) del Decreto N° 240/99.

ARTÍCULO 8º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Este proyecto tiene por objeto actualizar la regulación del ejercicio de la farmacia, como establecimiento, institución jurídica y sobre la profesión del farmacéutico, en función de los avances científico-tecnológicos y educativos, los cambios de paradigma en el enfoque de los servicios farmacéuticos impulsados por organismos internacionales especializados de salud (Organización Panamericana de la Salud -OPS-, Organización Mundial de la Salud -OMS-, Federación Internacional Farmacéutica –FIP-), como así también, la adaptación al contexto normativo, sociopolítico y de políticas sanitarias.

Al respecto, ha de tenerse presente que el derecho a la protección de la salud es uno de los derechos humanos fundamentales consagrado constitucionalmente con la incorporación de los tratados internacionales en la reforma de 1994, constituyendo un deber inexcusable del Estado, el de cumplir y respetar tal derecho a la salud. En tal sentido, el Estado debe procurar las condiciones, prestaciones y bienes necesarios para lograr el más alto nivel posible de salud, incluyendo entre las acciones requeridas al efecto, la elaboración del marco legal regulatorio adecuado para las diferentes actividades del sector salud.

Es así pues que, en el marco de las políticas de salud, las acciones de atención primaria a través de los centros de salud, así como las de promoción y educación sanitaria, colocan al farmacéutico y a las farmacias en un papel relevante, por tener este profesional un contacto directo e inmediato con el paciente y sus familiares o allegados, y se transforma en un establecimiento sanitario de consejo profesional autorizado y de derivación consciente a la consulta médica.

En este aspecto, cabe resaltar que las directrices de la OMS en alianza con la FIP sobre el papel del farmacéutico en los servicios de salud, la función del farmacéutico y las buenas prácticas de farmacia y más tarde, sobre su rol en el autocuidado y la automedicación , sumado a la experiencia en regiones de Latinoamérica, han representado un marco importante para redefinir el papel no solo del profesional, sino de los servicios farmacéuticos hacia la garantía de la atención integral, integrada y continua, respondiendo a las necesidades y problemas, tanto individuales como colectivos, de la salud de la población. Los valores, principios y elementos de la atención primaria de la salud (APS) representan pues una excelente oportunidad para reorientar los servicios farmacéuticos de calidad como parte integral de los sistemas y servicios de salud.

Las farmacias realizan entonces, un trabajo complementario de las acciones llevadas a cabo por los servicios de atención de la salud, siendo su preocupación constante la calidad de sus servicios y de los productos que dispensa, dirigiendo los esfuerzos de su actuación en forma prioritaria a las necesidades de los pacientes.

En ese marco, es dable señalar que, como consecuencia de su condición jurídica, esto es, por su carácter de servicio público impropio, las farmacias se hallan sujetas a un régimen legal específico que es parte del poder de policía del Estado, el cual responde a la necesidad de garantizar un servicio de calidad al público, acorde a la naturaleza de la farmacia como centro sanitario al servicio de la comunidad.

En el ámbito de la farmacia, se desempeña el farmacéutico, cuya misión es conforme lo ha definido la OPS, contribuir al cuidado de la salud individual y colectiva de la población, a través de su participación activa en el equipo de salud y la comunidad, con servicios farmacéuticos integrales, integrados y continuos, comprometidos con el acceso equitativo a medicamentos y otros insumos sanitarios esenciales de calidad, y su uso racional, incluyendo las terapias alternativas y complementarias en un sistema de salud basado en la atención primaria de la salud, para de este modo alcanzar su mayor nivel de salud posible .

Resulta así trascendente que el público pueda acceder al servicio en condiciones equitativas, y que la actividad farmacéutica constituya una fuente de información fidedigna y segura a través del farmacéutico, en la actual concepción de su rol como agente sanitario de relevancia social. Estas importantes funciones sanitarias que deben cumplir las farmacias como servicio de salud, deben estar relacionadas con un grupo de población mínimo al cual brindar el mismo. Lo expuesto, se vincula a la necesaria distribución de los establecimientos farmacéuticos de manera estratégica y razonable para que toda la población tenga posibilidad de acceso en igualdad de condiciones.

Sin embargo, por aplicación del Decreto 2284/91 de “desregulación económica”, promovido por el entonces ministro de economía Domingo Cavallo, se posibilitó la instalación indiscriminada de farmacias, concentradas en zonas urbanas, dejando sin servicio a poblaciones más alejadas de tales centros o en áreas rurales, priorizando el factor económico por sobre la real necesidad o utilidad pública en la apertura de nuevas oficinas de farmacia.

Este modelo insertó al medicamento y a la profesión farmacéutica en un marco económico de libre competencia, sometido a la ley de la oferta y demanda; muy alejado del modelo sanitario sostenido por la profesión farmacéutica. En efecto, en tanto el medicamento es un bien social y no una simple mercancía, la atención en salud no debe regularse con reglas de un mercado absolutamente comercial; se imponen pues el criterio profesional, el uso racional del medicamento y el bienestar general. Una activa participación del Estado en el control de la dinámica permitirá a la población un mejor acceso a esta instancia sanitaria garantizando medicamentos confiables y optimizando los servicios que presta el farmacéutico a la población.

A fin de permitir que ello resulte viable, es que corresponde realizar una planificación y ordenamiento para la autorización del funcionamiento de las farmacias, de tal forma de propender a su real distribución racional en el territorio nacional. Ello, con el objetivo de garantizar a la población, una adecuada y homogénea atención farmacéutica, como asimismo, que el acceso al medicamento sea ágil y rápido, y en las mismas condiciones para todos, independientemente donde resida el paciente.

Por el artículo 13 del referido Decreto 2284/91, se modificó además el artículo 14 de la ley 17.565, posibilitando que personas ajenas a la profesión puedan ser propietarias de farmacia, permitiéndose la titularidad a otras formas societarias tipificadas en la ley de sociedades, incluso sociedades anónimas.

Sin embargo, este tipo de figuras sociales no se compadece con la condición jurídica de la farmacia. En efecto, en tanto se trata de un servicio público impropio, resulta menester la individualización del sujeto que brinda tal servicio, de modo de precisar las responsabilidades que pudieran caberle en lo que el acto sanitario de la dispensa refiere (esto es, ante la eventual producción de un hecho dañoso derivado de una incorrecta actuación profesional del farmacéutico). Admitir un criterio diverso, conduciría a que tal servicio público, quede en manos de sujetos indeterminados, mutables en función de las modificaciones en la composición societaria, con el consiguiente riesgo de la disipación de la responsabilidad.

Conforme ha sido definido por calificada doctrina, “la farmacia es, por excelencia, el ámbito del ejercicio profesional del farmacéutico, al que es inherente la titularidad del establecimiento. Dicho de otro modo, el concepto “farmacia-farmacéutico” es un todo inescindible y la titularidad -o propiedad- no es más que una modalidad de la regulación profesional” . Surge entonces claramente la indivisibilidad del ejercicio profesional y la propiedad de la farmacia, por ser la oficina farmacéutica el ámbito natural donde el farmacéutico ejerce su profesión, ya que la farmacia existe porque existe el farmacéutico.

Lo antes dicho es compartido por varios países miembros de la Unión Europea, que han sancionado en sus respectivos Estados, diversas leyes, que con un espíritu marcadamente sanitario, regulan sobre la instalación y funcionamiento de las farmacias, en cuanto prestadoras de un servicio público. La práctica recogida en estos países, ha demostrado resultados altamente positivos, en cuanto a la organización del funcionamiento de las farmacias, arrojando como resultado una eficiente cobertura farmacéutica al paciente y garantizando la independencia del asesoramiento profesional del farmacéutico como titular de la oficina farmacéutica.

Las modificaciones normativas operadas a partir del año 1991 en la ley 17565, condujeron a que el farmacéutico director técnico que no sea propietario de su farmacia -en forma individual o como socio administrador de una sociedad-, quedara en franca relación de dependencia; llevando a una fractura de responsabilidades jurídicas. Así personas ajenas a la profesión actuando como empleadores y administradores de farmacias, se reservan el poder de decisión, los distintos aspectos de la administración, incluidas entre otras actividades, las compras de medicamentos, pudiendo marginar de ellas al farmacéutico, perdiendo así este profesional el control exclusivo sobre la gestión de compras, mantenimiento de stocks, horarios de atención, etc. Se identifica pues una situación compleja en cuanto a determinar quién será el responsable de la calidad y procedencia de medicamentos adquiridos en esa forma, donde el profesional director técnico no hubiera tenido injerencia en alguna de estas adquisiciones.

Por otra parte, a través del presente proyecto de ley se recepta la evolución normativa del desempeño profesional desde las incumbencias propias y las actividades reservadas al título farmacéutico, constituyéndolo así en un texto integrado, aplicable a todos los ámbitos de competencia referidos al ejercicio de la profesión farmacéutica. De tal modo, resulta una propuesta abarcativa y actualizada, contemplado temas no incluidos en la normativa vigente, posibilitando así superar vacíos legislativos.

A su vez, aquellas actividades reservadas e incumbencias definidas en el nivel educativo universitario, que viene acreditada con la posesión del título farmacéutico, no habilita para ejercer, resultando necesario un procedimiento de registro ante los colegios de farmacéuticos y asociaciones profesionales (que ejercen potestades legalmente delegadas por el Estado, en cuanto al registro y control de la matrícula) o la autoridad sanitaria según corresponda, conocido como matriculación, y el cumplimiento de pautas contenidas en un cuerpo normativo que define la buena práctica de la profesión.

Se propone además derogar el artículo 13 del decreto 2284/91, con el fin de superar las gravosas consecuencias que la desregulación económica trajo aparejada, con una clara distorsión de los criterios sanitarios y la ausencia de fiscalización efectiva por parte del Estado. A los efectos precedentemente reseñados, se establecen pautas regulatorias de alcance nacional, siendo las mismas de orden público; con resguardo de las normas locales preexistentes y dejando a criterio de cada jurisdicción el desarrollo de los aspectos operativos específicos.

El presente proyecto de ley se enmarca en el contexto normativo precedentemente referenciado, en consonancia con los avances científicos, tecnológicos y educativos, y recogiendo las recomendaciones de organismos de jerarquía internacional en materia de salud.

Por todo lo expuesto, solicito a los y las legisladoras, acompañen con su voto el presente proyecto de ley.

Fuentes: Pharmabaires, Cámara de Diputados de la Nación

 


Versiones indican que Amazon podría interesarse en Farmacity

Con la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza liberadas,  la cadena fundada por Mario Quintana estaría en condiciones de plantarse como un sólido socio para las aspiraciones de Amazon, imitando lo que concretó recientemente en el mercado estadounidense.

Amazon decidió jugar fuerte en el mercado de los medicamentos de Estados Unidos que factura alrededor de 370 mil millones de dólares anuales, mediante la adquisición de una cadena de farmacias. Para algunos es un anticipo de lo que se propone replicar en el resto del mundo y que en Argentina podría concretar mediante una alianza con Farmacity.                                                                                                                                   

Amazon anunció la adquisición de la cadena de farmacias PillPack para ingresar al mercado farmacéutico, una de sus aspiraciones desde hace tiempo informaron al periodismo estadounidense.Amazon todavía no precisó el monto desembolsado por la cadena, pero PillPack tiene un valor de mercado de mil millones de dólares, de acuerdo a Wall Street.

En un movimiento que marca grandes cambios para la distribución de medicamentos recetados, Amazon acordó comprar PillPack, una farmacia en línea de rápido crecimiento que ofrece dosis preordenadas de medicamentos y entrega a domicilio”, publicó The Boston Globe.

El periodista Pat Greenhouse explicó que PillPack, una startup privada, “ha atraído un interés sustancial porque la compañía se jacta de que puede hacer que sea más fácil y más rápido para los consumidores obtener una receta que en las farmacias de la esquina”.

La compañía, que cuenta con cinco años de antigüedad, administra múltiples recetas para clientes mediante la clasificación previa, el empaquetado y la entrega de medicamentos con personal las 24 horas del día que puede contactarse en línea o por teléfono.

La cadena farmacéutica tiene su sede central en Manchester, una ciudad de poco mas de cien mil habitantes en el Estado de Nuevo Hampshire.  Sus operaciones comerciales se encuentran en Somerville, Massachusetts.

“El acuerdo se produce en momentos en que la industria del cuidado de la salud está pasando por una serie de convulsiones en respuesta al aumento de los costos y la presión sobre los fabricantes de medicamentos, los gerentes de beneficios farmacéuticos y las aseguradoras” analizó, el periodista especializado Ed Silverman @Pharmalot .

Amazon, sin embargo, “ha amenazado con causar la mayor alteración con movimientos sigilosos para ampliar su alcance de distribución y productos. Más allá de su movimiento recientemente anunciado de formar una empresa conjunta con JPMorgan y Berkshire Hathaway para abordar el derrochador gasto en atención de la salud, la adquisición de PillPack es el primer paso sustantivo hacia una posible inversión de la cadena de suministro de medicamentos recetados”, agregó.

“Con su sitio en línea de amplio alcance y ampliamente popular, Amazon se acerca al establecimiento de cabezas de playa en cofres de medicamentos en los Estados Unidos. Y utiliza ese músculo para alterar el libro de estrategias tradicionales para la distribución de medicamentos recetados”, opinó el periodista.

“El equipo visionario de PillPack tiene una combinación de experiencia farmacéutica profunda y un enfoque en la tecnología“, dijo Jeff Wilke, quien encabeza el negocio de consumo mundial de Amazon, en un comunicado.

“PillPack está mejorando significativamente la vida de sus clientes, y queremos ayudarlos a seguir facilitando a las personas el ahorro de tiempo, simplificar sus vidas y sentirse más saludables. Estamos entusiasmados de ver lo que podemos hacer juntos en nombre de los clientes a lo largo del tiempo “, autoelogió.

El envase pre-clasificado empleado por PillPack está destinado a atender aproximadamente al 60 por ciento de los estadounidenses que viven con una o más enfermedades crónicas y utilizan prescripciones frecuentes y cajas de pastillas para mantener su salud, según el analista de Leerink David Larsen.

Según informes de Wall Street, PillPack genera más de 100 millones en ingresos y atiende a unos 40.000 pacientes, lo que sugiere que cada paciente toma aproximadamente tres recetas por mes, según el analista de RBC Capital Markets, George Hill.

Hill calculó que la compañía dispensa entre 1.25 millones y 1.5 millones de recetas por año, lo que representa menos del 0,5 por ciento del mercado de los EE. UU.

Pero qué tan pronto este acuerdo alterará el status quo es una cuestión de debate, coincidieron los especialistas.

“Si bien Amazon representa una nueva entrada significativa en el espacio, recordamos a los inversores que las recetas son rígidas y PillPack se enfoca en pacientes difíciles de atender sin acceso a servicios farmacéuticos adecuados”, escribió Hill en una nota para inversionistas. “Nuestros comentarios iniciales de los consultores de beneficios ven un beneficio limitado para los pagadores comerciales y los beneficiarios en el corto plazo”.

Por el contrario, Michael Rea, un farmacéutico y director ejecutivo de Rx Savings Solutions, que tiene una aplicación que permite a los pacientes encontrar menores costos de medicamentos, sugirió que “los consumidores se beneficiarán de una mayor competencia de manera rápida”.

“Esto aumentará la competencia que ejercerá presión sobre los márgenes excedentes en la cadena de suministro “, aventuró

Greenhouse  del Boston Globe escribió que “la adquisición de PillPack por parte de Amazon podría sacudir dramáticamente la industria farmacéutica de los EE. UU. y cambiar la forma en que los estadounidenses compran medicamentos recetados”.

“Pero el anuncio de este acuerdo es el primer paso en un camino largo y tortuoso, y no hay garantía de que Amazon, a pesar de su tamaño y éxito, se convierta rápidamente en un jugador importante en el negocio de drogas de  370 mil millones de dólares en Estados Unidos”, agregó.

PillPack tiene una publicidad agresiva que desde su página web propone: Olvida lo que sabes sobre la farmacia- Conducir a la tienda, esperar en fila, buscar reposiciones: la farmacia de hoy es un fastidio. PillPack es un servicio que le ahorra tiempo, dolor de cabeza y molestias.  Incluso no oculta un desafío para sus clientes:  PillPack vs. tu farmacia

El desembarco de Amazon parece lejano para los argentinos y sin embargo desde hace algún tiempo se vincula a la empresa estadounidense con un intento de acceder al mercado local a través de la asociación con una cadena de farmacias.

Para los farmacéuticos el modelo de Farmacity es el único apropiado para intentar un desembarco en Argentina y por eso muchos vinculan el devenir futuro del mercado farmacéutico argentino con jugadores globales como Amazon, con la urgencia y la necesidad de desembarcar en la provincia de Buenos Aires que experimenta la mayor cadena de farmacias de Argentina, con tentáculos en casi todo el país.

Con la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza liberadas,  la cadena fundada por Mario Quintana, estará en condiciones de plantarse como un sólido socio para las aspiraciones de Amazon. Valor de mercado, en otras palabras.

Fuente: Pharmabaires

Farmacity: la madre de todas las batallas

La Audiencia Pública, prevista para el 25 de agosto, promete develar todos los intereses detrás de la cadena.  Estará en juego, además, el modelo de farmacia y el modo del ejercicio profesional para los farmacéuticos. Advierten que la decisión de la Corte tendrá alcance nacional, y no se limitará solamente a la Provincia de Buenos Aires.

La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública por el caso Farmacity para el 29 de agosto que se convertirá en “la madre de todas las batallas”. La COFA pide que se garantice la transparencia del debate, mientras algunas versiones sugieren que puede tratarse de una nueva maniobra para favorecer al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

“Nosotros celebramos que se le dé transparencia a este juicio, ya que si bien pensamos que la Corte Nacional no debería haber tomado el reclamo y ratificado lo que dijo la justicia bonaerense en sus cuatro instancias, vemos positivo que sea público y a los ojos de todos pues es de público conocimiento que Mario Quintana sigue tomando las decisiones de esta empresa y que lo único que persigue es rentabilidad para su empresa de capitales poco claros y escondidos detrás de sociedad de sociedades”, señaló María Isabel Reinoso, presidenta de la COFA y del Colegio Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.

Reinoso recordó que fue la COFA, junto con los diputados bonaerenses Ricardo Lissalde y Lisandro Bonelli del Frente Renovador, quienes solicitaron la audiencia pública convocada para finales de agosto.

“Luego del dictamen bochornoso, y a medida, de la Procuración General de La Nación, el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Bs. As. solicitó a la Corte Suprema de la Nación que antes de resolver convocara a una Audiencia Pública. En el mismo sentido lo hizo el defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y los diputados Lisandro Bonelli y Ricardo Lissalde, ambos legisladores y ciudadanos de la provincia de Buenos Aires”, resaltó la presidenta de la COFA.

Lisandro Bonelli en su twitter escribió: Celebramos que la @CorteSupremaAR dé transparencia y convoque a una audiencia pública por #Farmacity  Tiene que quedar claro en la Justicia que Mario Quintana utilizó su cargo en el Estado para hacer negocios. Es necesario que renuncie. #NoAFarmacity #QuintanaRenunciá

“Me genera una gran satisfacción saber que la Corte Suprema convocará a una audiencia pública por la ilegal maniobra de Mario Quintana. Tiene que quedar en claro que los funcionarios no pueden utilizar al Estado para favorecer negocios particulares”, twitteo a su vez Ricardo Lissalde.

Reinoso recordó que “este juicio se había ganado en todas las instancias en la Provincia y llegó a la instancia nacional porque la empresa farmashopping encontró un clima político propicio , ya que quien lo inició es precisamente el actual Vicejefe de gabinete Nacional”.

Para Reinoso, el juicio “tiene una significación que excede a las farmacias ya que de hacer lugar al reclamo de la empresa la Provincia de Buenos Aires y las restantes provincias del país perderían su autonomía en legislar lo referente al ejercicio de las profesiones y también las cuestiones relacionadas a la salud de sus habitantes”.

“Para todos y hasta ahora era muy claro que el ejercicio de las profesionales y las cuestiones de salud eran de orden local. Por ello la provincia de Buenos Aires y las demás legislaron en estas cuestiones. Lo que es claro para todo el mundo parece no lo es para el vicejefe del Gabinete Nacional que decidió judicializar a tres provincias, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, para acomodar via judicial las leyes que no les son funcionales a los intereses de su empresa”, remarcó.

“Los farmacéuticos que hoy ejercemos en la Provincia no tenemos nada que esconder, fuimos a la Universidad, nos formamos para brindar Salud, tenemos nuestras farmacias en la Provincia donde ejercemos digna y legalmente nuestra profesión y no nos escondemos detrás de ningún fondo de inversión ni tenemos nuestros capitales en paraísos fiscales…, todo bien transparente y pedimos que no se mercantilice nuestra profesión”, subrayó Reinoso, en un duro comentario sobre el vicejefe de Gabinete y su modelo empresario.

También “tenemos muy claro que la farmacia es un servicio de utilidad pública, no un comercio, y que la independencia profesional se verá socavada si tenemos que responder a un Ceo en lugar de responder a nuestro saber profesional”, reforzó Reinoso.

La Corte Suprema “está al rojo vivo por la pelea por la presidencia y la posible sucesión de Ricardo Lorenzetti, quien juega a fondo sus cartas para mantenerse en el cargo y, en medio de la tensión con Horacio Rosatti, ahora busca desgastar a Carlos Rosenkrantz aprovechando el caso Farmacity”, escribió La Política Online.

Rosenkrantz es uno de los dos miembros de la Corte Suprema – el otro es Rosatti- que se excusó de intervenir en el expediente de Farmacity por haber sido el abogado que presentó la demanda contra la provincia de Buenos Aires, cuando su estudio estaba contratado por la cadena de Mario Quintana.

“En el medio de los tironeos internos, en la justicia empezó a trascender que la Corte podría inclinarse por fallar a favor de Farmacity, lo que derivaría en una inevitable polémica política por la ligazón de la cadena con Mario Quintana”, agregó la publicación.

La audiencia incluirá a otros actores y organizaciones de la sociedad civil y de consumidores convocadas por la Corte Suprema, tal como ocurrió en las audiencias por el Riachuelo y la Ley de Medios, pues de escuchar solo a la Cofa, el Colegio Farmacéutico y Farmacity se repetirían argumentos ya escuchados en otras instancias inferiores.

Daniel Alvarado, presidente de la OnG Farmacéuticos sin Fronteras, recordó que “ya nos presentamos hace unos años en otro juicio contra Farmacity cuando Mauricio Macri era el Jefe de Gobierno”.

Entre las entidades que participaron de audiencias precedentes vinculadas a la demanda de Farmacity figuran el Cels, Poder Ciudadano, la Comisión de Defensa del Consumidor y de la Competencia, la Asociación de Usuarios y Consumidores Unidos, la Asociación de Abogados de la Ciudad y la Asociación de Docentes Universitarios, entre otras.

Mientras brotan las especulaciones sobre la transparencia de la Corte Suprema y los intereses creados,  se reproduce a continuación la petición de una audiencia pública que presentó la COFA el 26 de abril:

SOLICITA AUDIENCIA PÚBLICA

Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación:

María Isabel Reinoso, en carácter de Presidente del COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, constituyendo domicilio electrónico junto a mi letrado patrocinante Dr. Daniel Alberto Sabsay (To. 29 Fo. 389), en 20101340067 en los autos caratulados “FARMACITY S.A C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/ S/ PRETENSION ANULATORIA – RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY” Exp. 118/2017 a V.E. digo:

I- OBJETO Que en carácter de tercero coadyuvante de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires en las presentes actuaciones y en los términos de la Acordada 30/2007 vengo a solicitar a V.E. convoque a una audiencia pública informativa. Dicho marco resulta sumamente propicio para la intervención de Amigos del Tribunal a fin de enriquecer el debate público en relación al presente caso. Todo ello, en mérito a las consideraciones que se exponen a continuación.

II.- RELEVANCIA PÚBLICA DEL CASO. El debate público mejora la legitimidad de las decisiones al requerir criterios comprensivos de las distintas posiciones para arribar a un consenso entrecruzado, que si bien no conducirá a lo que cada uno desea individualmente permitirá en cambio lo que todos deseamos, es decir, vivir en una sociedad ordenada sobre la base de un criterio más realista de justicia (RAWLS, John, “Justice as Fairness. A restatement”, Harvard University Press, 2001).

La vinculación entre la participación en las decisiones relacionadas a las políticas públicas y el fortalecimiento de la democracia ha sido remarcada en numerosos instrumentos internacionales suscriptos por la Argentina, entre los que cabe destacar a la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, Lisboa, Portugal, 25 y 26 de junio de 2009, Capítulo primero, puntos 2 y 3) y el Código Iberoamericano del Buen Gobierno, respaldado por la XVI Cumbre Iberoamericana (Uruguay, noviembre de 2006, especialmente regla 11.7 y regla IV.35).

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires nuclea y representa a los farmacéuticos que ejercen su actividad en la Provincia de Buenos Aires, en cualquiera de sus ámbitos, en las oficinas farmacéuticas, en los laboratorios, en los hospitales públicos, entre otros; defendiendo en todo momento el quehacer profesional de los mismos. En este sentido, la entidad que represento se encuentra en condiciones de efectuar un sustancial aporte al debate público que suscita la presente controversia.

La relevancia pública del caso radica en la defensa del servicio público de farmacia regulado por la Ley 10.606 que se traduce en la protección del derecho a la salud. Justamente, lo destacado a nivel público es la afectación que podría llegar a tener el modelo sanitario vigente en el territorio de la Provincia de Buenos Aires si se declara inconstitucional el articulado en cuanto a la propiedad de farmacias, pues esto constituye una herramienta medular para el acceso seguro a bienes sociales como los medicamentos, alejándose de un modelo corporativo y capitalista que concibe a la farmacia como un negocio.

Las Farmacias por su carácter de servicio público impropio, establecido por ley (art. 1 Ley 10606) y fiscalizado por el Estado, se hallan sujetas a un régimen normativo específico, el cual responde a la necesidad de garantizar un servicio de calidad al público, siendo un centro sanitario al servicio de la comunidad. Por ello corresponde realizar una planificación y ordenamiento para la autorización para su funcionamiento, de tal forma de propender a su real distribución racional en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.

El objetivo que ha tenido en miras la legislatura provincial es la de garantizar a la población, una adecuada y homogénea atención farmacéutica, como asimismo, que el acceso al medicamento sea ágil y rápido, y en las mismas condiciones para todos, independientemente donde resida el paciente, destacando de este modo el derecho a la salud como elemento prioritario en la cuestión.

De allí surge la exigencia de establecer que tal actividad profesional solamente pueda ser llevada a cabo por el farmacéutico y que, sin duda alguna, la propiedad de la farmacia constituye una modalidad del ejercicio profesional y por lo tanto inseparable de su regulación. Tal ha sido el criterio seguido por la legislatura provincial al regular sobre tal materia, conforme lo expresa el artículo 14 de la ley 10.606 (Texto según Ley 11.328), norma de la cual surge la necesaria participación de los farmacéuticos en la propiedad de las farmacias, ya sea teniendo la titularidad de la oficina en forma exclusiva (farmacia unipersonal); compartiendo la propiedad con otro/s farmacéuticos (sociedad de responsabilidad limitada y sociedades colectivas) o bien conformando una sociedad en comandita simple, condicionada a que los socios no farmacéuticos actúen como socio comanditarios y no tengan injerencia en la dirección técnica, debiendo asimismo, estar integradas por personas físicas perfectamente individualizadas ante la autoridad sanitaria.

Tal como quedara expuesto, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires,  se establece un régimen taxativo en lo que a propiedad de farmacias se refiere, impidiendo que cualquier persona física o jurídica pueda ser propietaria de oficinas farmacéuticas, como consecuencia de su condición de servicio público impropio asignado por ley y fiscalizado por el Estado (conf.art.1 de la Ley 10.606). En este aspecto, reservar la propiedad de farmacias al farmacéutico, se vincula expresamente con que ello constituye una modalidad inherente al ejercicio profesional, y como tal, inseparable de tal concepto. Este es el sentido que se ha expuesto en el debate parlamentario que precedió a la sanción de la Ley (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, Noviembre 25  de 1987  y Diario de Sesiones de Cámara de Diputados 02-04-87), como asimismo lo ha manifestado la más calificada doctrina (Bezzi, Osvaldo Máximo: “La propiedad de la farmacia; modalidad inherente al ejercicio profesional”. LL 1986-E, Sección Doctrina, pag. 1135).

Este es el criterio que han seguido las sentencias de primera instancia, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires y la Suprema Corte Bonaerense, quienes han sido contundentes acerca de la constitucionalidad de la Ley 10.606. Por ello consideramos que el reciente dictamen de la Procuradora Fiscal Laura Monti, de fecha 11 de abril de 2018, se distancia de una correcta interpretación constitucional para elaborar una opinión a la medida de Farmacity. No desconocemos que tal dictamen no es vinculante para V.E. No obstante ello, la trascendencia pública y sanitaria del caso pone de relieve la necesidad de abrir el debate y discutir los groseros errores jurídicos en lo que incurre la Procuradora Fiscal y, sin dudas, el instrumento para hacerlo es una audiencia pública en la que intervengan, además de las partes los amigos del tribunal.

Como puede leerse en su dictamen, la Procuradora Fiscal Laura Monti, recomienda hacer lugar al recurso de queja y declarar la procedencia del recurso extraordinario interpuesto, revocar la sentencia apelada en cuanto declara la validez constitucional del art 14 de la ley 10.606, declarar la nulidad de los actos locales que se fundan en el impedimento que esa norma prevé y devolver los autos al tribunal de origen a fin de que se pronuncie acerca de la tacha de inconstitucionalidad que se endilga al art 3° de la ley local 10.606. En efecto, no se pronuncia sobre las restricciones por distancia y densidad demográfica sino sólo sobre la titularidad de farmacias.

Entre las consideraciones del dictamen, el principal argumento tiene que ver con la distribución constitucional de competencias. La Procuradora sostiene que regular la capacidad de las personas humanas y jurídicas es una potestad del Congreso Nacional (art. 75 inc. 12 Constitución Nacional). Desde esta perspectiva, considera que la Ley 10.606 no puede prohibir a una S.A. ser titular de farmacias. Esta postura constituye un grosero error jurídico. En efecto, una interpretación en ese sentido no sólo desconoce que las materias reguladas son diferentes sino también la distribución constitucional de competencias entre el Congreso Nacional y la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires en materia de salud.

La regulación de farmacias integra el poder de policía provincial, no sólo por vincularse con el ejercicio de una profesión liberal, sino también por encontrarse en juego razones de salubridad pública. Por ello las provincias han conservado dichas atribuciones y no han sido delegadas a la Nación, por lo tanto son exclusivas de las primeras (art. 121 CN). Bajo ninguna circunstancia puede admitirse que la Ley 10.606 invada y/o avance sobre atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación (arts. 75 inc. 12), tal como sugiere la Procuradora. Pues aquí no estamos en presencia de la regulación del comercio sino del ejercicio de una profesión que se halla directamente vinculada a la saludo de la población.

Tal como explica la Suprema Corte bonaerense, en el régimen institucional diseñado por la Constitución nacional, las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal (conf. sus arts. 5, 121, 122 y 123) y la regulación de todo lo concerniente al ejercicio de las profesiones liberales es facultad exclusiva de la Legislatura (conf. art. 42, Const. Prov.). Así la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado que “es indudable la facultad de las provincias de reglamentar el ejercicio de profesiones liberales, dentro del poder de policía que les está reservado” (Fallos 156:290; 197:569; 199:202)”. Partiendo de esta base sobre distribución constitucional de competencias, la Suprema Corte Provincial en la presente causa señala que “…La ley 10.606 es una típica regulación de policía, dictada en ejercicio de poderes locales; no una delimitación de la capacidad de las personas jurídicas”.

La Procuradora Fiscal soslaya la trascendencia que implica que en el territorio provincial las farmacias constituyan un servicio público y la condición de bien social del medicamento en la Constitución Bonaerense. A su vez, el dictamen pareciera olvidar que el Decreto 2284/91 se ocupa de la desregulación del Comercio Interior de Bienes y Servicios y del Comercio Exterior, del mercado de capitales y de una reforma fiscal entre otras cuestiones. Mientras que la Ley 10.606 se refiere específicamente a la actividad farmacéutica y su regulación. En efecto, no existe confrontación de facultades pues no estamos en presencia de facultades concurrentes referentes al poder de policía de bienestar. Afirmar lo contrario, implicaría confundir el poder de policía “para afianzar la libertad económica” (terminología literal de los considerandos del Decreto 2284/91)  con el poder de policía sobre una actividad vinculada a la salud de la población como lo es la actividad farmacéutica (artículo 36 inc. 8 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).

Sin dudas, estamos en presencia de un caso de relevancia pública puesto que, en caso de confirmarse el dictamen de la Procuradora, se producirá un impacto destructivo para el modelo sanitario y el servicio público de farmacias de la Provincia de Buenos Aires. En este contexto, a efectos discutir las aristas más relevantes del caso y para eliminar posibles errores en la apreciación de los hechos y el derecho relevante, mejorar el debate público y oír las opiniones de organismos especializados, la audiencia pública deviene una instancia crucial.

III- PETITORIO Por todo lo expuesto, a V.E. SOLICITO  convoque a una audiencia pública informativa habilitando la intervención de los Amigos del Tribunal.

PROVEER DE CONFORMIDAD

SERÁ JUSTICIA

Fuente: PharmaBaires

“Caso Farmacity”: Lorenzetti, Quintana, los intereses y las internas

El caso dejará al descubierto intereses personales cruzados. La audiencia pública expondrá a Quintana.

Lorenzetti apunta a Quintana por los rumores de su salida

El Presidente de la Corte Suprema cree que fue Quintana quien lanzó la versión de su renuncia. La Corte convocó a audiencias por el caso Farmacity.

El reclamo judicial de Farmacity resume un clima de época en el que se cruzan conflictos de intereses, un lobby multimillonario, operaciones mediáticas y una pulseada apenas velada entre una parte del Gobierno y la Corte Suprema. Tras el triple rechazo judicial bonaerense a la posibilidad de que la cadena de farmacias desembarque en la provincia, la Corte nacional decidió tomar el caso. Y ahora, con Ricardo Lorenzetti como protagonista excluyente en un tribunal reducido, programó una audiencia pública. Desde el 29 de agosto y durante 30 días, desfilarán abogados, técnicos y farmacéuticos.

Así, Lorenzetti pretende contraatacar a sus archienemigos, tanto históricos como circunstanciales.

El presidente de la Corte presume que el eje Elisa Carrió-Mario Quintana es el promotor de las noticias que lo dan como renunciado o a punto de hacerlo. Esa versión circuló con insistencia el lunes pasado, después de un almuerzo realizado en Casa Rosada entre Lorenzetti y Mauricio Macri. El lunch fue a pedido del Presidente, y la agenda de la charla se mantiene como un misterio. El juez santafesino, pese a la difusión de su alejamiento, busca la reelección.

 

La Audiencia Pública expondrá a Quintana y develará sus intereses y conexiones con la cadena de farmacias

Por vía de la audiencia informativa, un sistema usado antes del fallo sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios, Lorenzetti quiere transparentar un litigio incómodo para el Gobierno. Porque la demanda judicial fue iniciada por el ex director y fundador de ese tanque de 250 farmacias: el vicejefe de gabinete Mario Quintana.

“La mano de Quintana es evidente”, se queja la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Isabel Reinoso. COFA representa a unas 15 mil farmacias chicas y medianas: por eso rechaza el despliegue bonaerense de un actor del peso de Farmacity.

Si bien desde la empresa niegan la influencia de Quintana, lo cierto es que el segundo de Marcos Peña todavía no se desvinculó totalmente de su creación más exitosa. El fiscal Ramiro González lo imputó por ese motivo hace unos 20 días.

La puja a su vez expondrá a otro supremo: Carlos Rosenkrantz, quien ya se excusó de la causa. Su estudio (habitual bufete de poderosas empresas) representó a Farmacity en la cruzada judicial que llegó a la Corte: la supuesta inconstitucionalidad de un artículo de la ley bonaerense, que excluye a las sociedades anónimas de la lista de titulares posibles.

Desde 2010, sin embargo, su planteo fue desestimado en primera instancia, por la cámara y por la Corte provincial. Según el argumento de Farmacity, existe un decreto y una ley nacional que contradicen a la norma bonaerense.

Desde el 29 de agosto, expondrán los llamados “amigos del tribunal”. Con Rosenkrantz y Horacio Rosatti excluidos, solo los escucharán tres ministros de la Corte: Lorenzetti, Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Así, Lorenzetti volverá a ocupar el lugar de centralidad que había perdido con la asunción de los dos jueces propuestos por Macri. Su opinión será determinante para destrabar (o impedir) un negocio multimillonario que roza a la Rosada.

Sin plazos definidos, el fallo llegaría antes de fin de año.

Fuente: Perfil


Las universidades también defienden el modelo sanitario de farmacia contra el farmashopping

Hubo importantes definiciones de las casas de altos estudios en defensa del modelo sanitario de farmacia y a favor de la independencia profesional del farmacéutico. Emitieron resoluciones y comunicados la Facultad de La Plata, la Facultad de Farmacia de la UBA y el ECUAFyB, se incluyen los documentos en esta nota.

El Ente Coordinador de Unidades Académicas de Farmacia y Bioquímica, la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata emitieron esta semana sendos documentos de apoyo a la farmacia como centro de salud.

Las entidades académicas manifestaron frontalmente su oposición al dictamen de la Procuración General de la Nación, del 11 de abril pasado, que dio un guiño a la entrada de Farmacity a la provincia de Buenos Aires, en sintonía con la demanda de Mario Quintana contra  la Ley sanitaria 10.606 de ejercicio de la actividad farmacéutica.

Las universidades públicas y privadas manifestaron sus críticas al dictamen

Documento de posición de ECUAFyB:

ECUAFyB (Ente Coordinador de Unidades Académicas de Farmacia y Bioquímica) presentó un documento de posición en el cual sostiene que “observa con preocupación últimos acontecimientos referidos al dictamen de la Procuración General de la Nación” y entre los argumentos señala que “el medicamento es un bien social, y su acceso debe estar garantizado para asegurar la salud pública, atendiendo a la racional distribución de las farmacias comunitarias en todo el territorio, las cuales se constituyen en centros de atención primaria de la salud bajo la responsabilidad del único profesional experto: el farmacéutico”.

Sostiene también que “la figura jurídica de cuya titularidad depende el establecimiento sanitario, condiciona el libre desempeño profesional en vistas a las obligaciones normativas del propio ejercicio, donde el farmacéutico debe promover el uso racional y no mercantilista del medicamento en la dispensa, brindando sus servicios profesionales, los cuales son reconocidos en el mundo a través de innumerables documentos emitidos por la OMS, la OPS, la Federación Internacional de Farmacia, entre otras prestigiosas instituciones.”

“La Farmacia comunitaria, como centro de Atención Primaria de la Salud, debe centrar su organización, gestión y funcionamiento en actividades relacionadas a su rol sanitario, en desmedro de otras actividades comerciales ajenas a su rol natural vinculado a la Salud Pública”, señala el contundente documento de ECUAFyB.

 

Resolución del Consejo Directivo de la FFyB – UBA:

Por su parte, el Consejo Directivo de la Facultad de Farmacia de la UBA puntualizó en la Resolución N°128 que el pronunciamiento del procurador subrogante Casal “pretende sustentarse en el antiguo y desusado decreto desregulatorio 2284/91, tratando a la dispensa de los medicamentos como si se tratase de un simple acto mercantil”.

Destaca también que “de tomarse la decisión sugerida se afectará severamente la Salud Pública, ya que apunta a la concentración, poniendo el fin de lucro por encima de las necesidades sanitarias de la población”.

Se reafirma la importancia de los artículos 3° y 14° de la Ley 10.606 de la Provincia de Buenos Aires, “ya que los mismos son un reaseguro para que el Farmacéutico cumpla su función de asesorar a otros integrantes del equipo de salud y a la población sobre el uso racional del medicamento y otros productos para la salud”.

La decana Cristina Arranz y la secretaria académica Laura Schreier establecen “elevar la Resolución al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires recomendando que se pronuncie a favor de la defensa de la Salud Pública y la profesión farmacéutica y lo eleve a la Corte Suprema de Justicia”.

Acceda en este link a la Resolución de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires – UBA

 

Resolución de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata:

También se manifestó en defensa de la ley sanitaria provincial 10.606. rechazando explícitamente el dictamen de la Procuración. Se destacan la importancia de los servicios farmacéuticos, a los que la población accede gratuitamente, por encima de consideraciones de carácter mercantil.

Fuente: COFA

 

 

 


PAMI: ALERTAN SOBRE UN “CAOS INDUCIDO” PARA QUEDARSE CON EL NEGOCIO DE LOS MEDICAMENTOS PARA LOS JUBILADOS

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“Una guerra”, “campo de batalla”, son las metáforas bélicas que está utilizando el periodismo con insistencia para explicar el conflicto entre el PAMI, la industria, los colegios farmacéuticos y los distribuidores. Mientras tanto el acuerdo sigue lejos y nadie arriesga que pasará a partir del primero de abril. Hay quienes sospechan que “el caos” es inducido para favorecer a algunos grupos económicos vinculados al gobierno.

En los últimos días se repitieron los tensos encuentros en la Casa Rosada donde los directivos de las cámaras farmacéuticas son recibidos por el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, con una nueva modalidad: cámara por cámara quizás en un intento por romper el frente empresario.

En igual sintonía, la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) puso el dedo en la llaga, advirtiendo que a partir del primero de abril, cuando teóricamente debe comenzar a regir el nuevo convenio, “los jubilados podrían quedarse sin medicamentos”.

“Si no hay prórroga se espera un caos a partir del primero de abril, porque las farmacias no están preparadas para atender con el nuevo sistema”, afirmaron dirigentes farmacéuticos de la Ciudad de Buenos Aires.

La posibilidad de una prórroga, recurso que ya aplicó Sergio Cassinotti, titular del PAMI, cuando asumió a mediados del año pasado, no está sobre la mesa de negociaciones, por ahora, aseguran los voceros empresarios.

Pero objetivamente a nadie le conviene el caos pronosticado por los colegios farmacéuticos. Para el gobierno tendrá un costo político muy fuerte en momentos en que la inflación golpea los bolsillos y la economía no arranca.

Y para los laboratorios sería ocupar el peor escenario, como los “malos de la película”. Papel de reparto que ya tienen asumido.

“Esperamos que nadie esté jugando a ese caos para irrumpir en el sistema para imponer sus ‘soluciones’”, es el temor que acecha en la COFA, siempre atenta a los movimientos en las sombras del segundo Vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

Lo cierto, tal como advirtió la titular de la COFA, María Isabel Reinoso, “nadie le está avisando a los jubilados que a partir de abril no tendrán las marcas de medicamentos que consumen habitualmente”.

PAMI ya repartió una lista de precios máximos o “ponderados” a los que deberían ajustarse los laboratorios a partir de abril. “El noventa por ciento de los laboratorios no están en condiciones de aceptar los precios propuestos”, comentaron a Pharmabaires directivos de laboratorios nacionales, de primera línea. Si ellos no pueden, menos los medianos que le siguen en la pirámide.

Las farmacias pequeñas y medianas “van a dejar en claro su voluntad de atender a los jubilados, pero si se les garantizan condiciones y plazos de pago previsibles y posibles de sostener. Los problemas no los generaron estas farmacias ni los colegios farmacéuticos”, subrayaron desde la COFA.

Reinoso ya anticipó la demanda de la COFA: para sostener el nuevo sistema las bonificaciones de las farmacias deben reducirse al 10 por ciento promedio “para defender la atención en farmacias pequeñas y medianas de todo el país”.

Ese será el reclamo que en las próximas horas la COFA y la federación de cámaras de farmacias FACAF trasladarán a las cámaras de laboratorios, como advertencia de que no acompañaran cualquier acuerdo y que quieren negociar directamente con el PAMI.

En las últimas horas surgió una supuesta rendija para negociar, que consiste en la opción de congelar los precios a diciembre y reducirlos 5 por ciento como quiere el PAMI, pero con actualizaciones trimestrales que acompañarían el incremento inflacionario por el que se desliza la economía argentina.

Pero el PAMI parece “enamorado” de los precios máximos y de las licitaciones, que consideran “no negociables”. Especialmente desde que la licitación conjunta de PAMI e IOMA de Factor VIII para hemofílicos facilitó un supuesto ahorro del 80 por ciento.

Mario Negri, titular del bloque radical en la Cámara de Diputados, escribió eufórico en Twitter: “el Gobierno Nacional logró que los laboratorios licitaran en $ 313 millones la misma droga hemofílica por la que hace un año pidieron $1.800 millones. Es la política más progresista en salud que se haya encarado desde los tiempos de Arturo Illia. Sigamos #CambiandoJuntos.

La referencia al gobierno de Illia no es gratuita. Apunta a refrescar en la memoria de la sociedad argentina aquella responsabilidad histórica adjudicada a los laboratorios farmacéuticos en el derrocamiento del ex presidente radical en 1966, a causa de haber sancionado una Ley de Medicamentos.

“No nos extraña, en alguna de las reuniones en la Rosada dejaron entrever que nos iban a echar la culpa del derrocamiento de Illia a través de algunos de sus aliados en el gobierno”, comentaron directivos de la industria.

Así también negaron que el ahorro fuese del 80 por ciento como afirma el gobierno y propusieron que “explique cómo saca las cuentas y que cifra tomó para hacer la comparación”.

Desde las cámaras empresarias también observan con asombro y molestia cómo se impone un lenguaje belicista como “campaña de batalla” o “guerra a los laboratorios” en los textos periodísticos de escribas con acceso a los despachos oficiales. Le adjudican la terminología a la “bajada de línea” de la Casa Rosada.

También el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, durante una entrevista para el canal La Nación + habló de “cierta corrupción en la competencia por precios de los medicamentos”, pero no abundó en sus imputaciones ni el periodista repreguntó.

El ambiente está enrarecido es cierto, pero los voceros industriales negaron enfáticamente la versión de un intercambio de insultos entre el presidente Mauricio Macri y dueños de laboratorios nacionales, como deslizó LaPolíticaOnLine.

“Hubo una reunión es cierto y fue cordial. Nunca estuvo presente Quintana como se sostiene en esa nota. Nosotros no queremos pelearnos con Macri”, puntualizaron desde el sector.

La COFA y los colegios farmacéuticos elaboraron un borrador para consumo de sus asociados, que expone con precisión como vislumbran el futuro:

“Habiendo tomado conocimiento, de las distintas propuestas realizadas por el Instituto para cada segmento del convenio de provisión de medicamentos a sus beneficiarios, a partir del 01-04-18, nos parece oportuno resaltar algunos puntos determinantes para la viabilidad del mismo desde las farmacias prestadoras.

1- Al retrotraer los precios al 31-12-17 y aplicarle un descuento del 5% sobre el PVP vigente provoca un quebranto en las farmacias, proporcional al número de unidades afectadas existentes en su stock.

2- Se propone una actualización trimestral que contemple el 70% del IPC para ajustar el precio de los medicamentos, lo que provocaría en el corto plazo un desfinanciamiento de las farmacias producto de que tendrán que afrontar mayores gastos en insumos, sueldos y estructura que no tendrán su correlato en el precio del medicamento.

3- Si bien no es responsabilidad del Instituto, el incremento en la alícuota de Ingresos Brutos en muchas provincias, sumado a los puntos ya descriptos hacen inviable la prestación para muchas farmacias, especialmente las del sur del país que abonan un sobre sueldo del 25% por zona fría.

4 – En la actualidad las farmacias tienen garantizada su compra en droguerías, con las notas de crédito emitidas por la Industria, habría que contemplar un mecanismo que continúe asegurando el normal abastecimiento de las mismas.

Como solución a estos problemas, se necesita reducir el porcentaje de bonificación realizado por las farmacias y garantizar que las condiciones comerciales de la cadena no cambien en detrimento de la rentabilidad de las farmacias.

Concretamente, que la disminución de los costes en medicamentos buscada por el Instituto no redunde en una baja en las condiciones comerciales de las farmacias”.

Para los farmacéuticos el futuro convenio puede ser ruinoso. Para la industria un pasaje a la pérdida de rentabilidad y el estancamiento futuro de las inversiones. Para los jubilados la incertidumbre de que medicamentos recibirán y a qué precio.

Solo el gobierno – y Farmacity si ingresa en el convenio – tendrá motivos para regodearse anunciando un nuevo convenio PAMI con sensibles rebajas, ya que lo presentará como “un triunfo político”.

Audio con declaración de María Isabel Reinoso, titular de la COFA en FM La Tribu: cliquear aquí

Fuente: Pharmabaires


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