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Grave: bajó la dispensa de medicamentos en Argentina

Category : Farmacia , Salud

La disminución de las unidades dispensadas, según las últimas mediciones, llega al 14%. También se verifica una caída en la producción de medicamentos. La situación se agravará con los recortes que se implementarán en el PAMI y en la cobertura de medicamentos por el sistema público, previstos en miles de millones de pesos.

 

El dato reviste seriedad, porque no se suele registrar una caída tan abrupta en el uso de medicamentos.

Se cuenta con datos en forma permanente, que se registran mes a mes, y la medición de esta caída es una alerta a la que hay que prestar atención.

Parte de los datos se encuentran registrados en un trabajo del Observatorio de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), que comparó las unidades de medicamentos dispensadas en el mes de junio de 2018, en relación al mismo mes del año 2017.

Los datos, medidos en unidades de medicamentos, son los siguientes:

Datos IQVIA. Fuente: Observatorio COFA.

El gráfico deja en evidencia una baja del 14,01% en el total de medicamentos dispensados. Corresponde una baja de 13,43%  en los medicamentos llamados “éticos” (en general, los que se dispensan con receta), y  una baja del 15,73% anual en los medicamentos del llamado “mercado popular” (en este grupo se encuentran, en general, los medicamentos que se dispensan sin receta).

Si se realiza la misma comparación tomando los valores en pesos de los medicamentos dispensados, se obtienen los siguientes resultados:

Datos IQVIA. Fuente: Observatorio COFA

 

En este último gráfico, se observa que los valores de los medicamentos dispensados van acompañando al poder adquisitivo de la población, con un aumento del 14 – 15% anual.

Como el aumento de los precios de los medicamentos fue muy superior al aumento del poder adquisitivo -según todas las medicaciones disponibles-, de los dos gráficos se infiere que la dispensa de medicamentos no acompañó a la evolución de los precios, y que la caída del poder adquisitivo puede ser la causa de que se compren cada vez menos medicamentos.

La tendencia coincide con la disminución en la actividad de la industria farmacéutica, que registró -medida también en el mes de junio de 2018, con respecto a junio de 2017- un retroceso de 7,7 por ciento interanual, según las cifras oficiales del INDEC.

Claramente, las cifras muestran que hay una caída tanto en la producción de medicamentos como en su dispensa a la población.

No se observan posibilidades de que esta tendencia cambie; por el contrario, todo indica que puede agravarse.

Los salarios y las jubilaciones no está previsto que aumenten por sobre los aumentos de precios de los medicamentos, que están sometidos a pocos controles y dependen en gran medida del valor del dolar.

Otra preocupación que aparece en el horizonte es el recorte de 10 mil millones de pesos que deberá ejecutar el PAMI el año próximo, según fue acordado con el FMI.

El PAMI suele ajustar su presupuesto limitando la cobertura de medicamentos, cuyo costo deberá ser afrontado por los afiliados, si es que esto le es posible. Se debe recordar que a través del PAMI se dispensa el 40% de los medicamentos recetados en Argentina.

Otro recorte prometido al FMI es el de 9 mil millones de pesos en los medicamentos esenciales y vacunas que provee el sistema público (ver nota: Efecto FMI, graves recortes en medicamentos y en el PAMI).   

Estos recortes, que adicionarán más problemas en cuanto a  la falta de acceso a los medicamentos para la población, no son algo lejano: ya han comenzado a limitarse este mes las dosis de la vacuna meningocóccica (para prevenir la meningitis), como parte del ajuste previsto.

Fuentes: Observatorio COFA, INDEC

Quintana, Vidal, Larreta: las mismas ideas para un modelo farmashopping

Los tres referentes del gobierno argentino, hoy funcionarios, compartían sus ideas de libre mercado y políticas desregulatorias en un libro escrito hace tiempo atrás.

Los criterios defendidos por Mario Quintana, propietario de la cadena Farmacity, fueron escritos hace 20 años, y llevados luego a la práctica en su modelo “farmashopping”.

En un libro de 1998, titulado “Domando al elefante blanco”, escrito en colaboración con quien fue su compañero de estudios, el hoy gobernador de la Ciudad de Buenos Aires y también economista Horacio Rodriguez Larreta, Mario Quintana expone sus ideas y soluciones para atender derechos básicos, entre ellos la salud y la asistencia sanitaria.

La propuesta que desarrolla es darle toda la autonomía posible a las empresas privadas para que se hagan cargo de las necesidades de la salud, haciendo con libertad sus negocios. En la práctica, esto lo traduce en lo que ahora pide: autonomía casi absoluta para sus “farmashoppings”, instalándolas donde comercialmente convenga, y vendiendo todo lo que sea rentable, dejando de lado la función sociosanitaria de estos establecimientos.

En el mencionado libro, participó una Licenciada en Ciencias Políticas recién recibida en la Universidad Católica Argentina: María Eugenia Vidal, hoy Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Resulta fácil observar los lazos conceptuales que unen a Vidal con Quintana, y los motivos por los cuales la actual gobernadora no defiende las leyes reguladoras sanitarias de su provincia, amenazadas por un juicio que actualmente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Resultado de imagen para domando al elefante blanco

El libro que escribieron juntos Quintana, Larreta y Vidal.

(Ver este link para información del libro de referencia)

El juicio contra la ley sanitaria de la Provincia de Buenos Aires

Mario Quintana, fiel a los principios que ya había expresado claramente en su libro, inició un juicio contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para declarar inconstitucional la ley 10.606, la ley sanitaria que regula el funcionamiento de las farmacias en ese distrito.

Para todas sus presentaciones judiciales, Mario Quintana y sus abogados se apoyaron en el decreto de desregulación económica 2284 del año 1991, que habilitó a que: “cualquier persona física o jurídica de cualquier naturaleza” pueda ser propietaria de farmacias, “sin ningún tipo de restricción de localización”.

Es decir, aquel decreto desregulatorio de los años noventa, impulsado por el entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo, es el que otorga los “cambios” que ahora el funcionario Quintana pide que se apliquen en la Provincia de Buenos Aires.

El mismo decreto 2284/91 es el que también permitió, en su momento, la venta de medicamentos en quioscos, y que los supermercados pudieran instalar pequeños espacios de 20 metros cuadrados para la venta de medicamentos entre sus góndolas: el mismo modelo comercial que sigue ahora Quintana en sus farmashoppings.

En este link se puede ver la redacción original del decreto 2284/91. De los artículos a los que hacemos referencia: 13, 14 y 15, los dos últimos pudieron ser modificados con posterioridad a instancias de las entidades profesionales farmacéuticas, pero el relativo a la propiedad de las farmacias es el único que aún se mantiene vigente en la ley nacional, y es justamente el que utiliza la empresa de Mario Quintana, Farmacity, para apoyarse en sus presentaciones judiciales.

Está prevista una Audiencia Pública, habilitada por la Corte Suprema, donde se escucharán los planteos de las partes en litigio y  seguramente se actualizará esta discusión acerca de la necesidad de regulaciones sanitarias, o si por el contrario debe predominar la desregulación y la libertad de empresa.

Fuente: politicargentina.com

Efecto FMI: graves recortes en medicamentos y en el PAMI

El gobierno argentino se apresta a reducir la cobertura de medicamentos (incluidas vacunas) y los fondos del PAMI, por imposición del acuerdo con el FMI. 

El ajuste pedido por el organismo internacional excede lo que el gobierno argentino había anunciado en su momento, que se limitaría a “gastos innecesarios” y “viáticos de funcionarios”, para avanzar en temas sensibles a la salud pública.

El gobierno ya acordó con el FMI una serie de recortes que incluyen items como jubilaciones, PAMI, medicamentos, vacunas y el Fondo de Incentivo Docente, entre otros. Además, habla directamente de “congelar la AUH (Asignación universal por hijo)”, según trascendió.

Está previsto destinar 10 mil millones menos al PAMI y 9 mil millones menos al rubro “medicamentos y vacunas” que hoy cubre el sistema público.

La propuesta oficial tiene un componente de ajuste que decidió el gobierno nacional, pero ahora propone que los gobernadores implementen iniciativas similares en sus provincias.

Los recortes están incluidos en documentos que trascendieron donde se detallan los montos que se deberán ajustar, que se incluyen a continuación:

Fuentes: Infonews, C5N


Pronunciada caída de la industria farmacéutica argentina

La actividad de la industria farmacéutica, medida año a año, sufrió un retroceso de 7,7 por ciento en junio en relación a igual mes del año pasado y acumuló un índice negativo de 7,5 por ciento en el semestre comparado con igual período del  2017, precisó el Estimador Mensual Industrial (EMI) que difunde el INDEC.

La industria farmacéutica ya había experimentado un retroceso del 6,6 por ciento en mayo comparado con igual mes del año anterior y del 7,5 por ciento en el acumulado del período.

En la secuencia negativa, el EMI del INDEC ya había registrado para la industria farmacéutica una caída de 4,8 por ciento mensual y 8,6 por ciento acumulado, en marzo pasado.

Aún más grave,  en febrero  había experimentado una estrepitosa caída del 14,6 mensual y 10,5 por ciento en el acumulado, que en ese momento fue adjudicado a cuestiones coyunturales y a la paralización de plantas durante el verano.

En enero pasado,  el año comenzó con una caída del 7 por ciento para la industria farmacéutica, que en diciembre había completado un ciclo anual negativo de 6,3 por ciento.

El EMI de junio arrojó una caída del 8,1 por ciento promedio con relación a igual mes del año pasado, o sea que la industria farmacéutica estuvo por debajo de esa línea de flotación negativa.

El total del bloque de medicamentos, productos químicos, caucho y plásticos  sufrió  un retroceso de 10 por ciento promedio en junio con una caída máxima de 41,2 por ciento en la producción de agroquímicos y 20,9 por ciento en la comparación interanual.

Las automotrices retrocedieron 11,8 por ciento en la actividad industrial de junio y la metalmecánica el 10,8 por ciento en junio con relación al igual mes de 2018.

Con referencia a la encuesta cualitativa industrial, que mide expectativas de las firmas, se consultó acerca de las previsiones que tienen para el tercer trimestre de 2018 respecto a igual período de 2017.

Los principales resultados son:

Respecto a la demanda interna, 45,8% de las empresas anticipa una baja para el tercer trimestre de 2018 respecto al tercer trimestre de 2017; 41,2% prevé un ritmo estable; 13,0% espera un aumento.

Entre las firmas exportadoras, el 49,0% no anticipa cambios en sus exportaciones totales para el tercer trimestre de 2018 respecto a igual trimestre de 2017; 33,3% espera una suba; 17,7% vislumbra una disminución.

Con relación a las exportaciones realizadas exclusivamente a países del Mercosur, 62,8% no advierte cambios en sus ventas para el tercer trimestre de 2018 respecto a igual período de 2017; 19,8% anticipa una suba; 17,4% vislumbra una baja.

El 55,8% de las firmas anticipa un ritmo estable en sus importaciones de insumos; 17,1% vislumbra un crecimiento; 27,1% prevé una baja.

Consultados especialmente respecto a las importaciones de insumos de países del Mercosur, 60,3% no advierte cambios para el tercer trimestre de 2018 respecto a igual período de 2017; 24,2% prevé una disminución; 15,5% anticipa una suba.

El 54,1% de las empresas no espera cambios en los stocks de productos terminados; 24,5% anticipa una suba; 21,4% espera una disminución.

El 70,4% de las empresas no espera cambios en la dotación de personal durante el tercer trimestre de 2018 respecto a igual período de 2017; 21,0% anticipa una disminución; 8,6% prevé un aumento.

Respecto a la cantidad de horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo, 63,4% de las empresas no anticipa cambios; 27,1% anticipa una caída; 9,5% prevé un aumento.

El 58,5% de las empresas no anticipa cambios en la utilización de la capacidad instalada durante el tercer trimestre de 2018; 27,8% prevé una baja; 13,7% vislumbra una suba.

Demanda interna El 45,8% de las empresas anticipa una baja para el tercer trimestre de 2018 respecto al mismo período de 2017; 41,2% prevé un ritmo estable; 13,0% espera un aumento.

Exportaciones El 49,0% no anticipa cambios en sus exportaciones totales para el tercer trimestre de 2018; 33,3% espera una suba; 17,7% vislumbra una disminución.

Consultados exclusivamente respecto a las exportaciones destinadas a países del Mercosur, 62,8% no advierte cambios en sus ventas para el tercer trimestre de 2018 respecto del mismo trimestre del año anterior; 19,8% anticipa una suba; 17,4% vislumbra una baja.

Insumos importados El 55,8% de las firmas anticipa un ritmo estable en sus importaciones totales de insumos; 17,1% vislumbra un crecimiento; 27,1% prevé una baja.

Respecto a las importaciones de insumos de países del Mercosur, 60,3% no advierte cambios para el tercer trimestre de 2018 respecto a igual trimestre de 2017; 24,2% prevé una disminución; 15,5% anticipa una suba.

Stocks El 54,1% de las empresas no espera cambios en los stocks de productos terminados; 24,5% anticipa una suba; 21,4% espera una disminución. Utilización de la capacidad instalada El 58,5% de las empresas no anticipa cambios en la utilización de la capacidad instalada durante el tercer trimestre de 2018; 27,8% prevé una baja; 13,7% vislumbra una suba.

Necesidades de crédito El 49,5% de las empresas consultadas no espera cambios en sus necesidades crediticias para el tercer trimestre de 2018; 48,2% prevé un aumento; 2,3% anticipa una caída. Personal En el rubro dotación de personal, 70,4% de las empresas no espera cambios en la dotación de personal durante el tercer trimestre de 2018 respecto a igual trimestre de 2017; 21,0% anticipa una disminución; 8,6% prevé un aumento.

Respecto a la cantidad de horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo, 63,4% de las empresas no anticipa cambios; 27,1% anticipa una caída; 9,5% prevé un aumento.

El informe EMI completo es el siguiente: https://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/emi_08_18.pdf

Fuente: Pharmabaires

Preocupa brote de sarampión en Argentina

Category : Profesionales , Salud

Agrupación médica advierte por la falta de políticas públicas adecuadas

La Agrupación médica Luis Aredes publicó la siguiente advertencia acerca de la situación planteada por el brote de sarampión.

Hace aproximadamente 1 año, se detectaron algunos casos importados de la enfermedad. Es decir, personas que se contagiaron en el exterior.

El último caso autóctono registrado en nuestro país, data del año 2000. Sin embargo, en el corriente mes, se diagnosticaron a dos niñxs en la Ciudad de Buenos Aires, con dicha enfermedad.

Esto nos obliga a reflexionar, las causas que estarían colaborando con el resurgimiento del virus, y resulta ser, una suma de factores.

En el año 1972, se introdujo en el país la vacuna antisarampionosa, manteniendo buena tasa de cobertura en la población desde el año 1990. Acompañando a esta acción, una intensa vigilancia epidemiológica, han llevado a erradicar el Sarampión autóctono desde el año 2000 hasta ahora. Pero, en el mes de Julio de 2018, se diagnosticaron en hospitales de niños de Caba, casos con dicha enfermedad, en bebés menores a 9 meses de edad. 

Uno de los factores a tener en cuenta, es la falta de políticas adecuadas de inmunización en estos dos últimos años. En abril del corriente año, los jefes de Inmunizaciones de 23 de las 24 jurisdicciones, a excepción de la provincia de Buenos Aires, firmaron una carta donde se denunciaba la situación crítica de faltante de vacunas desde el 2017. Entre ellas, la triple viral, que protege del Sarampión, la Paperas y la Rubeola.

También en el 2017, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que asesora y da recomendaciones al Ministerio de Salud de la Nación, había informado que en Agosto de ese año, la cobertura para la primera y segunda dosis de vacunación triple viral estaba por debajo del 95% en los años 2015 y 2016. Con estos datos, ya se justificaba una nueva campaña de vacunación con la triple viral para evitar la reintroducción de Rubeóla y Sarampión en nuestro país. Pero recién en septiembre del 2018, y ahora pospuesta para Octubre del mismo año, se lanzaría la campaña de prevención. 

A dicha situación se suma, el cierre del vacunatorio dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y el externo del Htal Garraham; la falta de insumos, como jeringas y agujas descartables no entregadas por el Ministerio; el no sostenimiento de cursos de capacitación y actualización permanente a las vacunadoras de todo el país; y el inadecuado mantenimiento de las cadenas de frío para las vacunas .

El Ministerio sigue pensando cuál va a ser la estrategia a implementar, mientras el virus continúa circulando y hay miles de personas expuestas.

La vacunación es una de las acciones fundamentales en salud para la prevención de enfermedades, produciendo un beneficio general y disminuyendo las diferencias de desigualdad social, ya que además de brindar protección inmune a la persona que la recibe, reduce la circulación de los agentes que producen enfermedades.

Por todo lo expuesto, en los últimos dos años, la política de inmunizaciones ha dejado de ser prioritaria para el Estado Nacional, y por alineamiento la CABA no es ajena. Tal política de salud, muestra la cara cruel del ajuste que lleva este gobierno desde que inició su gestión.

Fuente: Agrupación médica Luis Aredes


Polémica por agencia que generaría “una salud para ricos y otra para pobres”

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Category : Profesionales , Salud

Está en discusión en el Senado argentino. La Agrupación médica Luis Aredes advierte el peligro para el acceso a la salud que generaría la creación de la AGNET.

Transcribimos el artículo original con los detalles del proyecto:

EL GOBIERNO CREA LA AGNET ¿HABRÁ UNA SALUD PARA RICOS Y OTRA PARA POBRES?

Se discute en el Senado la creación de esta Agencia que limitará las coberturas.
El ex Ministro de Salud Lemus, intentó que el Senado apruebe la creación de esta agencia de evaluación en 2016 y no pudo.
Ahora, se intenta de nuevo pasar a toda costa el proyecto de creación de la AGNET (Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud), también con el voto de los senadores, pero esta vez escondida dentro del paquete de la llamada “reforma laboral”.
La AGNET es esencial para la pretendida implementación de la CUS (“Cobertura Universal de Salud”). Será la agencia encargada de evaluar los medicamentos, productos médicos e instrumentos, y hasta las técnicas y procedimientos clínicos que serán cubiertos por el Programa Médico Obligatorio (PMO).
La nueva agencia será un organismo paralelo a la ANMAT; entonces, por ejemplo, un medicamento podrá ser aprobado para su importación, fabricación, distribución y venta en el país por parte de ANMAT, pero si la AGNET no lo considera necesario, no será cubierto obligatoriamente por prepagas, obras sociales ni por la asistencia sanitaria pública.
Lo mismo pasará con cualquier tratamiento terapéutico donde intervengan profesionales de la salud (médicos, odontólogos, bioquímicos, psicólogos): la técnica podría estar aceptada desde el punto de vista académico o profesional, pero la AGNET determinará si debe ser cubierta o no por la seguridad social; es decir, si es incorporada o excluida del PMO. De hecho, se producirá una redefinición del Programa Médico Obligatorio.
La AGNET será la instancia inapelable que decidirá la cobertura de las intervenciones sanitarias, en base a evidencia científica, pero también considerando la capacidad de pago del sistema de salud.
La agencia tendrá la facultad de tomar intervención con carácter previo a la inclusión de cualquier práctica o procedimiento en la cobertura del Programa Médico Obligatorio (PMO), como así también podrá proceder al seguimiento y monitoreo de los resultados de las tecnologías aplicadas.
Una conformación polémica
Según el proyecto que fue presentado por el senador oficialista Federico Pinedo, que está actualmente en debate, la AGNET tendrá una dependencia absoluta del Poder Ejecutivo, que designará cuatro de los cinco miembros de su directorio. El restante será propuesto por el Consejo Federal de Salud (COFESA).
La designación del directorio será discrecional. El PEN no se obliga a someter a concurso a los candidatos y las incompatibilidades por conflictos de intereses, por postulantes que se desempeñen o hayan desempeñado en el sector privado, no se han previsto con la necesaria rigurosidad.
Este directorio será asesorado por una Comisión Técnica Consultiva de 11 miembros. Cinco de ellos representarán a los prestadores (obras sociales y prepagas), que tendrán, obviamente, una tendencia a evitar la aprobación de los tratamientos “costosos”. Estos 5 miembros que representan a los prestadores, están muy cerca de la mayoría que se necesita para tomar las decisiones. Entre los 6 miembros restantes habrá uno de ANMAT, uno de la Superintendencia de Seguros de Salud, uno de la Defensoría del Pueblo de la Nación, un representante de pacientes y usuarios, uno de instituciones académicas o científicas (no se aclara si públicas o privadas) y un experto en bioética.
O sea, que el asesoramiento para que el directorio tome las decisiones de qué se cubre y qué no se cubre, tendrá una influencia muy marcada de los prestadores, que tienen 5 miembros sobre los 11 que integrarán la “comisión técnica” de consulta, y los prestadores es esperable que se inclinen por destinar menos dinero a las coberturas.
Los tratamientos caros serán para pocos: la AGNET es parte esencial de la CUS
Un requerimiento esencial de la llamada CUS (“Cobertura Universal de Salud”), que quiere implementar el gobierno, es definir cuáles serán las prestaciones esenciales, que estarán en relación con lo que se considere necesidades básicas en salud. Será justamente la AGNET la que determinará cuáles serán esas necesidades, y a qué prestaciones se tendrá derecho y a cuáles no. Se debe recordar que hay 15 millones de personas que hoy no tienen prepaga ni obra social.
En el PMO se incluyen las prestaciones, enfermedades, tipos de medicamentos y productos para la salud que tienen la obligación de cubrir, tanto el Estado -para aquellas personas que no tengan ninguna cobertura de salud-, como las obras sociales y las prepagas -para sus afiliados-.
No obstante, quien pueda pagarlos en forma particular, o tenga una buena prepaga, podrá acceder a todos los tratamientos disponibles.
La AGNET, dentro de las “reformas laborales”
La AGNET se ha presentado disimulada, como el último capítulo del paquete de reformas laborales que se están discutiendo en el Senado. Es el mismo proyecto de ley de creación de la AGNET que no pudo aprobar el gobierno nacional en el año 2016.
La estrategia puede responder, en este caso, que son las obras sociales las que niegan determinadas coberturas, siendo pasibles de resoluciones judiciales, que generalmente pierden.
La AGNET se ofrece entonces como una posibilidad de ahorro para las obras sociales, ya que el proyecto dice que las decisiones de la agencia serán vinculantes, y que será el órgano de decisión en última instancia y de consulta obligatoria por parte de los jueces. La agencia, entonces, definirá las prestaciones medico asistenciales que brindará el sistema de obras sociales, muchas de ellas administradas por sindicatos.
En definitiva, la creación de la AGNET es una forma insidiosa de ir incorporando la CUS, limitándola a una canasta de prestaciones, fuera de las cuales se hará necesario acudir al sector privado, posibilidad reservada a quienes tengan los recursos económicos necesarios.
Fuente: Agrupación Médica Luis Aredes

Farmacity: la madre de todas las batallas

La Audiencia Pública, prevista para el 25 de agosto, promete develar todos los intereses detrás de la cadena.  Estará en juego, además, el modelo de farmacia y el modo del ejercicio profesional para los farmacéuticos. Advierten que la decisión de la Corte tendrá alcance nacional, y no se limitará solamente a la Provincia de Buenos Aires.

La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública por el caso Farmacity para el 29 de agosto que se convertirá en “la madre de todas las batallas”. La COFA pide que se garantice la transparencia del debate, mientras algunas versiones sugieren que puede tratarse de una nueva maniobra para favorecer al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

“Nosotros celebramos que se le dé transparencia a este juicio, ya que si bien pensamos que la Corte Nacional no debería haber tomado el reclamo y ratificado lo que dijo la justicia bonaerense en sus cuatro instancias, vemos positivo que sea público y a los ojos de todos pues es de público conocimiento que Mario Quintana sigue tomando las decisiones de esta empresa y que lo único que persigue es rentabilidad para su empresa de capitales poco claros y escondidos detrás de sociedad de sociedades”, señaló María Isabel Reinoso, presidenta de la COFA y del Colegio Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.

Reinoso recordó que fue la COFA, junto con los diputados bonaerenses Ricardo Lissalde y Lisandro Bonelli del Frente Renovador, quienes solicitaron la audiencia pública convocada para finales de agosto.

“Luego del dictamen bochornoso, y a medida, de la Procuración General de La Nación, el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Bs. As. solicitó a la Corte Suprema de la Nación que antes de resolver convocara a una Audiencia Pública. En el mismo sentido lo hizo el defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y los diputados Lisandro Bonelli y Ricardo Lissalde, ambos legisladores y ciudadanos de la provincia de Buenos Aires”, resaltó la presidenta de la COFA.

Lisandro Bonelli en su twitter escribió: Celebramos que la @CorteSupremaAR dé transparencia y convoque a una audiencia pública por #Farmacity  Tiene que quedar claro en la Justicia que Mario Quintana utilizó su cargo en el Estado para hacer negocios. Es necesario que renuncie. #NoAFarmacity #QuintanaRenunciá

“Me genera una gran satisfacción saber que la Corte Suprema convocará a una audiencia pública por la ilegal maniobra de Mario Quintana. Tiene que quedar en claro que los funcionarios no pueden utilizar al Estado para favorecer negocios particulares”, twitteo a su vez Ricardo Lissalde.

Reinoso recordó que “este juicio se había ganado en todas las instancias en la Provincia y llegó a la instancia nacional porque la empresa farmashopping encontró un clima político propicio , ya que quien lo inició es precisamente el actual Vicejefe de gabinete Nacional”.

Para Reinoso, el juicio “tiene una significación que excede a las farmacias ya que de hacer lugar al reclamo de la empresa la Provincia de Buenos Aires y las restantes provincias del país perderían su autonomía en legislar lo referente al ejercicio de las profesiones y también las cuestiones relacionadas a la salud de sus habitantes”.

“Para todos y hasta ahora era muy claro que el ejercicio de las profesionales y las cuestiones de salud eran de orden local. Por ello la provincia de Buenos Aires y las demás legislaron en estas cuestiones. Lo que es claro para todo el mundo parece no lo es para el vicejefe del Gabinete Nacional que decidió judicializar a tres provincias, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, para acomodar via judicial las leyes que no les son funcionales a los intereses de su empresa”, remarcó.

“Los farmacéuticos que hoy ejercemos en la Provincia no tenemos nada que esconder, fuimos a la Universidad, nos formamos para brindar Salud, tenemos nuestras farmacias en la Provincia donde ejercemos digna y legalmente nuestra profesión y no nos escondemos detrás de ningún fondo de inversión ni tenemos nuestros capitales en paraísos fiscales…, todo bien transparente y pedimos que no se mercantilice nuestra profesión”, subrayó Reinoso, en un duro comentario sobre el vicejefe de Gabinete y su modelo empresario.

También “tenemos muy claro que la farmacia es un servicio de utilidad pública, no un comercio, y que la independencia profesional se verá socavada si tenemos que responder a un Ceo en lugar de responder a nuestro saber profesional”, reforzó Reinoso.

La Corte Suprema “está al rojo vivo por la pelea por la presidencia y la posible sucesión de Ricardo Lorenzetti, quien juega a fondo sus cartas para mantenerse en el cargo y, en medio de la tensión con Horacio Rosatti, ahora busca desgastar a Carlos Rosenkrantz aprovechando el caso Farmacity”, escribió La Política Online.

Rosenkrantz es uno de los dos miembros de la Corte Suprema – el otro es Rosatti- que se excusó de intervenir en el expediente de Farmacity por haber sido el abogado que presentó la demanda contra la provincia de Buenos Aires, cuando su estudio estaba contratado por la cadena de Mario Quintana.

“En el medio de los tironeos internos, en la justicia empezó a trascender que la Corte podría inclinarse por fallar a favor de Farmacity, lo que derivaría en una inevitable polémica política por la ligazón de la cadena con Mario Quintana”, agregó la publicación.

La audiencia incluirá a otros actores y organizaciones de la sociedad civil y de consumidores convocadas por la Corte Suprema, tal como ocurrió en las audiencias por el Riachuelo y la Ley de Medios, pues de escuchar solo a la Cofa, el Colegio Farmacéutico y Farmacity se repetirían argumentos ya escuchados en otras instancias inferiores.

Daniel Alvarado, presidente de la OnG Farmacéuticos sin Fronteras, recordó que “ya nos presentamos hace unos años en otro juicio contra Farmacity cuando Mauricio Macri era el Jefe de Gobierno”.

Entre las entidades que participaron de audiencias precedentes vinculadas a la demanda de Farmacity figuran el Cels, Poder Ciudadano, la Comisión de Defensa del Consumidor y de la Competencia, la Asociación de Usuarios y Consumidores Unidos, la Asociación de Abogados de la Ciudad y la Asociación de Docentes Universitarios, entre otras.

Mientras brotan las especulaciones sobre la transparencia de la Corte Suprema y los intereses creados,  se reproduce a continuación la petición de una audiencia pública que presentó la COFA el 26 de abril:

SOLICITA AUDIENCIA PÚBLICA

Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación:

María Isabel Reinoso, en carácter de Presidente del COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, constituyendo domicilio electrónico junto a mi letrado patrocinante Dr. Daniel Alberto Sabsay (To. 29 Fo. 389), en 20101340067 en los autos caratulados “FARMACITY S.A C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/ S/ PRETENSION ANULATORIA – RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY” Exp. 118/2017 a V.E. digo:

I- OBJETO Que en carácter de tercero coadyuvante de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires en las presentes actuaciones y en los términos de la Acordada 30/2007 vengo a solicitar a V.E. convoque a una audiencia pública informativa. Dicho marco resulta sumamente propicio para la intervención de Amigos del Tribunal a fin de enriquecer el debate público en relación al presente caso. Todo ello, en mérito a las consideraciones que se exponen a continuación.

II.- RELEVANCIA PÚBLICA DEL CASO. El debate público mejora la legitimidad de las decisiones al requerir criterios comprensivos de las distintas posiciones para arribar a un consenso entrecruzado, que si bien no conducirá a lo que cada uno desea individualmente permitirá en cambio lo que todos deseamos, es decir, vivir en una sociedad ordenada sobre la base de un criterio más realista de justicia (RAWLS, John, “Justice as Fairness. A restatement”, Harvard University Press, 2001).

La vinculación entre la participación en las decisiones relacionadas a las políticas públicas y el fortalecimiento de la democracia ha sido remarcada en numerosos instrumentos internacionales suscriptos por la Argentina, entre los que cabe destacar a la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, Lisboa, Portugal, 25 y 26 de junio de 2009, Capítulo primero, puntos 2 y 3) y el Código Iberoamericano del Buen Gobierno, respaldado por la XVI Cumbre Iberoamericana (Uruguay, noviembre de 2006, especialmente regla 11.7 y regla IV.35).

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires nuclea y representa a los farmacéuticos que ejercen su actividad en la Provincia de Buenos Aires, en cualquiera de sus ámbitos, en las oficinas farmacéuticas, en los laboratorios, en los hospitales públicos, entre otros; defendiendo en todo momento el quehacer profesional de los mismos. En este sentido, la entidad que represento se encuentra en condiciones de efectuar un sustancial aporte al debate público que suscita la presente controversia.

La relevancia pública del caso radica en la defensa del servicio público de farmacia regulado por la Ley 10.606 que se traduce en la protección del derecho a la salud. Justamente, lo destacado a nivel público es la afectación que podría llegar a tener el modelo sanitario vigente en el territorio de la Provincia de Buenos Aires si se declara inconstitucional el articulado en cuanto a la propiedad de farmacias, pues esto constituye una herramienta medular para el acceso seguro a bienes sociales como los medicamentos, alejándose de un modelo corporativo y capitalista que concibe a la farmacia como un negocio.

Las Farmacias por su carácter de servicio público impropio, establecido por ley (art. 1 Ley 10606) y fiscalizado por el Estado, se hallan sujetas a un régimen normativo específico, el cual responde a la necesidad de garantizar un servicio de calidad al público, siendo un centro sanitario al servicio de la comunidad. Por ello corresponde realizar una planificación y ordenamiento para la autorización para su funcionamiento, de tal forma de propender a su real distribución racional en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.

El objetivo que ha tenido en miras la legislatura provincial es la de garantizar a la población, una adecuada y homogénea atención farmacéutica, como asimismo, que el acceso al medicamento sea ágil y rápido, y en las mismas condiciones para todos, independientemente donde resida el paciente, destacando de este modo el derecho a la salud como elemento prioritario en la cuestión.

De allí surge la exigencia de establecer que tal actividad profesional solamente pueda ser llevada a cabo por el farmacéutico y que, sin duda alguna, la propiedad de la farmacia constituye una modalidad del ejercicio profesional y por lo tanto inseparable de su regulación. Tal ha sido el criterio seguido por la legislatura provincial al regular sobre tal materia, conforme lo expresa el artículo 14 de la ley 10.606 (Texto según Ley 11.328), norma de la cual surge la necesaria participación de los farmacéuticos en la propiedad de las farmacias, ya sea teniendo la titularidad de la oficina en forma exclusiva (farmacia unipersonal); compartiendo la propiedad con otro/s farmacéuticos (sociedad de responsabilidad limitada y sociedades colectivas) o bien conformando una sociedad en comandita simple, condicionada a que los socios no farmacéuticos actúen como socio comanditarios y no tengan injerencia en la dirección técnica, debiendo asimismo, estar integradas por personas físicas perfectamente individualizadas ante la autoridad sanitaria.

Tal como quedara expuesto, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires,  se establece un régimen taxativo en lo que a propiedad de farmacias se refiere, impidiendo que cualquier persona física o jurídica pueda ser propietaria de oficinas farmacéuticas, como consecuencia de su condición de servicio público impropio asignado por ley y fiscalizado por el Estado (conf.art.1 de la Ley 10.606). En este aspecto, reservar la propiedad de farmacias al farmacéutico, se vincula expresamente con que ello constituye una modalidad inherente al ejercicio profesional, y como tal, inseparable de tal concepto. Este es el sentido que se ha expuesto en el debate parlamentario que precedió a la sanción de la Ley (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, Noviembre 25  de 1987  y Diario de Sesiones de Cámara de Diputados 02-04-87), como asimismo lo ha manifestado la más calificada doctrina (Bezzi, Osvaldo Máximo: “La propiedad de la farmacia; modalidad inherente al ejercicio profesional”. LL 1986-E, Sección Doctrina, pag. 1135).

Este es el criterio que han seguido las sentencias de primera instancia, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires y la Suprema Corte Bonaerense, quienes han sido contundentes acerca de la constitucionalidad de la Ley 10.606. Por ello consideramos que el reciente dictamen de la Procuradora Fiscal Laura Monti, de fecha 11 de abril de 2018, se distancia de una correcta interpretación constitucional para elaborar una opinión a la medida de Farmacity. No desconocemos que tal dictamen no es vinculante para V.E. No obstante ello, la trascendencia pública y sanitaria del caso pone de relieve la necesidad de abrir el debate y discutir los groseros errores jurídicos en lo que incurre la Procuradora Fiscal y, sin dudas, el instrumento para hacerlo es una audiencia pública en la que intervengan, además de las partes los amigos del tribunal.

Como puede leerse en su dictamen, la Procuradora Fiscal Laura Monti, recomienda hacer lugar al recurso de queja y declarar la procedencia del recurso extraordinario interpuesto, revocar la sentencia apelada en cuanto declara la validez constitucional del art 14 de la ley 10.606, declarar la nulidad de los actos locales que se fundan en el impedimento que esa norma prevé y devolver los autos al tribunal de origen a fin de que se pronuncie acerca de la tacha de inconstitucionalidad que se endilga al art 3° de la ley local 10.606. En efecto, no se pronuncia sobre las restricciones por distancia y densidad demográfica sino sólo sobre la titularidad de farmacias.

Entre las consideraciones del dictamen, el principal argumento tiene que ver con la distribución constitucional de competencias. La Procuradora sostiene que regular la capacidad de las personas humanas y jurídicas es una potestad del Congreso Nacional (art. 75 inc. 12 Constitución Nacional). Desde esta perspectiva, considera que la Ley 10.606 no puede prohibir a una S.A. ser titular de farmacias. Esta postura constituye un grosero error jurídico. En efecto, una interpretación en ese sentido no sólo desconoce que las materias reguladas son diferentes sino también la distribución constitucional de competencias entre el Congreso Nacional y la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires en materia de salud.

La regulación de farmacias integra el poder de policía provincial, no sólo por vincularse con el ejercicio de una profesión liberal, sino también por encontrarse en juego razones de salubridad pública. Por ello las provincias han conservado dichas atribuciones y no han sido delegadas a la Nación, por lo tanto son exclusivas de las primeras (art. 121 CN). Bajo ninguna circunstancia puede admitirse que la Ley 10.606 invada y/o avance sobre atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación (arts. 75 inc. 12), tal como sugiere la Procuradora. Pues aquí no estamos en presencia de la regulación del comercio sino del ejercicio de una profesión que se halla directamente vinculada a la saludo de la población.

Tal como explica la Suprema Corte bonaerense, en el régimen institucional diseñado por la Constitución nacional, las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal (conf. sus arts. 5, 121, 122 y 123) y la regulación de todo lo concerniente al ejercicio de las profesiones liberales es facultad exclusiva de la Legislatura (conf. art. 42, Const. Prov.). Así la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado que “es indudable la facultad de las provincias de reglamentar el ejercicio de profesiones liberales, dentro del poder de policía que les está reservado” (Fallos 156:290; 197:569; 199:202)”. Partiendo de esta base sobre distribución constitucional de competencias, la Suprema Corte Provincial en la presente causa señala que “…La ley 10.606 es una típica regulación de policía, dictada en ejercicio de poderes locales; no una delimitación de la capacidad de las personas jurídicas”.

La Procuradora Fiscal soslaya la trascendencia que implica que en el territorio provincial las farmacias constituyan un servicio público y la condición de bien social del medicamento en la Constitución Bonaerense. A su vez, el dictamen pareciera olvidar que el Decreto 2284/91 se ocupa de la desregulación del Comercio Interior de Bienes y Servicios y del Comercio Exterior, del mercado de capitales y de una reforma fiscal entre otras cuestiones. Mientras que la Ley 10.606 se refiere específicamente a la actividad farmacéutica y su regulación. En efecto, no existe confrontación de facultades pues no estamos en presencia de facultades concurrentes referentes al poder de policía de bienestar. Afirmar lo contrario, implicaría confundir el poder de policía “para afianzar la libertad económica” (terminología literal de los considerandos del Decreto 2284/91)  con el poder de policía sobre una actividad vinculada a la salud de la población como lo es la actividad farmacéutica (artículo 36 inc. 8 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).

Sin dudas, estamos en presencia de un caso de relevancia pública puesto que, en caso de confirmarse el dictamen de la Procuradora, se producirá un impacto destructivo para el modelo sanitario y el servicio público de farmacias de la Provincia de Buenos Aires. En este contexto, a efectos discutir las aristas más relevantes del caso y para eliminar posibles errores en la apreciación de los hechos y el derecho relevante, mejorar el debate público y oír las opiniones de organismos especializados, la audiencia pública deviene una instancia crucial.

III- PETITORIO Por todo lo expuesto, a V.E. SOLICITO  convoque a una audiencia pública informativa habilitando la intervención de los Amigos del Tribunal.

PROVEER DE CONFORMIDAD

SERÁ JUSTICIA

Fuente: PharmaBaires

En defensa del modelo sanitario de farmacia

En este documento publicado por la Agrupación Médica Luis Aredez se toma postura a favor del modelo sanitario de farmacias. 

 Se rechaza el “modelo” de cadenas de farmacias “shoppings”, que se presenta publicitariamente como un adelanto o una alternativa “moderna” , y se detallan las propuestas más recientes de FIP y OPS/OMS para lo que deben ser las nuevas orientaciones de los servicios farmacéuticos, que coinciden con la propuesta del modelo sanitario de farmacias.

La nota advierte acerca del avance de los negocios privados sobre el derecho a la salud, que también se viene observando en otras áreas.

Transcribimos el artículo original:

EN DEFENSA DEL MODELO SANITARIO DE FARMACIAS – Documento publicado por la Agrupación Médica Luis Aredez

Es necesario reaccionar y tomar una postura firme y muy clara cuando se pretende avanzar sobre el derecho a la salud para dar lugar a los negocios privados. Hoy, esto está pasando en el sector farmacéutico.

En el caso de las farmacias, el intento se hizo más evidente, y llegó a algunos medios de prensa, porque está resultando beneficiado un funcionario público: el Vicejefe de Gabinete del gobierno nacional, el economista Mario Quintana, que es el fundador y dueño de la cadena de farmacias más grande de Argentina.

Funcionarios públicos con negocios privados

Desde que Quintana es funcionario público, su cadena de farmacias (Farmacity) fue favorecida por decisiones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, el año pasado, y más recientemente por un dictamen de la Procuración General de la Nación. En el primer caso, se benefició a esa empresa en relación a la atención al PAMI; en el último caso el dictamen judicial sirvió para acompañar la intención de Quintana de instalar su cadena de farmacias en la provincia de Buenos Aires, donde una ley sanitaria se lo prohíbe.

También, se procesó a un alto funcionario del Ministerio de Salud de la Nación acusado de proteger a la empresa de Quintana, a la que no se le habrían aplicado las sanciones administrativas que correspondían. Las faltas sanitarias que se detuvieron serían más de cien.

El funcionario Quintana promueve para su cadena de farmacias el estilo “farmashopping”, un tipo de establecimiento comercial de venta polirrubro que busca maximizar ganancias y relega a un segundo plano la función sanitaria de las farmacias y el rol de los farmacéuticos como agentes de salud.

Para fundamentar sus argumentos, el dictamen de la Procuración se basó en el decreto 2284 del PEN, sancionado el 31 de octubre de 1991, a instancias del entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo. El decreto desregulaba varios aspectos de la actividad farmacéutica; por ejemplo, permitió que fondos de inversión extranjeros pudieran ser propietarios de farmacias, a través de sociedades anónimas; también permitió la apertura de farmacias dentro de supermercados e impidió todo intento de distribución racional en la instalación de estos establecimientos sanitarios.

Lejos de mejorar el modelo de farmacias argentino y los servicios farmacéuticos, dándoles una orientación sanitaria y un lugar dentro del sistema de salud, se las desvirtuó y se favoreció el negocio de unas pocas empresas.

Se desmerece la función sociosanitaria de farmacias y farmacéuticos

Este modelo que se promueve ahora desde los más altos niveles del gobierno nacional argentino, ya ha demostrado sus efectos negativos en otros países sudamericanos.

El caso más conocido es el chileno, donde la desregulación absoluta del sector, en las últimas décadas, llevó a que la dispensa de medicamentos a la población esté concentrada a tal punto que es manejada por solamente tres cadenas de farmacias.

El perjuicio que se ocasionó en el país trasandino quedó en evidencia cuando se detectaron aumentos concertados de precios de más de 200 medicamentos, entre ellos muchos para enfermedades crónicas: epilepsia, diabetes, asma, reumatismo, hipertensión, y también antibióticos y anticonceptivos. Estas cadenas de farmacias concertaron sobreprecios de medicamentos de hasta el 3000 %. A la vez, en ellas el trabajo de los profesionales farmacéuticos es cada vez peor retribuído.

¿Cuál es el sistema “moderno” de farmacias?

Publicitariamente, el “modelo” de cadenas de farmacias “shoppings” se presenta como un adelanto, una alternativa “moderna” contra un modelo sanitario de farmacias que se quiere estigmatizar como “atrasado”. Esta es una falacia, que no resiste el más mínimo análisis cuando se consideran las últimas recomendaciones de los organismos sanitarios internacionales.

En efecto, si se consideran las directrices conjuntas de la FIP (Federación Internacional de Farmacias) y de la OMS sobre buenas prácticas de farmacia (año 2011), así como también las recomendaciones en cuanto a los estándares de calidad de los Servicios Farmacéuticos de la OPS/OMS (año 2013), el desarrollo de un modelo sanitario de farmacias sostiene propuestas muy distintas a las que quieren imponer Quintana y los grandes grupos económicos que actúan en alianza con él, que se orientan hacia el modelo chileno.

Tanto FIP, como OPS/OMS proponen un servicio farmacéutico cercano a la población, con inserción comunitaria, de cercanía, que brinde posibilidad de acceso a las consultas, a la educación sanitaria, al uso adecuado de los medicamentos, con una distribución racional de las farmacias para que sean la puerta de entrada al sistema sanitario formal. Es decir, todo lo contrario a lo que propone el modelo “farmashopping”: grandes superficies concentradas en los centros urbanos (donde es redituable el negocio), orientación al consumo inadecuado de medicamentos y subutilización de los recursos humanos formados.

Farmacias, CUS, AGNET, PAMI: negocios sin límite

Nada de lo anterior, sin embargo, puede sorprendernos. Va en línea con el avance de las estrategias de mercado y de los negocios privados sobre el derecho a la salud de la población, que también se viene observando en otras áreas.

La reforma del sistema de salud argentino, a través de la llamada “Cobertura Universal de Salud” (CUS), promovida por un decreto presidencial, también se propone generar ganancias a empresas privadas, retirándose el Estado de las prestaciones y dejando de lado regulaciones para generar un negocio que quedará en pocas manos.

En el PAMI, la tendencia es que el Estado sea un comprador de medicamentos de los grandes laboratorios (con un predominio cada vez más marcado de los laboratorios extranjeros) y de servicios a las farmacias (que terminará concentrándose en las grandes cadenas), ofreciendo cada vez menos beneficios y menos cobertura a los afiliados.

La Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AGNET), recientemente presentada en el Senado, acotará la responsabilidad del Estado a una cantidad limitada de prestaciones y al suministro de algunos medicamentos básicos, abriendo el negocio a empresas privadas para otro tipo de tratamientos y farmacoterapias.

En síntesis, hoy en el ámbito de las farmacias, como en otras áreas, se hace evidente que se favorecen negocios privados –muchas veces ligados a funcionarios públicos-, se limitan las posibilidades de los profesionales para desarrollarse y ofrecer sus servicios, subutilizándolos y subordinándolos a un interés comercial, a la vez que se hace cada vez más difícil el acceso a la salud para la población.

Ver el documento original aquí.


El convenio PAMI-medicamentos se cae: los números no cierran

Los recientes cambios en el convenio de provisión de medicamentos a los jubilados, por imposiciones del gobierno a través del PAMI, lo complicaron. Se obligó a las farmacias a trabajar con dos precios distintos (un PVP libre y otro PVP irreal para PAMI), pero la reciente devaluación y aumento de precios complica su futuro.

Las cámaras farmacéuticas analizan como salir de la encrucijada de los Precios Pami (o precios máximos) acordados antes de la estampida del dólar que no cesa, con el incremento del costo de las importaciones y la paritaria con ATSA que se avecina. El panorama es “desesperante”, agregaron los farmacéuticos.

Los medicamentos y las bananas serán los productos de consumo que más aumentarán con el nuevo precio del dólar, precisó un informe de La Nación.

Ese aumento coloca a la industria farmacéutica ante un nuevo escenario que no estaba previsto cuando firmaron el nuevo convenio PAMI con precios congelados, que se retrotrajeron, y actualizaciones por debajo de la inflación anual.

Un gran éxito para Sergio Cassinotti, el titular del PAMI, pero para la industria si aquello que firmaron era un modelo borrascoso y con incógnitas, ahora comienza a tomar las dimensiones de un Titanic.

“Este convenio no va más, se fue todo a la m…..”, señalaron sin eufemismos directivos de la industria farmacéutica nacional.

Así el Convenio PAMI no va…no se puede cumplir”, reforzaron los directivos de las dos cámaras de los laboratorios nacionales que en los últimos días, por separado, analizaron la crisis que se les avecina.

La sustentabilidad del convenio siempre estuvo en duda. Lo que no estaba previsto es que comenzara a naufragar a la quinta semana de vigencia, a causa del dólar trepidante.

Como primera medida, las cámaras nacionales acordaron pedir una urgente reunión con el PAMI para exigir un cronograma de pagos previsible y “que se cumpla” de la deuda de 3.200 millones de pesos. Ya hubo algunos incumplimientos y atrasos que habían prometido desterrar con el nuevo convenio.

El segundo tema, crucial, es como cumplir con los Precios Pami y el impacto sobre el precio de los medicamentos de venta directa al público, con la escalada continúa del dólar.

“El 95 por ciento de los incipientes son importados. El 100 por ciento de los colorantes también. Por el monopolio de la Ley de Patentes los medicamentos alto costo son importados desde casa matrices o desde Brasil,  por el titular de la patente, por ejemplo oncológicos y para la diabetes y la hepatitis”, resumieron.

Además hay otro factor: el costo de la materia prima procedente de China se ha incrementado del 100 al 250 por ciento desde comienzos de año,  debido a que han emprendido un proceso de adecuación ambiental de sus plantas fabriles al Tratado de París. Y el impacto de China también repercute en el mercado de India. Entre ambos países son los principales proveedores del mercado argentino.

Se han advertido incrementos que superan el 5 por ciento en el precio de los medicamentos a partir de la escalada del dólar, en pocas semanas. Y es el comienzo.

La situación de las farmacias es desesperante. Aceptamos el Acuerdo PAMI como el mal menor, pero hay farmacias de los barrios periféricos como Barracas, Liniers y la Boca que están cerrando”, señalaron directivos del colegio de Farmacéuticos de Capital Federal.

“Pami fue siempre la obra social universal que servía para sostener al farmacéutico independiente, pero ahora el convenio no es holgado como para ayudar a la sustentabilidad. Crecieron los gastos fijos y hay más restricciones para vender a los jubilados”, señalaron los farmacéuticos porteños.

Estos voceros aseguraron que “el dueño de una farmacia de barrio, lejos del centro, gana lo mismo que un farmacéutico en relación de dependencia y entonces termina por cerrar y no se abren farmacias nuevas en este contexto adverso”.

Los farmacéuticos también aseguraron que “la industria se había comprometido a no aumentar el precio de venta al público más del 20 por ciento de los Precios Pami, pero esa promesa ahora es evidente que es imposible de cumplir y la ecuación para el farmacéutico será negativa porque terminaremos financiando la diferencia entre los precios de venta al público y el Precio Pami”.

Desde la industria admiten que hubo una promesa no escrita pero no de fijar un techo del 20 por ciento para la “grieta” de precios entre PAMI y el resto, sino que “nos íbamos a hacer cargo del 5 por ciento de la diferencia”.

Al mismo tiempo, desde la industria reconocieron que la situación de las farmacias “es desesperante y nos tenemos que sentar de nuevo a evaluar alternativas”.

Los farmacéuticos insistieron que resulta imposible funcionar “cuando las droguerías te cortan al minuto si no pagas y  para afrontar los descubiertos en el banco te están pidiendo del 70 al 80 por ciento anual”.

En algo, las farmacias de barrio parecen hermanadas con Farmacity pues según La Política OnLine durante la corrida bancaria la cadena debió acudir al Banco Galicia y le pidieron 60 por ciento de interés por un adelanto.

Mario Quintana, el ex CEO de la cadena y vicejefe de Gabinete, reaccionó al grito de “usureros” cuando se enteró del episodio.

Fuente: Pharmabaires


Se presentó proyecto de ley que busca limitar los “farmashoppings”

Plantea la necesidad de fortalecer la función sanitaria de las farmacias y el rol profesional farmacéutico.

Se presentó en el Congreso, y ante la prensa, un proyecto de ley que introduce modificaciones en algunos artículos de la Ley 17.565 sobre el Ejercicio de la Actividad Farmacéutica, que de ser aprobado constituirá una barrera para evitar que sociedades anónimas se expandan con modelos de farmacias que no siguen un modelo sanitario.

Fernanda Raverta, diputada nacional del  FVP por Mar del Plata, señaló que el proyecto de su autoría “le brinda seguridad a los farmacéuticos” y que constituye “un mensaje claro a la Corte Suprema de Justicia”, donde se encuentra el recurso que presentó la cadena Farmacity para poder ingresar al territorio bonaerense.

“Es escandaloso el lobby del vicejefe de Gabinete nacional, Mario Quintana, por Farmacity”, enfatizó Raverta durante la presentación del proyecto de ley que acompañan Ivana Bianchi de Unidad Justicialista de San Luis y vicepresidenta de  la Comisión de Salud, Cecilia Moreau y Daniel Arroyo del Frente Renovador, Mónica Macha, Agustín Rossi, Andrés Larroque, Máximo Kirchner, Julio Solanas, Carlos Castagnetto, Luis Tailhade del Frente para la Victoria, y Araceli Ferreyra de Peronismo para la Victoria de Corrientes.

“Sabemos del rol de los farmacéuticos en las comunidades”, resaltó Raverta frente a un nutrido auditorio encabezado por los directivos de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), los presidentes de los colegios farmacéuticos de la mayoría de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, y de los municipios bonaerenses de Chacabuco, Chascomús, Olavarría, Lomas de Zamora y Ezeiza, entre otras comunas.

Precisamente, Raverta y María Isabel Reinoso, presidenta de la COFA, resaltaron que 79 concejos deliberantes bonaerenses aprobaron ordenanzas de respaldo a los farmacéuticos bonaerenses en su disputa con Farmacity y otro 19 tienen en estudio iniciativas similares.

Raverta y Reinoso también coincidieron que la ofensiva de Farmacity, que desde 2010 perdió en todas las instancias judiciales de la provincia incluida su Corte Suprema, refleja “un clima de época con empresarios que son funcionarios e interfieren en la ley”.

Reinoso destacó el acompañamiento de Carlos Villagra de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales, y de Miguel Lombardo, presidente de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias FACAF.

“Entre las tres entidades venimos trabajando todos los días para mejorar el servicio a 5.500.000 de jubilados”, resaltó Reinoso.

La titular de la COFA enfatizó que “llenaron las farmacias de papas fritas, golosinas, chupetines….nosotros no estudiamos cinco años o más para eso”, al trazar una comparación con el modelo de la cadena Farmacity.

Reinoso destacó la presencia del diputado bonaerense Lisandro Bonelli del Frente Renovador y autor de la ley con media sanción en la legislatura provincial que frena el ingreso de las sociedades anónimas como dueñas de farmacias.

Precisamente, Reinoso recordó que Bonelli presentó un estudio durante el debate en la legislatura provincial demostrativo que “hay 150 Farmacity en las zonas con más ingresos y apenas 21 en las zonas de menos ingreso” per cápita.

Reinoso identificó a la desregulación que inició el ministro de Economía Domingo Cavallo en tiempos del menemismo como la raíz de una interpretación capciosa sobre la que intenta montarse Farmacity para judicializar su presencia en las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe.

Agustín Rossi, uno de los firmantes del proyecto y presidente del bloque del FVP calificó de “obsceno” que el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, aún accionista de Farmacity, “dedique parte de su tiempo a presionar al Poder Judicial para conseguir un fallo que beneficie sus negocios, su empresa personal”.

“Esta ley pone al Estado en el lugar que debe estar regulando el mercado farmacéutico e interpreta la preocupación de vastos sectores de la sociedad”, enfatizó Rossi.

El presidente del bloque destacó que su compañero de bancada, Fernando Espinosa, presentó un proyecto similar sobre el funcionamiento de las farmacias que contiene coincidencias con el de Raverta.

El ex ministro de Salud Daniel Gollan, recordó los conflictos que atravesó durante su gestión con el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y hoy presidente Mauricio Macri, a causa del funcionamiento de Farmacity en el ámbito porteño violando normas legales nacionales.

“Macri fallo siempre a favor de desvirtuar el rol del farmacéutico y la importancia de los medicamentos”, reseñó Gollan, recordando el veto del ahora presidente Macri a la ley que buscaba evitar la venta de medicamentos en kioscos.

Alejandro Colla, ex ministro de Salud bonaerense, recordó que le tocó afrontar en 2010 “el primer inconveniente con esta empresa” cuando intentó ingresar a la provincia.

“Esto tiene que ver con la visión económica que tiene este gobierno”, afirmó el ex ministro de Salud de Daniel Scioli.

Gustavo Traverso, senador provincial por Unidad Ciudadana y farmacéutico, participó junto con Raverta en la redacción de este proyecto

“Está en juego el modelo de atención sanitaria y la definición constitucional, a nivel nacional y provincial, que el farmacéutico es un agente de salud y el medicamento un bien social”, remarcó Traverso, al contrastar con el modelo de Farmacity.

Además, “las cadenas alientan el autoconsumo”, reforzó Traverso.

 

Quintana, las SA, y las provincias que protegen sus farmacias

Esta modificación a nivel nacional va en consonancia con la sanción de leyes provinciales en Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos que impiden que sociedades anónimas instalen farmacias.

Desde 2012 que la empresa propietaria de la mayor cadena de farmacias argentina quiere hacer pie en Buenos Aires, pero la provincia lo limitó y el año pasado Farmacity llevó su reclamo hasta la Corte Suprema.

Recientemente, el periodista Jorge Lanata apuntó contra Mario Quintana en su programa televisivo y aseguró que el funcionario aún controla la cadena de farmacias.

Señaló que a pesar de tener menos del 3% de las acciones de esa empresa, en los hechos controla más del 50% de las decisiones en el directorio de esa compañía y no blanqueó ello en su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA)

El proyecto de Ley presentado es el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Expediente 2787-D-2018

Sumario: FARMACIAS – LEY 17565 -. MODIFICACIONES SOBRE REGULACION DEL EJERCICIO. DEROGACION DEL ARTICULO 13 DEL DECRETO 2284/91 RATIFICADO POR LEY 24307

Fecha: 10/05/2018

http://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=2787-D-2018

El Senado y Cámara de Diputados…

ARTÍCULO 1°. Modifíquese el artículo 3 de la Ley 17.565, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 3°: Las farmacias por ser un servicio público impropio integrante del sistema de salud, estarán racionalmente distribuidas en el territorio nacional a fin garantizar el acceso equitativo a los medicamentos y demás productos sanitarios, y su uso racional, con la prestación de servicios farmacéuticos integrales y continuos basados en la atención primaria de la salud y la educación sanitaria.

Para asegurar la accesibilidad y calidad en el servicio según las necesidades sanitarias, la autorización de la instalación de farmacias será establecida por las autoridades jurisdiccionales correspondientes, determinando los requerimientos de distancia entre farmacias y la cantidad de farmacias por habitante de acuerdo a las características demográficas y geográficas de cada jurisdicción.

Los traslados de farmacias podrán realizarse dentro de la misma localidad, partido o departamento y podrá solicitarse para farmacias que acrediten una antigüedad mínima de funcionamiento en su lugar de origen, conforme al régimen local.

A los efectos de obtener la habilitación por parte de la autoridad sanitaria competente, además de lo concerniente a la propiedad y dirección técnica previstos en la presente ley, el interesado deberá acreditar que la farmacia reúne los requisitos edilicios, sanitarios, de seguridad, equipamiento, documentación, drogas y medicamentos que se establezcan en la reglamentación.

Asimismo, la autoridad sanitaria fijará los medicamentos o especialidades medicinales que por su acción terapéutica pueden ser requeridos en casos de urgencia y deban conservarse en las farmacias para su dispensación inmediata del público.

ARTÍCULO 2°. Modifícase el artículo 4 de la Ley 17.565, el que quedará redactado en los siguientes términos:

Artículo 4°: Una vez acordada la habilitación a que se refieren los artículos precedentes, en las farmacias no se podrá introducir modificación alguna en su denominación o razón social o en las modalidades de sus prestaciones, sin autorización previa de la autoridad sanitaria.

Para facilitar a los usuarios la identificación de las oficinas de farmacia, deberán contar en su fachada con una cruz verde, con dispositivo que permita su iluminación.

Las reformas, ampliaciones, cierres temporarios, definitivos o reaperturas, deberán comunicarse previamente a la autoridad sanitaria.

Toda farmacia que haya permanecido cerrada por más de treinta (30) días corridos, será considerada como entidad nueva en el caso de su reapertura.

ARTÍCULO 3°. Incorpórase como artículo 14 de la Ley 17.565, el siguiente texto:

Artículo 14°: Podrá autorizarse la instalación de farmacias cuando la propiedad sea:

a) De profesionales farmacéuticos con título habilitante.

  1. b) De Sociedades Colectivas ó Sociedades de Responsabilidad Limitada, integradas totalmente por profesionales habilitados para el ejercicio de la Farmacia, como asimismo, entre profesionales farmacéuticos y terceros no farmacéuticos, no pudiendo estos últimos tener injerencia en la dirección técnica de la farmacia, ni en ninguna tarea vinculada al ejercicio profesional. El/los profesional/es Director/es Técnico/s asumirá/n como gerente/s en este tipo de sociedades. Las sociedades de Responsabilidad Limitada estarán integradas por personas físicas quienes deberán individualizarse ante la autoridad sanitaria. El tercero no farmacéutico no podrá participar en más de dos (2) sociedades propietarias de farmacias
  2. c) De Establecimientos hospitalarios públicos dependientes de la Nación, Provincias o Municipios. La dispensación de medicamentos se hará exclusivamente con destino a los pacientes asistidos en el establecimiento, ya sean internados o ambulatorios, previa presentación de la receta médica o modalidad interna que la sustituya. Las clínicas, sanatorios y hospitales privados deberán contar con servicio de farmacia habilitada para brindar servicio exclusivamente a los pacientes internados.

Las mismas deberán contar con la presencia efectiva personal de profesionales farmacéuticos.

 

  1. d) De Obras Sociales, Entidades Mutualistas y/o Gremiales que se encuentren autorizadas por sus estatutos, las que deberán reunir los siguientes requisitos:

Una antigüedad mínima de cinco (5) años en su actividad social reconocida y el número mínimo de afiliados o asociados que se determine en la reglamentación.

Que se obliguen a mantener la dirección técnica efectiva personal de un farmacéutico.

Estas Farmacias estarán destinadas exclusivamente al servicio asistencial de los asociados ó afiliados de la Entidad ó Entidades que las instalen y de las personas a su cargo, cuya nómina y vínculo deberá consignarse en el carnet que lleva el beneficiario. Asimismo, en el local en el que funcione el establecimiento, se deberá contar con la nómina de las personas habilitadas para hacer uso de la farmacia, en la cual se consigne su nombre y dirección, como asimismo, vínculo familiar con el titular afiliado o asociado y número de credencial correspondiente, la cual deberá ser permanentemente actualizada.

Estas Farmacias no podrán tener propósito de lucro y no podrán expender medicamentos y demás productos farmacéuticos a precio mayor que el costo y un adicional que se estimará para cubrir gastos generales y que fijará el Ministerio de Salud.

El Balance de estas Farmacias debe estar integrado en el Balance consolidado de la entidad propietaria.

Estas Farmacias en ningún caso podrán ser entregadas en concesión, locación ó sociedad con terceros, sea en forma declarada ó encubierta. Cuando se constatare la transgresión a esta norma se procederá a la inmediata clausura del establecimiento sin perjuicio de otras sanciones que puedan aplicarse según el caso.

Queda prohibido la suscripción de contratos de franquicia o de cualquier otro tipo de contrato o convenio conducente a la disminución, aunque sea parcial, de la independencia técnica o de criterios en el ejercicio de la profesión farmacéutica.

Queda prohibido cualquier autorización para otras modalidades de propiedad de Farmacias que no sean las especificadas en este artículo.

ARTÍCULO 4°. Incorpórase como artículo 15 de la Ley 17.565, el siguiente texto:

Artículo 15°: En caso de fallecimiento del propietario ó socio farmacéutico de inhabilitación en su carácter de tal, podrá mantenerse el funcionamiento de la Farmacia, siempre que la dirección técnica sea ejercida por un profesional farmacéutico, debiendo regularizarse la situación en el término de tres (3) años.

ARTÍCULO 5°. Modifíquese el artículo 17° de la Ley 17.565, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 17°: Los farmacéuticos para ejercer su profesión deberán estar inscriptos en la matricula cuyo registro y atención se encuentra a cargo de los colegios profesionales o de la autoridad sanitaria correspondiente cuando no existiere colegio en la jurisdicción, los que autorizarán el ejercicio profesional otorgando la respectiva matrícula y extendiendo la correspondiente credencial. Esta deberá ser devuelta al colegio profesional o la autoridad sanitaria cuando por cualquier circunstancia sea suspendida o cancelada la referida matrícula. Los interesados, en su primera presentación deberán constituir domicilio legal y declarar sus domicilios real y profesional.

La matriculación es el acto por el cual el colegio profesional o la autoridad sanitaria otorga la autorización para el ejercicio profesional, de acuerdo a lo establecido en la presente, y podrá ser cancelada en virtud de sentencia judicial firme, de acuerdo a lo establecido en la presente ley o en las respectivas leyes de colegiación.

ARTÍCULO 6°. Incorpórase como artículo 61 BIS° de la Ley 17.565, el siguiente texto:

Artículo 61 BIS°: Las disposiciones de la presente ley son de orden público y serán de aplicación a la actividad farmacéutica en todo el ámbito nacional.

Las autoridades jurisdiccionales correspondientes ejercerán las facultades de habilitación, fiscalización y control, pudiendo disponer exigencias específicas cuando así lo impongan fundadamente particulares circunstancias locales, en cuanto resulten complementarias a las de esta ley.

ARTÍCULO 7º: Deróganse el artículo 13 del Decreto 2284/91, ratificado por Ley 24.307 y el artículo 1 inciso c) del Decreto N° 240/99.

ARTÍCULO 8º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Este proyecto tiene por objeto actualizar la regulación del ejercicio de la farmacia, como establecimiento, institución jurídica y sobre la profesión del farmacéutico, en función de los avances científico-tecnológicos y educativos, los cambios de paradigma en el enfoque de los servicios farmacéuticos impulsados por organismos internacionales especializados de salud (Organización Panamericana de la Salud -OPS-, Organización Mundial de la Salud -OMS-, Federación Internacional Farmacéutica –FIP-), como así también, la adaptación al contexto normativo, sociopolítico y de políticas sanitarias.

Al respecto, ha de tenerse presente que el derecho a la protección de la salud es uno de los derechos humanos fundamentales consagrado constitucionalmente con la incorporación de los tratados internacionales en la reforma de 1994, constituyendo un deber inexcusable del Estado, el de cumplir y respetar tal derecho a la salud. En tal sentido, el Estado debe procurar las condiciones, prestaciones y bienes necesarios para lograr el más alto nivel posible de salud, incluyendo entre las acciones requeridas al efecto, la elaboración del marco legal regulatorio adecuado para las diferentes actividades del sector salud.

Es así pues que, en el marco de las políticas de salud, las acciones de atención primaria a través de los centros de salud, así como las de promoción y educación sanitaria, colocan al farmacéutico y a las farmacias en un papel relevante, por tener este profesional un contacto directo e inmediato con el paciente y sus familiares o allegados, y se transforma en un establecimiento sanitario de consejo profesional autorizado y de derivación consciente a la consulta médica.

En este aspecto, cabe resaltar que las directrices de la OMS en alianza con la FIP sobre el papel del farmacéutico en los servicios de salud, la función del farmacéutico y las buenas prácticas de farmacia y más tarde, sobre su rol en el autocuidado y la automedicación , sumado a la experiencia en regiones de Latinoamérica, han representado un marco importante para redefinir el papel no solo del profesional, sino de los servicios farmacéuticos hacia la garantía de la atención integral, integrada y continua, respondiendo a las necesidades y problemas, tanto individuales como colectivos, de la salud de la población. Los valores, principios y elementos de la atención primaria de la salud (APS) representan pues una excelente oportunidad para reorientar los servicios farmacéuticos de calidad como parte integral de los sistemas y servicios de salud.

Las farmacias realizan entonces, un trabajo complementario de las acciones llevadas a cabo por los servicios de atención de la salud, siendo su preocupación constante la calidad de sus servicios y de los productos que dispensa, dirigiendo los esfuerzos de su actuación en forma prioritaria a las necesidades de los pacientes.

En ese marco, es dable señalar que, como consecuencia de su condición jurídica, esto es, por su carácter de servicio público impropio, las farmacias se hallan sujetas a un régimen legal específico que es parte del poder de policía del Estado, el cual responde a la necesidad de garantizar un servicio de calidad al público, acorde a la naturaleza de la farmacia como centro sanitario al servicio de la comunidad.

En el ámbito de la farmacia, se desempeña el farmacéutico, cuya misión es conforme lo ha definido la OPS, contribuir al cuidado de la salud individual y colectiva de la población, a través de su participación activa en el equipo de salud y la comunidad, con servicios farmacéuticos integrales, integrados y continuos, comprometidos con el acceso equitativo a medicamentos y otros insumos sanitarios esenciales de calidad, y su uso racional, incluyendo las terapias alternativas y complementarias en un sistema de salud basado en la atención primaria de la salud, para de este modo alcanzar su mayor nivel de salud posible .

Resulta así trascendente que el público pueda acceder al servicio en condiciones equitativas, y que la actividad farmacéutica constituya una fuente de información fidedigna y segura a través del farmacéutico, en la actual concepción de su rol como agente sanitario de relevancia social. Estas importantes funciones sanitarias que deben cumplir las farmacias como servicio de salud, deben estar relacionadas con un grupo de población mínimo al cual brindar el mismo. Lo expuesto, se vincula a la necesaria distribución de los establecimientos farmacéuticos de manera estratégica y razonable para que toda la población tenga posibilidad de acceso en igualdad de condiciones.

Sin embargo, por aplicación del Decreto 2284/91 de “desregulación económica”, promovido por el entonces ministro de economía Domingo Cavallo, se posibilitó la instalación indiscriminada de farmacias, concentradas en zonas urbanas, dejando sin servicio a poblaciones más alejadas de tales centros o en áreas rurales, priorizando el factor económico por sobre la real necesidad o utilidad pública en la apertura de nuevas oficinas de farmacia.

Este modelo insertó al medicamento y a la profesión farmacéutica en un marco económico de libre competencia, sometido a la ley de la oferta y demanda; muy alejado del modelo sanitario sostenido por la profesión farmacéutica. En efecto, en tanto el medicamento es un bien social y no una simple mercancía, la atención en salud no debe regularse con reglas de un mercado absolutamente comercial; se imponen pues el criterio profesional, el uso racional del medicamento y el bienestar general. Una activa participación del Estado en el control de la dinámica permitirá a la población un mejor acceso a esta instancia sanitaria garantizando medicamentos confiables y optimizando los servicios que presta el farmacéutico a la población.

A fin de permitir que ello resulte viable, es que corresponde realizar una planificación y ordenamiento para la autorización del funcionamiento de las farmacias, de tal forma de propender a su real distribución racional en el territorio nacional. Ello, con el objetivo de garantizar a la población, una adecuada y homogénea atención farmacéutica, como asimismo, que el acceso al medicamento sea ágil y rápido, y en las mismas condiciones para todos, independientemente donde resida el paciente.

Por el artículo 13 del referido Decreto 2284/91, se modificó además el artículo 14 de la ley 17.565, posibilitando que personas ajenas a la profesión puedan ser propietarias de farmacia, permitiéndose la titularidad a otras formas societarias tipificadas en la ley de sociedades, incluso sociedades anónimas.

Sin embargo, este tipo de figuras sociales no se compadece con la condición jurídica de la farmacia. En efecto, en tanto se trata de un servicio público impropio, resulta menester la individualización del sujeto que brinda tal servicio, de modo de precisar las responsabilidades que pudieran caberle en lo que el acto sanitario de la dispensa refiere (esto es, ante la eventual producción de un hecho dañoso derivado de una incorrecta actuación profesional del farmacéutico). Admitir un criterio diverso, conduciría a que tal servicio público, quede en manos de sujetos indeterminados, mutables en función de las modificaciones en la composición societaria, con el consiguiente riesgo de la disipación de la responsabilidad.

Conforme ha sido definido por calificada doctrina, “la farmacia es, por excelencia, el ámbito del ejercicio profesional del farmacéutico, al que es inherente la titularidad del establecimiento. Dicho de otro modo, el concepto “farmacia-farmacéutico” es un todo inescindible y la titularidad -o propiedad- no es más que una modalidad de la regulación profesional” . Surge entonces claramente la indivisibilidad del ejercicio profesional y la propiedad de la farmacia, por ser la oficina farmacéutica el ámbito natural donde el farmacéutico ejerce su profesión, ya que la farmacia existe porque existe el farmacéutico.

Lo antes dicho es compartido por varios países miembros de la Unión Europea, que han sancionado en sus respectivos Estados, diversas leyes, que con un espíritu marcadamente sanitario, regulan sobre la instalación y funcionamiento de las farmacias, en cuanto prestadoras de un servicio público. La práctica recogida en estos países, ha demostrado resultados altamente positivos, en cuanto a la organización del funcionamiento de las farmacias, arrojando como resultado una eficiente cobertura farmacéutica al paciente y garantizando la independencia del asesoramiento profesional del farmacéutico como titular de la oficina farmacéutica.

Las modificaciones normativas operadas a partir del año 1991 en la ley 17565, condujeron a que el farmacéutico director técnico que no sea propietario de su farmacia -en forma individual o como socio administrador de una sociedad-, quedara en franca relación de dependencia; llevando a una fractura de responsabilidades jurídicas. Así personas ajenas a la profesión actuando como empleadores y administradores de farmacias, se reservan el poder de decisión, los distintos aspectos de la administración, incluidas entre otras actividades, las compras de medicamentos, pudiendo marginar de ellas al farmacéutico, perdiendo así este profesional el control exclusivo sobre la gestión de compras, mantenimiento de stocks, horarios de atención, etc. Se identifica pues una situación compleja en cuanto a determinar quién será el responsable de la calidad y procedencia de medicamentos adquiridos en esa forma, donde el profesional director técnico no hubiera tenido injerencia en alguna de estas adquisiciones.

Por otra parte, a través del presente proyecto de ley se recepta la evolución normativa del desempeño profesional desde las incumbencias propias y las actividades reservadas al título farmacéutico, constituyéndolo así en un texto integrado, aplicable a todos los ámbitos de competencia referidos al ejercicio de la profesión farmacéutica. De tal modo, resulta una propuesta abarcativa y actualizada, contemplado temas no incluidos en la normativa vigente, posibilitando así superar vacíos legislativos.

A su vez, aquellas actividades reservadas e incumbencias definidas en el nivel educativo universitario, que viene acreditada con la posesión del título farmacéutico, no habilita para ejercer, resultando necesario un procedimiento de registro ante los colegios de farmacéuticos y asociaciones profesionales (que ejercen potestades legalmente delegadas por el Estado, en cuanto al registro y control de la matrícula) o la autoridad sanitaria según corresponda, conocido como matriculación, y el cumplimiento de pautas contenidas en un cuerpo normativo que define la buena práctica de la profesión.

Se propone además derogar el artículo 13 del decreto 2284/91, con el fin de superar las gravosas consecuencias que la desregulación económica trajo aparejada, con una clara distorsión de los criterios sanitarios y la ausencia de fiscalización efectiva por parte del Estado. A los efectos precedentemente reseñados, se establecen pautas regulatorias de alcance nacional, siendo las mismas de orden público; con resguardo de las normas locales preexistentes y dejando a criterio de cada jurisdicción el desarrollo de los aspectos operativos específicos.

El presente proyecto de ley se enmarca en el contexto normativo precedentemente referenciado, en consonancia con los avances científicos, tecnológicos y educativos, y recogiendo las recomendaciones de organismos de jerarquía internacional en materia de salud.

Por todo lo expuesto, solicito a los y las legisladoras, acompañen con su voto el presente proyecto de ley.

Fuentes: Pharmabaires, HCN, DyN


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