En defensa del modelo sanitario de farmacia

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En defensa del modelo sanitario de farmacia

En este documento publicado por la Agrupación Médica Luis Aredez se toma postura a favor del modelo sanitario de farmacias. 

 Se rechaza el “modelo” de cadenas de farmacias “shoppings”, que se presenta publicitariamente como un adelanto o una alternativa “moderna” , y se detallan las propuestas más recientes de FIP y OPS/OMS para lo que deben ser las nuevas orientaciones de los servicios farmacéuticos, que coinciden con la propuesta del modelo sanitario de farmacias.

La nota advierte acerca del avance de los negocios privados sobre el derecho a la salud, que también se viene observando en otras áreas.

Transcribimos el artículo original:

EN DEFENSA DEL MODELO SANITARIO DE FARMACIAS – Documento publicado por la Agrupación Médica Luis Aredez

Es necesario reaccionar y tomar una postura firme y muy clara cuando se pretende avanzar sobre el derecho a la salud para dar lugar a los negocios privados. Hoy, esto está pasando en el sector farmacéutico.

En el caso de las farmacias, el intento se hizo más evidente, y llegó a algunos medios de prensa, porque está resultando beneficiado un funcionario público: el Vicejefe de Gabinete del gobierno nacional, el economista Mario Quintana, que es el fundador y dueño de la cadena de farmacias más grande de Argentina.

Funcionarios públicos con negocios privados

Desde que Quintana es funcionario público, su cadena de farmacias (Farmacity) fue favorecida por decisiones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, el año pasado, y más recientemente por un dictamen de la Procuración General de la Nación. En el primer caso, se benefició a esa empresa en relación a la atención al PAMI; en el último caso el dictamen judicial sirvió para acompañar la intención de Quintana de instalar su cadena de farmacias en la provincia de Buenos Aires, donde una ley sanitaria se lo prohíbe.

También, se procesó a un alto funcionario del Ministerio de Salud de la Nación acusado de proteger a la empresa de Quintana, a la que no se le habrían aplicado las sanciones administrativas que correspondían. Las faltas sanitarias que se detuvieron serían más de cien.

El funcionario Quintana promueve para su cadena de farmacias el estilo “farmashopping”, un tipo de establecimiento comercial de venta polirrubro que busca maximizar ganancias y relega a un segundo plano la función sanitaria de las farmacias y el rol de los farmacéuticos como agentes de salud.

Para fundamentar sus argumentos, el dictamen de la Procuración se basó en el decreto 2284 del PEN, sancionado el 31 de octubre de 1991, a instancias del entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo. El decreto desregulaba varios aspectos de la actividad farmacéutica; por ejemplo, permitió que fondos de inversión extranjeros pudieran ser propietarios de farmacias, a través de sociedades anónimas; también permitió la apertura de farmacias dentro de supermercados e impidió todo intento de distribución racional en la instalación de estos establecimientos sanitarios.

Lejos de mejorar el modelo de farmacias argentino y los servicios farmacéuticos, dándoles una orientación sanitaria y un lugar dentro del sistema de salud, se las desvirtuó y se favoreció el negocio de unas pocas empresas.

Se desmerece la función sociosanitaria de farmacias y farmacéuticos

Este modelo que se promueve ahora desde los más altos niveles del gobierno nacional argentino, ya ha demostrado sus efectos negativos en otros países sudamericanos.

El caso más conocido es el chileno, donde la desregulación absoluta del sector, en las últimas décadas, llevó a que la dispensa de medicamentos a la población esté concentrada a tal punto que es manejada por solamente tres cadenas de farmacias.

El perjuicio que se ocasionó en el país trasandino quedó en evidencia cuando se detectaron aumentos concertados de precios de más de 200 medicamentos, entre ellos muchos para enfermedades crónicas: epilepsia, diabetes, asma, reumatismo, hipertensión, y también antibióticos y anticonceptivos. Estas cadenas de farmacias concertaron sobreprecios de medicamentos de hasta el 3000 %. A la vez, en ellas el trabajo de los profesionales farmacéuticos es cada vez peor retribuído.

¿Cuál es el sistema “moderno” de farmacias?

Publicitariamente, el “modelo” de cadenas de farmacias “shoppings” se presenta como un adelanto, una alternativa “moderna” contra un modelo sanitario de farmacias que se quiere estigmatizar como “atrasado”. Esta es una falacia, que no resiste el más mínimo análisis cuando se consideran las últimas recomendaciones de los organismos sanitarios internacionales.

En efecto, si se consideran las directrices conjuntas de la FIP (Federación Internacional de Farmacias) y de la OMS sobre buenas prácticas de farmacia (año 2011), así como también las recomendaciones en cuanto a los estándares de calidad de los Servicios Farmacéuticos de la OPS/OMS (año 2013), el desarrollo de un modelo sanitario de farmacias sostiene propuestas muy distintas a las que quieren imponer Quintana y los grandes grupos económicos que actúan en alianza con él, que se orientan hacia el modelo chileno.

Tanto FIP, como OPS/OMS proponen un servicio farmacéutico cercano a la población, con inserción comunitaria, de cercanía, que brinde posibilidad de acceso a las consultas, a la educación sanitaria, al uso adecuado de los medicamentos, con una distribución racional de las farmacias para que sean la puerta de entrada al sistema sanitario formal. Es decir, todo lo contrario a lo que propone el modelo “farmashopping”: grandes superficies concentradas en los centros urbanos (donde es redituable el negocio), orientación al consumo inadecuado de medicamentos y subutilización de los recursos humanos formados.

Farmacias, CUS, AGNET, PAMI: negocios sin límite

Nada de lo anterior, sin embargo, puede sorprendernos. Va en línea con el avance de las estrategias de mercado y de los negocios privados sobre el derecho a la salud de la población, que también se viene observando en otras áreas.

La reforma del sistema de salud argentino, a través de la llamada “Cobertura Universal de Salud” (CUS), promovida por un decreto presidencial, también se propone generar ganancias a empresas privadas, retirándose el Estado de las prestaciones y dejando de lado regulaciones para generar un negocio que quedará en pocas manos.

En el PAMI, la tendencia es que el Estado sea un comprador de medicamentos de los grandes laboratorios (con un predominio cada vez más marcado de los laboratorios extranjeros) y de servicios a las farmacias (que terminará concentrándose en las grandes cadenas), ofreciendo cada vez menos beneficios y menos cobertura a los afiliados.

La Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AGNET), recientemente presentada en el Senado, acotará la responsabilidad del Estado a una cantidad limitada de prestaciones y al suministro de algunos medicamentos básicos, abriendo el negocio a empresas privadas para otro tipo de tratamientos y farmacoterapias.

En síntesis, hoy en el ámbito de las farmacias, como en otras áreas, se hace evidente que se favorecen negocios privados –muchas veces ligados a funcionarios públicos-, se limitan las posibilidades de los profesionales para desarrollarse y ofrecer sus servicios, subutilizándolos y subordinándolos a un interés comercial, a la vez que se hace cada vez más difícil el acceso a la salud para la población.

Ver el documento original aquí.


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De farmacias a farmashoppings: ¿el “cambio” hacia atrás?

Una crítica a la orientación que se le quiere dar a las farmacias argentinas.

En esta nota publicada por Nuevo Encuentro Salud de la Ciudad se analizan hechos recientes y se los pone en relación con iniciativas que ya han fracasado en el pasado.

Se remarca también la coincidencia de ideas entre Mario Quintana (dueño y fundador de Farmacity), Rodriguez Larreta (Gobernador de la Ciudad de Buenos Aires) y María E. Vidal (gobernadora de la Provincia de Buenos Aires), que están expuestas en un libro que escribieron juntos.

Transcribimos la nota original:

 

EL “CAMBIO” HACIA ATRÁS EN SALUD: DE FARMACIAS A FARMASHOPPINGS

El gobierno macrista aplica el concepto de Mario Quintana: no hay límites para los negocios.

Días pasados, causó sorpresa, malestar y alerta un dictamen de la Procuración General de la Nación a favor de Farmacity, la empresa del Vicejefe de Gabinete del gobierno nacional, Mario Quintana.

Causó sorpresa porque se opuso a tres fallos de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que habían sido adversos a Farmacity. Estos fallos defendían la ley provincial, que regula y promueve un modelo sanitario de farmacias.

En efecto, la ley 10.606 de la provincia de Buenos Aires garantiza una distribución racional de establecimientos farmacéuticos en todo el territorio, en función de recomendaciones sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, con parámetros de densidad poblacional y distancia para su instalación.

La ley permite la propiedad de las farmacias a profesionales farmacéuticos y a determinadas figuras societarias, de las que se excluye a las sociedades anónimas.

Ambas regulaciones legales obstaculizan los intereses de Mario Quintana, que no puede instalar su cadena de farmacias.

El modelo de farmacias propuesto por el funcionario, sustentado con dinero proveniente de fondos de inversión, sigue una orientación netamente comercial, no sanitaria, volcada a la oferta polirrubro, con un modelo “farmashopping” que banaliza los medicamentos transformándolos en un bien de consumo. Asimismo, desmerece la atención profesional farmacéutica y los servicios sanitarios que podrían brindarse en las farmacias, ocultándolos detrás de la oferta polirrubro que incluye golosinas, lencería y bazar.

Esto responde estrictamente a los criterios defendidos por Mario Quintana, planteados en conceptualizaciones teóricas, y llevados luego a la práctica en su modelo “farmashopping”.

 

Quintana, Rodriguez Larreta y Vidal: unidos por las mismas ideas

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El libro que escribieron juntos Quintana, Larreta y Vidal.

En un libro de 1998, titulado “Domando al elefante blanco”, escrito en colaboración con su ex compañero de estudios, el hoy gobernador y también economista Horacio Rodriguez Larreta, Mario Quintana expone temerariamente sus “soluciones” para atender derechos básicos, entre ellos la salud y la asistencia sanitaria.

Su propuesta es darle toda la autonomía posible a las empresas privadas para que se hagan cargo de las necesidades de la salud, haciendo con libertad sus negocios. En la práctica, esto lo traduce en requerir autonomía absoluta para sus “farmashoppings”, instalándolas donde le convenga, y vendiendo todo lo que sea rentable, olvidándose de la función sociosanitaria de estos establecimientos.

En el mencionado libro, participó una recién recibida, Licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina: María Eugenia Vidal. Resulta fácil observar los lazos conceptuales que unen a Vidal con Quintana, y los motivos por los que, la actual gobernadora de la Pcia. De Buenos Aires, no defiende las leyes sanitarias de su provincia, amenazadas por Quintana.

(Ver este link para información del libro de referencia)

 

El dictamen de la Procuración a la Corte: desregulatorio y a favor de la libertad de empresa

El reciente dictamen emitido por la Procuración es a la medida de Quintana: recomienda a la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptar el caso iniciado por el funcionario, y habilitar la sociedad anónima para permitir la entrada de su cadena de farmacias en cualquier territorio de la Nación.

El expediente, que había sido presentado por el propio Mario Quintana, sostenido actualmente en su calidad de funcionario público, implica un juicio al Estado, ya que litiga contra gobiernos provinciales.

El dictamen que firmó el Procurador interino Eduardo Casal (designado por el gobierno en lugar de Alejandra Gils Carbó) debe generar alerta también por sus fundamentos: se basa casi exclusivamente en el decreto de desregulación económica 2284 del año 1991, que habilitaba a que: “cualquier persona física o jurídica de cualquier naturaleza” pueda ser propietaria de farmacias, “sin ningún tipo de restricción de localización”.

Es decir, aquel decreto desregulatorio de los años noventa, impulsado por el entonces todopoderoso Domingo Cavallo, el ex Ministro de Economía, que llevó el país a la ruina, es el que otorga los “cambios” que ahora pide Quintana… veintisiete años después.

El mismo decreto 2284/91 es el que también permitió la venta de medicamentos en quioscos, y que los supermercados pudieran abrir pequeños “stands” de 20 metros cuadrados para la venta de medicamentos (no se los puede llamar farmacias) entre sus góndolas: el mismo modelo comercial que sigue ahora Quintana en sus farmashoppings.

En este link se puede ver la redacción original del decreto 2284/91, véanse los artículos a los que hacemos referencia: 13, 14 y 15, estos dos últimos pudieron ser modificados con posterioridad a instancias de las entidades profesionales farmacéuticas, pero el relativo a la propiedad de las farmacias es el único que aún se mantiene vigente, y fue justamente el utilizado en el dictamen de la Procuración para favorecer a Farmacity.

En definitiva, son las ideas de Mario Quintana, ahora funcionario, las que marcan el rumbo del gobierno y de la justicia macrista: los negocios avanzando sobre la salud, apartando todas las normativas y regulaciones que obstaculicen sus intereses económicos.

Ver nota original aquí.


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El “caso Farmacity” en la Corte Suprema, denuncian presiones

En esta nota, una síntesis del las acciones de Farmacity contra las leyes sanitarias de Buenos Aires

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó una presentación “en queja” de Farmacity, que había perdido en todas las instancias en la provincia de Buenos Aires, incluyendo la Corte Suprema provincial, y se encuentra analizando el expediente. Versiones periodísticas sugirieron que la intervención del máximo tribunal argentino está relacionada a intereses directos de funcionarios. Mario Quintana, ex CEO de la empresa y accionista, hoy es funcionario del gobierno. Esto se suma a que el abogado Carlos Rosenkranz ha representado a Farmacity y hoy es integrante de la Corte. 

El fondo de inversiones Pegasus, que tiene entre sus accionistas a Mario Quintana, secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de Ministros a nivel nacional, logró que la Corte Suprema de Justicia admitiera un recurso de queja, presentado ante los repetidos rechazos de los tribunales bonaerenses a la instalación de la cadena Farmacity en la provincia de Buenos Aires, por una ley que establece un modelo sanitario para las farmacias de ese distrito.

Farmacity inició en mayo de 2012 una acción legal contra la provincia de Buenos Aires, en la que solicita la anulación de la Resolución Nº 000235/12 emanada del Ministerio de Salud Provincial, acto administrativo que rechazaba la solicitud efectuada por la sociedad de habilitar farmacias en la provincia de Buenos Aires. Esto se decidió así, en virtud de las pretensiones de la empresa de quedar exenta de dar cumplimiento a la Ley 10.606, que establece para la instalación de farmacias una distancia mínima de trescientos metros entre una y otra, o una cada 3 mil habitantes, y la prohibición expresa de que sean controladas por una sociedad anónima (tal es el caso de Farmacity), entre otros puntos.

Además, en 2013, el Ministerio de Salud de la Nación dictó una resolución en la que se estableció que las farmacias solo pueden dedicarse a la venta de recetas preparadas, dispensa de drogas, medicamentos y productos destinados a la higiene o estética, por lo que el modelo “shopping” que promueve la firma vinculada al vicejefe de Gabinete es ilegal en los distritos en los que esa normativa tiene vigencia.

El planteo judicial del poderoso grupo empresario tuvo trámite desfavorable en la Justicia de la provincia y, tras fallos negativos en primera y segunda instancias, hasta la Suprema Corte de la provincia dictó resolución por unanimidad avalando lo actuado y ratificando la constitucionalidad de la ley, por lo que el abogado patrocinante de Farmacity adelantó la reserva del recurso de queja ante la Corte nacional. Lo que nadie sospechaba en ese entonces es que ese abogado, Carlos Rosenkranz, sería designado a la postre miembro del máximo tribunal, lo que le valió una impugnación no atendida de parte del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia.

Es decir que Farmacity tiene a su ex Ceo como coordinador del Gabinete y a su ex abogado como juez de la corte, lo que hace evidente la capacidad de lobby empresario para forzar la instalación de la cadena en los distritos en los que está prohibido por ley, para lo cual era necesario, primero, que se admitiera un recurso extraordinario en condiciones de extrema adversidad, porque un fallo a favor de la compañía iría en contra de leyes provinciales con 30 años de vigencia.

En ese sentido las entidades profesionales, no solo farmacéuticas, subrayan que el riesgo real no es la instalación misma de las farmacias, que podría materializarse si aceptaran hacerlo bajo las normas que establece la ley, sino la desregulación absoluta que propone el modelo de Quintana, que transforma a un servicio sanitario y social en un comercio polirrubro, poniendo en riesgo  la sustentabilidad del sistema.

En los 135 distritos bonaerenses hay alrededor de 4500 farmacias, muchas de las cuales se instalaron en barrios periféricos de las grandes ciudades y en pequeñas localidades con pocos habitantes debido a los cupos que establece la ley, por lo que una desregulación como la que propone Farmacity concentraría necesariamente los locales en las zonas comerciales y dejaría otra vez a las zonas alejadas y a los distritos menos poblados sin dispensa de medicamentos.

Y en el mismo sentido se complicaría la disponibilidad y entrega de elementos con cobertura del PAMI, como pañales y bolsas de colonostomía, que hoy se distribuyen en todo el territorio gracias a la red de farmacias, pero que Quintana pretende reemplazar con una entrega por correo, lo que requiere otra desregulación, porque ese sistema de venta y distribución también está prohibido.

Desde el Gobierno bonaerense, por el momento, le han asegurado a los farmacéuticos que no hay ninguna chance de que se pueda avanzar con una modificación a la medida de Farmacity, sin embargo, desde la entidad que nuclea a estos profesionales desconfían de esa respuesta y exigen ser atendidos por la gobernadora María Eugenia Vidal, que nunca les concedió una audiencia, a pesar de los múltiples pedidos en ese sentido.

Además, Quintana ha convertido al disputa también en una cuestión personal y en más de una oportunidad afirmó que “el problema de la Provincia es que tiene a (Isabel) Reinoso como presidente del Colegio”esto es así por la defensa irrenunciable y exitosa de Reinoso de la ley provincial. Quintana no imaginaba que la dirigente bonaerense sería elegida también presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), desde donde también promueve el modelo sanitario que se contrapone con las cadenas de farmacias.

Fuente: El País

 

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Caso Farmacity: Vidal dice que “no intervendrá”, pero apoya a Quintana

La gobernadora bonaerense no distingue entre un modelo sanitario y la farmacia shopping.

En declaraciones a la señal A24, María Eugenia Vidal reconoció que no intervendrá en el juicio que lleva adelante Farmacity contra su provincia, porque entiende que hay un “conflicto de intereses”. (Ver una síntesis del caso AQUÍ)

Quienes están siguiendo el caso advirtieron que en los dichos de la gobernadora hay dos errores de apreciación. Por un lado, no distingue entre un interés sanitario y un interés económico. Y por otro lado, el juicio que lleva adelante Farmacity es contra la provincia de Buenos Aires, que ella gobierna.

Como hicieron otros gobernadores, incluso los que la precedieron a ella en la provincia de Buenos Aires, se esperaba que Vidal apoyara el federalismo y las  leyes sanitarias provinciales. Cabe aclarar que el juicio iniciado por Quintana es directamente contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y no contra entidades farmacéuticas.

Al no intervenir en un juicio que es contra las leyes sanitarias de su distrito, Vidal eligió alinearse políticamente con quien hoy es el vicejefe de Gabinete del gobierno nacional -y miembro de su propio partido político-, el economista Mario Quintana. La lectura que la perjudica es que, actuando así, subordina el interés sanitario de su provincia al interés comercial de un funcionario del gobierno central.

Por el contrario, otros dirigentes del oficialismo se manifestaron claramente en contra del reclamo judicial. El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli (PRO), consideró que una llegada de Farmacity al ámbito bonaerense “es un avasallamiento a la Ley Provincial de Farmacias”.

Jueces amigos y el verdadero “conflicto de interés”

Mario Quintana: funcionario y dueño de Farmacity

A pesar de la apariencia que intenta mostrar Vidal de desentenderse, cada vez es más evidente que en el caso hay operaciones políticas, sin las cuales la Corte Suprema nacional no hubiera aceptado el caso. Vale recordar que en la Corte Quintana puede ejercer su influencia porque tiene dos jueces amigos: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Uno fue abogado de la cadena comercial de medicamentos, el otro tuvo como asesora a la actual directora de Asuntos Jurídicos de la empresa.

La demanda de Farmacity es, efectivamente, contra el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, por lo que Vidal no puede desentenderse. Lo comenzó Mario Quintana en 2012, cuando era presidente de la compañía. Es más, la primera hoja del expediente que hoy tiene en sus manos la Corte Suprema es un poder firmado por el propio Quintana.

El verdadero “conflicto de interés” es entonces entre la función pública y los intereses personales, y no solo afecta al actual vicejefe de gabinete Quintana, sino también a los jueces Rosatti y Rosenkrantz. La posibilidad de ingresar al mayor distrito del país aumentaría de inmediato, y enormemente, el valor accionario de la cadena.

La postura de la Facultad de Farmacia

A diferencia de la postura ambigua de la gobernadora Vidal, entidades académicas no aceptan que intereses económicos afecten los servicios que pueden brindar las farmacias.

La Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires se manifestó en contra de la modificación de las actuales normativas sanitarias de la provincia de Buenos Aires.

En una resolución, la entidad académica dejó en claro que “rechaza todo intento de modificación de la normativa vigente en la Provincia de Buenos Aires”, en resguardo de las farmacias, del rol profesional del farmacéutico, y de la salud pública.

La Facultad también recuerda y reivindica que los medicamentos son bienes sociales, rechazando “todo intento de priorizar intereses económicos sobre la salud de la población”. 

Los farmacéuticos “abrazan” Tribunales

Los farmacéuticos reaccionaron con un “abrazo” a la Corte Suprema, concentrándose frente al Palacio de Justicia de la Nación. Allí apuntaron directamente a Mario Quintana, denunciando como algo evidente que si el funcionario no estuviera ligado a la cadena, la Corte no hubiera aceptado un caso que ya se decidió en la provincia.

Isabel Reinoso, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Buenos Aires, le exigió a la Corte Suprema que sostenga los fallos sucesivos de la justicia bonaerense, que reafirmaron  la negativa a Farmacity a operar en ese territorio, fundamentándose y poniendo en relevancia  aspectos sanitarios.  “Una decisión contraria afectaría gravemente el modelo sanitario de nuestra provincia y cambiaría la norma que regula la cantidad de farmacias por habitante y la distancia de 300 metros que debe existir entre cada farmacia en toda la provincia”, alertó Reinoso.

Fuente: FarmaPress
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El fallo de la Corte Suprema contra la instalación de Farmacity en Mendoza

La justicia mendocina había dado por concluido un juicio de los farmacéuticos contra la instalación de la megacadena en esa provincia argentina, pero ahora la Corte Suprema de la Nación dijo que el juicio sigue. Los farmacéuticos mendocinos dicen que la cadena Farmacity, es  un “monopolio despersonalizado”, con “sede en un paraíso fiscal”. En esta nota, el fallo completo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó reactivar una causa judicial que involucra a la cadena de farmacias Farmacity y al Gobierno de Mendoza (que permitió su instalación), por la supuesta violación, de normas que rigen la radicación y actividad de establecimientos farmacéuticos en la provincia. En su momento, la demanda fue presentada por el Colegio  Farmacéutico local y cámaras empresarias del sector.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza había decretado la “caducidad de instancia” de la causa, o sea el archivo del expediente por falta de “impulso procesal”.

Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisó ese fallo en una instancia superior e invalido la sentencia de la Suprema Corte de Mendoza porque “no se tuvieron en cuenta medidas de prueba pedidas por los demandantes que son farmacéuticos mendocinos colegiados que consideran que se ha vulnerado la legislación provincial”.

La acción “procesal administrativa” contra el gobierno mendocino  fue promovida por el Colegio Farmacéutico, la Cámara de Farmacias y el Centro de Empresarios Farmacéuticos de Mendoza.

Las entidades sostuvieron en la demanda que la cadena Farmacity, es  un “monopolio despersonalizado”, con “sede en un paraíso fiscal”, que vulneró normas cuando, a partir de 2008, decidió adquirir las marcas mendocinas Del Águila y Farmacias Mitre.

Los afectados advirtieron, además, que el manejo de los medicamentos  en la provincia, “ponen en riesgo la salud y seguridad pública de la población”.

Para el Colegio Farmacéutico de Mendoza “se violaron normas sobre transferencias de fondos de comercio y requisitos para el establecimiento en la provincia de ese tipo de comercios”.

Según la demanda se trató de un proceso ilegítimo, porque mientras la ley 7.303 de 2004, que regula a las sociedades colectivas o de responsabilidad limitada del sector, fija hasta 2 farmacias por persona física o ideal como tope, Farmacity, al comprar Del Águila y Mitre, explota 21 sucursales.

En Mendoza hay otras farmacias con más de dos sucursales, pero los demandantes aclararon que son preexistentes a la ley.

La resolución de la Corte Suprema de la Nación  que dejó “sin efecto” la sentencia de caducidad de instancia y remitió el expediente al “tribunal de origen” para que “se dicte un nuevo fallo”, fue firmado por su presidente, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.

Farmacity en un comunicado dijo confiar en la validez de la aprobación de su operatoria comercial en la provincia.

“Farmacity confía en que finalmente prevalecerá la validez del acto administrativo del Gobernador de la provincia que, en el año 2011, aprobó la operatoria comercial”, indicó en un comunicado.

Ver la sentencia completa aquí

Fuente: Pharmabaires

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El Colegio de Farmacéuticos le responde a la Academia de Medicina

El Colegio de Farmacéuticos de Capital Federal (COFyBCF) le respondió a la Academia Nacional de Medicina sobre la prescripción por nombre genérico del medicamento, en un anticipo del debate que se replicará en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, si convoca a audiencias públicas para debatir los cambios en la Ley 25.649.

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Con el elocuente título “El médico prescribe, el farmacéutico dispensa”, el Colegio de Farmacéuticos capitalino replicó la posición de la Academia Nacional de Medicina que a través de un comunicado (ver aquí)  afirmó que el proyecto de modificación de la Ley de Prescripción por Genéricos constituía un “Obstáculo a la actividad profesional”.

La autora del proyecto, la diputada Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Salud, también emitió un comunicado en el que comparó la utilización de los genéricos y la diferencia de precios en Estados Unidos y Reino Unido, afirmando que en esos países “se consumen 60 por ciento de  genéricos y sus precios son 40 por ciento más baratos”.

El comunicado del Colegio de Farmacéuticos de Capital Federal es el siguiente:

EL MÉDICO PRESCRIBE, EL FARMACÉUTICO DISPENSA

Se ha presentado un Proyecto de Ley, actualmente en debate, en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que propone modificaciones a la Ley 25.649, referida a la prescripción de medicamentos por su nombre genérico. El objetivo de la modificación propuesta es evitar que en las recetas se recomienden marcas comerciales de medicamentos.

En el contexto de esta discusión, hemos advertido que algunas entidades médicas pretenden imponer su propio criterio e intervenir en actividades que son propias del ejercicio profesional farmacéutico, como es el caso de la dispensación, aún manifestándose en contra de expresas normativas legales.

Debemos recordar que la dispensa de medicamentos, cualquiera sea su condición de expendio, sólo puede ser efectuada en todo el territorio de la Nación en farmacias habilitadas, bajo supervisión exclusiva del profesional farmacéutico.

La dispensa es el acto profesional farmacéutico en el cual se proporciona un medicamento, ante la receta elaborada por un profesional autorizado. En este acto, el farmacéutico informa y orienta al paciente acerca del uso adecuado del medicamento.

También, según la normativa en vigencia, el profesional farmacéutico, para una debida dispensa de los medicamentos, debe asesorar y facilitar al paciente la información que se le requiera sobre todas las especialidades medicinales que contengan el mismo principio activo o combinación de ellos y sus distintos precios.

Se debe procurar que los pacientes no sean víctimas de abusos comerciales y puedan elegir libremente los medicamentos consultando a su farmacéutico las distintas opciones del fármaco prescripto en la receta, evitando que sea inducido a adquirir una marca en particular, cuando no haya fundamentos que lo avalen.

Nuestro Colegio defenderá la independencia de criterio de los farmacéuticos y su actuación en base a fundamentos científicos y profesionales, como también deberían procurar hacerlo otras entidades en relación a la práctica profesional de la medicina.

Sección de Farmacéuticos

Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal

Fuente: PharmaBaires


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Farmacéuticos piden “que los médicos prescriban, y los farmacéuticos dispensen”

En un duro comunicado, el COFyBCF definió su postura acerca de la prescripción por nombre genérico y salió al cruce del comunicado de una entidad médica.

farmaceutico-dispensa

El Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal (COFyBCF) destacó la importancia de la tarea del farmacéutico en la dispensación de medicamentos, y apoyó la prescripción de medicamentos por nombre genérico “para que los pacientes no sean víctimas de abusos comerciales y puedan elegir libremente los medicamentos consultando al farmacéutico las distintas opciones del fármaco prescripto en la receta, evitando que sean inducidos a adquirir una marca en particular, cuando no haya fundamentos que lo avalen.”

Días atrás, un comunicado entregado a la prensa por la Academia Nacional de Medicina consideraba que la prescripción por nombre genérico “obstaculizaba” la labor del médico. En el confuso comunicado, esta entidad que representa el pensamiento médico conservador desmerecía la actuación de los farmacéuticos, pretendiendo -contra normativas legales vigentes- que el médico intervenga tanto en la prescripción como en la dispensa de medicamentos. (Ver nota aquí)

Ahora, los farmacéuticos piden a las entidades médicas que en sus posturas se atengan a criterios “científicos y profesionales”.

El comunicado del COFyBCF:

El médico prescribe, el farmacéutico dispensa

La postura del COFyBCF acerca de la prescripción de medicamentos por nombre genérico

Se ha presentado un Proyecto de Ley, actualmente en debate en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que propone modificaciones a la ley 25.649, referida a la prescripción de medicamentos por su nombre genérico. El objetivo de la modificación propuesta es evitar que en las recetas se recomienden marcas comerciales de medicamentos.

En el contexto de esta discusión, hemos advertido que algunas entidades médicas pretenden imponer su propio criterio, e intervenir en actividades que son propias del ejercicio profesional farmacéutico, como es el caso de la dispensación, aún manifestándose en contra de expresas normativas legales.

Debemos recordar que la dispensa de medicamentos, cualquiera sea su condición de expendio, sólo puede ser efectuada en todo el territorio de la Nación en farmacias habilitadas, bajo supervisión exclusiva del profesional farmacéutico.

La dispensa es el acto profesional farmacéutico en el cual se proporciona un medicamento, ante la receta elaborada por un profesional autorizado. En este acto, el farmacéutico informa y orienta al paciente acerca del uso adecuado del medicamento.

También según la normativa en vigencia, el profesional farmacéutico, para una debida dispensa de los medicamentos, debe asesorar y facilitar al paciente la información que se le requiera sobre todas las especialidades medicinales que contengan el mismo principio activo o combinación de ellos y sus distintos precios.

Se debe procurar que los pacientes no sean víctimas de abusos comerciales, y puedan elegir libremente los medicamentos consultando a su farmacéutico las distintas opciones del fármaco prescripto en la receta, evitando que sean inducidos a adquirir una marca en particular, cuando no haya fundamentos que lo avalen.

Nuestro Colegio defenderá la independencia de criterio de los farmacéuticos y su actuación en base a fundamentos científicos y profesionales, como también deberían procurar hacerlo otras entidades en relación a la práctica profesional de la medicina.

SECCIÓN DE FARMACÉUTICOS – Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal

Fuente: COFyBCF


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