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Los farmacéuticos le respondieron a una tendenciosa nota editorial del diario La Nación

La nota editorial, agraviante hacia la actividad profesional de los farmacéuticos, fue respondida por la COFA. Solicita un derecho a réplica y que sea publicada la opinión de las entidades farmacéuticas. 

En referencia a la nota editorial publicada ayer en el Diario La Nación, titulada “Farmacias: ¿Y si pensamos en el consumidor?” la presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, Farm. Maria Isabel Reinoso, Presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), solicitó derecho a réplica para poder publicar la siguiente respuesta, titulada “Farmacias: pensemos en el paciente”.

Transcribimos la nota completa:

Farmacias: Pensemos en el paciente

Los medicamentos no son un bien de consumo, por lo tanto, quienes los utilizan no pueden ser considerados “consumidores” sino “pacientes”. En el mundo, los resultados sanitarios están demostrando que el consumismo aplicado a la salud sólo ha provocado muertes, enfermedad y gastos billonarios.

Se gastan 500 billones de dólares por año por la mala utilización de medicamentos en culturas donde la propaganda ha logrado medicar los problemas de la vida cotidiana. En algunos formatos poniendo en las manos del “consumidor” el medicamento a través de las góndolas, para que lo elija como una golosina, en otros ofreciéndolo “2×1”, como el “combo de la salud”, ignorando que un medicamento es un producto sanitario y hasta el más popular puede provocar efectos adversos, tiene dosis tóxica y riesgo de interacciones.

La Organización Mundial de la Salud advirtió que de seguir la tendencia “consumista” de antibióticos, nos quedaremos en pocos años sin herramientas terapéuticas para luchar contra las bacterias. Tal es la gravedad del riesgo, que la mayoría de los países está dictando medidas para controlar su utilización.

En nuestro país el Decreto 2284 liberó en el año 1991 la dispensa de medicamentos con el argumento de que iban a bajar los precios. Ocurrió todo lo contrario. Y tales fueron los resultados epidemiológicos de enfermedad y muertes que en 2009 se debió revertir esa medida con una Ley Nacional, la 26567, aprobada por unanimidad. Y el Ministerio de Salud de la Nación resolvió sacar los medicamentos de las góndolas en las cadenas de farmacias.

Estados Unidos, el país con el mercado más liberalizado, está viviendo una de sus peores crisis sanitarias por el consumo indiscriminado de medicamentos que no sabe cómo enfrentar y que está generando más de 7 muertes por hora en ese país y gastos millonarios por internaciones, gastos médicos y ausentismo laboral.

El modelo supermercadista en la salud, igualmente, está cerca de ser arrollado por un nuevo tsunami comercial: la venta online. Esto supone una amenaza aun mayor ante esta cultura del “consumo” de medicamentos.

El Estado, los legisladores tienen la responsabilidad de poner reglas que protejan a una población que, por desconocimiento y por su vulnerabilidad frente a la publicidad, considera que el medicamento sólo hace bien, que no implica riesgo alguno y que todo puede arreglarse con una pastilla.

El medicamento es un bien social que debe estar siempre al alcance de quien realmente lo necesita, de aquel que por su condición de salud no puede trasladarse a veces kilómetros hacia los lugares más céntricos para adquirir su tratamiento. Por eso en algunas provincias hay un modelo sanitario, donde la propiedad es del farmacéutico y se establecen parámetros de instalación de farmacias según la Organización Mundial de la Salud por distancia y cantidad de habitantes. Cuanto más regulado está el modelo, mejor es el servicio sanitario que se da y que permite que en los pueblos más remotos, incluso donde no hay hospital, haya una farmacia con un profesional al frente para dar consejo.

También hay experiencia internacional sobre esto: Chile se quedó sin farmacias en los pueblos por haber permitido la concentración de tres cadenas de farmacias y ahora está luchando contra la cartelización de precios de esas cadenas. La aplicación del “consumismo” en la salud está probando ser un fracaso económico y una catástrofe sanitaria.

Puede descargar la nota aquí


Proyecto de Ley propone un modelo sanitario para las farmacias argentinas

Busca considerarlas un servicio público, procurar la distribución racional y avanzar en formas societarias más adecuadas, que eviten la simulación de la propiedad como así también las sociedades anónimas. En esta nota se incluye el texto completo del proyecto.

El modelo de farmacias argentino ya está en discusión en el Congreso, y se espera que una ley nacional fortalezca su orientación sanitaria y profesional.

Un proyecto ya presentado por los legisladores apunta a un tema central: que las farmacias deben ser propiedad de los profesionales farmacéuticos, o de sociedades colectivas, o de sociedades de responsabilidad limitada “integradas totalmente por profesionales habilitados para el ejercicio de la farmacia como, asimismo, entre profesionales farmacéuticos y terceros no farmacéuticos, no pudiendo estos últimos tener injerencia en la dirección técnica de la farmacia, ni en ninguna tarea vinculada al ejercicio profesional”.

Se pondría fin de esta forma a la sociedad en comandita simple y a las sociedades anónimas, a la vez que se limitaría la cantidad de farmacias por cada sociedad propietaria.

“Este proyecto tiene por objeto actualizar la regulación del ejercicio de la farmacia, como establecimiento, institución jurídica y sobre la profesión del farmacéutico, en función de los avances científico-tecnológicos y educativos, los cambios de paradigma en el enfoque de los servicios farmacéuticos impulsados por organismos internacionales especializados de salud (Organización Panamericana de la Salud -OPS-, Organización Mundial de la Salud -OMS-, Federación Internacional Farmacéutica –FIP-), como así también, la adaptación al contexto normativo, sociopolítico y de políticas sanitarias”, fundamenta el proyecto.

El proyecto busca reafirmar que una farmacia moderna, y necesaria desde el punto de vista sanitario, no es la que se presenta como “farmacia shopping”, que responde a un interés solamente comercial.

Los legisladores agregaron que “las farmacias se hallan sujetas a un régimen legal específico que es parte del poder de policía del Estado, el cual responde a la necesidad de garantizar un servicio de calidad al público, acorde a la naturaleza de la farmacia como centro sanitario al servicio de la comunidad”.

Otro de los objetivos del proyecto es “realizar una planificación y ordenamiento para la autorización del funcionamiento de las farmacias, de tal forma de propender a su real distribución racional en el territorio nacional”.

“Ello, con el objetivo de garantizar a la población, una adecuada y homogénea atención farmacéutica, como asimismo, que el acceso al medicamento sea ágil y rápido, y en las mismas condiciones para todos, independientemente donde resida el paciente”, refuerza el proyecto que profundiza el modelo de farmacia defendido por los colegios profesionales.

El Proyecto ya se ha presentado y se tratará en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación.

 

El Proyecto de Ley, en forma completa y textual, es el siguiente:

Expediente 2787-D-2018
PROYECTO DE LEY – FARMACIAS – LEY 17565 -. MODIFICACIONES SOBRE REGULACIÓN DEL EJERCICIO. DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 13 DEL DECRETO 2284/91 RATIFICADO POR LEY 24307

El Senado y Cámara de Diputados…

ARTÍCULO 1°. Modifíquese el artículo 3 de la Ley 17.565, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 3°: Las farmacias por ser un servicio público impropio integrante del sistema de salud, estarán racionalmente distribuidas en el territorio nacional a fin garantizar el acceso equitativo a los medicamentos y demás productos sanitarios, y su uso racional, con la prestación de servicios farmacéuticos integrales y continuos basados en la atención primaria de la salud y la educación sanitaria.

Para asegurar la accesibilidad y calidad en el servicio según las necesidades sanitarias, la autorización de la instalación de farmacias será establecida por las autoridades jurisdiccionales correspondientes, determinando los requerimientos de distancia entre farmacias y la cantidad de farmacias por habitante de acuerdo a las características demográficas y geográficas de cada jurisdicción.

Los traslados de farmacias podrán realizarse dentro de la misma localidad, partido o departamento y podrá solicitarse para farmacias que acrediten una antigüedad mínima de funcionamiento en su lugar de origen, conforme al régimen local.

A los efectos de obtener la habilitación por parte de la autoridad sanitaria competente, además de lo concerniente a la propiedad y dirección técnica previstos en la presente ley, el interesado deberá acreditar que la farmacia reúne los requisitos edilicios, sanitarios, de seguridad, equipamiento, documentación, drogas y medicamentos que se establezcan en la reglamentación.

Asimismo, la autoridad sanitaria fijará los medicamentos o especialidades medicinales que por su acción terapéutica pueden ser requeridos en casos de urgencia y deban conservarse en las farmacias para su dispensación inmediata del público.

ARTÍCULO 2°. Modifícase el artículo 4 de la Ley 17.565, el que quedará redactado en los siguientes términos:

Artículo 4°: Una vez acordada la habilitación a que se refieren los artículos precedentes, en las farmacias no se podrá introducir modificación alguna en su denominación o razón social o en las modalidades de sus prestaciones, sin autorización previa de la autoridad sanitaria.

Para facilitar a los usuarios la identificación de las oficinas de farmacia, deberán contar en su fachada con una cruz verde, con dispositivo que permita su iluminación.

Las reformas, ampliaciones, cierres temporarios, definitivos o reaperturas, deberán comunicarse previamente a la autoridad sanitaria.

Toda farmacia que haya permanecido cerrada por más de treinta (30) días corridos, será considerada como entidad nueva en el caso de su reapertura.

ARTÍCULO 3°. Incorpórase como artículo 14 de la Ley 17.565, el siguiente texto:

Artículo 14°: Podrá autorizarse la instalación de farmacias cuando la propiedad sea:

  1. a) De profesionales farmacéuticos con título habilitante.
  2. b) De Sociedades Colectivas ó Sociedades de Responsabilidad Limitada, integradas totalmente por profesionales habilitados para el ejercicio de la Farmacia,como asimismo, entre profesionales farmacéuticos y terceros no farmacéuticos, no pudiendo estos últimos tener injerencia en la dirección técnica de la farmacia, ni en ninguna tarea vinculada al ejercicio profesional. El/los profesional/es Director/es Técnico/s asumirá/n como gerente/s en este tipo de sociedades. Las sociedades de Responsabilidad Limitada estarán integradas por personas físicas quienes deberán individualizarse ante la autoridad sanitaria. El tercero no farmacéutico no podrá participar en más de dos (2) sociedades propietarias de farmacias
  3. c) De Establecimientos hospitalarios públicos dependientes de la Nación, Provincias o Municipios. La dispensación de medicamentos se hará exclusivamente con destino a los pacientes asistidos en el establecimiento, ya sean internados o ambulatorios, previa presentación de la receta médica o modalidad interna que la sustituya. Las clínicas, sanatorios y hospitales privados deberán contar con servicio de farmacia habilitada para brindar servicio exclusivamente a los pacientes internados.

Las mismas deberán contar con la presencia efectiva personal de profesionales farmacéuticos.

  1. d) De Obras Sociales, Entidades Mutualistas y/o Gremiales que se encuentren autorizadas por sus estatutos, las que deberán reunir los siguientes requisitos:
  2. Una antigüedad mínima de cinco (5) años en su actividad social reconocida y el número mínimo de afiliados o asociados que se determine en la reglamentación.
  3. Que se obliguen a mantener la dirección técnica efectiva personal de un farmacéutico.
  4. Estas Farmacias estarán destinadas exclusivamente al servicio asistencial de los asociados ó afiliados de la Entidad ó Entidades que las instalen y de las personas a su cargo, cuya nómina y vínculo deberá consignarse en el carnet que lleva el beneficiario. Asimismo, en el local en el que funcione el establecimiento, se deberá contar con la nómina de las personas habilitadas para hacer uso de la farmacia, en la cual se consigne su nombre y dirección, como asimismo, vínculo familiar con el titular afiliado o asociado y número de credencial correspondiente, la cual deberá ser permanentemente actualizada.
  5. Estas Farmacias no podrán tener propósito de lucro y no podrán expender medicamentos y demás productos farmacéuticos a precio mayor que el costo y un adicional que se estimará para cubrir gastos generales y que fijará el Ministerio de Salud.
  6. El Balance de estas Farmacias debe estar integrado en el Balance consolidado de la entidad propietaria.
  7. Estas Farmacias en ningún caso podrán ser entregadas en concesión, locación ó sociedad con terceros, sea en forma declarada ó encubierta. Cuando se constatare la transgresión a esta norma se procederá a la inmediata clausura del establecimiento sin perjuicio de otras sanciones que puedan aplicarse según el caso.

Queda prohibido la suscripción de contratos de franquicia o de cualquier otro tipo de contrato o convenio conducente a la disminución, aunque sea parcial, de la independencia técnica o de criterios en el ejercicio de la profesión farmacéutica.

Queda prohibido cualquier autorización para otras modalidades de propiedad de Farmacias que no sean las especificadas en este artículo.

ARTÍCULO 4°. Incorpórase como artículo 15 de la Ley 17.565, el siguiente texto:

Artículo 15°: En caso de fallecimiento del propietario ó socio farmacéutico de inhabilitación en su carácter de tal, podrá mantenerse el funcionamiento de la Farmacia, siempre que la dirección técnica sea ejercida por un profesional farmacéutico, debiendo regularizarse la situación en el término de tres (3) años.

ARTÍCULO 5°. Modifíquese el artículo 17° de la Ley 17.565, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 17°: Los farmacéuticos para ejercer su profesión deberán estar inscriptos en la matricula cuyo registro y atención se encuentra a cargo de los colegios profesionales o de la autoridad sanitaria correspondiente cuando no existiere colegio en la jurisdicción, los que autorizarán el ejercicio profesional otorgando la respectiva matrícula y extendiendo la correspondiente credencial. Esta deberá ser devuelta al colegio profesional o la autoridad sanitaria cuando por cualquier circunstancia sea suspendida o cancelada la referida matrícula. Los interesados, en su primera presentación deberán constituir domicilio legal y declarar sus domicilios real y profesional.

La matriculación es el acto por el cual el colegio profesional o la autoridad sanitaria otorga la autorización para el ejercicio profesional, de acuerdo a lo establecido en la presente, y podrá ser cancelada en virtud de sentencia judicial firme, de acuerdo a lo establecido en la presente ley o en las respectivas leyes de colegiación.

ARTÍCULO 6°. Incorpórase como artículo 61 BIS° de la Ley 17.565, el siguiente texto:

Artículo 61 BIS°: Las disposiciones de la presente ley son de orden público y serán de aplicación a la actividad farmacéutica en todo el ámbito nacional.

Las autoridades jurisdiccionales correspondientes ejercerán las facultades de habilitación, fiscalización y control, pudiendo disponer exigencias específicas cuando así lo impongan fundadamente particulares circunstancias locales, en cuanto resulten complementarias a las de esta ley.

ARTÍCULO 7º: Deróganse el artículo 13 del Decreto 2284/91, ratificado por Ley 24.307 y el artículo 1 inciso c) del Decreto N° 240/99.

ARTÍCULO 8º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Este proyecto tiene por objeto actualizar la regulación del ejercicio de la farmacia, como establecimiento, institución jurídica y sobre la profesión del farmacéutico, en función de los avances científico-tecnológicos y educativos, los cambios de paradigma en el enfoque de los servicios farmacéuticos impulsados por organismos internacionales especializados de salud (Organización Panamericana de la Salud -OPS-, Organización Mundial de la Salud -OMS-, Federación Internacional Farmacéutica –FIP-), como así también, la adaptación al contexto normativo, sociopolítico y de políticas sanitarias.

Al respecto, ha de tenerse presente que el derecho a la protección de la salud es uno de los derechos humanos fundamentales consagrado constitucionalmente con la incorporación de los tratados internacionales en la reforma de 1994, constituyendo un deber inexcusable del Estado, el de cumplir y respetar tal derecho a la salud. En tal sentido, el Estado debe procurar las condiciones, prestaciones y bienes necesarios para lograr el más alto nivel posible de salud, incluyendo entre las acciones requeridas al efecto, la elaboración del marco legal regulatorio adecuado para las diferentes actividades del sector salud.

Es así pues que, en el marco de las políticas de salud, las acciones de atención primaria a través de los centros de salud, así como las de promoción y educación sanitaria, colocan al farmacéutico y a las farmacias en un papel relevante, por tener este profesional un contacto directo e inmediato con el paciente y sus familiares o allegados, y se transforma en un establecimiento sanitario de consejo profesional autorizado y de derivación consciente a la consulta médica.

En este aspecto, cabe resaltar que las directrices de la OMS en alianza con la FIP sobre el papel del farmacéutico en los servicios de salud, la función del farmacéutico y las buenas prácticas de farmacia y más tarde, sobre su rol en el autocuidado y la automedicación , sumado a la experiencia en regiones de Latinoamérica, han representado un marco importante para redefinir el papel no solo del profesional, sino de los servicios farmacéuticos hacia la garantía de la atención integral, integrada y continua, respondiendo a las necesidades y problemas, tanto individuales como colectivos, de la salud de la población. Los valores, principios y elementos de la atención primaria de la salud (APS) representan pues una excelente oportunidad para reorientar los servicios farmacéuticos de calidad como parte integral de los sistemas y servicios de salud.

Las farmacias realizan entonces, un trabajo complementario de las acciones llevadas a cabo por los servicios de atención de la salud, siendo su preocupación constante la calidad de sus servicios y de los productos que dispensa, dirigiendo los esfuerzos de su actuación en forma prioritaria a las necesidades de los pacientes.

En ese marco, es dable señalar que, como consecuencia de su condición jurídica, esto es, por su carácter de servicio público impropio, las farmacias se hallan sujetas a un régimen legal específico que es parte del poder de policía del Estado, el cual responde a la necesidad de garantizar un servicio de calidad al público, acorde a la naturaleza de la farmacia como centro sanitario al servicio de la comunidad.

En el ámbito de la farmacia, se desempeña el farmacéutico, cuya misión es conforme lo ha definido la OPS, contribuir al cuidado de la salud individual y colectiva de la población, a través de su participación activa en el equipo de salud y la comunidad, con servicios farmacéuticos integrales, integrados y continuos, comprometidos con el acceso equitativo a medicamentos y otros insumos sanitarios esenciales de calidad, y su uso racional, incluyendo las terapias alternativas y complementarias en un sistema de salud basado en la atención primaria de la salud, para de este modo alcanzar su mayor nivel de salud posible .

Resulta así trascendente que el público pueda acceder al servicio en condiciones equitativas, y que la actividad farmacéutica constituya una fuente de información fidedigna y segura a través del farmacéutico, en la actual concepción de su rol como agente sanitario de relevancia social. Estas importantes funciones sanitarias que deben cumplir las farmacias como servicio de salud, deben estar relacionadas con un grupo de población mínimo al cual brindar el mismo. Lo expuesto, se vincula a la necesaria distribución de los establecimientos farmacéuticos de manera estratégica y razonable para que toda la población tenga posibilidad de acceso en igualdad de condiciones.

Sin embargo, por aplicación del Decreto 2284/91 de “desregulación económica”, promovido por el entonces ministro de economía Domingo Cavallo, se posibilitó la instalación indiscriminada de farmacias, concentradas en zonas urbanas, dejando sin servicio a poblaciones más alejadas de tales centros o en áreas rurales, priorizando el factor económico por sobre la real necesidad o utilidad pública en la apertura de nuevas oficinas de farmacia.

Este modelo insertó al medicamento y a la profesión farmacéutica en un marco económico de libre competencia, sometido a la ley de la oferta y demanda; muy alejado del modelo sanitario sostenido por la profesión farmacéutica. En efecto, en tanto el medicamento es un bien social y no una simple mercancía, la atención en salud no debe regularse con reglas de un mercado absolutamente comercial; se imponen pues el criterio profesional, el uso racional del medicamento y el bienestar general. Una activa participación del Estado en el control de la dinámica permitirá a la población un mejor acceso a esta instancia sanitaria garantizando medicamentos confiables y optimizando los servicios que presta el farmacéutico a la población.

A fin de permitir que ello resulte viable, es que corresponde realizar una planificación y ordenamiento para la autorización del funcionamiento de las farmacias, de tal forma de propender a su real distribución racional en el territorio nacional. Ello, con el objetivo de garantizar a la población, una adecuada y homogénea atención farmacéutica, como asimismo, que el acceso al medicamento sea ágil y rápido, y en las mismas condiciones para todos, independientemente donde resida el paciente.

Por el artículo 13 del referido Decreto 2284/91, se modificó además el artículo 14 de la ley 17.565, posibilitando que personas ajenas a la profesión puedan ser propietarias de farmacia, permitiéndose la titularidad a otras formas societarias tipificadas en la ley de sociedades, incluso sociedades anónimas.

Sin embargo, este tipo de figuras sociales no se compadece con la condición jurídica de la farmacia. En efecto, en tanto se trata de un servicio público impropio, resulta menester la individualización del sujeto que brinda tal servicio, de modo de precisar las responsabilidades que pudieran caberle en lo que el acto sanitario de la dispensa refiere (esto es, ante la eventual producción de un hecho dañoso derivado de una incorrecta actuación profesional del farmacéutico). Admitir un criterio diverso, conduciría a que tal servicio público, quede en manos de sujetos indeterminados, mutables en función de las modificaciones en la composición societaria, con el consiguiente riesgo de la disipación de la responsabilidad.

Conforme ha sido definido por calificada doctrina, “la farmacia es, por excelencia, el ámbito del ejercicio profesional del farmacéutico, al que es inherente la titularidad del establecimiento. Dicho de otro modo, el concepto “farmacia-farmacéutico” es un todo inescindible y la titularidad -o propiedad- no es más que una modalidad de la regulación profesional” . Surge entonces claramente la indivisibilidad del ejercicio profesional y la propiedad de la farmacia, por ser la oficina farmacéutica el ámbito natural donde el farmacéutico ejerce su profesión, ya que la farmacia existe porque existe el farmacéutico.

Lo antes dicho es compartido por varios países miembros de la Unión Europea, que han sancionado en sus respectivos Estados, diversas leyes, que con un espíritu marcadamente sanitario, regulan sobre la instalación y funcionamiento de las farmacias, en cuanto prestadoras de un servicio público. La práctica recogida en estos países, ha demostrado resultados altamente positivos, en cuanto a la organización del funcionamiento de las farmacias, arrojando como resultado una eficiente cobertura farmacéutica al paciente y garantizando la independencia del asesoramiento profesional del farmacéutico como titular de la oficina farmacéutica.

Las modificaciones normativas operadas a partir del año 1991 en la ley 17565, condujeron a que el farmacéutico director técnico que no sea propietario de su farmacia -en forma individual o como socio administrador de una sociedad-, quedara en franca relación de dependencia; llevando a una fractura de responsabilidades jurídicas. Así personas ajenas a la profesión actuando como empleadores y administradores de farmacias, se reservan el poder de decisión, los distintos aspectos de la administración, incluidas entre otras actividades, las compras de medicamentos, pudiendo marginar de ellas al farmacéutico, perdiendo así este profesional el control exclusivo sobre la gestión de compras, mantenimiento de stocks, horarios de atención, etc. Se identifica pues una situación compleja en cuanto a determinar quién será el responsable de la calidad y procedencia de medicamentos adquiridos en esa forma, donde el profesional director técnico no hubiera tenido injerencia en alguna de estas adquisiciones.

Por otra parte, a través del presente proyecto de ley se recepta la evolución normativa del desempeño profesional desde las incumbencias propias y las actividades reservadas al título farmacéutico, constituyéndolo así en un texto integrado, aplicable a todos los ámbitos de competencia referidos al ejercicio de la profesión farmacéutica. De tal modo, resulta una propuesta abarcativa y actualizada, contemplado temas no incluidos en la normativa vigente, posibilitando así superar vacíos legislativos.

A su vez, aquellas actividades reservadas e incumbencias definidas en el nivel educativo universitario, que viene acreditada con la posesión del título farmacéutico, no habilita para ejercer, resultando necesario un procedimiento de registro ante los colegios de farmacéuticos y asociaciones profesionales (que ejercen potestades legalmente delegadas por el Estado, en cuanto al registro y control de la matrícula) o la autoridad sanitaria según corresponda, conocido como matriculación, y el cumplimiento de pautas contenidas en un cuerpo normativo que define la buena práctica de la profesión.

Se propone además derogar el artículo 13 del decreto 2284/91, con el fin de superar las gravosas consecuencias que la desregulación económica trajo aparejada, con una clara distorsión de los criterios sanitarios y la ausencia de fiscalización efectiva por parte del Estado. A los efectos precedentemente reseñados, se establecen pautas regulatorias de alcance nacional, siendo las mismas de orden público; con resguardo de las normas locales preexistentes y dejando a criterio de cada jurisdicción el desarrollo de los aspectos operativos específicos.

El presente proyecto de ley se enmarca en el contexto normativo precedentemente referenciado, en consonancia con los avances científicos, tecnológicos y educativos, y recogiendo las recomendaciones de organismos de jerarquía internacional en materia de salud.

Por todo lo expuesto, solicito a los y las legisladoras, acompañen con su voto el presente proyecto de ley.

Fuentes: Pharmabaires, Cámara de Diputados de la Nación

 


“Caso Farmacity”: Lorenzetti, Quintana, los intereses y las internas

El caso dejará al descubierto intereses personales cruzados. La audiencia pública expondrá a Quintana.

Lorenzetti apunta a Quintana por los rumores de su salida

El Presidente de la Corte Suprema cree que fue Quintana quien lanzó la versión de su renuncia. La Corte convocó a audiencias por el caso Farmacity.

El reclamo judicial de Farmacity resume un clima de época en el que se cruzan conflictos de intereses, un lobby multimillonario, operaciones mediáticas y una pulseada apenas velada entre una parte del Gobierno y la Corte Suprema. Tras el triple rechazo judicial bonaerense a la posibilidad de que la cadena de farmacias desembarque en la provincia, la Corte nacional decidió tomar el caso. Y ahora, con Ricardo Lorenzetti como protagonista excluyente en un tribunal reducido, programó una audiencia pública. Desde el 29 de agosto y durante 30 días, desfilarán abogados, técnicos y farmacéuticos.

Así, Lorenzetti pretende contraatacar a sus archienemigos, tanto históricos como circunstanciales.

El presidente de la Corte presume que el eje Elisa Carrió-Mario Quintana es el promotor de las noticias que lo dan como renunciado o a punto de hacerlo. Esa versión circuló con insistencia el lunes pasado, después de un almuerzo realizado en Casa Rosada entre Lorenzetti y Mauricio Macri. El lunch fue a pedido del Presidente, y la agenda de la charla se mantiene como un misterio. El juez santafesino, pese a la difusión de su alejamiento, busca la reelección.

 

La Audiencia Pública expondrá a Quintana y develará sus intereses y conexiones con la cadena de farmacias

Por vía de la audiencia informativa, un sistema usado antes del fallo sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios, Lorenzetti quiere transparentar un litigio incómodo para el Gobierno. Porque la demanda judicial fue iniciada por el ex director y fundador de ese tanque de 250 farmacias: el vicejefe de gabinete Mario Quintana.

“La mano de Quintana es evidente”, se queja la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Isabel Reinoso. COFA representa a unas 15 mil farmacias chicas y medianas: por eso rechaza el despliegue bonaerense de un actor del peso de Farmacity.

Si bien desde la empresa niegan la influencia de Quintana, lo cierto es que el segundo de Marcos Peña todavía no se desvinculó totalmente de su creación más exitosa. El fiscal Ramiro González lo imputó por ese motivo hace unos 20 días.

La puja a su vez expondrá a otro supremo: Carlos Rosenkrantz, quien ya se excusó de la causa. Su estudio (habitual bufete de poderosas empresas) representó a Farmacity en la cruzada judicial que llegó a la Corte: la supuesta inconstitucionalidad de un artículo de la ley bonaerense, que excluye a las sociedades anónimas de la lista de titulares posibles.

Desde 2010, sin embargo, su planteo fue desestimado en primera instancia, por la cámara y por la Corte provincial. Según el argumento de Farmacity, existe un decreto y una ley nacional que contradicen a la norma bonaerense.

Desde el 29 de agosto, expondrán los llamados “amigos del tribunal”. Con Rosenkrantz y Horacio Rosatti excluidos, solo los escucharán tres ministros de la Corte: Lorenzetti, Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Así, Lorenzetti volverá a ocupar el lugar de centralidad que había perdido con la asunción de los dos jueces propuestos por Macri. Su opinión será determinante para destrabar (o impedir) un negocio multimillonario que roza a la Rosada.

Sin plazos definidos, el fallo llegaría antes de fin de año.

Fuente: Perfil


En defensa del modelo sanitario de farmacia

En este documento publicado por la Agrupación Médica Luis Aredez se toma postura a favor del modelo sanitario de farmacias. 

 Se rechaza el “modelo” de cadenas de farmacias “shoppings”, que se presenta publicitariamente como un adelanto o una alternativa “moderna” , y se detallan las propuestas más recientes de FIP y OPS/OMS para lo que deben ser las nuevas orientaciones de los servicios farmacéuticos, que coinciden con la propuesta del modelo sanitario de farmacias.

La nota advierte acerca del avance de los negocios privados sobre el derecho a la salud, que también se viene observando en otras áreas.

Transcribimos el artículo original:

EN DEFENSA DEL MODELO SANITARIO DE FARMACIAS – Documento publicado por la Agrupación Médica Luis Aredez

Es necesario reaccionar y tomar una postura firme y muy clara cuando se pretende avanzar sobre el derecho a la salud para dar lugar a los negocios privados. Hoy, esto está pasando en el sector farmacéutico.

En el caso de las farmacias, el intento se hizo más evidente, y llegó a algunos medios de prensa, porque está resultando beneficiado un funcionario público: el Vicejefe de Gabinete del gobierno nacional, el economista Mario Quintana, que es el fundador y dueño de la cadena de farmacias más grande de Argentina.

Funcionarios públicos con negocios privados

Desde que Quintana es funcionario público, su cadena de farmacias (Farmacity) fue favorecida por decisiones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, el año pasado, y más recientemente por un dictamen de la Procuración General de la Nación. En el primer caso, se benefició a esa empresa en relación a la atención al PAMI; en el último caso el dictamen judicial sirvió para acompañar la intención de Quintana de instalar su cadena de farmacias en la provincia de Buenos Aires, donde una ley sanitaria se lo prohíbe.

También, se procesó a un alto funcionario del Ministerio de Salud de la Nación acusado de proteger a la empresa de Quintana, a la que no se le habrían aplicado las sanciones administrativas que correspondían. Las faltas sanitarias que se detuvieron serían más de cien.

El funcionario Quintana promueve para su cadena de farmacias el estilo “farmashopping”, un tipo de establecimiento comercial de venta polirrubro que busca maximizar ganancias y relega a un segundo plano la función sanitaria de las farmacias y el rol de los farmacéuticos como agentes de salud.

Para fundamentar sus argumentos, el dictamen de la Procuración se basó en el decreto 2284 del PEN, sancionado el 31 de octubre de 1991, a instancias del entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo. El decreto desregulaba varios aspectos de la actividad farmacéutica; por ejemplo, permitió que fondos de inversión extranjeros pudieran ser propietarios de farmacias, a través de sociedades anónimas; también permitió la apertura de farmacias dentro de supermercados e impidió todo intento de distribución racional en la instalación de estos establecimientos sanitarios.

Lejos de mejorar el modelo de farmacias argentino y los servicios farmacéuticos, dándoles una orientación sanitaria y un lugar dentro del sistema de salud, se las desvirtuó y se favoreció el negocio de unas pocas empresas.

Se desmerece la función sociosanitaria de farmacias y farmacéuticos

Este modelo que se promueve ahora desde los más altos niveles del gobierno nacional argentino, ya ha demostrado sus efectos negativos en otros países sudamericanos.

El caso más conocido es el chileno, donde la desregulación absoluta del sector, en las últimas décadas, llevó a que la dispensa de medicamentos a la población esté concentrada a tal punto que es manejada por solamente tres cadenas de farmacias.

El perjuicio que se ocasionó en el país trasandino quedó en evidencia cuando se detectaron aumentos concertados de precios de más de 200 medicamentos, entre ellos muchos para enfermedades crónicas: epilepsia, diabetes, asma, reumatismo, hipertensión, y también antibióticos y anticonceptivos. Estas cadenas de farmacias concertaron sobreprecios de medicamentos de hasta el 3000 %. A la vez, en ellas el trabajo de los profesionales farmacéuticos es cada vez peor retribuído.

¿Cuál es el sistema “moderno” de farmacias?

Publicitariamente, el “modelo” de cadenas de farmacias “shoppings” se presenta como un adelanto, una alternativa “moderna” contra un modelo sanitario de farmacias que se quiere estigmatizar como “atrasado”. Esta es una falacia, que no resiste el más mínimo análisis cuando se consideran las últimas recomendaciones de los organismos sanitarios internacionales.

En efecto, si se consideran las directrices conjuntas de la FIP (Federación Internacional de Farmacias) y de la OMS sobre buenas prácticas de farmacia (año 2011), así como también las recomendaciones en cuanto a los estándares de calidad de los Servicios Farmacéuticos de la OPS/OMS (año 2013), el desarrollo de un modelo sanitario de farmacias sostiene propuestas muy distintas a las que quieren imponer Quintana y los grandes grupos económicos que actúan en alianza con él, que se orientan hacia el modelo chileno.

Tanto FIP, como OPS/OMS proponen un servicio farmacéutico cercano a la población, con inserción comunitaria, de cercanía, que brinde posibilidad de acceso a las consultas, a la educación sanitaria, al uso adecuado de los medicamentos, con una distribución racional de las farmacias para que sean la puerta de entrada al sistema sanitario formal. Es decir, todo lo contrario a lo que propone el modelo “farmashopping”: grandes superficies concentradas en los centros urbanos (donde es redituable el negocio), orientación al consumo inadecuado de medicamentos y subutilización de los recursos humanos formados.

Farmacias, CUS, AGNET, PAMI: negocios sin límite

Nada de lo anterior, sin embargo, puede sorprendernos. Va en línea con el avance de las estrategias de mercado y de los negocios privados sobre el derecho a la salud de la población, que también se viene observando en otras áreas.

La reforma del sistema de salud argentino, a través de la llamada “Cobertura Universal de Salud” (CUS), promovida por un decreto presidencial, también se propone generar ganancias a empresas privadas, retirándose el Estado de las prestaciones y dejando de lado regulaciones para generar un negocio que quedará en pocas manos.

En el PAMI, la tendencia es que el Estado sea un comprador de medicamentos de los grandes laboratorios (con un predominio cada vez más marcado de los laboratorios extranjeros) y de servicios a las farmacias (que terminará concentrándose en las grandes cadenas), ofreciendo cada vez menos beneficios y menos cobertura a los afiliados.

La Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AGNET), recientemente presentada en el Senado, acotará la responsabilidad del Estado a una cantidad limitada de prestaciones y al suministro de algunos medicamentos básicos, abriendo el negocio a empresas privadas para otro tipo de tratamientos y farmacoterapias.

En síntesis, hoy en el ámbito de las farmacias, como en otras áreas, se hace evidente que se favorecen negocios privados –muchas veces ligados a funcionarios públicos-, se limitan las posibilidades de los profesionales para desarrollarse y ofrecer sus servicios, subutilizándolos y subordinándolos a un interés comercial, a la vez que se hace cada vez más difícil el acceso a la salud para la población.

Ver el documento original aquí.


De farmacias a farmashoppings: ¿el “cambio” hacia atrás?

Una crítica a la orientación que se le quiere dar a las farmacias argentinas.

En esta nota publicada por Nuevo Encuentro Salud de la Ciudad se analizan hechos recientes y se los pone en relación con iniciativas que ya han fracasado en el pasado.

Se remarca también la coincidencia de ideas entre Mario Quintana (dueño y fundador de Farmacity), Rodriguez Larreta (Gobernador de la Ciudad de Buenos Aires) y María E. Vidal (gobernadora de la Provincia de Buenos Aires), que están expuestas en un libro que escribieron juntos.

Transcribimos la nota original:

 

EL “CAMBIO” HACIA ATRÁS EN SALUD: DE FARMACIAS A FARMASHOPPINGS

El gobierno macrista aplica el concepto de Mario Quintana: no hay límites para los negocios.

Días pasados, causó sorpresa, malestar y alerta un dictamen de la Procuración General de la Nación a favor de Farmacity, la empresa del Vicejefe de Gabinete del gobierno nacional, Mario Quintana.

Causó sorpresa porque se opuso a tres fallos de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que habían sido adversos a Farmacity. Estos fallos defendían la ley provincial, que regula y promueve un modelo sanitario de farmacias.

En efecto, la ley 10.606 de la provincia de Buenos Aires garantiza una distribución racional de establecimientos farmacéuticos en todo el territorio, en función de recomendaciones sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, con parámetros de densidad poblacional y distancia para su instalación.

La ley permite la propiedad de las farmacias a profesionales farmacéuticos y a determinadas figuras societarias, de las que se excluye a las sociedades anónimas.

Ambas regulaciones legales obstaculizan los intereses de Mario Quintana, que no puede instalar su cadena de farmacias.

El modelo de farmacias propuesto por el funcionario, sustentado con dinero proveniente de fondos de inversión, sigue una orientación netamente comercial, no sanitaria, volcada a la oferta polirrubro, con un modelo “farmashopping” que banaliza los medicamentos transformándolos en un bien de consumo. Asimismo, desmerece la atención profesional farmacéutica y los servicios sanitarios que podrían brindarse en las farmacias, ocultándolos detrás de la oferta polirrubro que incluye golosinas, lencería y bazar.

Esto responde estrictamente a los criterios defendidos por Mario Quintana, planteados en conceptualizaciones teóricas, y llevados luego a la práctica en su modelo “farmashopping”.

 

Quintana, Rodriguez Larreta y Vidal: unidos por las mismas ideas

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El libro que escribieron juntos Quintana, Larreta y Vidal.

En un libro de 1998, titulado “Domando al elefante blanco”, escrito en colaboración con su ex compañero de estudios, el hoy gobernador y también economista Horacio Rodriguez Larreta, Mario Quintana expone temerariamente sus “soluciones” para atender derechos básicos, entre ellos la salud y la asistencia sanitaria.

Su propuesta es darle toda la autonomía posible a las empresas privadas para que se hagan cargo de las necesidades de la salud, haciendo con libertad sus negocios. En la práctica, esto lo traduce en requerir autonomía absoluta para sus “farmashoppings”, instalándolas donde le convenga, y vendiendo todo lo que sea rentable, olvidándose de la función sociosanitaria de estos establecimientos.

En el mencionado libro, participó una recién recibida, Licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina: María Eugenia Vidal. Resulta fácil observar los lazos conceptuales que unen a Vidal con Quintana, y los motivos por los que, la actual gobernadora de la Pcia. De Buenos Aires, no defiende las leyes sanitarias de su provincia, amenazadas por Quintana.

(Ver este link para información del libro de referencia)

 

El dictamen de la Procuración a la Corte: desregulatorio y a favor de la libertad de empresa

El reciente dictamen emitido por la Procuración es a la medida de Quintana: recomienda a la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptar el caso iniciado por el funcionario, y habilitar la sociedad anónima para permitir la entrada de su cadena de farmacias en cualquier territorio de la Nación.

El expediente, que había sido presentado por el propio Mario Quintana, sostenido actualmente en su calidad de funcionario público, implica un juicio al Estado, ya que litiga contra gobiernos provinciales.

El dictamen que firmó el Procurador interino Eduardo Casal (designado por el gobierno en lugar de Alejandra Gils Carbó) debe generar alerta también por sus fundamentos: se basa casi exclusivamente en el decreto de desregulación económica 2284 del año 1991, que habilitaba a que: “cualquier persona física o jurídica de cualquier naturaleza” pueda ser propietaria de farmacias, “sin ningún tipo de restricción de localización”.

Es decir, aquel decreto desregulatorio de los años noventa, impulsado por el entonces todopoderoso Domingo Cavallo, el ex Ministro de Economía, que llevó el país a la ruina, es el que otorga los “cambios” que ahora pide Quintana… veintisiete años después.

El mismo decreto 2284/91 es el que también permitió la venta de medicamentos en quioscos, y que los supermercados pudieran abrir pequeños “stands” de 20 metros cuadrados para la venta de medicamentos (no se los puede llamar farmacias) entre sus góndolas: el mismo modelo comercial que sigue ahora Quintana en sus farmashoppings.

En este link se puede ver la redacción original del decreto 2284/91, véanse los artículos a los que hacemos referencia: 13, 14 y 15, estos dos últimos pudieron ser modificados con posterioridad a instancias de las entidades profesionales farmacéuticas, pero el relativo a la propiedad de las farmacias es el único que aún se mantiene vigente, y fue justamente el utilizado en el dictamen de la Procuración para favorecer a Farmacity.

En definitiva, son las ideas de Mario Quintana, ahora funcionario, las que marcan el rumbo del gobierno y de la justicia macrista: los negocios avanzando sobre la salud, apartando todas las normativas y regulaciones que obstaculicen sus intereses económicos.

Ver nota original aquí.


Las universidades también defienden el modelo sanitario de farmacia contra el farmashopping

Hubo importantes definiciones de las casas de altos estudios en defensa del modelo sanitario de farmacia y a favor de la independencia profesional del farmacéutico. Emitieron resoluciones y comunicados la Facultad de La Plata, la Facultad de Farmacia de la UBA y el ECUAFyB, se incluyen los documentos en esta nota.

El Ente Coordinador de Unidades Académicas de Farmacia y Bioquímica, la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata emitieron esta semana sendos documentos de apoyo a la farmacia como centro de salud.

Las entidades académicas manifestaron frontalmente su oposición al dictamen de la Procuración General de la Nación, del 11 de abril pasado, que dio un guiño a la entrada de Farmacity a la provincia de Buenos Aires, en sintonía con la demanda de Mario Quintana contra  la Ley sanitaria 10.606 de ejercicio de la actividad farmacéutica.

Las universidades públicas y privadas manifestaron sus críticas al dictamen

Documento de posición de ECUAFyB:

ECUAFyB (Ente Coordinador de Unidades Académicas de Farmacia y Bioquímica) presentó un documento de posición en el cual sostiene que “observa con preocupación últimos acontecimientos referidos al dictamen de la Procuración General de la Nación” y entre los argumentos señala que “el medicamento es un bien social, y su acceso debe estar garantizado para asegurar la salud pública, atendiendo a la racional distribución de las farmacias comunitarias en todo el territorio, las cuales se constituyen en centros de atención primaria de la salud bajo la responsabilidad del único profesional experto: el farmacéutico”.

Sostiene también que “la figura jurídica de cuya titularidad depende el establecimiento sanitario, condiciona el libre desempeño profesional en vistas a las obligaciones normativas del propio ejercicio, donde el farmacéutico debe promover el uso racional y no mercantilista del medicamento en la dispensa, brindando sus servicios profesionales, los cuales son reconocidos en el mundo a través de innumerables documentos emitidos por la OMS, la OPS, la Federación Internacional de Farmacia, entre otras prestigiosas instituciones.”

“La Farmacia comunitaria, como centro de Atención Primaria de la Salud, debe centrar su organización, gestión y funcionamiento en actividades relacionadas a su rol sanitario, en desmedro de otras actividades comerciales ajenas a su rol natural vinculado a la Salud Pública”, señala el contundente documento de ECUAFyB.

 

Resolución del Consejo Directivo de la FFyB – UBA:

Por su parte, el Consejo Directivo de la Facultad de Farmacia de la UBA puntualizó en la Resolución N°128 que el pronunciamiento del procurador subrogante Casal “pretende sustentarse en el antiguo y desusado decreto desregulatorio 2284/91, tratando a la dispensa de los medicamentos como si se tratase de un simple acto mercantil”.

Destaca también que “de tomarse la decisión sugerida se afectará severamente la Salud Pública, ya que apunta a la concentración, poniendo el fin de lucro por encima de las necesidades sanitarias de la población”.

Se reafirma la importancia de los artículos 3° y 14° de la Ley 10.606 de la Provincia de Buenos Aires, “ya que los mismos son un reaseguro para que el Farmacéutico cumpla su función de asesorar a otros integrantes del equipo de salud y a la población sobre el uso racional del medicamento y otros productos para la salud”.

La decana Cristina Arranz y la secretaria académica Laura Schreier establecen “elevar la Resolución al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires recomendando que se pronuncie a favor de la defensa de la Salud Pública y la profesión farmacéutica y lo eleve a la Corte Suprema de Justicia”.

Acceda en este link a la Resolución de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires – UBA

 

Resolución de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata:

También se manifestó en defensa de la ley sanitaria provincial 10.606. rechazando explícitamente el dictamen de la Procuración. Se destacan la importancia de los servicios farmacéuticos, a los que la población accede gratuitamente, por encima de consideraciones de carácter mercantil.

Fuente: COFA

 

 

 


Patentes de medicamentos: informe alerta sobre impacto del Acuerdo Mercosur-UE

El acuerdo de libre comercio que prevén firmar este año los bloques económicos de la Unión Europea y el Mercosur podría afectar el acceso de los pacientes a medicamentos y otras tecnologías médicas debido a la modificación en plazos y alcance de las patentes, según un informe de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP).


Las negociaciones para este acuerdo comenzaron en el año 2000 pero se han aplazado varias veces por diferencias entre los bloques. En los últimos años, sin embargo, el proceso parece llegar a su fin, y se prevé que en el primer semestre del año haya una reunión decisoria.

El acuerdo establece pautas para intercambios económicos en diferentes rubros, aranceles, cupos de exportación, cuestiones de propiedad intelectual e inversiones, entre otros temas.

En este marco, el diálogo no ha estado exento de dificultades y críticas, y en esa línea se presenta el trabajo del GEP, que compara costos de las drogas en distintos escenarios según algunos de los borradores del pacto y concluye que los aumentos podrían llegar a hasta 26,5 por ciento en 2050 con respecto a lo que saldría sin la firma del acuerdo.

Según el informe del GEP —una organización sin fines de lucro que trabaja por los enfermos de VIH—, eso ocurriría, por ejemplo, debido a la extensión del plazo de las patentes. “Las patentes en el Mercosur se otorgan por veinte años. Según el borrador al que tuvimos acceso, el acuerdo plantearía una extensión del plazo, aunque no está definido cuánto”, señaló Lorena Di Giano, directora de GEP, que espera que la difusión atenúe el impacto potencial.

Entre otros puntos, el acuerdo incluye clásulas de confidencialidad de datos de pacientes, y el informe del GEP señala que estas medidas también son perjudiciales. Sin embargo, lo más preocupante del estudio es que demuestra cómo se comportarían los precios.

Di Giano pone un ejemplo: “El presupuesto para Sida en Argentina fue de US$ 113 millones en 2016. Con la extensión de patentes, sólo para seis medicamentos (10 por ciento total), cuatro de VIH y dos de hepatitis c, se necesitarían 76 millones, es decir, una gran parte de ese presupuesto. Son datos reveladores y muestran el impacto de la firma del acuerdo así como se plantea”.

El informe de GEP fue acercado a los negociadores técnicos del Mercosur que entendieron los riesgos, pero de todas maneras las decisiones se toman en esferas ministeriales y presidenciales.

“Es preocupante lo que plantea el informe si se firmara el acuerdo”, dice Fernando Avellaneda, presidente de la prestadora de servicio de salud obra social de la provincia argentina de Tucumán y vocal del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (Cosspra).

Avellaneda trabajó en el área de salud del Mercosur en 2009 y 2010. Desde entonces, dice, ve cómo representantes de grandes laboratorios a través de distintos organismos piden modelos de libre comercio total.

“Es parte de la estrategia de las compañías, que buscan concentrarse en medicamentos caros, que no puedan tener genéricos (o biosimilares)… En resumen, todo lo que impide acceso a medicamentos no debe ser aceptado, teniendo en cuenta que eso es parte de los derechos humanos”, dice.

Con ello coincide Rubén Sajem, presidente Sección de Farmacéuticos del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal de Argentina (COFyBCF): “Corresponde rechazar la falacia de que una protección extrema a los laboratorios innovadores funciona como un incentivo global a la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos”.

“Por el contrario, no hace más que profundizar la asimetría en la posibilidad de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, y esto es grave en países que tienen una industria farmacéutica con muy buenos recursos profesionales y técnicos, que es posible desarrollar y mejorar”, agrega.

Los precios ya son caros y el acuerdo lo puede agravar aún más, explicó Sajem. “El laboratorio propietario de una patente tiene discrecionalidad absoluta sobre el medicamento, en cuanto a su elaboración, al precio, y también sobre los canales y condiciones de distribución y dispensa, en los que trata de maximizar ganancias imponiendo sus condiciones de comercialización”.

Enlace al informe de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP)

Fuente: scidev.net


PAMI: ALERTAN SOBRE UN “CAOS INDUCIDO” PARA QUEDARSE CON EL NEGOCIO DE LOS MEDICAMENTOS PARA LOS JUBILADOS

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Category : Farmacia , Profesionales , Salud

“Una guerra”, “campo de batalla”, son las metáforas bélicas que está utilizando el periodismo con insistencia para explicar el conflicto entre el PAMI, la industria, los colegios farmacéuticos y los distribuidores. Mientras tanto el acuerdo sigue lejos y nadie arriesga que pasará a partir del primero de abril. Hay quienes sospechan que “el caos” es inducido para favorecer a algunos grupos económicos vinculados al gobierno.

En los últimos días se repitieron los tensos encuentros en la Casa Rosada donde los directivos de las cámaras farmacéuticas son recibidos por el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, con una nueva modalidad: cámara por cámara quizás en un intento por romper el frente empresario.

En igual sintonía, la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) puso el dedo en la llaga, advirtiendo que a partir del primero de abril, cuando teóricamente debe comenzar a regir el nuevo convenio, “los jubilados podrían quedarse sin medicamentos”.

“Si no hay prórroga se espera un caos a partir del primero de abril, porque las farmacias no están preparadas para atender con el nuevo sistema”, afirmaron dirigentes farmacéuticos de la Ciudad de Buenos Aires.

La posibilidad de una prórroga, recurso que ya aplicó Sergio Cassinotti, titular del PAMI, cuando asumió a mediados del año pasado, no está sobre la mesa de negociaciones, por ahora, aseguran los voceros empresarios.

Pero objetivamente a nadie le conviene el caos pronosticado por los colegios farmacéuticos. Para el gobierno tendrá un costo político muy fuerte en momentos en que la inflación golpea los bolsillos y la economía no arranca.

Y para los laboratorios sería ocupar el peor escenario, como los “malos de la película”. Papel de reparto que ya tienen asumido.

“Esperamos que nadie esté jugando a ese caos para irrumpir en el sistema para imponer sus ‘soluciones’”, es el temor que acecha en la COFA, siempre atenta a los movimientos en las sombras del segundo Vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

Lo cierto, tal como advirtió la titular de la COFA, María Isabel Reinoso, “nadie le está avisando a los jubilados que a partir de abril no tendrán las marcas de medicamentos que consumen habitualmente”.

PAMI ya repartió una lista de precios máximos o “ponderados” a los que deberían ajustarse los laboratorios a partir de abril. “El noventa por ciento de los laboratorios no están en condiciones de aceptar los precios propuestos”, comentaron a Pharmabaires directivos de laboratorios nacionales, de primera línea. Si ellos no pueden, menos los medianos que le siguen en la pirámide.

Las farmacias pequeñas y medianas “van a dejar en claro su voluntad de atender a los jubilados, pero si se les garantizan condiciones y plazos de pago previsibles y posibles de sostener. Los problemas no los generaron estas farmacias ni los colegios farmacéuticos”, subrayaron desde la COFA.

Reinoso ya anticipó la demanda de la COFA: para sostener el nuevo sistema las bonificaciones de las farmacias deben reducirse al 10 por ciento promedio “para defender la atención en farmacias pequeñas y medianas de todo el país”.

Ese será el reclamo que en las próximas horas la COFA y la federación de cámaras de farmacias FACAF trasladarán a las cámaras de laboratorios, como advertencia de que no acompañaran cualquier acuerdo y que quieren negociar directamente con el PAMI.

En las últimas horas surgió una supuesta rendija para negociar, que consiste en la opción de congelar los precios a diciembre y reducirlos 5 por ciento como quiere el PAMI, pero con actualizaciones trimestrales que acompañarían el incremento inflacionario por el que se desliza la economía argentina.

Pero el PAMI parece “enamorado” de los precios máximos y de las licitaciones, que consideran “no negociables”. Especialmente desde que la licitación conjunta de PAMI e IOMA de Factor VIII para hemofílicos facilitó un supuesto ahorro del 80 por ciento.

Mario Negri, titular del bloque radical en la Cámara de Diputados, escribió eufórico en Twitter: “el Gobierno Nacional logró que los laboratorios licitaran en $ 313 millones la misma droga hemofílica por la que hace un año pidieron $1.800 millones. Es la política más progresista en salud que se haya encarado desde los tiempos de Arturo Illia. Sigamos #CambiandoJuntos.

La referencia al gobierno de Illia no es gratuita. Apunta a refrescar en la memoria de la sociedad argentina aquella responsabilidad histórica adjudicada a los laboratorios farmacéuticos en el derrocamiento del ex presidente radical en 1966, a causa de haber sancionado una Ley de Medicamentos.

“No nos extraña, en alguna de las reuniones en la Rosada dejaron entrever que nos iban a echar la culpa del derrocamiento de Illia a través de algunos de sus aliados en el gobierno”, comentaron directivos de la industria.

Así también negaron que el ahorro fuese del 80 por ciento como afirma el gobierno y propusieron que “explique cómo saca las cuentas y que cifra tomó para hacer la comparación”.

Desde las cámaras empresarias también observan con asombro y molestia cómo se impone un lenguaje belicista como “campaña de batalla” o “guerra a los laboratorios” en los textos periodísticos de escribas con acceso a los despachos oficiales. Le adjudican la terminología a la “bajada de línea” de la Casa Rosada.

También el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, durante una entrevista para el canal La Nación + habló de “cierta corrupción en la competencia por precios de los medicamentos”, pero no abundó en sus imputaciones ni el periodista repreguntó.

El ambiente está enrarecido es cierto, pero los voceros industriales negaron enfáticamente la versión de un intercambio de insultos entre el presidente Mauricio Macri y dueños de laboratorios nacionales, como deslizó LaPolíticaOnLine.

“Hubo una reunión es cierto y fue cordial. Nunca estuvo presente Quintana como se sostiene en esa nota. Nosotros no queremos pelearnos con Macri”, puntualizaron desde el sector.

La COFA y los colegios farmacéuticos elaboraron un borrador para consumo de sus asociados, que expone con precisión como vislumbran el futuro:

“Habiendo tomado conocimiento, de las distintas propuestas realizadas por el Instituto para cada segmento del convenio de provisión de medicamentos a sus beneficiarios, a partir del 01-04-18, nos parece oportuno resaltar algunos puntos determinantes para la viabilidad del mismo desde las farmacias prestadoras.

1- Al retrotraer los precios al 31-12-17 y aplicarle un descuento del 5% sobre el PVP vigente provoca un quebranto en las farmacias, proporcional al número de unidades afectadas existentes en su stock.

2- Se propone una actualización trimestral que contemple el 70% del IPC para ajustar el precio de los medicamentos, lo que provocaría en el corto plazo un desfinanciamiento de las farmacias producto de que tendrán que afrontar mayores gastos en insumos, sueldos y estructura que no tendrán su correlato en el precio del medicamento.

3- Si bien no es responsabilidad del Instituto, el incremento en la alícuota de Ingresos Brutos en muchas provincias, sumado a los puntos ya descriptos hacen inviable la prestación para muchas farmacias, especialmente las del sur del país que abonan un sobre sueldo del 25% por zona fría.

4 – En la actualidad las farmacias tienen garantizada su compra en droguerías, con las notas de crédito emitidas por la Industria, habría que contemplar un mecanismo que continúe asegurando el normal abastecimiento de las mismas.

Como solución a estos problemas, se necesita reducir el porcentaje de bonificación realizado por las farmacias y garantizar que las condiciones comerciales de la cadena no cambien en detrimento de la rentabilidad de las farmacias.

Concretamente, que la disminución de los costes en medicamentos buscada por el Instituto no redunde en una baja en las condiciones comerciales de las farmacias”.

Para los farmacéuticos el futuro convenio puede ser ruinoso. Para la industria un pasaje a la pérdida de rentabilidad y el estancamiento futuro de las inversiones. Para los jubilados la incertidumbre de que medicamentos recibirán y a qué precio.

Solo el gobierno – y Farmacity si ingresa en el convenio – tendrá motivos para regodearse anunciando un nuevo convenio PAMI con sensibles rebajas, ya que lo presentará como “un triunfo político”.

Audio con declaración de María Isabel Reinoso, titular de la COFA en FM La Tribu: cliquear aquí

Fuente: Pharmabaires


PAMI: Farmacéuticos advierten que se agota el tiempo y piden precisiones

En un comunicado conjunto, las entidades que representan a la mayoría de las farmacias del país advierten sobre la irrupción de “intereses económicos poderosos y concentrados” en las negociaciones para la provisión de medicamentos a los jubilados. También piden se proteja la red de atención de farmacias de todo el país, y que no se genere más incertidumbre en la atención a través del PAMI. Alertan también la intromisión de la “vicejefatura de gabinete”, en lo que sería una alusión a Mario Quintana, y el posible conflicto de intereses.

Transcribimos el comunicado conjunto de COFA, FACAF y Farmacias mutuales y sindicales:

 

 

PAMI:  LOS MEDICAMENTOS PARA LOS JUBILADOS ENTRE LA

INCERTIDUMBRE Y EL RIESGO

 

A pocos días de concluir el convenio de prestación a los beneficiarios del PAMI,

la continuidad de la provisión de medicamentos a los jubilados está en zona de

riesgo por efecto de la incertidumbre que surge de las negociaciones (¿aún en

marcha?)  entre  el  gobierno  nacional  y  la  industria  farmacéutica.  Estas

negociaciones se vienen desarrollando sin resultados concretos y los mensajes

que surgen de una parte y de la otra sobre su curso no son coincidentes.

 

Las  farmacias,  a  través  de  sus  entidades  representativas,  hemos  mantenido

reuniones  con  autoridades  del  PAMI,  con  funcionarios  de  la  Vicejefatura  de

Gabinete  y con componentes de la industria farmacéutica,  y las  conclusiones

de esos encuentros no pueden ser más desalentadoras: no se conoce a cuáles

medicamentos tendrá acceso el jubilado a partir de abril, no se conoce cuánto

ni cuándo pagará el PAMI las futuras prestaciones ni a quienes, no se conocen

las condiciones que se les plantean a las farmacias para seguir atendiendo el

convenio y por ende no se conocen cuáles farmacias seguirán atendiendo, no

se  conoce  cómo  ni  quién  realizará  el  servicio  de  auditoría  y  sistemas,  no  se

conoce  cómo  el  PAMI  se  pondrá  al  día  con  la  deuda  que  incluye  el  mes  de

diciembre,  no  se  conoce  de  qué  manera  se  pagarán  los  servicios  y

prestaciones de lo que va del 2018 una vez que el actual convenio finalice.

 

Demasiadas incógnitas para un convenio que termina en 20 días y provee de

medicamentos a los 5 millones de argentinos con mayor demanda de atención

sanitaria.

 

Estos interrogantes le están siendo retaceados a los jubilados bajo el manto de

una  promesa,  ampliamente  difundida  por  los  medios,  de  reducir  el  gasto  por

parte del PAMI, pero sin indicar cuáles serían las consecuencias concretas de

ese ajuste en el acceso del jubilado a sus medicaciones.

 

Hay una única certeza en estas negociaciones, y es que se está preparando la

escena  para  la  irrupción  plena  y  masiva  en  el  convenio  de  los  intereses

económicos más poderosos y concentrados del sector.-

 

Mientras  esto  sucede  en  los  más  altos  niveles  de  gobierno,  las  farmacias

seguimos diariamente y en cada barrio, de cada localidad, de cada provincia de

nuestra  país  brindando  el  servicio  farmacéutico  a  nuestros  vecinos  jubilados,

haciendo un mayúsculo esfuerzo en esta coyuntura para sostener la atención,

aportando  gran  parte  de  nuestra  ganancia  para  trabajar  en  el  convenio,

sufriendo como todos los argentinos el aumento del costo de vida y los gastos

fijos y variables, con la desagradable novedad de un reciente aumento salvaje

del impuesto a los Ingresos Brutos en la mayor parte de las provincias, lo cual

pone en jaque la sustentabilidad de la pequeña y mediana farmacia, y en riesgo

de manera directa la continuidad de miles de fuentes de trabajo.

 

A este preocupante escenario se suma la promesa ampliamente difundida por

el  gobierno,  en  su  disputa  con  los  laboratorios,  de  bajar  el  precio  del

medicamento sin contemplar de qué manera se evitará sumergir a la mayoría

de las farmacias en una crisis terminal.

 

Las farmacias no somos formadoras de precios, eso lo hacen los laboratorios

con la autorización de la Secretaría de Comercio, y las farmacias no tenemos la

facultad  que  tiene el  resto de  la  economía minorista  argentina de trasladar  el

aumento de los costos al precio de venta.

 

Si dentro de 20 días debemos dispensar medicamentos a un precio menor al

que hoy lo compramos ¿Quién se hará cargo de esa diferencia? ¿O acaso las

farmacias  deben  dejar  de  comprar  medicamentos  hasta  que  la  situación  se

defina poniendo en riesgo la normal provisión de medicinas a la totalidad de la

población?

 

El  nombre  de  esta  situación  se  llama  INCERTIDUMBRE  porque  nadie  ha

logrado darnos respuestas concretas y certeras a estos interrogantes:

  • ¿A cuáles  medicamentos  podrá  acceder  el  jubilado  de  ahora  en  más?

¿A los mismos que ahora consume o a otros?

  • ¿Podrá el jubilado seguir concurriendo a su farmacia de confianza para

acceder  a  sus  medicinas  o  deberá,  con  el  gasto  adicional  que  esto

conlleva, buscar algún shopping de medicamentos lejos de su hogar?

  • ¿Cómo debemos entender que el Estado pretenda  reducir el precio de

los medicamentos y al mismo tiempo aplicar un aumento salvaje de los

impuestos para las farmacias?

  • ¿Esta oscura, e inusualmente externalizada negociación (no negocia el

PAMI  sino  la  Vicejefatura  de  Gabinete),  en  tiempos  de  “transparencia”

tiene como objeto beneficiar algún interés comercial ligado al eufemismo

del “conflicto de intereses”?

 

Las  entidades  farmacéuticas    reclamamos  la  libre  accesibilidad  de

medicamentos  en  todo  el  territorio  nacional,  que  se  establezcan  condiciones

equitativas  para  las  farmacias  prestadoras  respetando  sus  particularidades

geográficas  y  su  dimensión  económica  para  asegurar  la  continuidad  de  la

amplia  red  actualmente vigente,  en  un  rubro  esencialmente sanitario,  aunque

haya quienes que pretenden convertirlo en coto de caza de grandes intereses

económicos.

 

Toda  incertidumbre  va  acompañada  de  precariedad  y  de  riesgo,  y

precisamente  riesgo  es  a  lo  que  se  enfrentan  hoy  nuestros  jubilados  en  el

futuro cercano para acceder a sus medicamentos.

Pedimos respuestas concretas y claridad en las soluciones, se agota el tiempo.

 

Firman: María Isabel Reinoso (COFA), Miguel Lombardo (FACAF), Carlos Villagra (Farmacias mutuales y sindicales)


Una “Farmamóvil” frente a Tribunales

Farmacéuticos en alerta por lobbies en la Corte Suprema de Justicia argentina para instalar farmacias shopping y conseguir beneficios en la atención al PAMI.

El primer jueves de diciembre, desde temprano y hasta las 14 hs., por iniciativa del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, se instaló un “Farmamóvil” frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Allí y en los alrededores, los farmacéuticos estuvieron entregando material informativo, respondiendo consultas y explicando las consecuencias que tendría una decisión de la Corte -que fuera contraria a las leyes actualmente vigentes-, para la salud pública, para las farmacias comunitarias y para el acceso de la población a los medicamentos.

La iniciativa se mantendrá los jueves del mes de diciembre, de 10 a 14 hs frente al Palacio de Tribunales, con la consigna Cuando la salud está en peligro el remedio es la justicia.

El trailer también recorrerá otros lugares de la provincia de Buenos Aires, para promover campañas sanitarias de prevención, dando información a los pacientes, realizando controles de presión arterial, y será un espacio para conversar con el público y compartir material de defensa profesional.

También para responder sus consultas, sobre todo las referidas a las consecuencias que tendría vulnerar las leyes vigentes para la salud pública, para el acceso al medicamento y las farmacias comunitarias.

La situación es debida a una doble pretensión de la cadena Farmacity: por un lado pretende que la Corte Suprema avale cambiar las normas existentes, que garantizan un servicio farmacéutico adecuado y garantías para el acceso de la población a sus medicamentos.

Por otro lado, la mega cadena de farmacias -propiedad de un funcionario del gobierno nacional-, presentó un requerimiento para que se le mejoren los beneficios que recibe por atender a los afiliados de la obra social PAMI, en detrimento de las farmacias pequeñas y medianas, o situadas en lugares alejados de los grandes centros urbanos.

 


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