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El sindicato ADEF, a favor de Farmacity

Se presentará en la audiencia pública ante la Corte Suprema para apoyar a la empresa. Se conocieron detalles de la presentación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que el próximo 7 de noviembre, a las 10 hs., se realice la audiencia pública por el expediente en el que la empresa Farmacity, vinculada al ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana, solicita establecerse en la provincia de Buenos Aires modificando la ley sanitaria que rige en ese distrito.

En la oportunidad, bajo la figura de amicus curiae (amigos del tribunal), se presentarán voluntariamente personas y entidades que apoyan las pretensiones de alguna de las partes.

ADEF se presentará, a través de su secretario general Victor Carricarte, apoyando las pretensiones de la empresa Farmacity.

Los argumentos de ADEF

Uno de los argumentos expuestos en la presentación del sindicato de empleados de farmacia, es que la farmacia (que se describe como un establecimiento de “venta al público de remedios y otros productos de salud”), “excede” la tarea del profesional farmacéutico.

También, la presentación escrita del sindicato, ofrecida previamente a la audiencia donde se presentarán personalmente los expositores, niega que la megacadena haya tenido un efecto negativo en el modelo sanitario de farmacias de la Ciudad de Buenos Aires, distrito donde ya está instalada.

ADEF manifiesta explícitamente en su presentación que apoya a la “parte actora” (es decir, a Farmacity). El sindicato intenta justificar su postura sosteniendo que la empresa -que adjunta a la farmacia un polirrubro- genera empleos, si bien no se detiene a considerar que 9 de cada 10 de esos puestos de trabajo corresponden a empleados que no son farmacéuticos, y que sus tareas pueden estar relacionadas a la oferta de productos que no tienen que ver con la salud.

No obstante sus argumentaciones, y más allá de los importantes aspectos sanitarios en discusión, al sindicato le resultará difícil superar la contradicción de apoyar las pretensiones de un empresario como Mario Quintana, conocido partidario de la desregulación de la economía (aún en el ámbito laboral, ver nota aquí), que ha llegado a destacar como un hecho “positivo” la caída del salario real en Argentina (ver nota aquí).

Los otros amicus curiae

No obstante, las presentaciones a favor del modelo sanitario de farmacias (que son 44) superan ampliamente a las que favorecen a la empresa (que son solamente 6).

Entre los que apoyan a Farmacity hay solamente abogados y entidades ajenas al ámbito de la salud; en cambio, entre los numerosos amicus curiae que defienden el modelo sanitario de farmacias se encuentran colegios de farmacéuticos, sanitaristas, entidades profesionales  y otros actores sociales.

El listado completo de quienes apoyan a una y otra parte es el siguiente:

 

Amicus y expositores a favor de Farmacity

1. Marcelo Federico Celani – Economista (Universidad Torcuato Di Tella)

2. Sebastián Pablo Lopes Perera – Investigación de Mercado – Director de Marketing y Estadística

3. Héctor Víctor Gullco – Experto en derecho constitucional

4. Lucas Sebastián Grosman – Rector Universidad de San Andrés

5. Fermín Víctor Carricarte – Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF)

6. Marcelo Capello – Abogado

 

Amicus a favor del modelo sanitario de farmacias 

1.  Asociación Usuarios y Consumidores Unidos   (UCU)

2. Federación Internacional de Farmacia (FIP)

3. Foro Farmacéutico de las Américas

4. Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica

5. Asociacion Argentina de Medicamentos (Asamed)

6. Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

7. Universidad ISALUD  –  Dr. Gines González García

8. Diputado provincial Lisandro Bonelli

9. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires

10. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires

11. Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires

12. Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA)

13. Asociacion de Abogados de CABA (AABA)

14. Colegio de Ingenieros Provincia De Buenos Aires

15. Colegio Superior de Médicos Provincia de Buenos Aires

16. Colegio Superior de Odontólogos Provincia de Buenos Aires

17. Colegio de Fonoaudiólogos Provincia de Buenos Aires

18. Colegio de Arquitectos Provincia de Buenos Aires

19. Colegio de Psicólogos De La Provincia De Buenos Aires

20. Colegio de Martilleros Públicos de la Provincia de Buenos Aires

21. Colegio de Veterinarios de Buenos Aires

22. Consejo Superior de Ciencias Económicas Provincia de Buenos Aires.

23. Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos

24. Colegio de Farmacéuticos de Mendoza.

25. Colegio de Farmacéuticos de Salta

26. Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe 2° Circunscripción

27. Colegio de Farmacéuticos de Tucumán

28. Cooperativa Farmacéutica de Azul (Acofar)                  .

29. Federación Farmacéutica Argentina

30. Centro de estudios legales y sociales (Cels)

31. Diputado provincial Ricardo Lisalde

32. Asociación Jubilados Pilar

33. Federación De Jubilados del Conurbano Gral. San Martín

34. Dr. Alberto Bianchi – abogado Constitucionalista

35. Dr.  Andrés Gil Domínguez

36. Intendente de Esteban Echeverría Fernando Gray

37. Fundación para la investigación y desarrollo de las ciencias jurídicas (Fidas)

38 Grupo argentino para el uso racional de medicamentos (Gapurmed)

39 Diputado Nacional por la provincia de Mendoza José Luis Ramón

40. Consumidores Argentinos.

41. Asociación defensa de Usuarios y Consumidores (Adduc)

42. Dr. Tognioni, Sanitarista Italiano.

43. Colegio de Farmacéuticos De Santa Fe 1° Circunscripción.

44. Diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Fernanda Raverta

 


Farmacity calienta la previa a la audiencia del 29A y los farmacéuticos le responden

La empresa salió a hacer publicidad para justificar su intención de torcer las leyes sanitarias provinciales, mientras en una notable señal política ya son 102 (sobre un total de 135) los municipios bonaerenses que expresaron que no quieren farmashoppings. 

Con mensajes en las redes sociales, supuestamente dirigidos a los clientes, pero con intenciones de influir en la Corte Suprema de Justicia, Farmacity inició su ofensiva mediática hacia la audiencia pública del 29 de agosto, mientras que dos nuevos municipios bonaerenses se pronunciaron contra las cadenas de farmacias.

Mientras apunta a los cortesanos, Farmacity sufrió una nueva derrota en el esquivo territorio bonaerense ya que los municipios de Benito Juárez Pinamar se convirtieron en los dos últimos que rechazan la instalación de farmashoppings.

En Benito Juárez, municipio del sureste bonaerense con 20 mil habitantes, el intendente Julio Marini del FpV, bloqueó por ordenanza el eventual desembarco de las cadenas “farmashopping” mediante una ordenanza a pedido de los farmacéuticos locales.

El intendente de Benito Juárez resaltó que “la atención en salud no debe regularse con reglas de un mercado absolutamente comercial y debe tenerse presente su condición de bien social”, al fundamentar la ordenanza 1214, promulgada a fines de la semana pasada.

“El criterio profesional, el uso racional del medicamento y el bienestar general deben primar en el ejercicio de la farmacia comunitaria, priorizando las necesidades de la población por sobre cualquier interés comercial” sostiene la ordenanza.

La resolución municipal 1214, fue la respuesta de Julio Marini al pedido de los farmacéuticos locales, nucleados en el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia, en consonancia con decenas de municipios que fueron adoptando medidas similares en los últimos tiempos y en especial desde que la Corte Suprema convocó a la audiencia pública del 29.

En Pinamar el Concejo Deliberante votó por unanimidad la adhesión a la Ley provincial  10.606 que regula la actividad de la farmacias y los farmacéuticos y cuya interpretación Farmacity intentará desmontar en la audiencia pública de fines de agosto.

En el Concejo Deliberante de Pinamar, seis concejales son de Cambiemos, tres del partido vecinal Propin, dos de Unidad Ciudadana y dos del FyP. O sea que el oficialismo de Cambiemos a nivel provincial fue decisivo para avanzar en una resolución similar a las que ya adoptaron los vecinos partidos de La Costa y Villa Gesel.

Ahora ya son al menos 102 los municipios bonaerenses que les bajaron las barreras a las “farmashopping” sobre 135 repartidos en el territorio bonaerense.

CALENTANDO LA PREVIA AL 29A

“Que no te confundan los que hablan de monopolio. De 16.817 farmacias en el país, solo 241 son Farmacity. El 1,5 por ciento del total. #Datos no opiniones”, fue uno de los mensajes de la cadena difundidos por las redes sociales.

En otro comunicado redactado al estilo de una solicitada para sus clientes, la cadena sostuvo que “estamos convencidos de que todos los ciudadanos”, se beneficiarían “con más y nuevos servicios” farmacéuticos.

“Eso nos alienta a defender en la justicia el derecho a ofrecer nuestros servicios”,  afirmó Farmacity.

Sin embargo, en la misma solicitada, la cadena reconocía que solo 628 farmacéuticos integran su plantel de 6.500 empleados. También menciona como dudoso mérito que tiene 293 estudiantes de farmacia que “están siempre detrás de los mostradores para  asesorarte”.

“Estamos convencidos de que todos los ciudadanos se benefician en su atención farmacéutica y nuevas opciones. Y que quienes necesitan encontrar una farmacia abierta durante la noche, quienes demandan confianza, cercanía, variedad, formas de pago flexibles y un trato eficiente y cordial, nos acompañan”, finalizó.

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires respondió que “la salud no se ofrece en combos y campañas marketineras vía mail” y dejo como mensaje a la sociedad: “las farmashopping  te tratan como cliente, pero con el marketing no alcanza”.

“A pesar de los millones que invierten en periodistas y en publicidad, se trata de la salud pública”, señaló el colegio bonaerense en un comunicado firmado por su presidenta, María Isabel Reinoso – actual titular de la COFA – “y siete mil seiscientos farmacéuticos con nombre y apellido, que trabajan diariamente y dentro de las leyes vigentes”.

“Las farmacias deben ser dirigidas por farmacéuticos y no por sociedades anónimas cuyo único fin es el lucro”, enfatizó el comunicado con un agregado directo en cuanto al destinatario: “para ustedes no se trata ni de la responsabilidad del agente de salud, ni del bienestar de los pacientes, ni de la salud pública”.

En un párrafo sumamente duro y con destinatario final en Mario Quintana, vicejefe de gabinete y fundador de la empresa, el comunicado afirmó que cadenas como Farmacity y  el fondo de inversiones que desde detrás de escena es el accionista mayoritario, “tratan a las farmacias como negocios y cuando no les rinde los cierran como hacen con sus heladerías y disquerías en el interior de nuestra provincia, dejando personas sin empleo y vecinos sin atención”.

Mario Quintana, heladerías Freddo, cadena Musimundo. Empresas en crisis. Locales que cierran. Despidos….otro mensaje también para los supremos.

La publicidad de Farmacity:

La respuesta de los farmacéuticos:

Fuente: Pharmabaires

Pronunciada caída de la industria farmacéutica argentina

La actividad de la industria farmacéutica, medida año a año, sufrió un retroceso de 7,7 por ciento en junio en relación a igual mes del año pasado y acumuló un índice negativo de 7,5 por ciento en el semestre comparado con igual período del  2017, precisó el Estimador Mensual Industrial (EMI) que difunde el INDEC.

La industria farmacéutica ya había experimentado un retroceso del 6,6 por ciento en mayo comparado con igual mes del año anterior y del 7,5 por ciento en el acumulado del período.

En la secuencia negativa, el EMI del INDEC ya había registrado para la industria farmacéutica una caída de 4,8 por ciento mensual y 8,6 por ciento acumulado, en marzo pasado.

Aún más grave,  en febrero  había experimentado una estrepitosa caída del 14,6 mensual y 10,5 por ciento en el acumulado, que en ese momento fue adjudicado a cuestiones coyunturales y a la paralización de plantas durante el verano.

En enero pasado,  el año comenzó con una caída del 7 por ciento para la industria farmacéutica, que en diciembre había completado un ciclo anual negativo de 6,3 por ciento.

El EMI de junio arrojó una caída del 8,1 por ciento promedio con relación a igual mes del año pasado, o sea que la industria farmacéutica estuvo por debajo de esa línea de flotación negativa.

El total del bloque de medicamentos, productos químicos, caucho y plásticos  sufrió  un retroceso de 10 por ciento promedio en junio con una caída máxima de 41,2 por ciento en la producción de agroquímicos y 20,9 por ciento en la comparación interanual.

Las automotrices retrocedieron 11,8 por ciento en la actividad industrial de junio y la metalmecánica el 10,8 por ciento en junio con relación al igual mes de 2018.

Con referencia a la encuesta cualitativa industrial, que mide expectativas de las firmas, se consultó acerca de las previsiones que tienen para el tercer trimestre de 2018 respecto a igual período de 2017.

Los principales resultados son:

Respecto a la demanda interna, 45,8% de las empresas anticipa una baja para el tercer trimestre de 2018 respecto al tercer trimestre de 2017; 41,2% prevé un ritmo estable; 13,0% espera un aumento.

Entre las firmas exportadoras, el 49,0% no anticipa cambios en sus exportaciones totales para el tercer trimestre de 2018 respecto a igual trimestre de 2017; 33,3% espera una suba; 17,7% vislumbra una disminución.

Con relación a las exportaciones realizadas exclusivamente a países del Mercosur, 62,8% no advierte cambios en sus ventas para el tercer trimestre de 2018 respecto a igual período de 2017; 19,8% anticipa una suba; 17,4% vislumbra una baja.

El 55,8% de las firmas anticipa un ritmo estable en sus importaciones de insumos; 17,1% vislumbra un crecimiento; 27,1% prevé una baja.

Consultados especialmente respecto a las importaciones de insumos de países del Mercosur, 60,3% no advierte cambios para el tercer trimestre de 2018 respecto a igual período de 2017; 24,2% prevé una disminución; 15,5% anticipa una suba.

El 54,1% de las empresas no espera cambios en los stocks de productos terminados; 24,5% anticipa una suba; 21,4% espera una disminución.

El 70,4% de las empresas no espera cambios en la dotación de personal durante el tercer trimestre de 2018 respecto a igual período de 2017; 21,0% anticipa una disminución; 8,6% prevé un aumento.

Respecto a la cantidad de horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo, 63,4% de las empresas no anticipa cambios; 27,1% anticipa una caída; 9,5% prevé un aumento.

El 58,5% de las empresas no anticipa cambios en la utilización de la capacidad instalada durante el tercer trimestre de 2018; 27,8% prevé una baja; 13,7% vislumbra una suba.

Demanda interna El 45,8% de las empresas anticipa una baja para el tercer trimestre de 2018 respecto al mismo período de 2017; 41,2% prevé un ritmo estable; 13,0% espera un aumento.

Exportaciones El 49,0% no anticipa cambios en sus exportaciones totales para el tercer trimestre de 2018; 33,3% espera una suba; 17,7% vislumbra una disminución.

Consultados exclusivamente respecto a las exportaciones destinadas a países del Mercosur, 62,8% no advierte cambios en sus ventas para el tercer trimestre de 2018 respecto del mismo trimestre del año anterior; 19,8% anticipa una suba; 17,4% vislumbra una baja.

Insumos importados El 55,8% de las firmas anticipa un ritmo estable en sus importaciones totales de insumos; 17,1% vislumbra un crecimiento; 27,1% prevé una baja.

Respecto a las importaciones de insumos de países del Mercosur, 60,3% no advierte cambios para el tercer trimestre de 2018 respecto a igual trimestre de 2017; 24,2% prevé una disminución; 15,5% anticipa una suba.

Stocks El 54,1% de las empresas no espera cambios en los stocks de productos terminados; 24,5% anticipa una suba; 21,4% espera una disminución. Utilización de la capacidad instalada El 58,5% de las empresas no anticipa cambios en la utilización de la capacidad instalada durante el tercer trimestre de 2018; 27,8% prevé una baja; 13,7% vislumbra una suba.

Necesidades de crédito El 49,5% de las empresas consultadas no espera cambios en sus necesidades crediticias para el tercer trimestre de 2018; 48,2% prevé un aumento; 2,3% anticipa una caída. Personal En el rubro dotación de personal, 70,4% de las empresas no espera cambios en la dotación de personal durante el tercer trimestre de 2018 respecto a igual trimestre de 2017; 21,0% anticipa una disminución; 8,6% prevé un aumento.

Respecto a la cantidad de horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo, 63,4% de las empresas no anticipa cambios; 27,1% anticipa una caída; 9,5% prevé un aumento.

El informe EMI completo es el siguiente: https://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/emi_08_18.pdf

Fuente: Pharmabaires

Preocupa brote de sarampión en Argentina

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Agrupación médica advierte por la falta de políticas públicas adecuadas

La Agrupación médica Luis Aredes publicó la siguiente advertencia acerca de la situación planteada por el brote de sarampión.

Hace aproximadamente 1 año, se detectaron algunos casos importados de la enfermedad. Es decir, personas que se contagiaron en el exterior.

El último caso autóctono registrado en nuestro país, data del año 2000. Sin embargo, en el corriente mes, se diagnosticaron a dos niñxs en la Ciudad de Buenos Aires, con dicha enfermedad.

Esto nos obliga a reflexionar, las causas que estarían colaborando con el resurgimiento del virus, y resulta ser, una suma de factores.

En el año 1972, se introdujo en el país la vacuna antisarampionosa, manteniendo buena tasa de cobertura en la población desde el año 1990. Acompañando a esta acción, una intensa vigilancia epidemiológica, han llevado a erradicar el Sarampión autóctono desde el año 2000 hasta ahora. Pero, en el mes de Julio de 2018, se diagnosticaron en hospitales de niños de Caba, casos con dicha enfermedad, en bebés menores a 9 meses de edad. 

Uno de los factores a tener en cuenta, es la falta de políticas adecuadas de inmunización en estos dos últimos años. En abril del corriente año, los jefes de Inmunizaciones de 23 de las 24 jurisdicciones, a excepción de la provincia de Buenos Aires, firmaron una carta donde se denunciaba la situación crítica de faltante de vacunas desde el 2017. Entre ellas, la triple viral, que protege del Sarampión, la Paperas y la Rubeola.

También en el 2017, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que asesora y da recomendaciones al Ministerio de Salud de la Nación, había informado que en Agosto de ese año, la cobertura para la primera y segunda dosis de vacunación triple viral estaba por debajo del 95% en los años 2015 y 2016. Con estos datos, ya se justificaba una nueva campaña de vacunación con la triple viral para evitar la reintroducción de Rubeóla y Sarampión en nuestro país. Pero recién en septiembre del 2018, y ahora pospuesta para Octubre del mismo año, se lanzaría la campaña de prevención. 

A dicha situación se suma, el cierre del vacunatorio dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y el externo del Htal Garraham; la falta de insumos, como jeringas y agujas descartables no entregadas por el Ministerio; el no sostenimiento de cursos de capacitación y actualización permanente a las vacunadoras de todo el país; y el inadecuado mantenimiento de las cadenas de frío para las vacunas .

El Ministerio sigue pensando cuál va a ser la estrategia a implementar, mientras el virus continúa circulando y hay miles de personas expuestas.

La vacunación es una de las acciones fundamentales en salud para la prevención de enfermedades, produciendo un beneficio general y disminuyendo las diferencias de desigualdad social, ya que además de brindar protección inmune a la persona que la recibe, reduce la circulación de los agentes que producen enfermedades.

Por todo lo expuesto, en los últimos dos años, la política de inmunizaciones ha dejado de ser prioritaria para el Estado Nacional, y por alineamiento la CABA no es ajena. Tal política de salud, muestra la cara cruel del ajuste que lleva este gobierno desde que inició su gestión.

Fuente: Agrupación médica Luis Aredes


Polémica por agencia que generaría “una salud para ricos y otra para pobres”

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Está en discusión en el Senado argentino. La Agrupación médica Luis Aredes advierte el peligro para el acceso a la salud que generaría la creación de la AGNET.

Transcribimos el artículo original con los detalles del proyecto:

EL GOBIERNO CREA LA AGNET ¿HABRÁ UNA SALUD PARA RICOS Y OTRA PARA POBRES?

Se discute en el Senado la creación de esta Agencia que limitará las coberturas.
El ex Ministro de Salud Lemus, intentó que el Senado apruebe la creación de esta agencia de evaluación en 2016 y no pudo.
Ahora, se intenta de nuevo pasar a toda costa el proyecto de creación de la AGNET (Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud), también con el voto de los senadores, pero esta vez escondida dentro del paquete de la llamada “reforma laboral”.
La AGNET es esencial para la pretendida implementación de la CUS (“Cobertura Universal de Salud”). Será la agencia encargada de evaluar los medicamentos, productos médicos e instrumentos, y hasta las técnicas y procedimientos clínicos que serán cubiertos por el Programa Médico Obligatorio (PMO).
La nueva agencia será un organismo paralelo a la ANMAT; entonces, por ejemplo, un medicamento podrá ser aprobado para su importación, fabricación, distribución y venta en el país por parte de ANMAT, pero si la AGNET no lo considera necesario, no será cubierto obligatoriamente por prepagas, obras sociales ni por la asistencia sanitaria pública.
Lo mismo pasará con cualquier tratamiento terapéutico donde intervengan profesionales de la salud (médicos, odontólogos, bioquímicos, psicólogos): la técnica podría estar aceptada desde el punto de vista académico o profesional, pero la AGNET determinará si debe ser cubierta o no por la seguridad social; es decir, si es incorporada o excluida del PMO. De hecho, se producirá una redefinición del Programa Médico Obligatorio.
La AGNET será la instancia inapelable que decidirá la cobertura de las intervenciones sanitarias, en base a evidencia científica, pero también considerando la capacidad de pago del sistema de salud.
La agencia tendrá la facultad de tomar intervención con carácter previo a la inclusión de cualquier práctica o procedimiento en la cobertura del Programa Médico Obligatorio (PMO), como así también podrá proceder al seguimiento y monitoreo de los resultados de las tecnologías aplicadas.
Una conformación polémica
Según el proyecto que fue presentado por el senador oficialista Federico Pinedo, que está actualmente en debate, la AGNET tendrá una dependencia absoluta del Poder Ejecutivo, que designará cuatro de los cinco miembros de su directorio. El restante será propuesto por el Consejo Federal de Salud (COFESA).
La designación del directorio será discrecional. El PEN no se obliga a someter a concurso a los candidatos y las incompatibilidades por conflictos de intereses, por postulantes que se desempeñen o hayan desempeñado en el sector privado, no se han previsto con la necesaria rigurosidad.
Este directorio será asesorado por una Comisión Técnica Consultiva de 11 miembros. Cinco de ellos representarán a los prestadores (obras sociales y prepagas), que tendrán, obviamente, una tendencia a evitar la aprobación de los tratamientos “costosos”. Estos 5 miembros que representan a los prestadores, están muy cerca de la mayoría que se necesita para tomar las decisiones. Entre los 6 miembros restantes habrá uno de ANMAT, uno de la Superintendencia de Seguros de Salud, uno de la Defensoría del Pueblo de la Nación, un representante de pacientes y usuarios, uno de instituciones académicas o científicas (no se aclara si públicas o privadas) y un experto en bioética.
O sea, que el asesoramiento para que el directorio tome las decisiones de qué se cubre y qué no se cubre, tendrá una influencia muy marcada de los prestadores, que tienen 5 miembros sobre los 11 que integrarán la “comisión técnica” de consulta, y los prestadores es esperable que se inclinen por destinar menos dinero a las coberturas.
Los tratamientos caros serán para pocos: la AGNET es parte esencial de la CUS
Un requerimiento esencial de la llamada CUS (“Cobertura Universal de Salud”), que quiere implementar el gobierno, es definir cuáles serán las prestaciones esenciales, que estarán en relación con lo que se considere necesidades básicas en salud. Será justamente la AGNET la que determinará cuáles serán esas necesidades, y a qué prestaciones se tendrá derecho y a cuáles no. Se debe recordar que hay 15 millones de personas que hoy no tienen prepaga ni obra social.
En el PMO se incluyen las prestaciones, enfermedades, tipos de medicamentos y productos para la salud que tienen la obligación de cubrir, tanto el Estado -para aquellas personas que no tengan ninguna cobertura de salud-, como las obras sociales y las prepagas -para sus afiliados-.
No obstante, quien pueda pagarlos en forma particular, o tenga una buena prepaga, podrá acceder a todos los tratamientos disponibles.
La AGNET, dentro de las “reformas laborales”
La AGNET se ha presentado disimulada, como el último capítulo del paquete de reformas laborales que se están discutiendo en el Senado. Es el mismo proyecto de ley de creación de la AGNET que no pudo aprobar el gobierno nacional en el año 2016.
La estrategia puede responder, en este caso, que son las obras sociales las que niegan determinadas coberturas, siendo pasibles de resoluciones judiciales, que generalmente pierden.
La AGNET se ofrece entonces como una posibilidad de ahorro para las obras sociales, ya que el proyecto dice que las decisiones de la agencia serán vinculantes, y que será el órgano de decisión en última instancia y de consulta obligatoria por parte de los jueces. La agencia, entonces, definirá las prestaciones medico asistenciales que brindará el sistema de obras sociales, muchas de ellas administradas por sindicatos.
En definitiva, la creación de la AGNET es una forma insidiosa de ir incorporando la CUS, limitándola a una canasta de prestaciones, fuera de las cuales se hará necesario acudir al sector privado, posibilidad reservada a quienes tengan los recursos económicos necesarios.
Fuente: Agrupación Médica Luis Aredes

Los farmacéuticos le respondieron a una tendenciosa nota editorial del diario La Nación

La nota editorial, agraviante hacia la actividad profesional de los farmacéuticos, fue respondida por la COFA. Solicita un derecho a réplica y que sea publicada la opinión de las entidades farmacéuticas. 

En referencia a la nota editorial publicada ayer en el Diario La Nación, titulada “Farmacias: ¿Y si pensamos en el consumidor?” la presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, Farm. Maria Isabel Reinoso, Presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), solicitó derecho a réplica para poder publicar la siguiente respuesta, titulada “Farmacias: pensemos en el paciente”.

Transcribimos la nota completa:

Farmacias: Pensemos en el paciente

Los medicamentos no son un bien de consumo, por lo tanto, quienes los utilizan no pueden ser considerados “consumidores” sino “pacientes”. En el mundo, los resultados sanitarios están demostrando que el consumismo aplicado a la salud sólo ha provocado muertes, enfermedad y gastos billonarios.

Se gastan 500 billones de dólares por año por la mala utilización de medicamentos en culturas donde la propaganda ha logrado medicar los problemas de la vida cotidiana. En algunos formatos poniendo en las manos del “consumidor” el medicamento a través de las góndolas, para que lo elija como una golosina, en otros ofreciéndolo “2×1”, como el “combo de la salud”, ignorando que un medicamento es un producto sanitario y hasta el más popular puede provocar efectos adversos, tiene dosis tóxica y riesgo de interacciones.

La Organización Mundial de la Salud advirtió que de seguir la tendencia “consumista” de antibióticos, nos quedaremos en pocos años sin herramientas terapéuticas para luchar contra las bacterias. Tal es la gravedad del riesgo, que la mayoría de los países está dictando medidas para controlar su utilización.

En nuestro país el Decreto 2284 liberó en el año 1991 la dispensa de medicamentos con el argumento de que iban a bajar los precios. Ocurrió todo lo contrario. Y tales fueron los resultados epidemiológicos de enfermedad y muertes que en 2009 se debió revertir esa medida con una Ley Nacional, la 26567, aprobada por unanimidad. Y el Ministerio de Salud de la Nación resolvió sacar los medicamentos de las góndolas en las cadenas de farmacias.

Estados Unidos, el país con el mercado más liberalizado, está viviendo una de sus peores crisis sanitarias por el consumo indiscriminado de medicamentos que no sabe cómo enfrentar y que está generando más de 7 muertes por hora en ese país y gastos millonarios por internaciones, gastos médicos y ausentismo laboral.

El modelo supermercadista en la salud, igualmente, está cerca de ser arrollado por un nuevo tsunami comercial: la venta online. Esto supone una amenaza aun mayor ante esta cultura del “consumo” de medicamentos.

El Estado, los legisladores tienen la responsabilidad de poner reglas que protejan a una población que, por desconocimiento y por su vulnerabilidad frente a la publicidad, considera que el medicamento sólo hace bien, que no implica riesgo alguno y que todo puede arreglarse con una pastilla.

El medicamento es un bien social que debe estar siempre al alcance de quien realmente lo necesita, de aquel que por su condición de salud no puede trasladarse a veces kilómetros hacia los lugares más céntricos para adquirir su tratamiento. Por eso en algunas provincias hay un modelo sanitario, donde la propiedad es del farmacéutico y se establecen parámetros de instalación de farmacias según la Organización Mundial de la Salud por distancia y cantidad de habitantes. Cuanto más regulado está el modelo, mejor es el servicio sanitario que se da y que permite que en los pueblos más remotos, incluso donde no hay hospital, haya una farmacia con un profesional al frente para dar consejo.

También hay experiencia internacional sobre esto: Chile se quedó sin farmacias en los pueblos por haber permitido la concentración de tres cadenas de farmacias y ahora está luchando contra la cartelización de precios de esas cadenas. La aplicación del “consumismo” en la salud está probando ser un fracaso económico y una catástrofe sanitaria.

Puede descargar la nota aquí


Proyecto de Ley propone un modelo sanitario para las farmacias argentinas

Busca considerarlas un servicio público, procurar la distribución racional y avanzar en formas societarias más adecuadas, que eviten la simulación de la propiedad como así también las sociedades anónimas. En esta nota se incluye el texto completo del proyecto.

El modelo de farmacias argentino ya está en discusión en el Congreso, y se espera que una ley nacional fortalezca su orientación sanitaria y profesional.

Un proyecto ya presentado por los legisladores apunta a un tema central: que las farmacias deben ser propiedad de los profesionales farmacéuticos, o de sociedades colectivas, o de sociedades de responsabilidad limitada “integradas totalmente por profesionales habilitados para el ejercicio de la farmacia como, asimismo, entre profesionales farmacéuticos y terceros no farmacéuticos, no pudiendo estos últimos tener injerencia en la dirección técnica de la farmacia, ni en ninguna tarea vinculada al ejercicio profesional”.

Se pondría fin de esta forma a la sociedad en comandita simple y a las sociedades anónimas, a la vez que se limitaría la cantidad de farmacias por cada sociedad propietaria.

“Este proyecto tiene por objeto actualizar la regulación del ejercicio de la farmacia, como establecimiento, institución jurídica y sobre la profesión del farmacéutico, en función de los avances científico-tecnológicos y educativos, los cambios de paradigma en el enfoque de los servicios farmacéuticos impulsados por organismos internacionales especializados de salud (Organización Panamericana de la Salud -OPS-, Organización Mundial de la Salud -OMS-, Federación Internacional Farmacéutica –FIP-), como así también, la adaptación al contexto normativo, sociopolítico y de políticas sanitarias”, fundamenta el proyecto.

El proyecto busca reafirmar que una farmacia moderna, y necesaria desde el punto de vista sanitario, no es la que se presenta como “farmacia shopping”, que responde a un interés solamente comercial.

Los legisladores agregaron que “las farmacias se hallan sujetas a un régimen legal específico que es parte del poder de policía del Estado, el cual responde a la necesidad de garantizar un servicio de calidad al público, acorde a la naturaleza de la farmacia como centro sanitario al servicio de la comunidad”.

Otro de los objetivos del proyecto es “realizar una planificación y ordenamiento para la autorización del funcionamiento de las farmacias, de tal forma de propender a su real distribución racional en el territorio nacional”.

“Ello, con el objetivo de garantizar a la población, una adecuada y homogénea atención farmacéutica, como asimismo, que el acceso al medicamento sea ágil y rápido, y en las mismas condiciones para todos, independientemente donde resida el paciente”, refuerza el proyecto que profundiza el modelo de farmacia defendido por los colegios profesionales.

El Proyecto ya se ha presentado y se tratará en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación.

 

El Proyecto de Ley, en forma completa y textual, es el siguiente:

Expediente 2787-D-2018
PROYECTO DE LEY – FARMACIAS – LEY 17565 -. MODIFICACIONES SOBRE REGULACIÓN DEL EJERCICIO. DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 13 DEL DECRETO 2284/91 RATIFICADO POR LEY 24307

El Senado y Cámara de Diputados…

ARTÍCULO 1°. Modifíquese el artículo 3 de la Ley 17.565, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 3°: Las farmacias por ser un servicio público impropio integrante del sistema de salud, estarán racionalmente distribuidas en el territorio nacional a fin garantizar el acceso equitativo a los medicamentos y demás productos sanitarios, y su uso racional, con la prestación de servicios farmacéuticos integrales y continuos basados en la atención primaria de la salud y la educación sanitaria.

Para asegurar la accesibilidad y calidad en el servicio según las necesidades sanitarias, la autorización de la instalación de farmacias será establecida por las autoridades jurisdiccionales correspondientes, determinando los requerimientos de distancia entre farmacias y la cantidad de farmacias por habitante de acuerdo a las características demográficas y geográficas de cada jurisdicción.

Los traslados de farmacias podrán realizarse dentro de la misma localidad, partido o departamento y podrá solicitarse para farmacias que acrediten una antigüedad mínima de funcionamiento en su lugar de origen, conforme al régimen local.

A los efectos de obtener la habilitación por parte de la autoridad sanitaria competente, además de lo concerniente a la propiedad y dirección técnica previstos en la presente ley, el interesado deberá acreditar que la farmacia reúne los requisitos edilicios, sanitarios, de seguridad, equipamiento, documentación, drogas y medicamentos que se establezcan en la reglamentación.

Asimismo, la autoridad sanitaria fijará los medicamentos o especialidades medicinales que por su acción terapéutica pueden ser requeridos en casos de urgencia y deban conservarse en las farmacias para su dispensación inmediata del público.

ARTÍCULO 2°. Modifícase el artículo 4 de la Ley 17.565, el que quedará redactado en los siguientes términos:

Artículo 4°: Una vez acordada la habilitación a que se refieren los artículos precedentes, en las farmacias no se podrá introducir modificación alguna en su denominación o razón social o en las modalidades de sus prestaciones, sin autorización previa de la autoridad sanitaria.

Para facilitar a los usuarios la identificación de las oficinas de farmacia, deberán contar en su fachada con una cruz verde, con dispositivo que permita su iluminación.

Las reformas, ampliaciones, cierres temporarios, definitivos o reaperturas, deberán comunicarse previamente a la autoridad sanitaria.

Toda farmacia que haya permanecido cerrada por más de treinta (30) días corridos, será considerada como entidad nueva en el caso de su reapertura.

ARTÍCULO 3°. Incorpórase como artículo 14 de la Ley 17.565, el siguiente texto:

Artículo 14°: Podrá autorizarse la instalación de farmacias cuando la propiedad sea:

  1. a) De profesionales farmacéuticos con título habilitante.
  2. b) De Sociedades Colectivas ó Sociedades de Responsabilidad Limitada, integradas totalmente por profesionales habilitados para el ejercicio de la Farmacia,como asimismo, entre profesionales farmacéuticos y terceros no farmacéuticos, no pudiendo estos últimos tener injerencia en la dirección técnica de la farmacia, ni en ninguna tarea vinculada al ejercicio profesional. El/los profesional/es Director/es Técnico/s asumirá/n como gerente/s en este tipo de sociedades. Las sociedades de Responsabilidad Limitada estarán integradas por personas físicas quienes deberán individualizarse ante la autoridad sanitaria. El tercero no farmacéutico no podrá participar en más de dos (2) sociedades propietarias de farmacias
  3. c) De Establecimientos hospitalarios públicos dependientes de la Nación, Provincias o Municipios. La dispensación de medicamentos se hará exclusivamente con destino a los pacientes asistidos en el establecimiento, ya sean internados o ambulatorios, previa presentación de la receta médica o modalidad interna que la sustituya. Las clínicas, sanatorios y hospitales privados deberán contar con servicio de farmacia habilitada para brindar servicio exclusivamente a los pacientes internados.

Las mismas deberán contar con la presencia efectiva personal de profesionales farmacéuticos.

  1. d) De Obras Sociales, Entidades Mutualistas y/o Gremiales que se encuentren autorizadas por sus estatutos, las que deberán reunir los siguientes requisitos:
  2. Una antigüedad mínima de cinco (5) años en su actividad social reconocida y el número mínimo de afiliados o asociados que se determine en la reglamentación.
  3. Que se obliguen a mantener la dirección técnica efectiva personal de un farmacéutico.
  4. Estas Farmacias estarán destinadas exclusivamente al servicio asistencial de los asociados ó afiliados de la Entidad ó Entidades que las instalen y de las personas a su cargo, cuya nómina y vínculo deberá consignarse en el carnet que lleva el beneficiario. Asimismo, en el local en el que funcione el establecimiento, se deberá contar con la nómina de las personas habilitadas para hacer uso de la farmacia, en la cual se consigne su nombre y dirección, como asimismo, vínculo familiar con el titular afiliado o asociado y número de credencial correspondiente, la cual deberá ser permanentemente actualizada.
  5. Estas Farmacias no podrán tener propósito de lucro y no podrán expender medicamentos y demás productos farmacéuticos a precio mayor que el costo y un adicional que se estimará para cubrir gastos generales y que fijará el Ministerio de Salud.
  6. El Balance de estas Farmacias debe estar integrado en el Balance consolidado de la entidad propietaria.
  7. Estas Farmacias en ningún caso podrán ser entregadas en concesión, locación ó sociedad con terceros, sea en forma declarada ó encubierta. Cuando se constatare la transgresión a esta norma se procederá a la inmediata clausura del establecimiento sin perjuicio de otras sanciones que puedan aplicarse según el caso.

Queda prohibido la suscripción de contratos de franquicia o de cualquier otro tipo de contrato o convenio conducente a la disminución, aunque sea parcial, de la independencia técnica o de criterios en el ejercicio de la profesión farmacéutica.

Queda prohibido cualquier autorización para otras modalidades de propiedad de Farmacias que no sean las especificadas en este artículo.

ARTÍCULO 4°. Incorpórase como artículo 15 de la Ley 17.565, el siguiente texto:

Artículo 15°: En caso de fallecimiento del propietario ó socio farmacéutico de inhabilitación en su carácter de tal, podrá mantenerse el funcionamiento de la Farmacia, siempre que la dirección técnica sea ejercida por un profesional farmacéutico, debiendo regularizarse la situación en el término de tres (3) años.

ARTÍCULO 5°. Modifíquese el artículo 17° de la Ley 17.565, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 17°: Los farmacéuticos para ejercer su profesión deberán estar inscriptos en la matricula cuyo registro y atención se encuentra a cargo de los colegios profesionales o de la autoridad sanitaria correspondiente cuando no existiere colegio en la jurisdicción, los que autorizarán el ejercicio profesional otorgando la respectiva matrícula y extendiendo la correspondiente credencial. Esta deberá ser devuelta al colegio profesional o la autoridad sanitaria cuando por cualquier circunstancia sea suspendida o cancelada la referida matrícula. Los interesados, en su primera presentación deberán constituir domicilio legal y declarar sus domicilios real y profesional.

La matriculación es el acto por el cual el colegio profesional o la autoridad sanitaria otorga la autorización para el ejercicio profesional, de acuerdo a lo establecido en la presente, y podrá ser cancelada en virtud de sentencia judicial firme, de acuerdo a lo establecido en la presente ley o en las respectivas leyes de colegiación.

ARTÍCULO 6°. Incorpórase como artículo 61 BIS° de la Ley 17.565, el siguiente texto:

Artículo 61 BIS°: Las disposiciones de la presente ley son de orden público y serán de aplicación a la actividad farmacéutica en todo el ámbito nacional.

Las autoridades jurisdiccionales correspondientes ejercerán las facultades de habilitación, fiscalización y control, pudiendo disponer exigencias específicas cuando así lo impongan fundadamente particulares circunstancias locales, en cuanto resulten complementarias a las de esta ley.

ARTÍCULO 7º: Deróganse el artículo 13 del Decreto 2284/91, ratificado por Ley 24.307 y el artículo 1 inciso c) del Decreto N° 240/99.

ARTÍCULO 8º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Este proyecto tiene por objeto actualizar la regulación del ejercicio de la farmacia, como establecimiento, institución jurídica y sobre la profesión del farmacéutico, en función de los avances científico-tecnológicos y educativos, los cambios de paradigma en el enfoque de los servicios farmacéuticos impulsados por organismos internacionales especializados de salud (Organización Panamericana de la Salud -OPS-, Organización Mundial de la Salud -OMS-, Federación Internacional Farmacéutica –FIP-), como así también, la adaptación al contexto normativo, sociopolítico y de políticas sanitarias.

Al respecto, ha de tenerse presente que el derecho a la protección de la salud es uno de los derechos humanos fundamentales consagrado constitucionalmente con la incorporación de los tratados internacionales en la reforma de 1994, constituyendo un deber inexcusable del Estado, el de cumplir y respetar tal derecho a la salud. En tal sentido, el Estado debe procurar las condiciones, prestaciones y bienes necesarios para lograr el más alto nivel posible de salud, incluyendo entre las acciones requeridas al efecto, la elaboración del marco legal regulatorio adecuado para las diferentes actividades del sector salud.

Es así pues que, en el marco de las políticas de salud, las acciones de atención primaria a través de los centros de salud, así como las de promoción y educación sanitaria, colocan al farmacéutico y a las farmacias en un papel relevante, por tener este profesional un contacto directo e inmediato con el paciente y sus familiares o allegados, y se transforma en un establecimiento sanitario de consejo profesional autorizado y de derivación consciente a la consulta médica.

En este aspecto, cabe resaltar que las directrices de la OMS en alianza con la FIP sobre el papel del farmacéutico en los servicios de salud, la función del farmacéutico y las buenas prácticas de farmacia y más tarde, sobre su rol en el autocuidado y la automedicación , sumado a la experiencia en regiones de Latinoamérica, han representado un marco importante para redefinir el papel no solo del profesional, sino de los servicios farmacéuticos hacia la garantía de la atención integral, integrada y continua, respondiendo a las necesidades y problemas, tanto individuales como colectivos, de la salud de la población. Los valores, principios y elementos de la atención primaria de la salud (APS) representan pues una excelente oportunidad para reorientar los servicios farmacéuticos de calidad como parte integral de los sistemas y servicios de salud.

Las farmacias realizan entonces, un trabajo complementario de las acciones llevadas a cabo por los servicios de atención de la salud, siendo su preocupación constante la calidad de sus servicios y de los productos que dispensa, dirigiendo los esfuerzos de su actuación en forma prioritaria a las necesidades de los pacientes.

En ese marco, es dable señalar que, como consecuencia de su condición jurídica, esto es, por su carácter de servicio público impropio, las farmacias se hallan sujetas a un régimen legal específico que es parte del poder de policía del Estado, el cual responde a la necesidad de garantizar un servicio de calidad al público, acorde a la naturaleza de la farmacia como centro sanitario al servicio de la comunidad.

En el ámbito de la farmacia, se desempeña el farmacéutico, cuya misión es conforme lo ha definido la OPS, contribuir al cuidado de la salud individual y colectiva de la población, a través de su participación activa en el equipo de salud y la comunidad, con servicios farmacéuticos integrales, integrados y continuos, comprometidos con el acceso equitativo a medicamentos y otros insumos sanitarios esenciales de calidad, y su uso racional, incluyendo las terapias alternativas y complementarias en un sistema de salud basado en la atención primaria de la salud, para de este modo alcanzar su mayor nivel de salud posible .

Resulta así trascendente que el público pueda acceder al servicio en condiciones equitativas, y que la actividad farmacéutica constituya una fuente de información fidedigna y segura a través del farmacéutico, en la actual concepción de su rol como agente sanitario de relevancia social. Estas importantes funciones sanitarias que deben cumplir las farmacias como servicio de salud, deben estar relacionadas con un grupo de población mínimo al cual brindar el mismo. Lo expuesto, se vincula a la necesaria distribución de los establecimientos farmacéuticos de manera estratégica y razonable para que toda la población tenga posibilidad de acceso en igualdad de condiciones.

Sin embargo, por aplicación del Decreto 2284/91 de “desregulación económica”, promovido por el entonces ministro de economía Domingo Cavallo, se posibilitó la instalación indiscriminada de farmacias, concentradas en zonas urbanas, dejando sin servicio a poblaciones más alejadas de tales centros o en áreas rurales, priorizando el factor económico por sobre la real necesidad o utilidad pública en la apertura de nuevas oficinas de farmacia.

Este modelo insertó al medicamento y a la profesión farmacéutica en un marco económico de libre competencia, sometido a la ley de la oferta y demanda; muy alejado del modelo sanitario sostenido por la profesión farmacéutica. En efecto, en tanto el medicamento es un bien social y no una simple mercancía, la atención en salud no debe regularse con reglas de un mercado absolutamente comercial; se imponen pues el criterio profesional, el uso racional del medicamento y el bienestar general. Una activa participación del Estado en el control de la dinámica permitirá a la población un mejor acceso a esta instancia sanitaria garantizando medicamentos confiables y optimizando los servicios que presta el farmacéutico a la población.

A fin de permitir que ello resulte viable, es que corresponde realizar una planificación y ordenamiento para la autorización del funcionamiento de las farmacias, de tal forma de propender a su real distribución racional en el territorio nacional. Ello, con el objetivo de garantizar a la población, una adecuada y homogénea atención farmacéutica, como asimismo, que el acceso al medicamento sea ágil y rápido, y en las mismas condiciones para todos, independientemente donde resida el paciente.

Por el artículo 13 del referido Decreto 2284/91, se modificó además el artículo 14 de la ley 17.565, posibilitando que personas ajenas a la profesión puedan ser propietarias de farmacia, permitiéndose la titularidad a otras formas societarias tipificadas en la ley de sociedades, incluso sociedades anónimas.

Sin embargo, este tipo de figuras sociales no se compadece con la condición jurídica de la farmacia. En efecto, en tanto se trata de un servicio público impropio, resulta menester la individualización del sujeto que brinda tal servicio, de modo de precisar las responsabilidades que pudieran caberle en lo que el acto sanitario de la dispensa refiere (esto es, ante la eventual producción de un hecho dañoso derivado de una incorrecta actuación profesional del farmacéutico). Admitir un criterio diverso, conduciría a que tal servicio público, quede en manos de sujetos indeterminados, mutables en función de las modificaciones en la composición societaria, con el consiguiente riesgo de la disipación de la responsabilidad.

Conforme ha sido definido por calificada doctrina, “la farmacia es, por excelencia, el ámbito del ejercicio profesional del farmacéutico, al que es inherente la titularidad del establecimiento. Dicho de otro modo, el concepto “farmacia-farmacéutico” es un todo inescindible y la titularidad -o propiedad- no es más que una modalidad de la regulación profesional” . Surge entonces claramente la indivisibilidad del ejercicio profesional y la propiedad de la farmacia, por ser la oficina farmacéutica el ámbito natural donde el farmacéutico ejerce su profesión, ya que la farmacia existe porque existe el farmacéutico.

Lo antes dicho es compartido por varios países miembros de la Unión Europea, que han sancionado en sus respectivos Estados, diversas leyes, que con un espíritu marcadamente sanitario, regulan sobre la instalación y funcionamiento de las farmacias, en cuanto prestadoras de un servicio público. La práctica recogida en estos países, ha demostrado resultados altamente positivos, en cuanto a la organización del funcionamiento de las farmacias, arrojando como resultado una eficiente cobertura farmacéutica al paciente y garantizando la independencia del asesoramiento profesional del farmacéutico como titular de la oficina farmacéutica.

Las modificaciones normativas operadas a partir del año 1991 en la ley 17565, condujeron a que el farmacéutico director técnico que no sea propietario de su farmacia -en forma individual o como socio administrador de una sociedad-, quedara en franca relación de dependencia; llevando a una fractura de responsabilidades jurídicas. Así personas ajenas a la profesión actuando como empleadores y administradores de farmacias, se reservan el poder de decisión, los distintos aspectos de la administración, incluidas entre otras actividades, las compras de medicamentos, pudiendo marginar de ellas al farmacéutico, perdiendo así este profesional el control exclusivo sobre la gestión de compras, mantenimiento de stocks, horarios de atención, etc. Se identifica pues una situación compleja en cuanto a determinar quién será el responsable de la calidad y procedencia de medicamentos adquiridos en esa forma, donde el profesional director técnico no hubiera tenido injerencia en alguna de estas adquisiciones.

Por otra parte, a través del presente proyecto de ley se recepta la evolución normativa del desempeño profesional desde las incumbencias propias y las actividades reservadas al título farmacéutico, constituyéndolo así en un texto integrado, aplicable a todos los ámbitos de competencia referidos al ejercicio de la profesión farmacéutica. De tal modo, resulta una propuesta abarcativa y actualizada, contemplado temas no incluidos en la normativa vigente, posibilitando así superar vacíos legislativos.

A su vez, aquellas actividades reservadas e incumbencias definidas en el nivel educativo universitario, que viene acreditada con la posesión del título farmacéutico, no habilita para ejercer, resultando necesario un procedimiento de registro ante los colegios de farmacéuticos y asociaciones profesionales (que ejercen potestades legalmente delegadas por el Estado, en cuanto al registro y control de la matrícula) o la autoridad sanitaria según corresponda, conocido como matriculación, y el cumplimiento de pautas contenidas en un cuerpo normativo que define la buena práctica de la profesión.

Se propone además derogar el artículo 13 del decreto 2284/91, con el fin de superar las gravosas consecuencias que la desregulación económica trajo aparejada, con una clara distorsión de los criterios sanitarios y la ausencia de fiscalización efectiva por parte del Estado. A los efectos precedentemente reseñados, se establecen pautas regulatorias de alcance nacional, siendo las mismas de orden público; con resguardo de las normas locales preexistentes y dejando a criterio de cada jurisdicción el desarrollo de los aspectos operativos específicos.

El presente proyecto de ley se enmarca en el contexto normativo precedentemente referenciado, en consonancia con los avances científicos, tecnológicos y educativos, y recogiendo las recomendaciones de organismos de jerarquía internacional en materia de salud.

Por todo lo expuesto, solicito a los y las legisladoras, acompañen con su voto el presente proyecto de ley.

Fuentes: Pharmabaires, Cámara de Diputados de la Nación

 


“Caso Farmacity”: Lorenzetti, Quintana, los intereses y las internas

El caso dejará al descubierto intereses personales cruzados. La audiencia pública expondrá a Quintana.

Lorenzetti apunta a Quintana por los rumores de su salida

El Presidente de la Corte Suprema cree que fue Quintana quien lanzó la versión de su renuncia. La Corte convocó a audiencias por el caso Farmacity.

El reclamo judicial de Farmacity resume un clima de época en el que se cruzan conflictos de intereses, un lobby multimillonario, operaciones mediáticas y una pulseada apenas velada entre una parte del Gobierno y la Corte Suprema. Tras el triple rechazo judicial bonaerense a la posibilidad de que la cadena de farmacias desembarque en la provincia, la Corte nacional decidió tomar el caso. Y ahora, con Ricardo Lorenzetti como protagonista excluyente en un tribunal reducido, programó una audiencia pública. Desde el 29 de agosto y durante 30 días, desfilarán abogados, técnicos y farmacéuticos.

Así, Lorenzetti pretende contraatacar a sus archienemigos, tanto históricos como circunstanciales.

El presidente de la Corte presume que el eje Elisa Carrió-Mario Quintana es el promotor de las noticias que lo dan como renunciado o a punto de hacerlo. Esa versión circuló con insistencia el lunes pasado, después de un almuerzo realizado en Casa Rosada entre Lorenzetti y Mauricio Macri. El lunch fue a pedido del Presidente, y la agenda de la charla se mantiene como un misterio. El juez santafesino, pese a la difusión de su alejamiento, busca la reelección.

 

La Audiencia Pública expondrá a Quintana y develará sus intereses y conexiones con la cadena de farmacias

Por vía de la audiencia informativa, un sistema usado antes del fallo sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios, Lorenzetti quiere transparentar un litigio incómodo para el Gobierno. Porque la demanda judicial fue iniciada por el ex director y fundador de ese tanque de 250 farmacias: el vicejefe de gabinete Mario Quintana.

“La mano de Quintana es evidente”, se queja la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Isabel Reinoso. COFA representa a unas 15 mil farmacias chicas y medianas: por eso rechaza el despliegue bonaerense de un actor del peso de Farmacity.

Si bien desde la empresa niegan la influencia de Quintana, lo cierto es que el segundo de Marcos Peña todavía no se desvinculó totalmente de su creación más exitosa. El fiscal Ramiro González lo imputó por ese motivo hace unos 20 días.

La puja a su vez expondrá a otro supremo: Carlos Rosenkrantz, quien ya se excusó de la causa. Su estudio (habitual bufete de poderosas empresas) representó a Farmacity en la cruzada judicial que llegó a la Corte: la supuesta inconstitucionalidad de un artículo de la ley bonaerense, que excluye a las sociedades anónimas de la lista de titulares posibles.

Desde 2010, sin embargo, su planteo fue desestimado en primera instancia, por la cámara y por la Corte provincial. Según el argumento de Farmacity, existe un decreto y una ley nacional que contradicen a la norma bonaerense.

Desde el 29 de agosto, expondrán los llamados “amigos del tribunal”. Con Rosenkrantz y Horacio Rosatti excluidos, solo los escucharán tres ministros de la Corte: Lorenzetti, Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Así, Lorenzetti volverá a ocupar el lugar de centralidad que había perdido con la asunción de los dos jueces propuestos por Macri. Su opinión será determinante para destrabar (o impedir) un negocio multimillonario que roza a la Rosada.

Sin plazos definidos, el fallo llegaría antes de fin de año.

Fuente: Perfil


En defensa del modelo sanitario de farmacia

En este documento publicado por la Agrupación Médica Luis Aredez se toma postura a favor del modelo sanitario de farmacias. 

 Se rechaza el “modelo” de cadenas de farmacias “shoppings”, que se presenta publicitariamente como un adelanto o una alternativa “moderna” , y se detallan las propuestas más recientes de FIP y OPS/OMS para lo que deben ser las nuevas orientaciones de los servicios farmacéuticos, que coinciden con la propuesta del modelo sanitario de farmacias.

La nota advierte acerca del avance de los negocios privados sobre el derecho a la salud, que también se viene observando en otras áreas.

Transcribimos el artículo original:

EN DEFENSA DEL MODELO SANITARIO DE FARMACIAS – Documento publicado por la Agrupación Médica Luis Aredez

Es necesario reaccionar y tomar una postura firme y muy clara cuando se pretende avanzar sobre el derecho a la salud para dar lugar a los negocios privados. Hoy, esto está pasando en el sector farmacéutico.

En el caso de las farmacias, el intento se hizo más evidente, y llegó a algunos medios de prensa, porque está resultando beneficiado un funcionario público: el Vicejefe de Gabinete del gobierno nacional, el economista Mario Quintana, que es el fundador y dueño de la cadena de farmacias más grande de Argentina.

Funcionarios públicos con negocios privados

Desde que Quintana es funcionario público, su cadena de farmacias (Farmacity) fue favorecida por decisiones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, el año pasado, y más recientemente por un dictamen de la Procuración General de la Nación. En el primer caso, se benefició a esa empresa en relación a la atención al PAMI; en el último caso el dictamen judicial sirvió para acompañar la intención de Quintana de instalar su cadena de farmacias en la provincia de Buenos Aires, donde una ley sanitaria se lo prohíbe.

También, se procesó a un alto funcionario del Ministerio de Salud de la Nación acusado de proteger a la empresa de Quintana, a la que no se le habrían aplicado las sanciones administrativas que correspondían. Las faltas sanitarias que se detuvieron serían más de cien.

El funcionario Quintana promueve para su cadena de farmacias el estilo “farmashopping”, un tipo de establecimiento comercial de venta polirrubro que busca maximizar ganancias y relega a un segundo plano la función sanitaria de las farmacias y el rol de los farmacéuticos como agentes de salud.

Para fundamentar sus argumentos, el dictamen de la Procuración se basó en el decreto 2284 del PEN, sancionado el 31 de octubre de 1991, a instancias del entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo. El decreto desregulaba varios aspectos de la actividad farmacéutica; por ejemplo, permitió que fondos de inversión extranjeros pudieran ser propietarios de farmacias, a través de sociedades anónimas; también permitió la apertura de farmacias dentro de supermercados e impidió todo intento de distribución racional en la instalación de estos establecimientos sanitarios.

Lejos de mejorar el modelo de farmacias argentino y los servicios farmacéuticos, dándoles una orientación sanitaria y un lugar dentro del sistema de salud, se las desvirtuó y se favoreció el negocio de unas pocas empresas.

Se desmerece la función sociosanitaria de farmacias y farmacéuticos

Este modelo que se promueve ahora desde los más altos niveles del gobierno nacional argentino, ya ha demostrado sus efectos negativos en otros países sudamericanos.

El caso más conocido es el chileno, donde la desregulación absoluta del sector, en las últimas décadas, llevó a que la dispensa de medicamentos a la población esté concentrada a tal punto que es manejada por solamente tres cadenas de farmacias.

El perjuicio que se ocasionó en el país trasandino quedó en evidencia cuando se detectaron aumentos concertados de precios de más de 200 medicamentos, entre ellos muchos para enfermedades crónicas: epilepsia, diabetes, asma, reumatismo, hipertensión, y también antibióticos y anticonceptivos. Estas cadenas de farmacias concertaron sobreprecios de medicamentos de hasta el 3000 %. A la vez, en ellas el trabajo de los profesionales farmacéuticos es cada vez peor retribuído.

¿Cuál es el sistema “moderno” de farmacias?

Publicitariamente, el “modelo” de cadenas de farmacias “shoppings” se presenta como un adelanto, una alternativa “moderna” contra un modelo sanitario de farmacias que se quiere estigmatizar como “atrasado”. Esta es una falacia, que no resiste el más mínimo análisis cuando se consideran las últimas recomendaciones de los organismos sanitarios internacionales.

En efecto, si se consideran las directrices conjuntas de la FIP (Federación Internacional de Farmacias) y de la OMS sobre buenas prácticas de farmacia (año 2011), así como también las recomendaciones en cuanto a los estándares de calidad de los Servicios Farmacéuticos de la OPS/OMS (año 2013), el desarrollo de un modelo sanitario de farmacias sostiene propuestas muy distintas a las que quieren imponer Quintana y los grandes grupos económicos que actúan en alianza con él, que se orientan hacia el modelo chileno.

Tanto FIP, como OPS/OMS proponen un servicio farmacéutico cercano a la población, con inserción comunitaria, de cercanía, que brinde posibilidad de acceso a las consultas, a la educación sanitaria, al uso adecuado de los medicamentos, con una distribución racional de las farmacias para que sean la puerta de entrada al sistema sanitario formal. Es decir, todo lo contrario a lo que propone el modelo “farmashopping”: grandes superficies concentradas en los centros urbanos (donde es redituable el negocio), orientación al consumo inadecuado de medicamentos y subutilización de los recursos humanos formados.

Farmacias, CUS, AGNET, PAMI: negocios sin límite

Nada de lo anterior, sin embargo, puede sorprendernos. Va en línea con el avance de las estrategias de mercado y de los negocios privados sobre el derecho a la salud de la población, que también se viene observando en otras áreas.

La reforma del sistema de salud argentino, a través de la llamada “Cobertura Universal de Salud” (CUS), promovida por un decreto presidencial, también se propone generar ganancias a empresas privadas, retirándose el Estado de las prestaciones y dejando de lado regulaciones para generar un negocio que quedará en pocas manos.

En el PAMI, la tendencia es que el Estado sea un comprador de medicamentos de los grandes laboratorios (con un predominio cada vez más marcado de los laboratorios extranjeros) y de servicios a las farmacias (que terminará concentrándose en las grandes cadenas), ofreciendo cada vez menos beneficios y menos cobertura a los afiliados.

La Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AGNET), recientemente presentada en el Senado, acotará la responsabilidad del Estado a una cantidad limitada de prestaciones y al suministro de algunos medicamentos básicos, abriendo el negocio a empresas privadas para otro tipo de tratamientos y farmacoterapias.

En síntesis, hoy en el ámbito de las farmacias, como en otras áreas, se hace evidente que se favorecen negocios privados –muchas veces ligados a funcionarios públicos-, se limitan las posibilidades de los profesionales para desarrollarse y ofrecer sus servicios, subutilizándolos y subordinándolos a un interés comercial, a la vez que se hace cada vez más difícil el acceso a la salud para la población.

Ver el documento original aquí.


De farmacias a farmashoppings: ¿el “cambio” hacia atrás?

Una crítica a la orientación que se le quiere dar a las farmacias argentinas.

En esta nota publicada por Nuevo Encuentro Salud de la Ciudad se analizan hechos recientes y se los pone en relación con iniciativas que ya han fracasado en el pasado.

Se remarca también la coincidencia de ideas entre Mario Quintana (dueño y fundador de Farmacity), Rodriguez Larreta (Gobernador de la Ciudad de Buenos Aires) y María E. Vidal (gobernadora de la Provincia de Buenos Aires), que están expuestas en un libro que escribieron juntos.

Transcribimos la nota original:

 

EL “CAMBIO” HACIA ATRÁS EN SALUD: DE FARMACIAS A FARMASHOPPINGS

El gobierno macrista aplica el concepto de Mario Quintana: no hay límites para los negocios.

Días pasados, causó sorpresa, malestar y alerta un dictamen de la Procuración General de la Nación a favor de Farmacity, la empresa del Vicejefe de Gabinete del gobierno nacional, Mario Quintana.

Causó sorpresa porque se opuso a tres fallos de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que habían sido adversos a Farmacity. Estos fallos defendían la ley provincial, que regula y promueve un modelo sanitario de farmacias.

En efecto, la ley 10.606 de la provincia de Buenos Aires garantiza una distribución racional de establecimientos farmacéuticos en todo el territorio, en función de recomendaciones sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, con parámetros de densidad poblacional y distancia para su instalación.

La ley permite la propiedad de las farmacias a profesionales farmacéuticos y a determinadas figuras societarias, de las que se excluye a las sociedades anónimas.

Ambas regulaciones legales obstaculizan los intereses de Mario Quintana, que no puede instalar su cadena de farmacias.

El modelo de farmacias propuesto por el funcionario, sustentado con dinero proveniente de fondos de inversión, sigue una orientación netamente comercial, no sanitaria, volcada a la oferta polirrubro, con un modelo “farmashopping” que banaliza los medicamentos transformándolos en un bien de consumo. Asimismo, desmerece la atención profesional farmacéutica y los servicios sanitarios que podrían brindarse en las farmacias, ocultándolos detrás de la oferta polirrubro que incluye golosinas, lencería y bazar.

Esto responde estrictamente a los criterios defendidos por Mario Quintana, planteados en conceptualizaciones teóricas, y llevados luego a la práctica en su modelo “farmashopping”.

 

Quintana, Rodriguez Larreta y Vidal: unidos por las mismas ideas

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El libro que escribieron juntos Quintana, Larreta y Vidal.

En un libro de 1998, titulado “Domando al elefante blanco”, escrito en colaboración con su ex compañero de estudios, el hoy gobernador y también economista Horacio Rodriguez Larreta, Mario Quintana expone temerariamente sus “soluciones” para atender derechos básicos, entre ellos la salud y la asistencia sanitaria.

Su propuesta es darle toda la autonomía posible a las empresas privadas para que se hagan cargo de las necesidades de la salud, haciendo con libertad sus negocios. En la práctica, esto lo traduce en requerir autonomía absoluta para sus “farmashoppings”, instalándolas donde le convenga, y vendiendo todo lo que sea rentable, olvidándose de la función sociosanitaria de estos establecimientos.

En el mencionado libro, participó una recién recibida, Licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina: María Eugenia Vidal. Resulta fácil observar los lazos conceptuales que unen a Vidal con Quintana, y los motivos por los que, la actual gobernadora de la Pcia. De Buenos Aires, no defiende las leyes sanitarias de su provincia, amenazadas por Quintana.

(Ver este link para información del libro de referencia)

 

El dictamen de la Procuración a la Corte: desregulatorio y a favor de la libertad de empresa

El reciente dictamen emitido por la Procuración es a la medida de Quintana: recomienda a la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptar el caso iniciado por el funcionario, y habilitar la sociedad anónima para permitir la entrada de su cadena de farmacias en cualquier territorio de la Nación.

El expediente, que había sido presentado por el propio Mario Quintana, sostenido actualmente en su calidad de funcionario público, implica un juicio al Estado, ya que litiga contra gobiernos provinciales.

El dictamen que firmó el Procurador interino Eduardo Casal (designado por el gobierno en lugar de Alejandra Gils Carbó) debe generar alerta también por sus fundamentos: se basa casi exclusivamente en el decreto de desregulación económica 2284 del año 1991, que habilitaba a que: “cualquier persona física o jurídica de cualquier naturaleza” pueda ser propietaria de farmacias, “sin ningún tipo de restricción de localización”.

Es decir, aquel decreto desregulatorio de los años noventa, impulsado por el entonces todopoderoso Domingo Cavallo, el ex Ministro de Economía, que llevó el país a la ruina, es el que otorga los “cambios” que ahora pide Quintana… veintisiete años después.

El mismo decreto 2284/91 es el que también permitió la venta de medicamentos en quioscos, y que los supermercados pudieran abrir pequeños “stands” de 20 metros cuadrados para la venta de medicamentos (no se los puede llamar farmacias) entre sus góndolas: el mismo modelo comercial que sigue ahora Quintana en sus farmashoppings.

En este link se puede ver la redacción original del decreto 2284/91, véanse los artículos a los que hacemos referencia: 13, 14 y 15, estos dos últimos pudieron ser modificados con posterioridad a instancias de las entidades profesionales farmacéuticas, pero el relativo a la propiedad de las farmacias es el único que aún se mantiene vigente, y fue justamente el utilizado en el dictamen de la Procuración para favorecer a Farmacity.

En definitiva, son las ideas de Mario Quintana, ahora funcionario, las que marcan el rumbo del gobierno y de la justicia macrista: los negocios avanzando sobre la salud, apartando todas las normativas y regulaciones que obstaculicen sus intereses económicos.

Ver nota original aquí.


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