Las universidades también defienden el modelo sanitario de farmacia contra el farmashopping

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Las universidades también defienden el modelo sanitario de farmacia contra el farmashopping

Hubo importantes definiciones de las casas de altos estudios en defensa del modelo sanitario de farmacia y a favor de la independencia profesional del farmacéutico. Emitieron resoluciones y comunicados la Facultad de La Plata, la Facultad de Farmacia de la UBA y el ECUAFyB, se incluyen los documentos en esta nota.

El Ente Coordinador de Unidades Académicas de Farmacia y Bioquímica, la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata emitieron esta semana sendos documentos de apoyo a la farmacia como centro de salud.

Las entidades académicas manifestaron frontalmente su oposición al dictamen de la Procuración General de la Nación, del 11 de abril pasado, que dio un guiño a la entrada de Farmacity a la provincia de Buenos Aires, en sintonía con la demanda de Mario Quintana contra  la Ley sanitaria 10.606 de ejercicio de la actividad farmacéutica.

Las universidades públicas y privadas manifestaron sus críticas al dictamen

Documento de posición de ECUAFyB:

ECUAFyB (Ente Coordinador de Unidades Académicas de Farmacia y Bioquímica) presentó un documento de posición en el cual sostiene que “observa con preocupación últimos acontecimientos referidos al dictamen de la Procuración General de la Nación” y entre los argumentos señala que “el medicamento es un bien social, y su acceso debe estar garantizado para asegurar la salud pública, atendiendo a la racional distribución de las farmacias comunitarias en todo el territorio, las cuales se constituyen en centros de atención primaria de la salud bajo la responsabilidad del único profesional experto: el farmacéutico”.

Sostiene también que “la figura jurídica de cuya titularidad depende el establecimiento sanitario, condiciona el libre desempeño profesional en vistas a las obligaciones normativas del propio ejercicio, donde el farmacéutico debe promover el uso racional y no mercantilista del medicamento en la dispensa, brindando sus servicios profesionales, los cuales son reconocidos en el mundo a través de innumerables documentos emitidos por la OMS, la OPS, la Federación Internacional de Farmacia, entre otras prestigiosas instituciones.”

“La Farmacia comunitaria, como centro de Atención Primaria de la Salud, debe centrar su organización, gestión y funcionamiento en actividades relacionadas a su rol sanitario, en desmedro de otras actividades comerciales ajenas a su rol natural vinculado a la Salud Pública”, señala el contundente documento de ECUAFyB.

 

Resolución del Consejo Directivo de la FFyB – UBA:

Por su parte, el Consejo Directivo de la Facultad de Farmacia de la UBA puntualizó en la Resolución N°128 que el pronunciamiento del procurador subrogante Casal “pretende sustentarse en el antiguo y desusado decreto desregulatorio 2284/91, tratando a la dispensa de los medicamentos como si se tratase de un simple acto mercantil”.

Destaca también que “de tomarse la decisión sugerida se afectará severamente la Salud Pública, ya que apunta a la concentración, poniendo el fin de lucro por encima de las necesidades sanitarias de la población”.

Se reafirma la importancia de los artículos 3° y 14° de la Ley 10.606 de la Provincia de Buenos Aires, “ya que los mismos son un reaseguro para que el Farmacéutico cumpla su función de asesorar a otros integrantes del equipo de salud y a la población sobre el uso racional del medicamento y otros productos para la salud”.

La decana Cristina Arranz y la secretaria académica Laura Schreier establecen “elevar la Resolución al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires recomendando que se pronuncie a favor de la defensa de la Salud Pública y la profesión farmacéutica y lo eleve a la Corte Suprema de Justicia”.

Acceda en este link a la Resolución de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires – UBA

 

Resolución de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata:

También se manifestó en defensa de la ley sanitaria provincial 10.606. rechazando explícitamente el dictamen de la Procuración. Se destacan la importancia de los servicios farmacéuticos, a los que la población accede gratuitamente, por encima de consideraciones de carácter mercantil.

Fuente: COFA

 

 

 


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PAMI: ALERTAN SOBRE UN “CAOS INDUCIDO” PARA QUEDARSE CON EL NEGOCIO DE LOS MEDICAMENTOS PARA LOS JUBILADOS

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Category : Farmacia , Profesionales , Salud

“Una guerra”, “campo de batalla”, son las metáforas bélicas que está utilizando el periodismo con insistencia para explicar el conflicto entre el PAMI, la industria, los colegios farmacéuticos y los distribuidores. Mientras tanto el acuerdo sigue lejos y nadie arriesga que pasará a partir del primero de abril. Hay quienes sospechan que “el caos” es inducido para favorecer a algunos grupos económicos vinculados al gobierno.

En los últimos días se repitieron los tensos encuentros en la Casa Rosada donde los directivos de las cámaras farmacéuticas son recibidos por el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, con una nueva modalidad: cámara por cámara quizás en un intento por romper el frente empresario.

En igual sintonía, la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) puso el dedo en la llaga, advirtiendo que a partir del primero de abril, cuando teóricamente debe comenzar a regir el nuevo convenio, “los jubilados podrían quedarse sin medicamentos”.

“Si no hay prórroga se espera un caos a partir del primero de abril, porque las farmacias no están preparadas para atender con el nuevo sistema”, afirmaron dirigentes farmacéuticos de la Ciudad de Buenos Aires.

La posibilidad de una prórroga, recurso que ya aplicó Sergio Cassinotti, titular del PAMI, cuando asumió a mediados del año pasado, no está sobre la mesa de negociaciones, por ahora, aseguran los voceros empresarios.

Pero objetivamente a nadie le conviene el caos pronosticado por los colegios farmacéuticos. Para el gobierno tendrá un costo político muy fuerte en momentos en que la inflación golpea los bolsillos y la economía no arranca.

Y para los laboratorios sería ocupar el peor escenario, como los “malos de la película”. Papel de reparto que ya tienen asumido.

“Esperamos que nadie esté jugando a ese caos para irrumpir en el sistema para imponer sus ‘soluciones’”, es el temor que acecha en la COFA, siempre atenta a los movimientos en las sombras del segundo Vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

Lo cierto, tal como advirtió la titular de la COFA, María Isabel Reinoso, “nadie le está avisando a los jubilados que a partir de abril no tendrán las marcas de medicamentos que consumen habitualmente”.

PAMI ya repartió una lista de precios máximos o “ponderados” a los que deberían ajustarse los laboratorios a partir de abril. “El noventa por ciento de los laboratorios no están en condiciones de aceptar los precios propuestos”, comentaron a Pharmabaires directivos de laboratorios nacionales, de primera línea. Si ellos no pueden, menos los medianos que le siguen en la pirámide.

Las farmacias pequeñas y medianas “van a dejar en claro su voluntad de atender a los jubilados, pero si se les garantizan condiciones y plazos de pago previsibles y posibles de sostener. Los problemas no los generaron estas farmacias ni los colegios farmacéuticos”, subrayaron desde la COFA.

Reinoso ya anticipó la demanda de la COFA: para sostener el nuevo sistema las bonificaciones de las farmacias deben reducirse al 10 por ciento promedio “para defender la atención en farmacias pequeñas y medianas de todo el país”.

Ese será el reclamo que en las próximas horas la COFA y la federación de cámaras de farmacias FACAF trasladarán a las cámaras de laboratorios, como advertencia de que no acompañaran cualquier acuerdo y que quieren negociar directamente con el PAMI.

En las últimas horas surgió una supuesta rendija para negociar, que consiste en la opción de congelar los precios a diciembre y reducirlos 5 por ciento como quiere el PAMI, pero con actualizaciones trimestrales que acompañarían el incremento inflacionario por el que se desliza la economía argentina.

Pero el PAMI parece “enamorado” de los precios máximos y de las licitaciones, que consideran “no negociables”. Especialmente desde que la licitación conjunta de PAMI e IOMA de Factor VIII para hemofílicos facilitó un supuesto ahorro del 80 por ciento.

Mario Negri, titular del bloque radical en la Cámara de Diputados, escribió eufórico en Twitter: “el Gobierno Nacional logró que los laboratorios licitaran en $ 313 millones la misma droga hemofílica por la que hace un año pidieron $1.800 millones. Es la política más progresista en salud que se haya encarado desde los tiempos de Arturo Illia. Sigamos #CambiandoJuntos.

La referencia al gobierno de Illia no es gratuita. Apunta a refrescar en la memoria de la sociedad argentina aquella responsabilidad histórica adjudicada a los laboratorios farmacéuticos en el derrocamiento del ex presidente radical en 1966, a causa de haber sancionado una Ley de Medicamentos.

“No nos extraña, en alguna de las reuniones en la Rosada dejaron entrever que nos iban a echar la culpa del derrocamiento de Illia a través de algunos de sus aliados en el gobierno”, comentaron directivos de la industria.

Así también negaron que el ahorro fuese del 80 por ciento como afirma el gobierno y propusieron que “explique cómo saca las cuentas y que cifra tomó para hacer la comparación”.

Desde las cámaras empresarias también observan con asombro y molestia cómo se impone un lenguaje belicista como “campaña de batalla” o “guerra a los laboratorios” en los textos periodísticos de escribas con acceso a los despachos oficiales. Le adjudican la terminología a la “bajada de línea” de la Casa Rosada.

También el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, durante una entrevista para el canal La Nación + habló de “cierta corrupción en la competencia por precios de los medicamentos”, pero no abundó en sus imputaciones ni el periodista repreguntó.

El ambiente está enrarecido es cierto, pero los voceros industriales negaron enfáticamente la versión de un intercambio de insultos entre el presidente Mauricio Macri y dueños de laboratorios nacionales, como deslizó LaPolíticaOnLine.

“Hubo una reunión es cierto y fue cordial. Nunca estuvo presente Quintana como se sostiene en esa nota. Nosotros no queremos pelearnos con Macri”, puntualizaron desde el sector.

La COFA y los colegios farmacéuticos elaboraron un borrador para consumo de sus asociados, que expone con precisión como vislumbran el futuro:

“Habiendo tomado conocimiento, de las distintas propuestas realizadas por el Instituto para cada segmento del convenio de provisión de medicamentos a sus beneficiarios, a partir del 01-04-18, nos parece oportuno resaltar algunos puntos determinantes para la viabilidad del mismo desde las farmacias prestadoras.

1- Al retrotraer los precios al 31-12-17 y aplicarle un descuento del 5% sobre el PVP vigente provoca un quebranto en las farmacias, proporcional al número de unidades afectadas existentes en su stock.

2- Se propone una actualización trimestral que contemple el 70% del IPC para ajustar el precio de los medicamentos, lo que provocaría en el corto plazo un desfinanciamiento de las farmacias producto de que tendrán que afrontar mayores gastos en insumos, sueldos y estructura que no tendrán su correlato en el precio del medicamento.

3- Si bien no es responsabilidad del Instituto, el incremento en la alícuota de Ingresos Brutos en muchas provincias, sumado a los puntos ya descriptos hacen inviable la prestación para muchas farmacias, especialmente las del sur del país que abonan un sobre sueldo del 25% por zona fría.

4 – En la actualidad las farmacias tienen garantizada su compra en droguerías, con las notas de crédito emitidas por la Industria, habría que contemplar un mecanismo que continúe asegurando el normal abastecimiento de las mismas.

Como solución a estos problemas, se necesita reducir el porcentaje de bonificación realizado por las farmacias y garantizar que las condiciones comerciales de la cadena no cambien en detrimento de la rentabilidad de las farmacias.

Concretamente, que la disminución de los costes en medicamentos buscada por el Instituto no redunde en una baja en las condiciones comerciales de las farmacias”.

Para los farmacéuticos el futuro convenio puede ser ruinoso. Para la industria un pasaje a la pérdida de rentabilidad y el estancamiento futuro de las inversiones. Para los jubilados la incertidumbre de que medicamentos recibirán y a qué precio.

Solo el gobierno – y Farmacity si ingresa en el convenio – tendrá motivos para regodearse anunciando un nuevo convenio PAMI con sensibles rebajas, ya que lo presentará como “un triunfo político”.

Audio con declaración de María Isabel Reinoso, titular de la COFA en FM La Tribu: cliquear aquí

Fuente: Pharmabaires


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Convenio PAMI – medicamentos: avanzan las negociaciones, mientras Quintana espera su oportunidad

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Category : Farmacia , Salud

Finalmente, la industria farmacéutica y el PAMI se sentaron a dialogar y buscan limar asperezas. No obstante, se mantiene la amenaza sobre la red de farmacias prestadoras: denuncian el “acuerdo” CAF – Farmacity

En buenos términos, la industria farmacéutica y el PAMI buscan ahora acordar el nuevo convenio para la obra social de los jubilados, que comenzaría a regir desde principios de abril.

Tanto los laboratorios como el PAMI quieren bajar el nivel de confrontación, con sus repercusiones mediáticas, que llegaron al límite la semana pasada con notas periodísticas que se publicaron contra la industria farmacéutica y algunos de sus directivos.

Se adjudicó a Mario Quintana (funcionario y propietario de la cadena Farmacity) la intención de generar divisiones en la industria, y la idea de buscar negociar con los laboratorios por fuera de las cámaras, o con cada cámara que agrupa a los laboratorios por separado (ver nota aquí). Esta intención ahora fue dejada de lado.

Voceros del gobierno reconocieron que los laboratorios medicinales apelaron al contacto directo con el presidente Macri. Así, habrían pasando por encima del vicejefe de gabinete Quintana, para poder revertir la situación de enfrentamiento que mantienen con este funcionario.

Mario Quintana podría posicionar a Farmacity si se consiguieran mejores condiciones para esta cadena de farmacias en la atención al PAMI. La cadena podría constituirse en una verdadera “aspiradora” de recetas, en detrimento de las farmacias pequeñas y medianas, que en muchos casos hoy dependen de la atención al PAMI para sustentarse.

No obstante, en las negociaciones con la industria, se mantiene la intención del PAMI de reducir gastos ajustándolos a un presupuesto menor, lo que impactaría en la compra de medicamentos. El PAMI avanza en una política de reducción de gastos y el ajuste llegará a los medicamentos, ya que se propone asignar a este rubro un presupuesto un 20% menor al de 2017.   

En este sentido, el PAMI quiere descuentos del 80 por ciento para los oncológicos que ya tengan de cinco a diez años en el mercado y la fijación de precios máximos para los medicamentos ambulatorios, con un vademécum cerrado.

No obstante, la industria farmacéutica ha hecho notar que los 50 medicamentos más recetados por PAMI no han incrementado excesivamente su precio en el último año (dan como ejemplos la marca más recetada de losartán y las marcas comerciales de otros medicamentos habitualmente usados para tratamientos crónicos, que no habrían incrementado su precio por encima de la inflación general). Reconocen, en cambio, que sí hubo aumentos desmedidos sobre medicamentos puntuales de algunos laboratorios, pero estos precios podrían corregirse o considerar cada caso particular.

La industria no considera que sea conveniente fijar precios máximos o de referencia, advirtiendo que generarían aumentos inmediatos en los precios de los medicamentos que hoy estuvieran por debajo de esos valores que se fijen. 

Por otro lado, se espera que el acuerdo PAMI – industria deje de lado los intentos de perjudicar la red de farmacias, que hoy se extiende en todo el país. En este sentido, se ha venido advirtiendo la intención de  algunas entidades comerciales farmacéuticas de intentar captar la “crema” de la atención farmacéutica (en especial las grandes cadenas) ofreciéndoles descuentos y condiciones diferenciales, y perjudicando a las farmacias pequeñas y medianas, que hoy apenas pueden sostener la atención al PAMI.

Explícitamente, se ha acusado a la Cámara Argentina de Farmacias (CAF), a la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) y a la entidad Farmasur de pretender avanzar sobre la Red COFA, hoy la más grande del país,  que defiende el modelo sanitario de farmacias y la atención profesional (ver nota aquí).

También se ha advertido que en este enfrentamiento la CAF (Cámara Argentina de Farmacias) aparece como un socio no declarado de Farmacity, apostando a que esta cadena triunfe en su intento de ingresar en la provincia de Buenos Aires, esperando obtener los beneficios de esta postura.


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Comienzan los tironeos entre el PAMI y la industria farmacéutica por el nuevo convenio medicamentos

Debería entrar en vigencia desde marzo de 2018. PAMI quiere que la industria le ceda Farmalink, para encargarse de todas las auditorías. También quiere menores precios y seguir recortando su presupuesto. Macri tomó una posición ambigua y Quintana (Farmacity) habría puesto su propio negociador.

El PAMI pidió la transferencia de Farmalink, precios máximos y descuentos de hasta el 80 por ciento, al iniciarse las negociaciones con la industria por el nuevo convenio. Negociaciones que vienen “muy duras y a cara de perro”, admiten voceros de la industria.

La primera sorpresa cuando las partes comenzaron a negociar hace algunos días en la Casa Rosada convocados por el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, fue que el PAMI pidió la incorporación de Farmalink bajo su órbita.

Sergio Cassinotti, titular del PAMI, explicó que requería de la incorporación a su órbita de la gerenciadora Farmalink porque el organismo “necesita recuperar controles que ha cedido y para transparentar el gasto en medicamentos”, objetivo que se complementaría con el convenio firmado con FEFARA y que comenzará a regir el primero de abril.

La transferencia de Farmalink, gerenciadora fundada por la industria para ocuparse de  las auditorias del PAMI y las obras sociales, es técnicamente compleja ya que sería necesario modificar sus estatutos.

Sin embargo, hay un atajo y sería desdoblar en dos a Farmalink para transferirle al PAMI el área de los controles que más le interesa a Cassinotti. Otra alternativa sería “refundar” la gerenciadora en una nueva sociedad con injerencia sustancial del PAMI.

El tema de los medicamentos ambulatorios, el PAMI insiste en los precios máximos o de referencia, aunque podría allanar un acuerdo si la industria acepta una nueva rebaja de ocho a diez puntos.

“Para  nosotros es imposible aceptar los precios máximos, que dejarían a muchos medicamentos fuera de convenio”, señalaron voceros industriales. Precios máximos implica además un precedente que irrita a las cámaras del sector  pues se traduciría en un vademécum cerrado.

Peor es el panorama para los laboratorios nacionales que proveen al PAMI de oncológicos con una antigüedad de cinco a diez años en el mercado.

Cassinotti directamente pide un descuento del 80 por ciento porque considera que ya cumplieron su ciclo y los laboratorios acumularon la suficiente rentabilidad.

En cambio, no hubo definiciones de que estrategia asumirá el PAMI  con los medicamentos  oncológicos de alto costo provistos por las multinacionales, importados de sus casas matrices y cuyos precios provocan dolores de cabeza en EEUU y la UE.

Quizás la estrategia pase por la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud, proyecto que viene muy demorado y atado a otros acuerdos con el sindicalismo.

Por un lado o por el otro, todo apunta al ajuste que Cassinotti mencionó durante la reunión en La Rosada, cuando explicó  que el PAMI tuvo el año pasado un déficit operativo de 3 mil millones de pesos, superior al 2 por ciento de su presupuesto  y el objetivo impuesto desde la Jefatura de Gabinete es eliminarlo para junio venidero.

No todo el ajuste –se supone-  recaerá sobre los medicamentos, pues también hay prótesis y otros costos operativos desbordados.

Pero, en medicamentos el PAMI gasta mensualmente 2.400 millones de pesos mensuales y Cassinotti volvió a repetir que considera que es una cifra excesiva.

Aún más contundente sobre los objetivos fue Nicolás Pavlovsky, coordinador de la Jefatura de Gabinete, ex CEO de Direct TV y con master en la Universidad de Harvard, que aparece como el nuevo hombre fuerte del gobierno para negociar con la industria. ¿Será el espadachín de Lopetegui o lo envió a la cancha Mario Quintana para barrer en el medio campo? .

Pavlovsky  fue directamente a la cuestión de fondo y afirmó que “para el gobierno el eje central es la reducción del precio de los medicamentos que paga el PAMI”.

También deslizó críticas al convenio tal como existe desde sus orígenes, al afirmar que el PAMI  no debió haber renunciado a las auditorías y el pago directo de las prestaciones, una de las demandas históricas de los farmacéuticos.

La industria respondió que si el convenio avanzó con fallas, con gastos excesivos, con desmadres y controles inexistentes, no fue por errores de la industria sino de las conducciones que se sucedieron en el PAMI ya que todas prometían transparentar y luego terminaban en el mismo lodazal. Y por algo habrá sido….

“En la reunión de la Rosada nos tiraron con cinco misiles”, admitieron voceros de la industria que quizás habían esperado otro clima luego de una reunión que el presidente Mauricio Macri mantuvo en Olivos con el empresario farmacéutico  Daniel Sielecki.

En esa reunión no estuvieron las cámaras de la industria, solo el socio de Hugo Sigman y Lopetegui ,  además del ascendente Nicolás Pavlovsky, y  supuestamente el presidente laudó a favor de las cámaras en cada punto conflictivo  que se expusieron sobre la mesa sobre la negociación del convenio PAMI.   Excepto en el tema de Farmalink que avaló a sus funcionarios.

Macri -según el relato – de algunos de los escasos testigos,  mencionó que  tenía confianza “en el nuevo protagonismo de la industria farmacéuticas argentina” en el contexto económico de los próximos años.

El convenio PAMI  es para industria una cuestión de supervivencia aunque también puede ser un caballo de Troya. Por ahora seguirán las negociaciones a través de tres comisiones de trabajo para ir redactando la letra fina.

Y también,  en una inusual medida en un  país donde siempre se colocan las luces cortas,  hay una de largo plazo: la conformación de una comisión que estudiará un plan de acción conjunto que mejore la competitividad del convenio en el plazo de cinco años.

Fuente: Pharmabaires

 


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PAMI quiere seguir ahorrando, y buscará pagar menos en medicamentos en 2018

El PAMI se propone un ahorro de 25 por ciento en el nuevo convenio que firmará con la industria farmacéutica a partir de marzo de 2018.

Uno de sus primeros objetivos es conseguir una sensible rebaja en los medicamentos oncológicos, para los que amenaza dar batalla con una licitación pública. Estos medicamentos están, principalmente, en manos de los laboratorios extranjeros, por lo que la pelea promete ser difícil.

Para los medicamentos ambulatorios, que son provistos principalmente por laboratorios nacionales, el PAMI amenaza, de nuevo, con establecer precios de referencia.

PAMI  ha comenzado a esbozar las líneas rectoras que ordenarán sus negociaciones con la industria.  La pelota se puso en movimiento en los últimos días y los directivos de la obra social de los jubilados  ya instalaron la presión sobre los laboratorios, especialmente los importadores de oncológicos que son en su mayoría multinacionales.

En esas primeras definiciones escuchadas de boca de los negociadores del PAMI,  se mencionó como objetivo reducir el costo mensual del convenio en alrededor de 25 por ciento.

Nada novedoso para la industria, pues cuando Sergio Cassinotti llegó a la dirección del PAMI y “técnicamente” anuló el convenio  durante algunas semanas, cuando se volvió a sentar a negociar, adelantó que se proponía una reducción del 25 por ciento promedio para la próxima renovación. Aseveración acompañada de cuadros estadísticos que indicaban un costo excesivo en medicamentos comparado con otros países.

La novedad está ahora en los precios de referencia que  se propone fijar para los ambulatorios y la ofensiva que se promete agresiva contra los precios abrumadores de los oncológicos y otros medicamentos de alto costo.

Para  fijar los precios de referencia, Cassinotti cuenta ahora con el convenio firmado con FEFARA que “no se toca” por más que alguna cámara industrial o algún prestador de la cadena proteste, enfatizó.

En cuanto a los oncológicos,  Cassinotti ya avisó a través de sus voceros en los primeros escarceos con la industria que está dispuesto a ir a fondo con una sustancial reducción de los precios.

La primera opción es negociar con los laboratorios multinacionales haciendo uso del nuevo poder que le proporciona la resolución 1004-E del Ministerio de Salud y de la Superintendencia Servicios de Salud (SSS) que autoriza las compras conjuntas de medicamentos e insumos para PAMI  y para IOMA, cuyo convenio también debe renovarse en marzo.

La segunda opción,  en caso de fracaso de la primera, es convocar directamente a una licitación también conjunta para proveer a PAMI y a IOMA, licitación que podría ser internacional,  aseguran los voceros del organismo, que ahora no temen las impugnaciones que sufrieron otras licitaciones similares en el pasado.

“Tienen que bajar los precios si o si”, enfatizan en el entorno de Cassinotti,  prometiendo que durante los dos próximos meses van a “operar” especialmente sobre las multinacionales.

Sin duda una situación difícil se les presenta a los CEO de las filiales locales de las multinacionales, que deberán ofrecerles un menú de opciones a sus casas matrices.

Para estas casas matrices quedarse sin el negocio de Argentina puede ser un golpe (o apenas un mal trago) en su facturación mundial.  Pero aceptar una rebaja significativa llevaría a que por efecto cascada otros países de la región o de Asia les pidan descuentos similares.

O sea un mal precedente que no deja demasiadas puertas elegantes para escapar de la encerrona que les propone Cassinotti.

Como primera medida, las multinacionales ya advirtieron cómo van a ajustar: con despedidos masivos y reduciendo al mínimo su plantel en el país. Los APM (visitadores médicos) serán las primeras víctimas del achicamiento.

Achicamiento que tampoco se origina exclusivamente en cuestiones locales.  Teva está reduciendo 14 mil puestos de trabajo en todo el mundo y 1.400 son en su casa matriz de Israel. Allergan ya despidió recientemente a 109 empleados en California y estudia otra poda de un millar en el resto del mundo.

“Para conseguir que el presupuesto de medicamentos del PAMI este año se reduzca en 25 por ciento tenemos que empezar con los medicamentos de alto costo,  específicamente los oncológicos”,  aseveran los colaboradores de Cassinotti.

El  argumento es válido pero en la práctica puede encontrarse con la demanda inducida de los laboratorios y los médicos que recetan determinadas marcas.

Hay medicamentos nuevos que ingresan al mercado argentino con un costo de 250 mil dólares y ¿Qué pasará cuando llegue al país el medicamento contra la ceguera más caro del mundo que acaba de aprobarse en Estados Unidos? (ver nota aquí)

En el PAMI y en la SSS lamentan que no haya avanzado durante el año pasado la creación de la  Agencia Nacional  de Evaluación de Tecnologías de Salud, que hubiese funcionado como barrera ante estas nuevas drogas cuando se solicitan para la seguridad social.

Una estrategia de dudosa validez ató su creación a la reforma laboral. Un anzuelo para los sindicalistas y las obras sociales que por ahora ha dejado a Cassinotti en un combate casi personal contra los laboratorios de oncológicos.

Fuente: Pharmabaires


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Una “Farmamóvil” frente a Tribunales

Farmacéuticos en alerta por lobbies en la Corte Suprema de Justicia argentina para instalar farmacias shopping y conseguir beneficios en la atención al PAMI.

El primer jueves de diciembre, desde temprano y hasta las 14 hs., por iniciativa del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, se instaló un “Farmamóvil” frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Allí y en los alrededores, los farmacéuticos estuvieron entregando material informativo, respondiendo consultas y explicando las consecuencias que tendría una decisión de la Corte -que fuera contraria a las leyes actualmente vigentes-, para la salud pública, para las farmacias comunitarias y para el acceso de la población a los medicamentos.

La iniciativa se mantendrá los jueves del mes de diciembre, de 10 a 14 hs frente al Palacio de Tribunales, con la consigna Cuando la salud está en peligro el remedio es la justicia.

El trailer también recorrerá otros lugares de la provincia de Buenos Aires, para promover campañas sanitarias de prevención, dando información a los pacientes, realizando controles de presión arterial, y será un espacio para conversar con el público y compartir material de defensa profesional.

También para responder sus consultas, sobre todo las referidas a las consecuencias que tendría vulnerar las leyes vigentes para la salud pública, para el acceso al medicamento y las farmacias comunitarias.

La situación es debida a una doble pretensión de la cadena Farmacity: por un lado pretende que la Corte Suprema avale cambiar las normas existentes, que garantizan un servicio farmacéutico adecuado y garantías para el acceso de la población a sus medicamentos.

Por otro lado, la mega cadena de farmacias -propiedad de un funcionario del gobierno nacional-, presentó un requerimiento para que se le mejoren los beneficios que recibe por atender a los afiliados de la obra social PAMI, en detrimento de las farmacias pequeñas y medianas, o situadas en lugares alejados de los grandes centros urbanos.

 


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Diputados contra las farmacias polirrubro

Un proyecto de ley quiere evitar que se vendan en las farmacias productos ajenos a la salud.

El proyecto busca evitar que “se tergiverse el verdadero rol de las farmacias, consistente en la provisión de un servicio de utilidad pública”, centrado en la dispensa de medicamentos y productos para la salud de la población.

También se considera que el hecho de que existan establecimientos farmacéuticos que puedan expender otra clase de bienes tales como golosinas, bebidas, comestibles, artefactos para el hogar u oficinas, juguetes, indumentaria, etc., “es algo que poco tiene que ver con la actividad propia de una farmacia y sí con la ampliación de un negocio en busca de obtener ganancias con la venta de productos que escapan al contralor de la autoridad sanitaria competente.”, según advierten los diputados autores del Proyecto.

El proyecto está enmarcado en los alertas que se viene dando por la ampliación de las cadenas de farmacias polirrubro, algunas sustentadas desde fondos de inversión y sociedades anónimas y que piden cambios en las legislaciones a su favor, y la discusión entre los modelos de farmacia, sanitario vs. “shoping”.

Lo que propone el proyecto es modificar los art. 1 y 2 de la Ley Nacional 17.565 para que queden redactados de esta forma:

LEY 17.565 – ARTÍCULO 1º: Modificase el Artículo 1° de la Ley 17.565, el que quedará redactado de la siguiente forma:
ARTÍCULO 1°: “La preparación de recetas, el expendio de drogas, medicamentos, incluidos los denominados de venta libre y de especialidades farmacéuticas, cualquiera sea su condición de fraccionamiento, sólo podrán ser efectuadas en todo el territorio de la Nación en farmacias habilitadas.
Los medicamentos denominados de venta libre deberán ser expendidos personalmente en mostrador por farmacéuticos o personas autorizadas para tal fin.
La autoridad sanitaria competente podrá disponer la incorporación de otro tipo de productos, en el caso que éstos tengan una relación directa con el cuidado de la salud pública y que estén dentro de su órbita de control.
Su venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia y, sin perjuicio de las sanciones establecidas por la ley, los que la efectúen podrán ser denunciados por infracción al Código Penal”.
ARTICULO 2°: Modificase el Artículo 2° de la Ley 17.565, el que quedará redactado de la siguiente forma:
ARTICULO 2°: “Las farmacias deberán ser habilitadas por la autoridad sanitaria competente quedando sujetas a su fiscalización y control; la que podrá suspender la habilitación o disponer su clausura cuando las condiciones higiénico-sanitarias, la insuficiencia de elementos, condiciones técnicas o deficiencias de las prestaciones, o la venta de productos no autorizados así lo hiciere pertinente.
Las máximas autoridades sanitarias a nivel nacional y provincial se encuentren facultadas para autorizar a título precario, en zonas en donde no actúen farmacéuticos, el establecimiento de botiquines de medicamentos, debiendo determinar las condiciones administrativas, debiendo determinar las condiciones administrativas e higiénico-sanitarias de los mismos.
Los programas nacionales, provinciales, municipales o comunales destinados a la provisión de medicamentos o productos mencionados en el artículo 1° de la presente ley, deben contar con la supervisión de farmacéuticos, conforme lo regule la autoridad jurisdiccional competente.
ARTÍCULO 3º: De forma.

Ver el proyecto de Ley completo  AQUÍ


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Caso Farmacity: Vidal dice que “no intervendrá”, pero apoya a Quintana

La gobernadora bonaerense no distingue entre un modelo sanitario y la farmacia shopping.

En declaraciones a la señal A24, María Eugenia Vidal reconoció que no intervendrá en el juicio que lleva adelante Farmacity contra su provincia, porque entiende que hay un “conflicto de intereses”. (Ver una síntesis del caso AQUÍ)

Quienes están siguiendo el caso advirtieron que en los dichos de la gobernadora hay dos errores de apreciación. Por un lado, no distingue entre un interés sanitario y un interés económico. Y por otro lado, el juicio que lleva adelante Farmacity es contra la provincia de Buenos Aires, que ella gobierna.

Como hicieron otros gobernadores, incluso los que la precedieron a ella en la provincia de Buenos Aires, se esperaba que Vidal apoyara el federalismo y las  leyes sanitarias provinciales. Cabe aclarar que el juicio iniciado por Quintana es directamente contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y no contra entidades farmacéuticas.

Al no intervenir en un juicio que es contra las leyes sanitarias de su distrito, Vidal eligió alinearse políticamente con quien hoy es el vicejefe de Gabinete del gobierno nacional -y miembro de su propio partido político-, el economista Mario Quintana. La lectura que la perjudica es que, actuando así, subordina el interés sanitario de su provincia al interés comercial de un funcionario del gobierno central.

Por el contrario, otros dirigentes del oficialismo se manifestaron claramente en contra del reclamo judicial. El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli (PRO), consideró que una llegada de Farmacity al ámbito bonaerense “es un avasallamiento a la Ley Provincial de Farmacias”.

Jueces amigos y el verdadero “conflicto de interés”

Mario Quintana: funcionario y dueño de Farmacity

A pesar de la apariencia que intenta mostrar Vidal de desentenderse, cada vez es más evidente que en el caso hay operaciones políticas, sin las cuales la Corte Suprema nacional no hubiera aceptado el caso. Vale recordar que en la Corte Quintana puede ejercer su influencia porque tiene dos jueces amigos: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Uno fue abogado de la cadena comercial de medicamentos, el otro tuvo como asesora a la actual directora de Asuntos Jurídicos de la empresa.

La demanda de Farmacity es, efectivamente, contra el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, por lo que Vidal no puede desentenderse. Lo comenzó Mario Quintana en 2012, cuando era presidente de la compañía. Es más, la primera hoja del expediente que hoy tiene en sus manos la Corte Suprema es un poder firmado por el propio Quintana.

El verdadero “conflicto de interés” es entonces entre la función pública y los intereses personales, y no solo afecta al actual vicejefe de gabinete Quintana, sino también a los jueces Rosatti y Rosenkrantz. La posibilidad de ingresar al mayor distrito del país aumentaría de inmediato, y enormemente, el valor accionario de la cadena.

La postura de la Facultad de Farmacia

A diferencia de la postura ambigua de la gobernadora Vidal, entidades académicas no aceptan que intereses económicos afecten los servicios que pueden brindar las farmacias.

La Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires se manifestó en contra de la modificación de las actuales normativas sanitarias de la provincia de Buenos Aires.

En una resolución, la entidad académica dejó en claro que “rechaza todo intento de modificación de la normativa vigente en la Provincia de Buenos Aires”, en resguardo de las farmacias, del rol profesional del farmacéutico, y de la salud pública.

La Facultad también recuerda y reivindica que los medicamentos son bienes sociales, rechazando “todo intento de priorizar intereses económicos sobre la salud de la población”. 

Los farmacéuticos “abrazan” Tribunales

Los farmacéuticos reaccionaron con un “abrazo” a la Corte Suprema, concentrándose frente al Palacio de Justicia de la Nación. Allí apuntaron directamente a Mario Quintana, denunciando como algo evidente que si el funcionario no estuviera ligado a la cadena, la Corte no hubiera aceptado un caso que ya se decidió en la provincia.

Isabel Reinoso, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Buenos Aires, le exigió a la Corte Suprema que sostenga los fallos sucesivos de la justicia bonaerense, que reafirmaron  la negativa a Farmacity a operar en ese territorio, fundamentándose y poniendo en relevancia  aspectos sanitarios.  “Una decisión contraria afectaría gravemente el modelo sanitario de nuestra provincia y cambiaría la norma que regula la cantidad de farmacias por habitante y la distancia de 300 metros que debe existir entre cada farmacia en toda la provincia”, alertó Reinoso.

Fuente: FarmaPress
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Perú: canibalización entre cadenas de farmacias

Dos cadenas ya se apropiaron del 90% de las farmacias. Hubo condenas por prácticas monopólicas y concertación de precios.

Casi el 90% de las farmacias peruanas pertenecen a dos cadenas: Inkafarma y Mifarma. Fue tal la apertura de locales de estas dos cadenas, que ya se habla de “canibalización” del sector.

Desde 2016 a la fecha, entre las dos cadenas, abrieron o compraron más de 400 farmacias en todo el territorio peruano.

Inkafarma tiene el liderazgo del mercado farmacéutico con el 48.8 por ciento y más de 1150 locales, el 43% está en Lima mientras que el 57% se ubica en provincias peruanas. Esta cadena abrió 130 locales en los últimos tres meses de 2016.

Su competidora Mifarma tiene 1020 locales a nivel nacional, en marzo de 2016 compró los 360 locales de la cadena Arcángel.

Habiendo logrado una posición dominante en el sector de medicamentos, la estrategia de desarrollo de ambas cadenas no es ahora desarrollar servicios farmacéuticos más eficientes, sino competir con almacenes, supermercados, y los formatos “hard discount” que los supermercados están implementando, también con los mercados tradicionales que venden productos de higiene y cuidado personal. Ambas compañías vienen desarrollando su expansión en formatos de “tiendas de conveniencia” con Mimarkets y beauty centers.

InRetail, la sociedad propietaria de Inkafarma, también ha realizado inversiones en el sector supermercadista y de distribución de alimentos. Mifarma, por su parte, se ha orientado a comprar farmacias independientes y de otras cadenas, reconvirtiéndolas bajo su propia marca y aumentado su “mix de productos”, a la vez que desarrollando estrategias como el “monedero del ahorro”, para dinamizar las ventas gracias a promociones y descuentos.

No obstante, en el sector medicamentos ambas cadenas no compiten por precios ni servicios, al contrario, al tener una posición dominante se las ha acusado y condenado por prácticas monopólicas y colusión (acuerdos para elevar los precios).


Cantidad de farmacias peruanas en 2016

 

Condenas a las cadenas por prácticas monopólicas

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó en 2016 a cinco cadenas de farmacias peruanas por concertar precios de medicamentos y complementos nutricionales.

Luego de un largo proceso, Indecopi acreditó que cinco cadenas de farmacias peruanas coordinaron para incrementar los precios de 36 productos farmacéuticos y afines, de diferentes marcas y en fechas específicas, desde enero de 2008 a marzo de 2009. La mayoría de las farmacias de esas cinco cadenas hoy fueron absorbidas por las dos megacadenas principales.

Se impuso una multa millonaria y tanto Inkafarma como Mifarma aceptaron realizar los pagos “para no dilatar el proceso y concentrarse en la atención de sus clientes”, informaron sus voceros.

No obstante el pago de las multas, congresistas peruanos sostienen que  hubo una “componenda” entre sectores que se habrían puesto de acuerdo para fijar los precios de medicamentos en perjuicio de los consumidores, y ahora proponen buscar herramientas legales para usar contra las cadenas de farmacias.

“Se ha cometido un delito contra la salud pública en un hecho dado en contra del país”, recalcaron presentaciones de legisladores peruanos, que piden ahora que estos hechos sean considerados delitos contra la salud pública.

El excongresista y exdirector de Indecopi, Jaime Delgado, pidió que el Congreso peruano modifique la ley que actualmente no contempla sancionar penalmente a empresas o personas que incurren en concertación de precios, lo que constituye colusión.

“Desde el Congreso debe restituirse la tipificación penal de colusión ilegal. Actualmente solo es una falta administrativa y se sanciona con multas. La sanción debe ser mucho más drástica. Convertirla nuevamente en un delito para sancionar penalmente a los representantes de las empresas, a los gerentes generales que se presten a este tipo de maniobras”, alertó.

Fuente y gráfico: gestion.pe

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RESCISIÓN DEL CONVENIO PAMI: LA SITUACIÓN DE LAS FARMACIAS

Fuentes del PAMI aseguraron que no se afectaría la situación de las farmacias, aunque se recortarían prestaciones y costos en el sector de alto costo y en los medicamentos de entrega gratuita. La Confederación Farmacéutica anunció que la atención a los jubilados se brindará con normalidad, mientras se respeten los plazos de pago a las farmacias.

El PAMI rescindió unilateralmente el convenio que se había firmado en febrero pasado para la provisión de medicamentos a los jubilados. El motivo que se argumentó es que PAMI está gastando $ 600 millones por mes más de lo que tenía presupuestado para medicamentos.

En números globales, el PAMI está destinando actualmente $ 3000 millones mensuales a la compra de medicamentos, pero el instituto estaría intentando llevar ese monto a unos $2400 o como máximo $2500 millones al mes, esto es, poco más de lo que desembolsaba el año pasado.

El recorte se efectuaría principalmente en los medicamentos de alto costo: saltó la alarma ante aumentos del 30 al 50% en el costo de las prestaciones en este segmento en los últimos meses, según aseguraron fuentes del instituto. No se descarta, para estos medicamentos, que se intente un mecanismo de cobertura por monto fijo, o precio de referencia máximo, como se viene haciendo en el IOMA, el instituto de donde proviene el actual interventor del PAMI Sergio Cassinotti.

También se buscaría recortar los medicamentos que se entregan gratuitamente a los jubilados para tratamientos crónicos (Res. 337), que hoy superan los 6 millones de unidades mensuales, reduciéndolos en al menos un 20%.

El actual interventor del PAMI se caracteriza por negociar con dureza y jugar fuerte. No tiene el perfil político de su antecesor Regazzoni, aunque sí mantiene permanentemente conversaciones con todas las entidades interesadas del sector.

La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), ante la inquietud de las farmacias, ha emitido un comunicado donde se informa que en conversaciones mantenidas con Cassinotti “se ha garantizado el pago de todas las prestaciones que las farmacias realicen hasta la concreción de un nuevo contrato”.

Ha trascendido la carta documento que el PAMI envió a la industria farmacéutica (que es la firmadora del convenio), donde el instituto argumenta, como motivo de la rescisión, cuestiones presupuestarias. Por tal motivo, la COFA manifiesta que “ha dejado en claro a las autoridades del PAMI la total imposibilidad de las farmacias de hacer frente a mayores aportes que los que ya vienen realizando, que de por sí son insostenibles”, razón por la cual corresponde “continuar el proceso de negociación para la reducción de dichos aportes, ante las graves dificultades económico-financieras que atraviesan las farmacias para asegurar su sustentabilidad.”

Ante lo delicado de la situación, la Confederación Farmacéutica, que reúne a los Colegios de Farmacéuticos, se comprometió a mantener una vía de comunicación permanente con las farmacias prestadoras, y pidió que “las farmacias recurran a la información veraz y confiable que surge de la fuente institucional que constituyen la COFA y sus colegios, prescindiendo de atender a versiones y rumores sin fundamento que terminan sembrando confusión y mayor incertidumbre.”

 


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