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El nuevo convenio PAMI: podría ser insostenible para la mayoría de las farmacias

Ya se ha conocido la propuesta del nuevo convenio para provisión de medicamentos, que PAMI ha hecho llegar a las entidades que representan a las farmacias. Las condiciones de financiación son aún más exigentes que las que están ahora vigentes, y podrían dejar a las farmacias pequeñas y medianas fuera de la atención a la obra social de los jubilados. En esta nota se adjunta el texto completo del nuevo convenio.

PAMI ya hizo llegar el nuevo convenio, que estaría vigente desde el 1 de noviembre, a las cinco entidades que representan a las farmacias del país, que serían las firmantes del convenio: COFA (Colegios del país), FACAF (Cámaras), AFMSRA (Mutuales y sindicales), ASOFAR (Cámara de grandes farmacias) y FEFARA (Colegio de Santa Fé y otros).

Si bien se proclama por parte del PAMI una operatoria más directa con las entidades que representan a las farmacias, el nuevo convenio no admite en la práctica posibilidad de discusión ni de contrapropuestas para estas entidades que representan a las farmacias prestadoras: las condiciones han sido impuestas por el PAMI y la lógica es “tómalo o déjalo”.

Una parte decisiva del convenio es la modalidad de pagos, que sería la siguiente:

  • El 70% del pago se hará dentro de los 20 días corridos contados desde la presentación mensual que realicen las farmacias, a través de sus entidades.
  • Otro 16% se pagará a los 40 días corridos desde la presentación.
  • El 14% restante se hará a los 70 días corridos desde la presentación.

Este mecanismo de pago se aplicará a medicamentos ambulatorios, clozapina y diabetes.

Es fácil ver que la farmacia recibirá la parte que le corresponde, de la escasa rentabilidad que le permite el convenio, hasta tres meses después de la dispensa (70 días más el plazo hasta la presentación), y que el primer pago que recibirá (a los 20 días más el plazo hasta la presentación) tampoco le permitirá solventar el costo de los medicamentos que entregue (ya que en el 70% del pago estará deducida la “bonificación” que aporta la farmacia al PAMI), ni tampoco este primer pago parcial llegará a tiempo para afrontar los pagos que deben realizar las farmacias a las droguerías.

De lo anterior se desprende que la farmacia deberá seguir financiando el sistema, entregando medicamentos que ya ha pagado y esperando tres meses para cobrar la parte que le corresponde por sus servicios. Esto aún suponiendo que se respeten los plazos de pago previstos en el convenio, aunque es sabido que el PAMI atrasa o demora los pagos más allá de lo previsto en lo que se firma. Esto provocaría con el tiempo una concentración de la atención en cada vez menos farmacias, que serán las que tengan la capacidad financiera para hacer frente a las condiciones que se imponen. Esto también podría ser una intención oculta en el convenio.

Tampoco está garantizado en el convenio que la “bonificación” (que aportan las farmacias al PAMI) esté en relación con su facturación o su ubicación geográfica: PAMI no alienta un aporte diferencial que beneficie a las farmacias pequeñas y medianas, salvo que operen en zonas geográficas muy desventajosas.

El PAMI ha llegado a esta situación por su necesidad de reducir costos (ver nota aquí) y el resultado que se espera es que haya un “PAMI  cada vez más chico”, según reconocen los funcionarios por lo bajo, debido a la reducción del presupuesto que se le ha impuesto, con pagos por medicamentos y prestaciones que deberán ser cada más acotados.

El punto central del conflicto, que dejó de lado a los laboratorios nacionales del convenio cuando no aceptaron las condiciones del instituto, es que el PAMI desde el año 2016 ha aumentado su presupuesto apenas un 68%, con lo que tiene que enfrentar costos en prestaciones médicas, medicamentos y gastos de logística que han aumentado en los últimos años en un 250% promedio.

No obstante las condiciones dudosas del convenio algunos dirigentes del sector que representa a las farmacias ya se han apurado ha firmarlo (ver nota aquí), sin consultar con las otras entidades. Una estrategia que usó el PAMI es negociar con las cinco entidades por separado, lo que también puede traer problemas para las farmacias, si la dirigencia que la representa actúa en forma dividida y en función de sus propios intereses. Sin coordinar acciones con las otras entidades, una de ellas ya firmó con PAMI: Fefara, la entidad que lidera el Colegio de Santa Fe y que preside desde hace años en forma ininterrumpida Manuel Agotegaray. Las otras entidades han adelantado que consultarán previamente a sus asociados los pasos a seguir.

A continuación publicamos el texto completo del nuevo convenio:

VER EL NUEVO CONVENIO PAMI AQUÍ 


ANMAT aprobó nueva droga para el tratamiento de la obesidad

Category : Farmacia , Salud

El principio activo ya se usaba para diabetes tipo 2.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó, y ya se encuentra disponible en la Argentina, Saxenda® (Liraglutida), una nueva droga para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso (asociado a comorbilidades), que demostró beneficios significativos y sostenidos en la reducción del peso corporal.

Saxenda® (Liraglutida) está indicada bajo prescripción médica para adultos mayores de 18 años con un Índice de Masa Corporal (IMC, coeficiente que surge de dividir el peso sobre la altura dos veces) mayor o igual a 30 (obesidad) o mayor o igual a 27 (sobrepeso) en aquellos que presenten alguna enfermedad relacionada con el exceso de peso, como prediabetes, diabetes mellitus tipo 2, presión arterial elevada, niveles anormales de grasas en sangre o problemas respiratorios durante el sueño denominados ‘apnea obstructiva del sueño’.

Es importante destacar que la droga Liraglutida, también se encuentra disponible en el producto Victoza®, comercializado por Novo Nordisk indicado para el tratamiento de la Diabetes Tipo 2 en distinta dosis y lanzado a la comunidad médica en el año 2010.

Tanto Victoza® como Saxenda® han sido aprobadas por ANMAT aunque para distintos usos, siendo que Victoza® está indicada en el tratamiento de la Diabetes tipo 2 y Saxenda® para el tratamiento de la obesidad o sobrepeso asociado con alguna comorbilidad como se señaló anteriormente.

Teniendo como objetivo la seguridad de los pacientes, destacamos que en el caso de Saxenda®, la lapicera prellenada permite la administración de hasta de 3mg que es la dosis recomendada de mantenimiento (en obesidad y sobrepeso), mientras que en el caso de Victoza® la dosis máxima recomendada de mantenimiento para el caso de diabetes tipo 2, es de 1.8mg.

Fuente: Novo Nordisk Pharma Argentina S.A.

PAMI, divide y reinarás: quiere negociar por laboratorio

La estrategia para el nuevo convenio de provisión de medicamentos a los jubilados es dividir a los laboratorios nacionales. PAMI quiere pagar lo menos posible, porque está obligado por acuerdos con el FMI a recortar drásticamente su presupuesto. Los laboratorios extranjeros recibieron la orden de sus casas matrices de apoyar al gobierno, ya que recibirán beneficios por otro lado, con las modificaciones a la ley de patentes, pero al PAMI el apoyo de los extranjeros no le sirve en el sector ambulatorio, porque tienen precios mucho más caros. La salida a la encrucijada aún no se vislumbra.

El PAMI informó a las cámaras de laboratorios nacionales que pretende negociar laboratorio por laboratorio el nuevo convenio a aplicarse a partir del primero de noviembre. La zanahoria es la promesa de reconocer la inflación.

Las primeras reuniones entre el presidente del PAMI, Sergio Cassinotti, y las cámaras CILFA y Cooperala confirmaron las versiones que el propio funcionario había dejado circular en las semanas previas, sobre los cambios que se propone introducir en la relación con los laboratorios.

Básicamente, Cassinotti informó que a partir de ahora PAMI negociará laboratorio por laboratorio y evitará acuerdos con las cámaras de los laboratorios nacionales.

La exigencia alcanza solo a las cámaras de los laboratorios nacionales, ya que CAEME no rescindió el convenio y en términos prácticos se supone que sigue vigente.

Cassinotti  lanzó una zanahoria sobre la mesa: los laboratorios que acepten la negociación directa se beneficiarán con una actualización mensual  de precios que reconocerá el 100 por ciento de la inflación dejando atrás el tope del convenio actual que admitía una actualización de precios equivalente al 70 por ciento.

La estrategia de Cassinotti es conseguir un quiebre entre los laboratorios nacionales, que por ahora no han exhibido fisuras, pero existe la suposición que ante el fracaso de una negociación colectiva, algunos (o muchos) aceptarán las nuevas reglas de juego.

Por ahora esa posibilidad es lejana y la sensación es que los laboratorios nacionales están con un pie afuera y  analizando un eventual “Plan B” para después de la ruptura que se vislumbra.

Al mismo tiempo, se profundiza la grieta entre los nacionales y los extranjeros que ha sido un éxito innegable de Cassinotti cuando consiguió que CAEME rompiera el monolítico frente empresarial y fuese a firmar el convenio al que se resistían las otras dos cámaras.

La actitud de los laboratorios extranjeros responde a las directrices de sus casas matrices, de apoyar al gobierno argentino como lo hicieron en el ámbito del FMI.

Actitud que es correspondida por el gobierno argentino que se ha propuesto firmar un tratado de libre comercio con la UE aceptando las condiciones leoninas en el capítulo de propiedad intelectual por afuera y al margen de los socios del MERCOSUR.

La sensación es que se ha ingresado por un camino sin retorno y que la decisión de reemplazar a farmalink como corazón del sistema implicó una ruptura por anticipado.

“Vamos a profundizar el modelo porque no hay dinero y tenemos que adoptar decisiones muy rápidas”, deslizó Cassinotti recientemente en un encuentro con dirigentes farmacéuticos.

En el Arca de Noé de PAMI cada vez hay menos plazas disponibles.

Fuente: Pharmabaires

Grave: bajó la dispensa de medicamentos en Argentina

Category : Farmacia , Salud

La disminución de las unidades dispensadas, según las últimas mediciones, llega al 14%. También se verifica una caída en la producción de medicamentos. La situación se agravará con los recortes que se implementarán en el PAMI y en la cobertura de medicamentos por el sistema público, previstos en miles de millones de pesos.

 

El dato reviste seriedad, porque no se suele registrar una caída tan abrupta en el uso de medicamentos.

Se cuenta con datos en forma permanente, que se registran mes a mes, y la medición de esta caída es una alerta a la que hay que prestar atención.

Parte de los datos se encuentran registrados en un trabajo del Observatorio de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), que comparó las unidades de medicamentos dispensadas en el mes de junio de 2018, en relación al mismo mes del año 2017.

Los datos, medidos en unidades de medicamentos, son los siguientes:

Datos IQVIA. Fuente: Observatorio COFA.

El gráfico deja en evidencia una baja del 14,01% en el total de medicamentos dispensados. Corresponde una baja de 13,43%  en los medicamentos llamados “éticos” (en general, los que se dispensan con receta), y  una baja del 15,73% anual en los medicamentos del llamado “mercado popular” (en este grupo se encuentran, en general, los medicamentos que se dispensan sin receta).

Si se realiza la misma comparación tomando los valores en pesos de los medicamentos dispensados, se obtienen los siguientes resultados:

Datos IQVIA. Fuente: Observatorio COFA

 

En este último gráfico, se observa que los valores de los medicamentos dispensados van acompañando al poder adquisitivo de la población, con un aumento del 14 – 15% anual.

Como el aumento de los precios de los medicamentos fue muy superior al aumento del poder adquisitivo -según todas las medicaciones disponibles-, de los dos gráficos se infiere que la dispensa de medicamentos no acompañó a la evolución de los precios, y que la caída del poder adquisitivo puede ser la causa de que se compren cada vez menos medicamentos.

La tendencia coincide con la disminución en la actividad de la industria farmacéutica, que registró -medida también en el mes de junio de 2018, con respecto a junio de 2017- un retroceso de 7,7 por ciento interanual, según las cifras oficiales del INDEC.

Claramente, las cifras muestran que hay una caída tanto en la producción de medicamentos como en su dispensa a la población.

No se observan posibilidades de que esta tendencia cambie; por el contrario, todo indica que puede agravarse.

Los salarios y las jubilaciones no está previsto que aumenten por sobre los aumentos de precios de los medicamentos, que están sometidos a pocos controles y dependen en gran medida del valor del dolar.

Otra preocupación que aparece en el horizonte es el recorte de 10 mil millones de pesos que deberá ejecutar el PAMI el año próximo, según fue acordado con el FMI.

El PAMI suele ajustar su presupuesto limitando la cobertura de medicamentos, cuyo costo deberá ser afrontado por los afiliados, si es que esto le es posible. Se debe recordar que a través del PAMI se dispensa el 40% de los medicamentos recetados en Argentina.

Otro recorte prometido al FMI es el de 9 mil millones de pesos en los medicamentos esenciales y vacunas que provee el sistema público (ver nota: Efecto FMI, graves recortes en medicamentos y en el PAMI).   

Estos recortes, que adicionarán más problemas en cuanto a  la falta de acceso a los medicamentos para la población, no son algo lejano: ya han comenzado a limitarse este mes las dosis de la vacuna meningocóccica (para prevenir la meningitis), como parte del ajuste previsto.

Fuentes: Observatorio COFA, INDEC

Quintana, Vidal, Larreta: las mismas ideas para un modelo farmashopping

Los tres referentes del gobierno argentino, hoy funcionarios, compartían sus ideas de libre mercado y políticas desregulatorias en un libro escrito hace tiempo atrás.

Los criterios defendidos por Mario Quintana, propietario de la cadena Farmacity, fueron escritos hace 20 años, y llevados luego a la práctica en su modelo “farmashopping”.

En un libro de 1998, titulado “Domando al elefante blanco”, escrito en colaboración con quien fue su compañero de estudios, el hoy gobernador de la Ciudad de Buenos Aires y también economista Horacio Rodriguez Larreta, Mario Quintana expone sus ideas y soluciones para atender derechos básicos, entre ellos la salud y la asistencia sanitaria.

La propuesta que desarrolla es darle toda la autonomía posible a las empresas privadas para que se hagan cargo de las necesidades de la salud, haciendo con libertad sus negocios. En la práctica, esto lo traduce en lo que ahora pide: autonomía casi absoluta para sus “farmashoppings”, instalándolas donde comercialmente convenga, y vendiendo todo lo que sea rentable, dejando de lado la función sociosanitaria de estos establecimientos.

En el mencionado libro, participó una Licenciada en Ciencias Políticas recién recibida en la Universidad Católica Argentina: María Eugenia Vidal, hoy Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Resulta fácil observar los lazos conceptuales que unen a Vidal con Quintana, y los motivos por los cuales la actual gobernadora no defiende las leyes reguladoras sanitarias de su provincia, amenazadas por un juicio que actualmente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Resultado de imagen para domando al elefante blanco

El libro que escribieron juntos Quintana, Larreta y Vidal.

(Ver este link para información del libro de referencia)

El juicio contra la ley sanitaria de la Provincia de Buenos Aires

Mario Quintana, fiel a los principios que ya había expresado claramente en su libro, inició un juicio contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para declarar inconstitucional la ley 10.606, la ley sanitaria que regula el funcionamiento de las farmacias en ese distrito.

Para todas sus presentaciones judiciales, Mario Quintana y sus abogados se apoyaron en el decreto de desregulación económica 2284 del año 1991, que habilitó a que: “cualquier persona física o jurídica de cualquier naturaleza” pueda ser propietaria de farmacias, “sin ningún tipo de restricción de localización”.

Es decir, aquel decreto desregulatorio de los años noventa, impulsado por el entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo, es el que otorga los “cambios” que ahora el funcionario Quintana pide que se apliquen en la Provincia de Buenos Aires.

El mismo decreto 2284/91 es el que también permitió, en su momento, la venta de medicamentos en quioscos, y que los supermercados pudieran instalar pequeños espacios de 20 metros cuadrados para la venta de medicamentos entre sus góndolas: el mismo modelo comercial que sigue ahora Quintana en sus farmashoppings.

En este link se puede ver la redacción original del decreto 2284/91. De los artículos a los que hacemos referencia: 13, 14 y 15, los dos últimos pudieron ser modificados con posterioridad a instancias de las entidades profesionales farmacéuticas, pero el relativo a la propiedad de las farmacias es el único que aún se mantiene vigente en la ley nacional, y es justamente el que utiliza la empresa de Mario Quintana, Farmacity, para apoyarse en sus presentaciones judiciales.

Está prevista una Audiencia Pública, habilitada por la Corte Suprema, donde se escucharán los planteos de las partes en litigio y  seguramente se actualizará esta discusión acerca de la necesidad de regulaciones sanitarias, o si por el contrario debe predominar la desregulación y la libertad de empresa.

Fuente: politicargentina.com

Efecto FMI: graves recortes en medicamentos y en el PAMI

El gobierno argentino se apresta a reducir la cobertura de medicamentos (incluidas vacunas) y los fondos del PAMI, por imposición del acuerdo con el FMI. 

El ajuste pedido por el organismo internacional excede lo que el gobierno argentino había anunciado en su momento, que se limitaría a “gastos innecesarios” y “viáticos de funcionarios”, para avanzar en temas sensibles a la salud pública.

El gobierno ya acordó con el FMI una serie de recortes que incluyen items como jubilaciones, PAMI, medicamentos, vacunas y el Fondo de Incentivo Docente, entre otros. Además, habla directamente de “congelar la AUH (Asignación universal por hijo)”, según trascendió.

Está previsto destinar 10 mil millones menos al PAMI y 9 mil millones menos al rubro “medicamentos y vacunas” que hoy cubre el sistema público.

La propuesta oficial tiene un componente de ajuste que decidió el gobierno nacional, pero ahora propone que los gobernadores implementen iniciativas similares en sus provincias.

Los recortes están incluidos en documentos que trascendieron donde se detallan los montos que se deberán ajustar, que se incluyen a continuación:

Fuentes: Infonews, C5N


Pronunciada caída de la industria farmacéutica argentina

La actividad de la industria farmacéutica, medida año a año, sufrió un retroceso de 7,7 por ciento en junio en relación a igual mes del año pasado y acumuló un índice negativo de 7,5 por ciento en el semestre comparado con igual período del  2017, precisó el Estimador Mensual Industrial (EMI) que difunde el INDEC.

La industria farmacéutica ya había experimentado un retroceso del 6,6 por ciento en mayo comparado con igual mes del año anterior y del 7,5 por ciento en el acumulado del período.

En la secuencia negativa, el EMI del INDEC ya había registrado para la industria farmacéutica una caída de 4,8 por ciento mensual y 8,6 por ciento acumulado, en marzo pasado.

Aún más grave,  en febrero  había experimentado una estrepitosa caída del 14,6 mensual y 10,5 por ciento en el acumulado, que en ese momento fue adjudicado a cuestiones coyunturales y a la paralización de plantas durante el verano.

En enero pasado,  el año comenzó con una caída del 7 por ciento para la industria farmacéutica, que en diciembre había completado un ciclo anual negativo de 6,3 por ciento.

El EMI de junio arrojó una caída del 8,1 por ciento promedio con relación a igual mes del año pasado, o sea que la industria farmacéutica estuvo por debajo de esa línea de flotación negativa.

El total del bloque de medicamentos, productos químicos, caucho y plásticos  sufrió  un retroceso de 10 por ciento promedio en junio con una caída máxima de 41,2 por ciento en la producción de agroquímicos y 20,9 por ciento en la comparación interanual.

Las automotrices retrocedieron 11,8 por ciento en la actividad industrial de junio y la metalmecánica el 10,8 por ciento en junio con relación al igual mes de 2018.

Con referencia a la encuesta cualitativa industrial, que mide expectativas de las firmas, se consultó acerca de las previsiones que tienen para el tercer trimestre de 2018 respecto a igual período de 2017.

Los principales resultados son:

Respecto a la demanda interna, 45,8% de las empresas anticipa una baja para el tercer trimestre de 2018 respecto al tercer trimestre de 2017; 41,2% prevé un ritmo estable; 13,0% espera un aumento.

Entre las firmas exportadoras, el 49,0% no anticipa cambios en sus exportaciones totales para el tercer trimestre de 2018 respecto a igual trimestre de 2017; 33,3% espera una suba; 17,7% vislumbra una disminución.

Con relación a las exportaciones realizadas exclusivamente a países del Mercosur, 62,8% no advierte cambios en sus ventas para el tercer trimestre de 2018 respecto a igual período de 2017; 19,8% anticipa una suba; 17,4% vislumbra una baja.

El 55,8% de las firmas anticipa un ritmo estable en sus importaciones de insumos; 17,1% vislumbra un crecimiento; 27,1% prevé una baja.

Consultados especialmente respecto a las importaciones de insumos de países del Mercosur, 60,3% no advierte cambios para el tercer trimestre de 2018 respecto a igual período de 2017; 24,2% prevé una disminución; 15,5% anticipa una suba.

El 54,1% de las empresas no espera cambios en los stocks de productos terminados; 24,5% anticipa una suba; 21,4% espera una disminución.

El 70,4% de las empresas no espera cambios en la dotación de personal durante el tercer trimestre de 2018 respecto a igual período de 2017; 21,0% anticipa una disminución; 8,6% prevé un aumento.

Respecto a la cantidad de horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo, 63,4% de las empresas no anticipa cambios; 27,1% anticipa una caída; 9,5% prevé un aumento.

El 58,5% de las empresas no anticipa cambios en la utilización de la capacidad instalada durante el tercer trimestre de 2018; 27,8% prevé una baja; 13,7% vislumbra una suba.

Demanda interna El 45,8% de las empresas anticipa una baja para el tercer trimestre de 2018 respecto al mismo período de 2017; 41,2% prevé un ritmo estable; 13,0% espera un aumento.

Exportaciones El 49,0% no anticipa cambios en sus exportaciones totales para el tercer trimestre de 2018; 33,3% espera una suba; 17,7% vislumbra una disminución.

Consultados exclusivamente respecto a las exportaciones destinadas a países del Mercosur, 62,8% no advierte cambios en sus ventas para el tercer trimestre de 2018 respecto del mismo trimestre del año anterior; 19,8% anticipa una suba; 17,4% vislumbra una baja.

Insumos importados El 55,8% de las firmas anticipa un ritmo estable en sus importaciones totales de insumos; 17,1% vislumbra un crecimiento; 27,1% prevé una baja.

Respecto a las importaciones de insumos de países del Mercosur, 60,3% no advierte cambios para el tercer trimestre de 2018 respecto a igual trimestre de 2017; 24,2% prevé una disminución; 15,5% anticipa una suba.

Stocks El 54,1% de las empresas no espera cambios en los stocks de productos terminados; 24,5% anticipa una suba; 21,4% espera una disminución. Utilización de la capacidad instalada El 58,5% de las empresas no anticipa cambios en la utilización de la capacidad instalada durante el tercer trimestre de 2018; 27,8% prevé una baja; 13,7% vislumbra una suba.

Necesidades de crédito El 49,5% de las empresas consultadas no espera cambios en sus necesidades crediticias para el tercer trimestre de 2018; 48,2% prevé un aumento; 2,3% anticipa una caída. Personal En el rubro dotación de personal, 70,4% de las empresas no espera cambios en la dotación de personal durante el tercer trimestre de 2018 respecto a igual trimestre de 2017; 21,0% anticipa una disminución; 8,6% prevé un aumento.

Respecto a la cantidad de horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo, 63,4% de las empresas no anticipa cambios; 27,1% anticipa una caída; 9,5% prevé un aumento.

El informe EMI completo es el siguiente: https://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/emi_08_18.pdf

Fuente: Pharmabaires

Preocupa brote de sarampión en Argentina

Category : Profesionales , Salud

Agrupación médica advierte por la falta de políticas públicas adecuadas

La Agrupación médica Luis Aredes publicó la siguiente advertencia acerca de la situación planteada por el brote de sarampión.

Hace aproximadamente 1 año, se detectaron algunos casos importados de la enfermedad. Es decir, personas que se contagiaron en el exterior.

El último caso autóctono registrado en nuestro país, data del año 2000. Sin embargo, en el corriente mes, se diagnosticaron a dos niñxs en la Ciudad de Buenos Aires, con dicha enfermedad.

Esto nos obliga a reflexionar, las causas que estarían colaborando con el resurgimiento del virus, y resulta ser, una suma de factores.

En el año 1972, se introdujo en el país la vacuna antisarampionosa, manteniendo buena tasa de cobertura en la población desde el año 1990. Acompañando a esta acción, una intensa vigilancia epidemiológica, han llevado a erradicar el Sarampión autóctono desde el año 2000 hasta ahora. Pero, en el mes de Julio de 2018, se diagnosticaron en hospitales de niños de Caba, casos con dicha enfermedad, en bebés menores a 9 meses de edad. 

Uno de los factores a tener en cuenta, es la falta de políticas adecuadas de inmunización en estos dos últimos años. En abril del corriente año, los jefes de Inmunizaciones de 23 de las 24 jurisdicciones, a excepción de la provincia de Buenos Aires, firmaron una carta donde se denunciaba la situación crítica de faltante de vacunas desde el 2017. Entre ellas, la triple viral, que protege del Sarampión, la Paperas y la Rubeola.

También en el 2017, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que asesora y da recomendaciones al Ministerio de Salud de la Nación, había informado que en Agosto de ese año, la cobertura para la primera y segunda dosis de vacunación triple viral estaba por debajo del 95% en los años 2015 y 2016. Con estos datos, ya se justificaba una nueva campaña de vacunación con la triple viral para evitar la reintroducción de Rubeóla y Sarampión en nuestro país. Pero recién en septiembre del 2018, y ahora pospuesta para Octubre del mismo año, se lanzaría la campaña de prevención. 

A dicha situación se suma, el cierre del vacunatorio dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y el externo del Htal Garraham; la falta de insumos, como jeringas y agujas descartables no entregadas por el Ministerio; el no sostenimiento de cursos de capacitación y actualización permanente a las vacunadoras de todo el país; y el inadecuado mantenimiento de las cadenas de frío para las vacunas .

El Ministerio sigue pensando cuál va a ser la estrategia a implementar, mientras el virus continúa circulando y hay miles de personas expuestas.

La vacunación es una de las acciones fundamentales en salud para la prevención de enfermedades, produciendo un beneficio general y disminuyendo las diferencias de desigualdad social, ya que además de brindar protección inmune a la persona que la recibe, reduce la circulación de los agentes que producen enfermedades.

Por todo lo expuesto, en los últimos dos años, la política de inmunizaciones ha dejado de ser prioritaria para el Estado Nacional, y por alineamiento la CABA no es ajena. Tal política de salud, muestra la cara cruel del ajuste que lleva este gobierno desde que inició su gestión.

Fuente: Agrupación médica Luis Aredes


Polémica por agencia que generaría “una salud para ricos y otra para pobres”

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Está en discusión en el Senado argentino. La Agrupación médica Luis Aredes advierte el peligro para el acceso a la salud que generaría la creación de la AGNET.

Transcribimos el artículo original con los detalles del proyecto:

EL GOBIERNO CREA LA AGNET ¿HABRÁ UNA SALUD PARA RICOS Y OTRA PARA POBRES?

Se discute en el Senado la creación de esta Agencia que limitará las coberturas.
El ex Ministro de Salud Lemus, intentó que el Senado apruebe la creación de esta agencia de evaluación en 2016 y no pudo.
Ahora, se intenta de nuevo pasar a toda costa el proyecto de creación de la AGNET (Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud), también con el voto de los senadores, pero esta vez escondida dentro del paquete de la llamada “reforma laboral”.
La AGNET es esencial para la pretendida implementación de la CUS (“Cobertura Universal de Salud”). Será la agencia encargada de evaluar los medicamentos, productos médicos e instrumentos, y hasta las técnicas y procedimientos clínicos que serán cubiertos por el Programa Médico Obligatorio (PMO).
La nueva agencia será un organismo paralelo a la ANMAT; entonces, por ejemplo, un medicamento podrá ser aprobado para su importación, fabricación, distribución y venta en el país por parte de ANMAT, pero si la AGNET no lo considera necesario, no será cubierto obligatoriamente por prepagas, obras sociales ni por la asistencia sanitaria pública.
Lo mismo pasará con cualquier tratamiento terapéutico donde intervengan profesionales de la salud (médicos, odontólogos, bioquímicos, psicólogos): la técnica podría estar aceptada desde el punto de vista académico o profesional, pero la AGNET determinará si debe ser cubierta o no por la seguridad social; es decir, si es incorporada o excluida del PMO. De hecho, se producirá una redefinición del Programa Médico Obligatorio.
La AGNET será la instancia inapelable que decidirá la cobertura de las intervenciones sanitarias, en base a evidencia científica, pero también considerando la capacidad de pago del sistema de salud.
La agencia tendrá la facultad de tomar intervención con carácter previo a la inclusión de cualquier práctica o procedimiento en la cobertura del Programa Médico Obligatorio (PMO), como así también podrá proceder al seguimiento y monitoreo de los resultados de las tecnologías aplicadas.
Una conformación polémica
Según el proyecto que fue presentado por el senador oficialista Federico Pinedo, que está actualmente en debate, la AGNET tendrá una dependencia absoluta del Poder Ejecutivo, que designará cuatro de los cinco miembros de su directorio. El restante será propuesto por el Consejo Federal de Salud (COFESA).
La designación del directorio será discrecional. El PEN no se obliga a someter a concurso a los candidatos y las incompatibilidades por conflictos de intereses, por postulantes que se desempeñen o hayan desempeñado en el sector privado, no se han previsto con la necesaria rigurosidad.
Este directorio será asesorado por una Comisión Técnica Consultiva de 11 miembros. Cinco de ellos representarán a los prestadores (obras sociales y prepagas), que tendrán, obviamente, una tendencia a evitar la aprobación de los tratamientos “costosos”. Estos 5 miembros que representan a los prestadores, están muy cerca de la mayoría que se necesita para tomar las decisiones. Entre los 6 miembros restantes habrá uno de ANMAT, uno de la Superintendencia de Seguros de Salud, uno de la Defensoría del Pueblo de la Nación, un representante de pacientes y usuarios, uno de instituciones académicas o científicas (no se aclara si públicas o privadas) y un experto en bioética.
O sea, que el asesoramiento para que el directorio tome las decisiones de qué se cubre y qué no se cubre, tendrá una influencia muy marcada de los prestadores, que tienen 5 miembros sobre los 11 que integrarán la “comisión técnica” de consulta, y los prestadores es esperable que se inclinen por destinar menos dinero a las coberturas.
Los tratamientos caros serán para pocos: la AGNET es parte esencial de la CUS
Un requerimiento esencial de la llamada CUS (“Cobertura Universal de Salud”), que quiere implementar el gobierno, es definir cuáles serán las prestaciones esenciales, que estarán en relación con lo que se considere necesidades básicas en salud. Será justamente la AGNET la que determinará cuáles serán esas necesidades, y a qué prestaciones se tendrá derecho y a cuáles no. Se debe recordar que hay 15 millones de personas que hoy no tienen prepaga ni obra social.
En el PMO se incluyen las prestaciones, enfermedades, tipos de medicamentos y productos para la salud que tienen la obligación de cubrir, tanto el Estado -para aquellas personas que no tengan ninguna cobertura de salud-, como las obras sociales y las prepagas -para sus afiliados-.
No obstante, quien pueda pagarlos en forma particular, o tenga una buena prepaga, podrá acceder a todos los tratamientos disponibles.
La AGNET, dentro de las “reformas laborales”
La AGNET se ha presentado disimulada, como el último capítulo del paquete de reformas laborales que se están discutiendo en el Senado. Es el mismo proyecto de ley de creación de la AGNET que no pudo aprobar el gobierno nacional en el año 2016.
La estrategia puede responder, en este caso, que son las obras sociales las que niegan determinadas coberturas, siendo pasibles de resoluciones judiciales, que generalmente pierden.
La AGNET se ofrece entonces como una posibilidad de ahorro para las obras sociales, ya que el proyecto dice que las decisiones de la agencia serán vinculantes, y que será el órgano de decisión en última instancia y de consulta obligatoria por parte de los jueces. La agencia, entonces, definirá las prestaciones medico asistenciales que brindará el sistema de obras sociales, muchas de ellas administradas por sindicatos.
En definitiva, la creación de la AGNET es una forma insidiosa de ir incorporando la CUS, limitándola a una canasta de prestaciones, fuera de las cuales se hará necesario acudir al sector privado, posibilidad reservada a quienes tengan los recursos económicos necesarios.
Fuente: Agrupación Médica Luis Aredes

Farmacity: la madre de todas las batallas

La Audiencia Pública, prevista para el 25 de agosto, promete develar todos los intereses detrás de la cadena.  Estará en juego, además, el modelo de farmacia y el modo del ejercicio profesional para los farmacéuticos. Advierten que la decisión de la Corte tendrá alcance nacional, y no se limitará solamente a la Provincia de Buenos Aires.

La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública por el caso Farmacity para el 29 de agosto que se convertirá en “la madre de todas las batallas”. La COFA pide que se garantice la transparencia del debate, mientras algunas versiones sugieren que puede tratarse de una nueva maniobra para favorecer al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

“Nosotros celebramos que se le dé transparencia a este juicio, ya que si bien pensamos que la Corte Nacional no debería haber tomado el reclamo y ratificado lo que dijo la justicia bonaerense en sus cuatro instancias, vemos positivo que sea público y a los ojos de todos pues es de público conocimiento que Mario Quintana sigue tomando las decisiones de esta empresa y que lo único que persigue es rentabilidad para su empresa de capitales poco claros y escondidos detrás de sociedad de sociedades”, señaló María Isabel Reinoso, presidenta de la COFA y del Colegio Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.

Reinoso recordó que fue la COFA, junto con los diputados bonaerenses Ricardo Lissalde y Lisandro Bonelli del Frente Renovador, quienes solicitaron la audiencia pública convocada para finales de agosto.

“Luego del dictamen bochornoso, y a medida, de la Procuración General de La Nación, el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Bs. As. solicitó a la Corte Suprema de la Nación que antes de resolver convocara a una Audiencia Pública. En el mismo sentido lo hizo el defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y los diputados Lisandro Bonelli y Ricardo Lissalde, ambos legisladores y ciudadanos de la provincia de Buenos Aires”, resaltó la presidenta de la COFA.

Lisandro Bonelli en su twitter escribió: Celebramos que la @CorteSupremaAR dé transparencia y convoque a una audiencia pública por #Farmacity  Tiene que quedar claro en la Justicia que Mario Quintana utilizó su cargo en el Estado para hacer negocios. Es necesario que renuncie. #NoAFarmacity #QuintanaRenunciá

“Me genera una gran satisfacción saber que la Corte Suprema convocará a una audiencia pública por la ilegal maniobra de Mario Quintana. Tiene que quedar en claro que los funcionarios no pueden utilizar al Estado para favorecer negocios particulares”, twitteo a su vez Ricardo Lissalde.

Reinoso recordó que “este juicio se había ganado en todas las instancias en la Provincia y llegó a la instancia nacional porque la empresa farmashopping encontró un clima político propicio , ya que quien lo inició es precisamente el actual Vicejefe de gabinete Nacional”.

Para Reinoso, el juicio “tiene una significación que excede a las farmacias ya que de hacer lugar al reclamo de la empresa la Provincia de Buenos Aires y las restantes provincias del país perderían su autonomía en legislar lo referente al ejercicio de las profesiones y también las cuestiones relacionadas a la salud de sus habitantes”.

“Para todos y hasta ahora era muy claro que el ejercicio de las profesionales y las cuestiones de salud eran de orden local. Por ello la provincia de Buenos Aires y las demás legislaron en estas cuestiones. Lo que es claro para todo el mundo parece no lo es para el vicejefe del Gabinete Nacional que decidió judicializar a tres provincias, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, para acomodar via judicial las leyes que no les son funcionales a los intereses de su empresa”, remarcó.

“Los farmacéuticos que hoy ejercemos en la Provincia no tenemos nada que esconder, fuimos a la Universidad, nos formamos para brindar Salud, tenemos nuestras farmacias en la Provincia donde ejercemos digna y legalmente nuestra profesión y no nos escondemos detrás de ningún fondo de inversión ni tenemos nuestros capitales en paraísos fiscales…, todo bien transparente y pedimos que no se mercantilice nuestra profesión”, subrayó Reinoso, en un duro comentario sobre el vicejefe de Gabinete y su modelo empresario.

También “tenemos muy claro que la farmacia es un servicio de utilidad pública, no un comercio, y que la independencia profesional se verá socavada si tenemos que responder a un Ceo en lugar de responder a nuestro saber profesional”, reforzó Reinoso.

La Corte Suprema “está al rojo vivo por la pelea por la presidencia y la posible sucesión de Ricardo Lorenzetti, quien juega a fondo sus cartas para mantenerse en el cargo y, en medio de la tensión con Horacio Rosatti, ahora busca desgastar a Carlos Rosenkrantz aprovechando el caso Farmacity”, escribió La Política Online.

Rosenkrantz es uno de los dos miembros de la Corte Suprema – el otro es Rosatti- que se excusó de intervenir en el expediente de Farmacity por haber sido el abogado que presentó la demanda contra la provincia de Buenos Aires, cuando su estudio estaba contratado por la cadena de Mario Quintana.

“En el medio de los tironeos internos, en la justicia empezó a trascender que la Corte podría inclinarse por fallar a favor de Farmacity, lo que derivaría en una inevitable polémica política por la ligazón de la cadena con Mario Quintana”, agregó la publicación.

La audiencia incluirá a otros actores y organizaciones de la sociedad civil y de consumidores convocadas por la Corte Suprema, tal como ocurrió en las audiencias por el Riachuelo y la Ley de Medios, pues de escuchar solo a la Cofa, el Colegio Farmacéutico y Farmacity se repetirían argumentos ya escuchados en otras instancias inferiores.

Daniel Alvarado, presidente de la OnG Farmacéuticos sin Fronteras, recordó que “ya nos presentamos hace unos años en otro juicio contra Farmacity cuando Mauricio Macri era el Jefe de Gobierno”.

Entre las entidades que participaron de audiencias precedentes vinculadas a la demanda de Farmacity figuran el Cels, Poder Ciudadano, la Comisión de Defensa del Consumidor y de la Competencia, la Asociación de Usuarios y Consumidores Unidos, la Asociación de Abogados de la Ciudad y la Asociación de Docentes Universitarios, entre otras.

Mientras brotan las especulaciones sobre la transparencia de la Corte Suprema y los intereses creados,  se reproduce a continuación la petición de una audiencia pública que presentó la COFA el 26 de abril:

SOLICITA AUDIENCIA PÚBLICA

Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación:

María Isabel Reinoso, en carácter de Presidente del COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, constituyendo domicilio electrónico junto a mi letrado patrocinante Dr. Daniel Alberto Sabsay (To. 29 Fo. 389), en 20101340067 en los autos caratulados “FARMACITY S.A C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/ S/ PRETENSION ANULATORIA – RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY” Exp. 118/2017 a V.E. digo:

I- OBJETO Que en carácter de tercero coadyuvante de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires en las presentes actuaciones y en los términos de la Acordada 30/2007 vengo a solicitar a V.E. convoque a una audiencia pública informativa. Dicho marco resulta sumamente propicio para la intervención de Amigos del Tribunal a fin de enriquecer el debate público en relación al presente caso. Todo ello, en mérito a las consideraciones que se exponen a continuación.

II.- RELEVANCIA PÚBLICA DEL CASO. El debate público mejora la legitimidad de las decisiones al requerir criterios comprensivos de las distintas posiciones para arribar a un consenso entrecruzado, que si bien no conducirá a lo que cada uno desea individualmente permitirá en cambio lo que todos deseamos, es decir, vivir en una sociedad ordenada sobre la base de un criterio más realista de justicia (RAWLS, John, “Justice as Fairness. A restatement”, Harvard University Press, 2001).

La vinculación entre la participación en las decisiones relacionadas a las políticas públicas y el fortalecimiento de la democracia ha sido remarcada en numerosos instrumentos internacionales suscriptos por la Argentina, entre los que cabe destacar a la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, Lisboa, Portugal, 25 y 26 de junio de 2009, Capítulo primero, puntos 2 y 3) y el Código Iberoamericano del Buen Gobierno, respaldado por la XVI Cumbre Iberoamericana (Uruguay, noviembre de 2006, especialmente regla 11.7 y regla IV.35).

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires nuclea y representa a los farmacéuticos que ejercen su actividad en la Provincia de Buenos Aires, en cualquiera de sus ámbitos, en las oficinas farmacéuticas, en los laboratorios, en los hospitales públicos, entre otros; defendiendo en todo momento el quehacer profesional de los mismos. En este sentido, la entidad que represento se encuentra en condiciones de efectuar un sustancial aporte al debate público que suscita la presente controversia.

La relevancia pública del caso radica en la defensa del servicio público de farmacia regulado por la Ley 10.606 que se traduce en la protección del derecho a la salud. Justamente, lo destacado a nivel público es la afectación que podría llegar a tener el modelo sanitario vigente en el territorio de la Provincia de Buenos Aires si se declara inconstitucional el articulado en cuanto a la propiedad de farmacias, pues esto constituye una herramienta medular para el acceso seguro a bienes sociales como los medicamentos, alejándose de un modelo corporativo y capitalista que concibe a la farmacia como un negocio.

Las Farmacias por su carácter de servicio público impropio, establecido por ley (art. 1 Ley 10606) y fiscalizado por el Estado, se hallan sujetas a un régimen normativo específico, el cual responde a la necesidad de garantizar un servicio de calidad al público, siendo un centro sanitario al servicio de la comunidad. Por ello corresponde realizar una planificación y ordenamiento para la autorización para su funcionamiento, de tal forma de propender a su real distribución racional en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.

El objetivo que ha tenido en miras la legislatura provincial es la de garantizar a la población, una adecuada y homogénea atención farmacéutica, como asimismo, que el acceso al medicamento sea ágil y rápido, y en las mismas condiciones para todos, independientemente donde resida el paciente, destacando de este modo el derecho a la salud como elemento prioritario en la cuestión.

De allí surge la exigencia de establecer que tal actividad profesional solamente pueda ser llevada a cabo por el farmacéutico y que, sin duda alguna, la propiedad de la farmacia constituye una modalidad del ejercicio profesional y por lo tanto inseparable de su regulación. Tal ha sido el criterio seguido por la legislatura provincial al regular sobre tal materia, conforme lo expresa el artículo 14 de la ley 10.606 (Texto según Ley 11.328), norma de la cual surge la necesaria participación de los farmacéuticos en la propiedad de las farmacias, ya sea teniendo la titularidad de la oficina en forma exclusiva (farmacia unipersonal); compartiendo la propiedad con otro/s farmacéuticos (sociedad de responsabilidad limitada y sociedades colectivas) o bien conformando una sociedad en comandita simple, condicionada a que los socios no farmacéuticos actúen como socio comanditarios y no tengan injerencia en la dirección técnica, debiendo asimismo, estar integradas por personas físicas perfectamente individualizadas ante la autoridad sanitaria.

Tal como quedara expuesto, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires,  se establece un régimen taxativo en lo que a propiedad de farmacias se refiere, impidiendo que cualquier persona física o jurídica pueda ser propietaria de oficinas farmacéuticas, como consecuencia de su condición de servicio público impropio asignado por ley y fiscalizado por el Estado (conf.art.1 de la Ley 10.606). En este aspecto, reservar la propiedad de farmacias al farmacéutico, se vincula expresamente con que ello constituye una modalidad inherente al ejercicio profesional, y como tal, inseparable de tal concepto. Este es el sentido que se ha expuesto en el debate parlamentario que precedió a la sanción de la Ley (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, Noviembre 25  de 1987  y Diario de Sesiones de Cámara de Diputados 02-04-87), como asimismo lo ha manifestado la más calificada doctrina (Bezzi, Osvaldo Máximo: “La propiedad de la farmacia; modalidad inherente al ejercicio profesional”. LL 1986-E, Sección Doctrina, pag. 1135).

Este es el criterio que han seguido las sentencias de primera instancia, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires y la Suprema Corte Bonaerense, quienes han sido contundentes acerca de la constitucionalidad de la Ley 10.606. Por ello consideramos que el reciente dictamen de la Procuradora Fiscal Laura Monti, de fecha 11 de abril de 2018, se distancia de una correcta interpretación constitucional para elaborar una opinión a la medida de Farmacity. No desconocemos que tal dictamen no es vinculante para V.E. No obstante ello, la trascendencia pública y sanitaria del caso pone de relieve la necesidad de abrir el debate y discutir los groseros errores jurídicos en lo que incurre la Procuradora Fiscal y, sin dudas, el instrumento para hacerlo es una audiencia pública en la que intervengan, además de las partes los amigos del tribunal.

Como puede leerse en su dictamen, la Procuradora Fiscal Laura Monti, recomienda hacer lugar al recurso de queja y declarar la procedencia del recurso extraordinario interpuesto, revocar la sentencia apelada en cuanto declara la validez constitucional del art 14 de la ley 10.606, declarar la nulidad de los actos locales que se fundan en el impedimento que esa norma prevé y devolver los autos al tribunal de origen a fin de que se pronuncie acerca de la tacha de inconstitucionalidad que se endilga al art 3° de la ley local 10.606. En efecto, no se pronuncia sobre las restricciones por distancia y densidad demográfica sino sólo sobre la titularidad de farmacias.

Entre las consideraciones del dictamen, el principal argumento tiene que ver con la distribución constitucional de competencias. La Procuradora sostiene que regular la capacidad de las personas humanas y jurídicas es una potestad del Congreso Nacional (art. 75 inc. 12 Constitución Nacional). Desde esta perspectiva, considera que la Ley 10.606 no puede prohibir a una S.A. ser titular de farmacias. Esta postura constituye un grosero error jurídico. En efecto, una interpretación en ese sentido no sólo desconoce que las materias reguladas son diferentes sino también la distribución constitucional de competencias entre el Congreso Nacional y la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires en materia de salud.

La regulación de farmacias integra el poder de policía provincial, no sólo por vincularse con el ejercicio de una profesión liberal, sino también por encontrarse en juego razones de salubridad pública. Por ello las provincias han conservado dichas atribuciones y no han sido delegadas a la Nación, por lo tanto son exclusivas de las primeras (art. 121 CN). Bajo ninguna circunstancia puede admitirse que la Ley 10.606 invada y/o avance sobre atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación (arts. 75 inc. 12), tal como sugiere la Procuradora. Pues aquí no estamos en presencia de la regulación del comercio sino del ejercicio de una profesión que se halla directamente vinculada a la saludo de la población.

Tal como explica la Suprema Corte bonaerense, en el régimen institucional diseñado por la Constitución nacional, las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal (conf. sus arts. 5, 121, 122 y 123) y la regulación de todo lo concerniente al ejercicio de las profesiones liberales es facultad exclusiva de la Legislatura (conf. art. 42, Const. Prov.). Así la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado que “es indudable la facultad de las provincias de reglamentar el ejercicio de profesiones liberales, dentro del poder de policía que les está reservado” (Fallos 156:290; 197:569; 199:202)”. Partiendo de esta base sobre distribución constitucional de competencias, la Suprema Corte Provincial en la presente causa señala que “…La ley 10.606 es una típica regulación de policía, dictada en ejercicio de poderes locales; no una delimitación de la capacidad de las personas jurídicas”.

La Procuradora Fiscal soslaya la trascendencia que implica que en el territorio provincial las farmacias constituyan un servicio público y la condición de bien social del medicamento en la Constitución Bonaerense. A su vez, el dictamen pareciera olvidar que el Decreto 2284/91 se ocupa de la desregulación del Comercio Interior de Bienes y Servicios y del Comercio Exterior, del mercado de capitales y de una reforma fiscal entre otras cuestiones. Mientras que la Ley 10.606 se refiere específicamente a la actividad farmacéutica y su regulación. En efecto, no existe confrontación de facultades pues no estamos en presencia de facultades concurrentes referentes al poder de policía de bienestar. Afirmar lo contrario, implicaría confundir el poder de policía “para afianzar la libertad económica” (terminología literal de los considerandos del Decreto 2284/91)  con el poder de policía sobre una actividad vinculada a la salud de la población como lo es la actividad farmacéutica (artículo 36 inc. 8 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).

Sin dudas, estamos en presencia de un caso de relevancia pública puesto que, en caso de confirmarse el dictamen de la Procuradora, se producirá un impacto destructivo para el modelo sanitario y el servicio público de farmacias de la Provincia de Buenos Aires. En este contexto, a efectos discutir las aristas más relevantes del caso y para eliminar posibles errores en la apreciación de los hechos y el derecho relevante, mejorar el debate público y oír las opiniones de organismos especializados, la audiencia pública deviene una instancia crucial.

III- PETITORIO Por todo lo expuesto, a V.E. SOLICITO  convoque a una audiencia pública informativa habilitando la intervención de los Amigos del Tribunal.

PROVEER DE CONFORMIDAD

SERÁ JUSTICIA

Fuente: PharmaBaires

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