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Las universidades también defienden el modelo sanitario de farmacia contra el farmashopping

Hubo importantes definiciones de las casas de altos estudios en defensa del modelo sanitario de farmacia y a favor de la independencia profesional del farmacéutico. Emitieron resoluciones y comunicados la Facultad de La Plata, la Facultad de Farmacia de la UBA y el ECUAFyB, se incluyen los documentos en esta nota.

El Ente Coordinador de Unidades Académicas de Farmacia y Bioquímica, la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata emitieron esta semana sendos documentos de apoyo a la farmacia como centro de salud.

Las entidades académicas manifestaron frontalmente su oposición al dictamen de la Procuración General de la Nación, del 11 de abril pasado, que dio un guiño a la entrada de Farmacity a la provincia de Buenos Aires, en sintonía con la demanda de Mario Quintana contra  la Ley sanitaria 10.606 de ejercicio de la actividad farmacéutica.

Las universidades públicas y privadas manifestaron sus críticas al dictamen

Documento de posición de ECUAFyB:

ECUAFyB (Ente Coordinador de Unidades Académicas de Farmacia y Bioquímica) presentó un documento de posición en el cual sostiene que “observa con preocupación últimos acontecimientos referidos al dictamen de la Procuración General de la Nación” y entre los argumentos señala que “el medicamento es un bien social, y su acceso debe estar garantizado para asegurar la salud pública, atendiendo a la racional distribución de las farmacias comunitarias en todo el territorio, las cuales se constituyen en centros de atención primaria de la salud bajo la responsabilidad del único profesional experto: el farmacéutico”.

Sostiene también que “la figura jurídica de cuya titularidad depende el establecimiento sanitario, condiciona el libre desempeño profesional en vistas a las obligaciones normativas del propio ejercicio, donde el farmacéutico debe promover el uso racional y no mercantilista del medicamento en la dispensa, brindando sus servicios profesionales, los cuales son reconocidos en el mundo a través de innumerables documentos emitidos por la OMS, la OPS, la Federación Internacional de Farmacia, entre otras prestigiosas instituciones.”

“La Farmacia comunitaria, como centro de Atención Primaria de la Salud, debe centrar su organización, gestión y funcionamiento en actividades relacionadas a su rol sanitario, en desmedro de otras actividades comerciales ajenas a su rol natural vinculado a la Salud Pública”, señala el contundente documento de ECUAFyB.

 

Resolución del Consejo Directivo de la FFyB – UBA:

Por su parte, el Consejo Directivo de la Facultad de Farmacia de la UBA puntualizó en la Resolución N°128 que el pronunciamiento del procurador subrogante Casal “pretende sustentarse en el antiguo y desusado decreto desregulatorio 2284/91, tratando a la dispensa de los medicamentos como si se tratase de un simple acto mercantil”.

Destaca también que “de tomarse la decisión sugerida se afectará severamente la Salud Pública, ya que apunta a la concentración, poniendo el fin de lucro por encima de las necesidades sanitarias de la población”.

Se reafirma la importancia de los artículos 3° y 14° de la Ley 10.606 de la Provincia de Buenos Aires, “ya que los mismos son un reaseguro para que el Farmacéutico cumpla su función de asesorar a otros integrantes del equipo de salud y a la población sobre el uso racional del medicamento y otros productos para la salud”.

La decana Cristina Arranz y la secretaria académica Laura Schreier establecen “elevar la Resolución al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires recomendando que se pronuncie a favor de la defensa de la Salud Pública y la profesión farmacéutica y lo eleve a la Corte Suprema de Justicia”.

Acceda en este link a la Resolución de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires – UBA

 

Resolución de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata:

También se manifestó en defensa de la ley sanitaria provincial 10.606. rechazando explícitamente el dictamen de la Procuración. Se destacan la importancia de los servicios farmacéuticos, a los que la población accede gratuitamente, por encima de consideraciones de carácter mercantil.

Fuente: COFA

 

 

 


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En defensa del modelo sanitario de farmacia

En este documento publicado por la Agrupación Médica Luis Aredez se toma postura a favor del modelo sanitario de farmacias. 

 Se rechaza el “modelo” de cadenas de farmacias “shoppings”, que se presenta publicitariamente como un adelanto o una alternativa “moderna” , y se detallan las propuestas más recientes de FIP y OPS/OMS para lo que deben ser las nuevas orientaciones de los servicios farmacéuticos, que coinciden con la propuesta del modelo sanitario de farmacias.

La nota advierte acerca del avance de los negocios privados sobre el derecho a la salud, que también se viene observando en otras áreas.

Transcribimos el artículo original:

EN DEFENSA DEL MODELO SANITARIO DE FARMACIAS – Documento publicado por la Agrupación Médica Luis Aredez

Es necesario reaccionar y tomar una postura firme y muy clara cuando se pretende avanzar sobre el derecho a la salud para dar lugar a los negocios privados. Hoy, esto está pasando en el sector farmacéutico.

En el caso de las farmacias, el intento se hizo más evidente, y llegó a algunos medios de prensa, porque está resultando beneficiado un funcionario público: el Vicejefe de Gabinete del gobierno nacional, el economista Mario Quintana, que es el fundador y dueño de la cadena de farmacias más grande de Argentina.

Funcionarios públicos con negocios privados

Desde que Quintana es funcionario público, su cadena de farmacias (Farmacity) fue favorecida por decisiones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, el año pasado, y más recientemente por un dictamen de la Procuración General de la Nación. En el primer caso, se benefició a esa empresa en relación a la atención al PAMI; en el último caso el dictamen judicial sirvió para acompañar la intención de Quintana de instalar su cadena de farmacias en la provincia de Buenos Aires, donde una ley sanitaria se lo prohíbe.

También, se procesó a un alto funcionario del Ministerio de Salud de la Nación acusado de proteger a la empresa de Quintana, a la que no se le habrían aplicado las sanciones administrativas que correspondían. Las faltas sanitarias que se detuvieron serían más de cien.

El funcionario Quintana promueve para su cadena de farmacias el estilo “farmashopping”, un tipo de establecimiento comercial de venta polirrubro que busca maximizar ganancias y relega a un segundo plano la función sanitaria de las farmacias y el rol de los farmacéuticos como agentes de salud.

Para fundamentar sus argumentos, el dictamen de la Procuración se basó en el decreto 2284 del PEN, sancionado el 31 de octubre de 1991, a instancias del entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo. El decreto desregulaba varios aspectos de la actividad farmacéutica; por ejemplo, permitió que fondos de inversión extranjeros pudieran ser propietarios de farmacias, a través de sociedades anónimas; también permitió la apertura de farmacias dentro de supermercados e impidió todo intento de distribución racional en la instalación de estos establecimientos sanitarios.

Lejos de mejorar el modelo de farmacias argentino y los servicios farmacéuticos, dándoles una orientación sanitaria y un lugar dentro del sistema de salud, se las desvirtuó y se favoreció el negocio de unas pocas empresas.

Se desmerece la función sociosanitaria de farmacias y farmacéuticos

Este modelo que se promueve ahora desde los más altos niveles del gobierno nacional argentino, ya ha demostrado sus efectos negativos en otros países sudamericanos.

El caso más conocido es el chileno, donde la desregulación absoluta del sector, en las últimas décadas, llevó a que la dispensa de medicamentos a la población esté concentrada a tal punto que es manejada por solamente tres cadenas de farmacias.

El perjuicio que se ocasionó en el país trasandino quedó en evidencia cuando se detectaron aumentos concertados de precios de más de 200 medicamentos, entre ellos muchos para enfermedades crónicas: epilepsia, diabetes, asma, reumatismo, hipertensión, y también antibióticos y anticonceptivos. Estas cadenas de farmacias concertaron sobreprecios de medicamentos de hasta el 3000 %. A la vez, en ellas el trabajo de los profesionales farmacéuticos es cada vez peor retribuído.

¿Cuál es el sistema “moderno” de farmacias?

Publicitariamente, el “modelo” de cadenas de farmacias “shoppings” se presenta como un adelanto, una alternativa “moderna” contra un modelo sanitario de farmacias que se quiere estigmatizar como “atrasado”. Esta es una falacia, que no resiste el más mínimo análisis cuando se consideran las últimas recomendaciones de los organismos sanitarios internacionales.

En efecto, si se consideran las directrices conjuntas de la FIP (Federación Internacional de Farmacias) y de la OMS sobre buenas prácticas de farmacia (año 2011), así como también las recomendaciones en cuanto a los estándares de calidad de los Servicios Farmacéuticos de la OPS/OMS (año 2013), el desarrollo de un modelo sanitario de farmacias sostiene propuestas muy distintas a las que quieren imponer Quintana y los grandes grupos económicos que actúan en alianza con él, que se orientan hacia el modelo chileno.

Tanto FIP, como OPS/OMS proponen un servicio farmacéutico cercano a la población, con inserción comunitaria, de cercanía, que brinde posibilidad de acceso a las consultas, a la educación sanitaria, al uso adecuado de los medicamentos, con una distribución racional de las farmacias para que sean la puerta de entrada al sistema sanitario formal. Es decir, todo lo contrario a lo que propone el modelo “farmashopping”: grandes superficies concentradas en los centros urbanos (donde es redituable el negocio), orientación al consumo inadecuado de medicamentos y subutilización de los recursos humanos formados.

Farmacias, CUS, AGNET, PAMI: negocios sin límite

Nada de lo anterior, sin embargo, puede sorprendernos. Va en línea con el avance de las estrategias de mercado y de los negocios privados sobre el derecho a la salud de la población, que también se viene observando en otras áreas.

La reforma del sistema de salud argentino, a través de la llamada “Cobertura Universal de Salud” (CUS), promovida por un decreto presidencial, también se propone generar ganancias a empresas privadas, retirándose el Estado de las prestaciones y dejando de lado regulaciones para generar un negocio que quedará en pocas manos.

En el PAMI, la tendencia es que el Estado sea un comprador de medicamentos de los grandes laboratorios (con un predominio cada vez más marcado de los laboratorios extranjeros) y de servicios a las farmacias (que terminará concentrándose en las grandes cadenas), ofreciendo cada vez menos beneficios y menos cobertura a los afiliados.

La Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AGNET), recientemente presentada en el Senado, acotará la responsabilidad del Estado a una cantidad limitada de prestaciones y al suministro de algunos medicamentos básicos, abriendo el negocio a empresas privadas para otro tipo de tratamientos y farmacoterapias.

En síntesis, hoy en el ámbito de las farmacias, como en otras áreas, se hace evidente que se favorecen negocios privados –muchas veces ligados a funcionarios públicos-, se limitan las posibilidades de los profesionales para desarrollarse y ofrecer sus servicios, subutilizándolos y subordinándolos a un interés comercial, a la vez que se hace cada vez más difícil el acceso a la salud para la población.

Ver el documento original aquí.


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De farmacias a farmashoppings: ¿el “cambio” hacia atrás?

Una crítica a la orientación que se le quiere dar a las farmacias argentinas.

En esta nota publicada por Nuevo Encuentro Salud de la Ciudad se analizan hechos recientes y se los pone en relación con iniciativas que ya han fracasado en el pasado.

Se remarca también la coincidencia de ideas entre Mario Quintana (dueño y fundador de Farmacity), Rodriguez Larreta (Gobernador de la Ciudad de Buenos Aires) y María E. Vidal (gobernadora de la Provincia de Buenos Aires), que están expuestas en un libro que escribieron juntos.

Transcribimos la nota original:

 

EL “CAMBIO” HACIA ATRÁS EN SALUD: DE FARMACIAS A FARMASHOPPINGS

El gobierno macrista aplica el concepto de Mario Quintana: no hay límites para los negocios.

Días pasados, causó sorpresa, malestar y alerta un dictamen de la Procuración General de la Nación a favor de Farmacity, la empresa del Vicejefe de Gabinete del gobierno nacional, Mario Quintana.

Causó sorpresa porque se opuso a tres fallos de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que habían sido adversos a Farmacity. Estos fallos defendían la ley provincial, que regula y promueve un modelo sanitario de farmacias.

En efecto, la ley 10.606 de la provincia de Buenos Aires garantiza una distribución racional de establecimientos farmacéuticos en todo el territorio, en función de recomendaciones sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, con parámetros de densidad poblacional y distancia para su instalación.

La ley permite la propiedad de las farmacias a profesionales farmacéuticos y a determinadas figuras societarias, de las que se excluye a las sociedades anónimas.

Ambas regulaciones legales obstaculizan los intereses de Mario Quintana, que no puede instalar su cadena de farmacias.

El modelo de farmacias propuesto por el funcionario, sustentado con dinero proveniente de fondos de inversión, sigue una orientación netamente comercial, no sanitaria, volcada a la oferta polirrubro, con un modelo “farmashopping” que banaliza los medicamentos transformándolos en un bien de consumo. Asimismo, desmerece la atención profesional farmacéutica y los servicios sanitarios que podrían brindarse en las farmacias, ocultándolos detrás de la oferta polirrubro que incluye golosinas, lencería y bazar.

Esto responde estrictamente a los criterios defendidos por Mario Quintana, planteados en conceptualizaciones teóricas, y llevados luego a la práctica en su modelo “farmashopping”.

 

Quintana, Rodriguez Larreta y Vidal: unidos por las mismas ideas

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El libro que escribieron juntos Quintana, Larreta y Vidal.

En un libro de 1998, titulado “Domando al elefante blanco”, escrito en colaboración con su ex compañero de estudios, el hoy gobernador y también economista Horacio Rodriguez Larreta, Mario Quintana expone temerariamente sus “soluciones” para atender derechos básicos, entre ellos la salud y la asistencia sanitaria.

Su propuesta es darle toda la autonomía posible a las empresas privadas para que se hagan cargo de las necesidades de la salud, haciendo con libertad sus negocios. En la práctica, esto lo traduce en requerir autonomía absoluta para sus “farmashoppings”, instalándolas donde le convenga, y vendiendo todo lo que sea rentable, olvidándose de la función sociosanitaria de estos establecimientos.

En el mencionado libro, participó una recién recibida, Licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina: María Eugenia Vidal. Resulta fácil observar los lazos conceptuales que unen a Vidal con Quintana, y los motivos por los que, la actual gobernadora de la Pcia. De Buenos Aires, no defiende las leyes sanitarias de su provincia, amenazadas por Quintana.

(Ver este link para información del libro de referencia)

 

El dictamen de la Procuración a la Corte: desregulatorio y a favor de la libertad de empresa

El reciente dictamen emitido por la Procuración es a la medida de Quintana: recomienda a la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptar el caso iniciado por el funcionario, y habilitar la sociedad anónima para permitir la entrada de su cadena de farmacias en cualquier territorio de la Nación.

El expediente, que había sido presentado por el propio Mario Quintana, sostenido actualmente en su calidad de funcionario público, implica un juicio al Estado, ya que litiga contra gobiernos provinciales.

El dictamen que firmó el Procurador interino Eduardo Casal (designado por el gobierno en lugar de Alejandra Gils Carbó) debe generar alerta también por sus fundamentos: se basa casi exclusivamente en el decreto de desregulación económica 2284 del año 1991, que habilitaba a que: “cualquier persona física o jurídica de cualquier naturaleza” pueda ser propietaria de farmacias, “sin ningún tipo de restricción de localización”.

Es decir, aquel decreto desregulatorio de los años noventa, impulsado por el entonces todopoderoso Domingo Cavallo, el ex Ministro de Economía, que llevó el país a la ruina, es el que otorga los “cambios” que ahora pide Quintana… veintisiete años después.

El mismo decreto 2284/91 es el que también permitió la venta de medicamentos en quioscos, y que los supermercados pudieran abrir pequeños “stands” de 20 metros cuadrados para la venta de medicamentos (no se los puede llamar farmacias) entre sus góndolas: el mismo modelo comercial que sigue ahora Quintana en sus farmashoppings.

En este link se puede ver la redacción original del decreto 2284/91, véanse los artículos a los que hacemos referencia: 13, 14 y 15, estos dos últimos pudieron ser modificados con posterioridad a instancias de las entidades profesionales farmacéuticas, pero el relativo a la propiedad de las farmacias es el único que aún se mantiene vigente, y fue justamente el utilizado en el dictamen de la Procuración para favorecer a Farmacity.

En definitiva, son las ideas de Mario Quintana, ahora funcionario, las que marcan el rumbo del gobierno y de la justicia macrista: los negocios avanzando sobre la salud, apartando todas las normativas y regulaciones que obstaculicen sus intereses económicos.

Ver nota original aquí.


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Patentes de medicamentos: informe alerta sobre impacto del Acuerdo Mercosur-UE

El acuerdo de libre comercio que prevén firmar este año los bloques económicos de la Unión Europea y el Mercosur podría afectar el acceso de los pacientes a medicamentos y otras tecnologías médicas debido a la modificación en plazos y alcance de las patentes, según un informe de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP).


Las negociaciones para este acuerdo comenzaron en el año 2000 pero se han aplazado varias veces por diferencias entre los bloques. En los últimos años, sin embargo, el proceso parece llegar a su fin, y se prevé que en el primer semestre del año haya una reunión decisoria.

El acuerdo establece pautas para intercambios económicos en diferentes rubros, aranceles, cupos de exportación, cuestiones de propiedad intelectual e inversiones, entre otros temas.

En este marco, el diálogo no ha estado exento de dificultades y críticas, y en esa línea se presenta el trabajo del GEP, que compara costos de las drogas en distintos escenarios según algunos de los borradores del pacto y concluye que los aumentos podrían llegar a hasta 26,5 por ciento en 2050 con respecto a lo que saldría sin la firma del acuerdo.

Según el informe del GEP —una organización sin fines de lucro que trabaja por los enfermos de VIH—, eso ocurriría, por ejemplo, debido a la extensión del plazo de las patentes. “Las patentes en el Mercosur se otorgan por veinte años. Según el borrador al que tuvimos acceso, el acuerdo plantearía una extensión del plazo, aunque no está definido cuánto”, señaló Lorena Di Giano, directora de GEP, que espera que la difusión atenúe el impacto potencial.

Entre otros puntos, el acuerdo incluye clásulas de confidencialidad de datos de pacientes, y el informe del GEP señala que estas medidas también son perjudiciales. Sin embargo, lo más preocupante del estudio es que demuestra cómo se comportarían los precios.

Di Giano pone un ejemplo: “El presupuesto para Sida en Argentina fue de US$ 113 millones en 2016. Con la extensión de patentes, sólo para seis medicamentos (10 por ciento total), cuatro de VIH y dos de hepatitis c, se necesitarían 76 millones, es decir, una gran parte de ese presupuesto. Son datos reveladores y muestran el impacto de la firma del acuerdo así como se plantea”.

El informe de GEP fue acercado a los negociadores técnicos del Mercosur que entendieron los riesgos, pero de todas maneras las decisiones se toman en esferas ministeriales y presidenciales.

“Es preocupante lo que plantea el informe si se firmara el acuerdo”, dice Fernando Avellaneda, presidente de la prestadora de servicio de salud obra social de la provincia argentina de Tucumán y vocal del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (Cosspra).

Avellaneda trabajó en el área de salud del Mercosur en 2009 y 2010. Desde entonces, dice, ve cómo representantes de grandes laboratorios a través de distintos organismos piden modelos de libre comercio total.

“Es parte de la estrategia de las compañías, que buscan concentrarse en medicamentos caros, que no puedan tener genéricos (o biosimilares)… En resumen, todo lo que impide acceso a medicamentos no debe ser aceptado, teniendo en cuenta que eso es parte de los derechos humanos”, dice.

Con ello coincide Rubén Sajem, presidente Sección de Farmacéuticos del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal de Argentina (COFyBCF): “Corresponde rechazar la falacia de que una protección extrema a los laboratorios innovadores funciona como un incentivo global a la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos”.

“Por el contrario, no hace más que profundizar la asimetría en la posibilidad de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, y esto es grave en países que tienen una industria farmacéutica con muy buenos recursos profesionales y técnicos, que es posible desarrollar y mejorar”, agrega.

Los precios ya son caros y el acuerdo lo puede agravar aún más, explicó Sajem. “El laboratorio propietario de una patente tiene discrecionalidad absoluta sobre el medicamento, en cuanto a su elaboración, al precio, y también sobre los canales y condiciones de distribución y dispensa, en los que trata de maximizar ganancias imponiendo sus condiciones de comercialización”.

Enlace al informe de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP)

Fuente: scidev.net


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PAMI: ALERTAN SOBRE UN “CAOS INDUCIDO” PARA QUEDARSE CON EL NEGOCIO DE LOS MEDICAMENTOS PARA LOS JUBILADOS

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Category : Farmacia , Profesionales , Salud

“Una guerra”, “campo de batalla”, son las metáforas bélicas que está utilizando el periodismo con insistencia para explicar el conflicto entre el PAMI, la industria, los colegios farmacéuticos y los distribuidores. Mientras tanto el acuerdo sigue lejos y nadie arriesga que pasará a partir del primero de abril. Hay quienes sospechan que “el caos” es inducido para favorecer a algunos grupos económicos vinculados al gobierno.

En los últimos días se repitieron los tensos encuentros en la Casa Rosada donde los directivos de las cámaras farmacéuticas son recibidos por el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, con una nueva modalidad: cámara por cámara quizás en un intento por romper el frente empresario.

En igual sintonía, la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) puso el dedo en la llaga, advirtiendo que a partir del primero de abril, cuando teóricamente debe comenzar a regir el nuevo convenio, “los jubilados podrían quedarse sin medicamentos”.

“Si no hay prórroga se espera un caos a partir del primero de abril, porque las farmacias no están preparadas para atender con el nuevo sistema”, afirmaron dirigentes farmacéuticos de la Ciudad de Buenos Aires.

La posibilidad de una prórroga, recurso que ya aplicó Sergio Cassinotti, titular del PAMI, cuando asumió a mediados del año pasado, no está sobre la mesa de negociaciones, por ahora, aseguran los voceros empresarios.

Pero objetivamente a nadie le conviene el caos pronosticado por los colegios farmacéuticos. Para el gobierno tendrá un costo político muy fuerte en momentos en que la inflación golpea los bolsillos y la economía no arranca.

Y para los laboratorios sería ocupar el peor escenario, como los “malos de la película”. Papel de reparto que ya tienen asumido.

“Esperamos que nadie esté jugando a ese caos para irrumpir en el sistema para imponer sus ‘soluciones’”, es el temor que acecha en la COFA, siempre atenta a los movimientos en las sombras del segundo Vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

Lo cierto, tal como advirtió la titular de la COFA, María Isabel Reinoso, “nadie le está avisando a los jubilados que a partir de abril no tendrán las marcas de medicamentos que consumen habitualmente”.

PAMI ya repartió una lista de precios máximos o “ponderados” a los que deberían ajustarse los laboratorios a partir de abril. “El noventa por ciento de los laboratorios no están en condiciones de aceptar los precios propuestos”, comentaron a Pharmabaires directivos de laboratorios nacionales, de primera línea. Si ellos no pueden, menos los medianos que le siguen en la pirámide.

Las farmacias pequeñas y medianas “van a dejar en claro su voluntad de atender a los jubilados, pero si se les garantizan condiciones y plazos de pago previsibles y posibles de sostener. Los problemas no los generaron estas farmacias ni los colegios farmacéuticos”, subrayaron desde la COFA.

Reinoso ya anticipó la demanda de la COFA: para sostener el nuevo sistema las bonificaciones de las farmacias deben reducirse al 10 por ciento promedio “para defender la atención en farmacias pequeñas y medianas de todo el país”.

Ese será el reclamo que en las próximas horas la COFA y la federación de cámaras de farmacias FACAF trasladarán a las cámaras de laboratorios, como advertencia de que no acompañaran cualquier acuerdo y que quieren negociar directamente con el PAMI.

En las últimas horas surgió una supuesta rendija para negociar, que consiste en la opción de congelar los precios a diciembre y reducirlos 5 por ciento como quiere el PAMI, pero con actualizaciones trimestrales que acompañarían el incremento inflacionario por el que se desliza la economía argentina.

Pero el PAMI parece “enamorado” de los precios máximos y de las licitaciones, que consideran “no negociables”. Especialmente desde que la licitación conjunta de PAMI e IOMA de Factor VIII para hemofílicos facilitó un supuesto ahorro del 80 por ciento.

Mario Negri, titular del bloque radical en la Cámara de Diputados, escribió eufórico en Twitter: “el Gobierno Nacional logró que los laboratorios licitaran en $ 313 millones la misma droga hemofílica por la que hace un año pidieron $1.800 millones. Es la política más progresista en salud que se haya encarado desde los tiempos de Arturo Illia. Sigamos #CambiandoJuntos.

La referencia al gobierno de Illia no es gratuita. Apunta a refrescar en la memoria de la sociedad argentina aquella responsabilidad histórica adjudicada a los laboratorios farmacéuticos en el derrocamiento del ex presidente radical en 1966, a causa de haber sancionado una Ley de Medicamentos.

“No nos extraña, en alguna de las reuniones en la Rosada dejaron entrever que nos iban a echar la culpa del derrocamiento de Illia a través de algunos de sus aliados en el gobierno”, comentaron directivos de la industria.

Así también negaron que el ahorro fuese del 80 por ciento como afirma el gobierno y propusieron que “explique cómo saca las cuentas y que cifra tomó para hacer la comparación”.

Desde las cámaras empresarias también observan con asombro y molestia cómo se impone un lenguaje belicista como “campaña de batalla” o “guerra a los laboratorios” en los textos periodísticos de escribas con acceso a los despachos oficiales. Le adjudican la terminología a la “bajada de línea” de la Casa Rosada.

También el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, durante una entrevista para el canal La Nación + habló de “cierta corrupción en la competencia por precios de los medicamentos”, pero no abundó en sus imputaciones ni el periodista repreguntó.

El ambiente está enrarecido es cierto, pero los voceros industriales negaron enfáticamente la versión de un intercambio de insultos entre el presidente Mauricio Macri y dueños de laboratorios nacionales, como deslizó LaPolíticaOnLine.

“Hubo una reunión es cierto y fue cordial. Nunca estuvo presente Quintana como se sostiene en esa nota. Nosotros no queremos pelearnos con Macri”, puntualizaron desde el sector.

La COFA y los colegios farmacéuticos elaboraron un borrador para consumo de sus asociados, que expone con precisión como vislumbran el futuro:

“Habiendo tomado conocimiento, de las distintas propuestas realizadas por el Instituto para cada segmento del convenio de provisión de medicamentos a sus beneficiarios, a partir del 01-04-18, nos parece oportuno resaltar algunos puntos determinantes para la viabilidad del mismo desde las farmacias prestadoras.

1- Al retrotraer los precios al 31-12-17 y aplicarle un descuento del 5% sobre el PVP vigente provoca un quebranto en las farmacias, proporcional al número de unidades afectadas existentes en su stock.

2- Se propone una actualización trimestral que contemple el 70% del IPC para ajustar el precio de los medicamentos, lo que provocaría en el corto plazo un desfinanciamiento de las farmacias producto de que tendrán que afrontar mayores gastos en insumos, sueldos y estructura que no tendrán su correlato en el precio del medicamento.

3- Si bien no es responsabilidad del Instituto, el incremento en la alícuota de Ingresos Brutos en muchas provincias, sumado a los puntos ya descriptos hacen inviable la prestación para muchas farmacias, especialmente las del sur del país que abonan un sobre sueldo del 25% por zona fría.

4 – En la actualidad las farmacias tienen garantizada su compra en droguerías, con las notas de crédito emitidas por la Industria, habría que contemplar un mecanismo que continúe asegurando el normal abastecimiento de las mismas.

Como solución a estos problemas, se necesita reducir el porcentaje de bonificación realizado por las farmacias y garantizar que las condiciones comerciales de la cadena no cambien en detrimento de la rentabilidad de las farmacias.

Concretamente, que la disminución de los costes en medicamentos buscada por el Instituto no redunde en una baja en las condiciones comerciales de las farmacias”.

Para los farmacéuticos el futuro convenio puede ser ruinoso. Para la industria un pasaje a la pérdida de rentabilidad y el estancamiento futuro de las inversiones. Para los jubilados la incertidumbre de que medicamentos recibirán y a qué precio.

Solo el gobierno – y Farmacity si ingresa en el convenio – tendrá motivos para regodearse anunciando un nuevo convenio PAMI con sensibles rebajas, ya que lo presentará como “un triunfo político”.

Audio con declaración de María Isabel Reinoso, titular de la COFA en FM La Tribu: cliquear aquí

Fuente: Pharmabaires


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PAMI: Farmacéuticos advierten que se agota el tiempo y piden precisiones

En un comunicado conjunto, las entidades que representan a la mayoría de las farmacias del país advierten sobre la irrupción de “intereses económicos poderosos y concentrados” en las negociaciones para la provisión de medicamentos a los jubilados. También piden se proteja la red de atención de farmacias de todo el país, y que no se genere más incertidumbre en la atención a través del PAMI. Alertan también la intromisión de la “vicejefatura de gabinete”, en lo que sería una alusión a Mario Quintana, y el posible conflicto de intereses.

Transcribimos el comunicado conjunto de COFA, FACAF y Farmacias mutuales y sindicales:

 

 

PAMI:  LOS MEDICAMENTOS PARA LOS JUBILADOS ENTRE LA

INCERTIDUMBRE Y EL RIESGO

 

A pocos días de concluir el convenio de prestación a los beneficiarios del PAMI,

la continuidad de la provisión de medicamentos a los jubilados está en zona de

riesgo por efecto de la incertidumbre que surge de las negociaciones (¿aún en

marcha?)  entre  el  gobierno  nacional  y  la  industria  farmacéutica.  Estas

negociaciones se vienen desarrollando sin resultados concretos y los mensajes

que surgen de una parte y de la otra sobre su curso no son coincidentes.

 

Las  farmacias,  a  través  de  sus  entidades  representativas,  hemos  mantenido

reuniones  con  autoridades  del  PAMI,  con  funcionarios  de  la  Vicejefatura  de

Gabinete  y con componentes de la industria farmacéutica,  y las  conclusiones

de esos encuentros no pueden ser más desalentadoras: no se conoce a cuáles

medicamentos tendrá acceso el jubilado a partir de abril, no se conoce cuánto

ni cuándo pagará el PAMI las futuras prestaciones ni a quienes, no se conocen

las condiciones que se les plantean a las farmacias para seguir atendiendo el

convenio y por ende no se conocen cuáles farmacias seguirán atendiendo, no

se  conoce  cómo  ni  quién  realizará  el  servicio  de  auditoría  y  sistemas,  no  se

conoce  cómo  el  PAMI  se  pondrá  al  día  con  la  deuda  que  incluye  el  mes  de

diciembre,  no  se  conoce  de  qué  manera  se  pagarán  los  servicios  y

prestaciones de lo que va del 2018 una vez que el actual convenio finalice.

 

Demasiadas incógnitas para un convenio que termina en 20 días y provee de

medicamentos a los 5 millones de argentinos con mayor demanda de atención

sanitaria.

 

Estos interrogantes le están siendo retaceados a los jubilados bajo el manto de

una  promesa,  ampliamente  difundida  por  los  medios,  de  reducir  el  gasto  por

parte del PAMI, pero sin indicar cuáles serían las consecuencias concretas de

ese ajuste en el acceso del jubilado a sus medicaciones.

 

Hay una única certeza en estas negociaciones, y es que se está preparando la

escena  para  la  irrupción  plena  y  masiva  en  el  convenio  de  los  intereses

económicos más poderosos y concentrados del sector.-

 

Mientras  esto  sucede  en  los  más  altos  niveles  de  gobierno,  las  farmacias

seguimos diariamente y en cada barrio, de cada localidad, de cada provincia de

nuestra  país  brindando  el  servicio  farmacéutico  a  nuestros  vecinos  jubilados,

haciendo un mayúsculo esfuerzo en esta coyuntura para sostener la atención,

aportando  gran  parte  de  nuestra  ganancia  para  trabajar  en  el  convenio,

sufriendo como todos los argentinos el aumento del costo de vida y los gastos

fijos y variables, con la desagradable novedad de un reciente aumento salvaje

del impuesto a los Ingresos Brutos en la mayor parte de las provincias, lo cual

pone en jaque la sustentabilidad de la pequeña y mediana farmacia, y en riesgo

de manera directa la continuidad de miles de fuentes de trabajo.

 

A este preocupante escenario se suma la promesa ampliamente difundida por

el  gobierno,  en  su  disputa  con  los  laboratorios,  de  bajar  el  precio  del

medicamento sin contemplar de qué manera se evitará sumergir a la mayoría

de las farmacias en una crisis terminal.

 

Las farmacias no somos formadoras de precios, eso lo hacen los laboratorios

con la autorización de la Secretaría de Comercio, y las farmacias no tenemos la

facultad  que  tiene el  resto de  la  economía minorista  argentina de trasladar  el

aumento de los costos al precio de venta.

 

Si dentro de 20 días debemos dispensar medicamentos a un precio menor al

que hoy lo compramos ¿Quién se hará cargo de esa diferencia? ¿O acaso las

farmacias  deben  dejar  de  comprar  medicamentos  hasta  que  la  situación  se

defina poniendo en riesgo la normal provisión de medicinas a la totalidad de la

población?

 

El  nombre  de  esta  situación  se  llama  INCERTIDUMBRE  porque  nadie  ha

logrado darnos respuestas concretas y certeras a estos interrogantes:

  • ¿A cuáles  medicamentos  podrá  acceder  el  jubilado  de  ahora  en  más?

¿A los mismos que ahora consume o a otros?

  • ¿Podrá el jubilado seguir concurriendo a su farmacia de confianza para

acceder  a  sus  medicinas  o  deberá,  con  el  gasto  adicional  que  esto

conlleva, buscar algún shopping de medicamentos lejos de su hogar?

  • ¿Cómo debemos entender que el Estado pretenda  reducir el precio de

los medicamentos y al mismo tiempo aplicar un aumento salvaje de los

impuestos para las farmacias?

  • ¿Esta oscura, e inusualmente externalizada negociación (no negocia el

PAMI  sino  la  Vicejefatura  de  Gabinete),  en  tiempos  de  “transparencia”

tiene como objeto beneficiar algún interés comercial ligado al eufemismo

del “conflicto de intereses”?

 

Las  entidades  farmacéuticas    reclamamos  la  libre  accesibilidad  de

medicamentos  en  todo  el  territorio  nacional,  que  se  establezcan  condiciones

equitativas  para  las  farmacias  prestadoras  respetando  sus  particularidades

geográficas  y  su  dimensión  económica  para  asegurar  la  continuidad  de  la

amplia  red  actualmente vigente,  en  un  rubro  esencialmente sanitario,  aunque

haya quienes que pretenden convertirlo en coto de caza de grandes intereses

económicos.

 

Toda  incertidumbre  va  acompañada  de  precariedad  y  de  riesgo,  y

precisamente  riesgo  es  a  lo  que  se  enfrentan  hoy  nuestros  jubilados  en  el

futuro cercano para acceder a sus medicamentos.

Pedimos respuestas concretas y claridad en las soluciones, se agota el tiempo.

 

Firman: María Isabel Reinoso (COFA), Miguel Lombardo (FACAF), Carlos Villagra (Farmacias mutuales y sindicales)


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Una “Farmamóvil” frente a Tribunales

Farmacéuticos en alerta por lobbies en la Corte Suprema de Justicia argentina para instalar farmacias shopping y conseguir beneficios en la atención al PAMI.

El primer jueves de diciembre, desde temprano y hasta las 14 hs., por iniciativa del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, se instaló un “Farmamóvil” frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Allí y en los alrededores, los farmacéuticos estuvieron entregando material informativo, respondiendo consultas y explicando las consecuencias que tendría una decisión de la Corte -que fuera contraria a las leyes actualmente vigentes-, para la salud pública, para las farmacias comunitarias y para el acceso de la población a los medicamentos.

La iniciativa se mantendrá los jueves del mes de diciembre, de 10 a 14 hs frente al Palacio de Tribunales, con la consigna Cuando la salud está en peligro el remedio es la justicia.

El trailer también recorrerá otros lugares de la provincia de Buenos Aires, para promover campañas sanitarias de prevención, dando información a los pacientes, realizando controles de presión arterial, y será un espacio para conversar con el público y compartir material de defensa profesional.

También para responder sus consultas, sobre todo las referidas a las consecuencias que tendría vulnerar las leyes vigentes para la salud pública, para el acceso al medicamento y las farmacias comunitarias.

La situación es debida a una doble pretensión de la cadena Farmacity: por un lado pretende que la Corte Suprema avale cambiar las normas existentes, que garantizan un servicio farmacéutico adecuado y garantías para el acceso de la población a sus medicamentos.

Por otro lado, la mega cadena de farmacias -propiedad de un funcionario del gobierno nacional-, presentó un requerimiento para que se le mejoren los beneficios que recibe por atender a los afiliados de la obra social PAMI, en detrimento de las farmacias pequeñas y medianas, o situadas en lugares alejados de los grandes centros urbanos.

 


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Caso Farmacity: Vidal dice que “no intervendrá”, pero apoya a Quintana

La gobernadora bonaerense no distingue entre un modelo sanitario y la farmacia shopping.

En declaraciones a la señal A24, María Eugenia Vidal reconoció que no intervendrá en el juicio que lleva adelante Farmacity contra su provincia, porque entiende que hay un “conflicto de intereses”. (Ver una síntesis del caso AQUÍ)

Quienes están siguiendo el caso advirtieron que en los dichos de la gobernadora hay dos errores de apreciación. Por un lado, no distingue entre un interés sanitario y un interés económico. Y por otro lado, el juicio que lleva adelante Farmacity es contra la provincia de Buenos Aires, que ella gobierna.

Como hicieron otros gobernadores, incluso los que la precedieron a ella en la provincia de Buenos Aires, se esperaba que Vidal apoyara el federalismo y las  leyes sanitarias provinciales. Cabe aclarar que el juicio iniciado por Quintana es directamente contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y no contra entidades farmacéuticas.

Al no intervenir en un juicio que es contra las leyes sanitarias de su distrito, Vidal eligió alinearse políticamente con quien hoy es el vicejefe de Gabinete del gobierno nacional -y miembro de su propio partido político-, el economista Mario Quintana. La lectura que la perjudica es que, actuando así, subordina el interés sanitario de su provincia al interés comercial de un funcionario del gobierno central.

Por el contrario, otros dirigentes del oficialismo se manifestaron claramente en contra del reclamo judicial. El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli (PRO), consideró que una llegada de Farmacity al ámbito bonaerense “es un avasallamiento a la Ley Provincial de Farmacias”.

Jueces amigos y el verdadero “conflicto de interés”

Mario Quintana: funcionario y dueño de Farmacity

A pesar de la apariencia que intenta mostrar Vidal de desentenderse, cada vez es más evidente que en el caso hay operaciones políticas, sin las cuales la Corte Suprema nacional no hubiera aceptado el caso. Vale recordar que en la Corte Quintana puede ejercer su influencia porque tiene dos jueces amigos: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Uno fue abogado de la cadena comercial de medicamentos, el otro tuvo como asesora a la actual directora de Asuntos Jurídicos de la empresa.

La demanda de Farmacity es, efectivamente, contra el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, por lo que Vidal no puede desentenderse. Lo comenzó Mario Quintana en 2012, cuando era presidente de la compañía. Es más, la primera hoja del expediente que hoy tiene en sus manos la Corte Suprema es un poder firmado por el propio Quintana.

El verdadero “conflicto de interés” es entonces entre la función pública y los intereses personales, y no solo afecta al actual vicejefe de gabinete Quintana, sino también a los jueces Rosatti y Rosenkrantz. La posibilidad de ingresar al mayor distrito del país aumentaría de inmediato, y enormemente, el valor accionario de la cadena.

La postura de la Facultad de Farmacia

A diferencia de la postura ambigua de la gobernadora Vidal, entidades académicas no aceptan que intereses económicos afecten los servicios que pueden brindar las farmacias.

La Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires se manifestó en contra de la modificación de las actuales normativas sanitarias de la provincia de Buenos Aires.

En una resolución, la entidad académica dejó en claro que “rechaza todo intento de modificación de la normativa vigente en la Provincia de Buenos Aires”, en resguardo de las farmacias, del rol profesional del farmacéutico, y de la salud pública.

La Facultad también recuerda y reivindica que los medicamentos son bienes sociales, rechazando “todo intento de priorizar intereses económicos sobre la salud de la población”. 

Los farmacéuticos “abrazan” Tribunales

Los farmacéuticos reaccionaron con un “abrazo” a la Corte Suprema, concentrándose frente al Palacio de Justicia de la Nación. Allí apuntaron directamente a Mario Quintana, denunciando como algo evidente que si el funcionario no estuviera ligado a la cadena, la Corte no hubiera aceptado un caso que ya se decidió en la provincia.

Isabel Reinoso, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Buenos Aires, le exigió a la Corte Suprema que sostenga los fallos sucesivos de la justicia bonaerense, que reafirmaron  la negativa a Farmacity a operar en ese territorio, fundamentándose y poniendo en relevancia  aspectos sanitarios.  “Una decisión contraria afectaría gravemente el modelo sanitario de nuestra provincia y cambiaría la norma que regula la cantidad de farmacias por habitante y la distancia de 300 metros que debe existir entre cada farmacia en toda la provincia”, alertó Reinoso.

Fuente: FarmaPress
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Farmacity: ofensiva para que Vidal y la Corte avalen desembarco en Provincia

La compañía pide que la gobernadora la habilite a ingresar a un territorio que tiene una ley que prohíbe las sociedades anónimas en ese rubro. 

Farmacity salió a pedir públicamente en una solicitada que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, la habilite a desembarcar en la provincia de Buenos Aires, donde la empresa está vedada por una ley que prohíbe las sociedades anónimas en el rubro.

La compañía planteó sin éxito en la justicia la inconstitucionalidad de esa norma y llegó a la Corte Suprema de Nación, que pidió el expediente para tomar al caso.

La celeridad del máximo tribunal alertó a los laboratorios, que lideran el lobby junto al Colegio de Farmacéuticos de la Provincia para frenar a Farmacity en ese territorio, indicó el sitio La Política Online.

Tampoco escapa que uno de los accionistas de la compañía es Mario Quintana, coordinador de Gabinete.

Aunque ya tienen presencia en 14 provincias, Buenos Aires es clave para subir por las nubes la cotización de la empresa, como ya ocurrió con otras compañías vinculadas a figuras del Gobierno.

Los laboratorios también ponen la mira en Carlos Rosenkrantz, flamante juez de la Corte Suprema ya que fue abogado de Farmacity y debería excusarse si el máximo tribunal analiza el caso.

“Nos gustaría llevar a cabo nuestra tarea en la provincia de Buenos Aires, pero una ley sancionada hace 30 años nos lo impide. Estamos convencidos de que la comunidad se beneficia en su atención farmacéutica con más y no con menos opciones”, señaló Farmacity.

Pero a Vidal no le será fácil convencer a legisladores de cambiar la ley, porque los laboratorios se hacen pensar entre los representantes bonaerenses de todas las fuerzas. Un fallo de la Corte no le daría otra opción.

Fuente y fotografía: iProfesional
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Los APM piden a ANMAT que sancione a Pfizer por entregar medicamentos en el Subte

El gremio que agrupa a los Agentes de Propaganda Médica apoyó las denuncias de los farmacéuticos

Durante el mes de septiembre se pudo constatar que el laboratorio Pfizer entregó muestras gratis de medicamentos en el subterráneo de Buenos Aires (ver nota aquí).

Las entidades farmacéuticas denunciaron este modo de publicidad, y ahora los visitadores médicos dieron su apoyo a través de un comunicado que describe en forma pormenorizada los hechos y sus antecedentes.

Reproducimos el comunicado de los APM:

AAPM exige que la ANMAT sancione el obsequio de muestras gratis de Ibupirac en las estaciones de subte

La Asociación de Agentes de Propaganda Médica exige la inmediata intervención de la autoridad sanitaria ANMAT para que adopte una sanción ejemplar con el laboratorio Pfizer por distribuir muestras gratis de su medicamento Ibupirac en las estaciones de subterráneo Diagonal Norte y Nueve de Julio, cometiendo una flagrante violación de las leyes vigentes sobre la venta y promoción del medicamento.

La distribución de muestras gratis de medicamentos es un peligro para la salud pública como debería ponderar cualquier funcionario de la ANMAT. Y además constituye una violación en especial de la Ley 17.565 de diciembre de 1967 que prohíbe la dispensa callejera de medicamentos y de la Ley 26.567 de diciembre de 2009 que impone el expendio de medicamentos exclusivamente a través de las farmacias.
El laboratorio Pfizer repartió muestras gratis de su medicamento sin ningún criterio sanitario y poniendo en peligro la salud de la población, tal como constató y denunció el Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal (COFyBCF) durante la primera quincena de septiembre.

La AAPM recuerda que ya en enero de 2014 denunció ante la ANMAT que el laboratorio Bayer había distribuido muestras gratis de su medicamento Actron 400 entre los participantes de la Maratón Internacional de Buenos Aires.

Como en aquella oportunidad la ANMAT no atendió las denuncias de la AAPM y del colegio profesional farmacéutico, no es casual que ahora otro laboratorio recurra a esta aberrante práctica publicitaria, a sabiendas que existen criterios laxos – o directamente no existen- para quienes violan las normas sanitarias incluso de forma tan grosera en la vía pública.

La peligrosa actitud de la ANMAT de ignorar las denuncias de la AAPM y de los colegios profesionales es el caldo de cultivo para que se repitan sistemáticamente estos abusos y que la publicidad medicamentosa sin rigurosidad científica abrume a los consumidores desde la televisión y las marquesinas callejeras.

Para estos laboratorios no hay diferencia entre un medicamento y un caramelo y así lo expresan cuando reparten muestras gratis en las calles o estaciones de subterráneo violando las leyes vigentes sobre la prohibición de repartir productos farmacéuticos en la vía pública dictadas por vuestro organismo.

En el caso de Pfizer, el laboratorio quiso enmascarar su promoción publicitaria con la presencia en el stand montado en la estación de subterráneos de una supuesta médica recién diplomada que para el caso se reconvirtió en una promotora similar a las que repartían folletería a pocos metros del lugar en el pasaje subterráneo Obelisco con ofertas de celulares o empanadas.

Esa médica o promotora conchabada por Pfizer además de repartir muestras gratis estaba alentando la automedicación y nos preguntamos si la ANMAT tiene algo que decir sobre las abrumadoras campañas publicitarias en medios audiovisuales que alientan la automedicación entre los argentinos.

No es casualidad que Pfizer haya instalado un stand de promoción de Ibupirac en el subterráneo de Buenos Aires en momentos en que la publicidad de su producto con la imagen del ex futbolista Gabriel Batistuta se repite desde la mañana a la noche en la mayoría de los canales de televisión, ofreciendo un alivio milagroso para el dolor de cintura.

Siempre estos avisos ofrecen curas “milagrosas” como nos tiene acostumbrado también Marley con Next , pues si no hay milagro no hay mensaje publicitario cautivador por el público.

Sin embargo y tal como hemos denunciado en reiteradas oportunidad ante vuestra administración, la ANMAT no debería dejarse cooptar por la publicidad de los laboratorios de venta libre como parece que viene ocurriendo desde hace varios inviernos, pues no se entiende de otra manera que las violaciones éticas de la promoción del medicamento no hayan encontrado respuestas de vuestra parte.

Estos son los riesgos de dejar a los laboratorios que se autoregulen en materia de promoción publicitaria del medicamento y las resoluciones dictadas por la ANMAT son como papeles mojados cuando los laboratorios exceden todos los límites, como acontece ahora con Pfizer.

La publicidad de Pfizer con Batistuta se ha instalado en los medios desde hace al menos un mes y no nos parece inocuo que ahora se traslade a la vía pública en una concertada operación de promoción mediática.

La AAPM espera que se adopten medidas ejemplares para desalentar este tipo de promociones, que de prosperar, constituirán un grave riesgo para la salud.

Imaginamos que de no adoptarse medidas ejemplares como solicitan también nuestros colegas farmacéuticos- podemos encontrarnos en un futuro cercano con una epidemia de Actron, de Ibupirac y otros medicamentos de muestra gratis repartidos en los estadios de fútbol, en las competencias atléticas o en de la Feria Internacional de Libro, donde en los últimos años hemos percibido una incipiente campaña publicitaria de la industria de fármacos de venta libre.

Como profesionales de la salud sabemos del riesgo que implica consumir un medicamento sin indicación de un médico y por eso coincidimos con la denuncia del colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires que es inadmisible la entrega de medicamentos sin ningún control y sin ninguna indicación médica.

Pfizer ahora, como antes Bayer, cometieron las siguientes violaciones:

  1. Entregar medicamentos fuera de farmacias,
  2. Repartir muestras gratis fuera del consultorio del profesional médico
  3. Que no se informe de los posibles efectos secundarios de su uso.

Esta práctica no contribuye a fomentar el uso racional de los medicamentos bajo la premisa que los medicamentos no son inocuos y por lo tanto no deben ser entregados en la vía pública y sin las condiciones higiénicosanitarias.

Así también, desde nuestra entidad profesional coincidimos con el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos en reclamar “medidas ejemplares para desalentar este tipo de prácticas”.

Prácticas que son fomentadas por los laboratorios en un contexto de creciente degradación de la promoción ética del medicamento y de permisividad de los canales de comercialización.

Por un lado, los laboratorios están forzando la eliminación de las leyes de profesionalidad de los agentes de propaganda médica para poder ingresar libremente a los consultorios y centros de salud con la finalidad inconfesable de ofrecer “estímulos” para la receta médica.

Por otro lado existe una presión política sobre el poder judicial para que se autorice el desembarco de cadenas de farmacias en la provincia de Buenos Aires y para que las sociedades anónimas y los fondos de inversión puedan ser propietarios de farmacias en el territorio bonaerense.

La principal cadena de farmacias en manos privadas, Farmacity, es la misma que durante años promocionó medicamentos en las góndolas de sus locales en la Ciudad de Buenos Aires en complicidad y asociación con la cámara de los laboratorios de venta libre, CAPEMVel.

La rentabilidad de las cadenas de farmacias es la primacía para sus accionistas. Y está demostrado que les resulta indiferente facturar medicamentos, golosinas o bandejas de comida para los oficinistas del microcentro desde las cajas registradoras de sus locales.

En esa confluencia de nefastos intereses que va desde un stand en el Pasaje Obelisco a la amenaza de Farmacity en la provincia de Buenos Aires, exigimos de las autoridades que hagan cumplir las leyes dictadas por la propia ANMAT.

Es lo menos que se le puede exigir al organismo que dice cuidar la salud de todos los argentinos.

Jose Charreau
Secretario de Acción Social
A.A.P.M.

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