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Farmashoppings: ¿Qué opinan los sindicatos?

El desembarco de Farmacity puede generar distintas opiniones y hasta “grietas” en las posturas de los sindicalistas.

Martín Farías, Sindicato de Bahía Blanca

La implementación del “modelo farmashopping”, a nivel nacional, podría precarizar aún más la situación de los trabajadores del rubro, con miles de Pymes que quedarán fuera de juego y menos posibilidades laborales para los profesionales farmacéuticos, ya que los empleos los genera solamente el “polirrubro”.

La situación obliga a los sindicatos a definirse, y ya hay opiniones a favor y en contra del farmashopping.

Transcribimos la entrevista a Martín Farías, del Sindicato de Bahía Blanca.

Voy mirando los numeritos en mi teléfono, que me marcan la hora, asegurándome de llegar puntual. Encontrar el timbre no me toma mucho y apenas tengo que esperar a que me atiendan, invitándome a pasar e indicándome, sonrisa mediante, el camino hacia la oficina de Martín Farías. Martín es el actual Secretario Adjunto del Sindicato de empleados de Farmacia de Bahía Blanca, y también, el secretario de Acción social de la CGT regional. Me saluda, en cuanto me ve, con un buen apretón y no llego a sacarme la campera, que ya me está ofreciendo asiento. Lo hacemos, los dos, uno de cada lado de su escritorio. 

—¿Te molesta que grabe la entrevista?

Con una sonrisa tranquila y un gesto de su mano me da el sí, y sin más, arrancamos. Martín, empecemos por lo complicado ¿Qué significa el desembarco de Farmacity para las farmacias tradicionales? Martín asiente, dándome la razón. Y sí, es un tema complicado.

—Mirá, el desembarco de Farmacity significa, lisa y llanamente, una competencia desleal en contra de las farmacias tradicionales. La afecta, y te estoy hablando desde los convenios. Porque en los convenios de obra social los monopolios son obviamente superadores. Siempre ofrecen un poco más. Estamos hablando de las 18 empresas que más facturaron a nivel país en los últimos dos años. No se puede competir con Farmacity. En la provincia de Buenos Aires, las farmacias son de dueños farmacéuticos y de empresarios, y hemos puesto nuestro esfuerzo en mantener una competencia de forma leal, pero esto, esto sería superador.

Se entiende lo que Martín dice, y es inevitable, comenzar a pensar en los nombres responsables detrás de estas decisiones. Y en los posibles motivos, por supuesto.

– Uno de los socios fundadores de esta cadena es Mario Quintana, funcionario de cambiemos. ¿Pensás que existe un interés personal detrás del desembarco de esta cadena? Martín sube los brazos, acodándose sobre el escritorio, aclarándose la garganta. Y me doy cuenta que está  que está a punto de decirme un par de verdades.

—Juan, claramente hay un conflicto de intereses en esta situación. No puede ser que un Sub Jefe de gobierno esté haciéndole juicio a la provincia de Buenos Aires porque no le permiten abrir Farmacity en la provincia. Y no solo en Buenos aires, está en juicio con otras dos provincias  porque les regulan la entrada. Esto viene desde el 2012. Mario Quintana intentando lograr ingresar esta cadena sin éxito, porque hay, había, un intento de regulación. Ahora, en cambio, está aprovechando el momento. Y se ve, se ve claro que va a pasos acelerados en un tema que tiene que disponer Provincia, porque vale aclarar, es un tema federal, no puede ir a Nación en esto. Quintana aprovecha porque los jueces que hoy están en la Suprema Corte de la Nación eran los abogados que se presentaron en el 2012 con él, a denunciar a la provincia de Buenos Aires. Hoy, son jueces. Te digo más. El colegio de farmacéuticos les pidió que se excusaran, por que han trabajado en la empresa Farmacity ¿Conflicto de intereses? No sé qué más decirte.

La respuesta es frontal, y viene con pocos pelos en la lengua. Nos miramos los dos. Hay ciertas realidades innegables. Pero la entrevista tiene que seguir. Bajo la mirada, a mi libretita de notas. No. Ninguna pregunta viene fácil.

—¿Se han podido reunir con la gobernadora María Eugenia Vidal para tratar este tema?

Lo veo reclinarse sobre su asiento, ya, con una sonrisa.

—El rol de María Eugenia Vidal es lamentable. –Martín hace una pausa, dando peso a las palabras que acaba de soltar. —Desde el Colegio de Farmaceuticos están pidiéndole audiencia hace más de un año. Nunca se expidió, dijo que no le interesaba. Jamás habla del tema, no les da reunión, no los atiende. Se le ha pedido de muchas maneras, pero no sé, parece que existe una complicidad allí.

En un tema de salud tan importante, que la gobernadora no se expida, es como si no tocara un tema de seguridad, de educación. Son temas federales, y la gobernadora tiene que estar involucrada, y mucho más, en salud. Por lo menos tendría que darse cuenta que está favoreciendo a una empresa que, si esto sigue su curso, terminaría manejando toda la industria farmacéutica en la provincia, desactivando inevitablemente a las 4700 pymes; micro emprendimientos y profesionales farmacéuticos que con el desarrollo de su actividad, también dan trabajo. Empresarios que generan trabajo. El panorama no parece muy alentador. Y en una Provincia que viene recibiendo ya suficientes golpes bajos con respecto al creciente desempleo, hablar de 4700 pymes quedando fuera de juego, no es poca cosa. Y quiero quedarme en ese punto, porque es importante, así que, sin darle oportunidad a Martín para que pierda el ritmo, largo la siguiente pregunta.

—Uno de los argumentos escuchados es que Farmacity va a generar más puestos de trabajo. ¿Cuánto pensás que hay de cierto en esa afirmación?

—Farmacity no va a dar más trabajo. –Otra vez, la pausa, la afirmación contundente. –No lo va a dar Juan, por el sistema de atención que tiene, va a tener a sus empleados limitados y menos farmacéuticos. Es poner una farmacia en un Hipermercado. Terminan siendo cualquier cosa menos una actividad de salud. Te pongo el ejemplo de Bahía Blanca. En la ciudad actualmente tenemos alrededor de 1000 empleados de farmacia. Se calcula que por cada Farmacity que abre cierran, aproximadamente, 9 o 10 farmacias. Con estos números estamos hablando de 300 empleados en la calle. 300 familias. Porque supuestamente, en Bahía Blanca se podrían abrir 3 Farmacity.

Yo nunca fui un as de la matemática, pero la cuenta, está fácil. Y a quién le suma y a quién le resta, parece que también. Me queda una pregunta, que acabo de anotar sobre mi libreta. Un dato, nomás, para ampliar todos estos números que vienen cayendo tan pesados.

—Martín ¿Cuál es el cálculo que se hace para disponer las farmacias en función de la población y la distancia?

Y Martín, parece, tiene las mismas ganas que yo de no darle muchas más vueltas a la calesita.

—Hoy la ley te dice que las farmacias tienen que establecerse 1 cada 3000 habitantes, y además, guardar una distancia de 300 metros entre ellas. De esa manera, llegás a los barrios periféricos y también, a los pueblos. Este grupo económico se quiere instalar infringiendo la ley que todos cumplimos, en la localización que más les sea rentable a ellos.

Apago el grabador, un poquito frustrado. No suena justo, ni por asomo. El apretón de Martín, el de despedida, tiene la misma energía que el primero que me dio. Nos despedimos y no necesito esta vez, indicaciones para encontrar la salida. Miro los numeritos de mi teléfono, manía incurable de andar siempre contando el tiempo. Pero al menos, esta vez, no me preocupan tanto. No, los números de mi reloj no llegan, ni de cerca, a dejar el sabor amargo que me acaban de dejar los números que Martín me acaba de tirar encima, porque detrás de esos números, hay gente de carne y hueso.

Fuente:  Juan Manuel Rosón, APU

Entrevista: Juan Manuel Rosón

Foto: Martín Farías, Secretario Adjunto del Sindicato de empleados de Farmacia de Bahía Blanca

Quintana, Vidal, Larreta: las mismas ideas para un modelo farmashopping

Los tres referentes del gobierno argentino, hoy funcionarios, compartían sus ideas de libre mercado y políticas desregulatorias en un libro escrito hace tiempo atrás.

Los criterios defendidos por Mario Quintana, propietario de la cadena Farmacity, fueron escritos hace 20 años, y llevados luego a la práctica en su modelo “farmashopping”.

En un libro de 1998, titulado “Domando al elefante blanco”, escrito en colaboración con quien fue su compañero de estudios, el hoy gobernador de la Ciudad de Buenos Aires y también economista Horacio Rodriguez Larreta, Mario Quintana expone sus ideas y soluciones para atender derechos básicos, entre ellos la salud y la asistencia sanitaria.

La propuesta que desarrolla es darle toda la autonomía posible a las empresas privadas para que se hagan cargo de las necesidades de la salud, haciendo con libertad sus negocios. En la práctica, esto lo traduce en lo que ahora pide: autonomía casi absoluta para sus “farmashoppings”, instalándolas donde comercialmente convenga, y vendiendo todo lo que sea rentable, dejando de lado la función sociosanitaria de estos establecimientos.

En el mencionado libro, participó una Licenciada en Ciencias Políticas recién recibida en la Universidad Católica Argentina: María Eugenia Vidal, hoy Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Resulta fácil observar los lazos conceptuales que unen a Vidal con Quintana, y los motivos por los cuales la actual gobernadora no defiende las leyes reguladoras sanitarias de su provincia, amenazadas por un juicio que actualmente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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El libro que escribieron juntos Quintana, Larreta y Vidal.

(Ver este link para información del libro de referencia)

El juicio contra la ley sanitaria de la Provincia de Buenos Aires

Mario Quintana, fiel a los principios que ya había expresado claramente en su libro, inició un juicio contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para declarar inconstitucional la ley 10.606, la ley sanitaria que regula el funcionamiento de las farmacias en ese distrito.

Para todas sus presentaciones judiciales, Mario Quintana y sus abogados se apoyaron en el decreto de desregulación económica 2284 del año 1991, que habilitó a que: “cualquier persona física o jurídica de cualquier naturaleza” pueda ser propietaria de farmacias, “sin ningún tipo de restricción de localización”.

Es decir, aquel decreto desregulatorio de los años noventa, impulsado por el entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo, es el que otorga los “cambios” que ahora el funcionario Quintana pide que se apliquen en la Provincia de Buenos Aires.

El mismo decreto 2284/91 es el que también permitió, en su momento, la venta de medicamentos en quioscos, y que los supermercados pudieran instalar pequeños espacios de 20 metros cuadrados para la venta de medicamentos entre sus góndolas: el mismo modelo comercial que sigue ahora Quintana en sus farmashoppings.

En este link se puede ver la redacción original del decreto 2284/91. De los artículos a los que hacemos referencia: 13, 14 y 15, los dos últimos pudieron ser modificados con posterioridad a instancias de las entidades profesionales farmacéuticas, pero el relativo a la propiedad de las farmacias es el único que aún se mantiene vigente en la ley nacional, y es justamente el que utiliza la empresa de Mario Quintana, Farmacity, para apoyarse en sus presentaciones judiciales.

Está prevista una Audiencia Pública, habilitada por la Corte Suprema, donde se escucharán los planteos de las partes en litigio y  seguramente se actualizará esta discusión acerca de la necesidad de regulaciones sanitarias, o si por el contrario debe predominar la desregulación y la libertad de empresa.

Fuente: politicargentina.com

Ceos de Farmacity aportaron a la campaña de Cambiemos

Relacionan el sospechoso el silencio de Vidal y el apoyo a la cadena de legisladores oficialistas a que Ceo´s de Farmacity aportaron al partido político PRO $1,5 millón de pesos. 

El silencio de la gobernadora Vidal en la demanda de Farmacity, y que el bloque oficialista “cajoneara” en la en la Legislatura bonaerense un proyecto que prohíbe el desembarco Farmacity en la provincia de Buenos Aires, podría tener una explicación: el aporte de directivos de la empresa a la campaña del PRO.

En el marco del escándalo por los aportes truchos para la campaña electoral de Cambiemos, el senador provincial Gustavo Traverso reveló que los dueños de la multinacional Farmacity, Alejandro Gorodisch e Irene Cubric, financiaron por un millón y medio de pesos al partido que preside la gobernadora María Eugenia Vidal.

“Yo había emitido una sospecha la semana pasada, que era muy sospechoso el silencio de Vidal sobre una demanda de Farmacity en Buenos Aires y nos encontramos que los Ceo de Farmacity son aportantes a la campaña y financiamiento del PRO” afirmó Traverso en una radio platense.

Actualmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en sus manos la causa iniciada por la cadena farmacéutica para desembarcar en la provincia de Buenos Aires. La demanda data del año 2012 y llegó al máximo tribunal por la insistencia de la empresa, luego de chocar con los sucesivos fallos de la justicia provincial que rechazaron la autorización.

Además, el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia solicitó en varias oportunidades una reunión con la gobernadora para explicarle el impacto negativo del desembarco de la multinacional fundada por el actual vicejefe de Gabinete de Macri, Mario Quintana. Ante el pedido, Vidal no solo no los recibió, sino que tampoco hizo pública su postura sobre el conflicto.

El vínculo entre el oficialismo y Farmacity tiene su correlato en la Legislatura bonaerense. El bloque de Cambiemos en el Senado impide el tratamiento en comisiones de un proyecto que pone un freno al ingreso de Farmacity a la Provincia. La iniciativa ya fue aprobada en la cámara de Diputados en abril de este año con los votos de las bancadas de la oposición. En ese momento, los legisladores que responden a la Gobernadora votaron en contra de la normativa que declara como taxativo el artículo 14 de la ley vigente 10.606 que prohíbe a las sociedades anónimas, como es el caso de la cadena beneficiada por el gobierno, instalar farmacias en los distritos bonaerenses.

Fuente: PLN

Caso Farmacity: se suspendió la audiencia pública y hay sospechas

Lo llamativo del anuncio de la Corte es que se realizó apenas minutos más tarde de que cerrara el plazo para la entrega de las presentaciones a favor y en contra de la irrupción de Farmacity en territorio bonaerense. Esto le daría más tiempo a la cadena para elaborar su estrategia. Sospechan la injerencia de Quintana.

La disputa por el desembarco de la cadena Farmacity en la provincia de Buenos Aires tuvo un nuevo capítulo en la Justicia. Es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió la audiencia pública que había fijado para el 29 de agosto por cuestiones de “agenda” de la jueza Elena Highton de Nolasco.

Lo llamativo del anuncio de la Corte es que se realizó apenas minutos más tarde de que cerrara el plazo para la entrega de las presentaciones a favor y en contra de la irrupción de Farmacity en territorio bonaerense.

La cadena de farmacias del vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana, ya cosechó el revés judicial en todas las instancias de la Justicia de la Provincia, el rechazo de la Cámara de Diputados bonaerense y de 103 municipios que, a través de decretos u ordenanzas, se manifestaron en contra del desembarco.

Sin embargo, con la llegada de Quintana al gabinete de Mauricio Macri la causa Farmacity logró salirse de la órbita bonaerense y llegó a la Corte Suprema de la Nación, donde ya los jueces Carlos Rozenkratz y Horacio Rosatti se excusaron de intervenir, por tener vínculos previos con la cadena de farmacias.

La última decisión de la Corte, de suspender la audiencia pública, despertó suspicacias entre los defensores de las farmacias de barrio y el modelo sanitario que defiende la Ley provincial 10.606. Es que la mano de Quintana pareciera haber actuado en el llamativo anuncio de la Corte Suprema, que argumentó la suspensión con un viaje a México de la jueza Highton de Nolasco para participar de la “Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia”.

Con la totalidad de los escritos entregados de los amicus curiae que serán oradores en la audiencia pública, la cadena ganó tiempo en la Justicia para estudiar todos los argumentos a favor y en contra del desembarco de la cadena. 

Lo cierto es que los manejos entre Farmacity, el gobierno nacional y la Corte Suprema vienen dando que hablar desde el hermético encuentro entre el presidente Mauricio Macriy el presidente de la Corte, Horacio Lorenzetti.

El almuerzo que se realizó el 19 de junio en la Rosada -cuyo temario no trascendió a los medios- se concretó apenas unas horas antes de que la Corte Suprema fijara la fecha para la suspendida audiencia pública, que aún no tiene fecha de realización.

En paralelo a la discusión judicial, Farmacity puso en marcha una intensa campaña en las redes sociales para mostrarse cerca de los usuarios de farmacias y sumar adhesiones entre la opinión pública.

Fuente: Diagonales.com

Efecto FMI: graves recortes en medicamentos y en el PAMI

El gobierno argentino se apresta a reducir la cobertura de medicamentos (incluidas vacunas) y los fondos del PAMI, por imposición del acuerdo con el FMI. 

El ajuste pedido por el organismo internacional excede lo que el gobierno argentino había anunciado en su momento, que se limitaría a “gastos innecesarios” y “viáticos de funcionarios”, para avanzar en temas sensibles a la salud pública.

El gobierno ya acordó con el FMI una serie de recortes que incluyen items como jubilaciones, PAMI, medicamentos, vacunas y el Fondo de Incentivo Docente, entre otros. Además, habla directamente de “congelar la AUH (Asignación universal por hijo)”, según trascendió.

Está previsto destinar 10 mil millones menos al PAMI y 9 mil millones menos al rubro “medicamentos y vacunas” que hoy cubre el sistema público.

La propuesta oficial tiene un componente de ajuste que decidió el gobierno nacional, pero ahora propone que los gobernadores implementen iniciativas similares en sus provincias.

Los recortes están incluidos en documentos que trascendieron donde se detallan los montos que se deberán ajustar, que se incluyen a continuación:

Fuentes: Infonews, C5N


Farmacity calienta la previa a la audiencia del 29A y los farmacéuticos le responden

La empresa salió a hacer publicidad para justificar su intención de torcer las leyes sanitarias provinciales, mientras en una notable señal política ya son 102 (sobre un total de 135) los municipios bonaerenses que expresaron que no quieren farmashoppings. 

Con mensajes en las redes sociales, supuestamente dirigidos a los clientes, pero con intenciones de influir en la Corte Suprema de Justicia, Farmacity inició su ofensiva mediática hacia la audiencia pública del 29 de agosto, mientras que dos nuevos municipios bonaerenses se pronunciaron contra las cadenas de farmacias.

Mientras apunta a los cortesanos, Farmacity sufrió una nueva derrota en el esquivo territorio bonaerense ya que los municipios de Benito Juárez Pinamar se convirtieron en los dos últimos que rechazan la instalación de farmashoppings.

En Benito Juárez, municipio del sureste bonaerense con 20 mil habitantes, el intendente Julio Marini del FpV, bloqueó por ordenanza el eventual desembarco de las cadenas “farmashopping” mediante una ordenanza a pedido de los farmacéuticos locales.

El intendente de Benito Juárez resaltó que “la atención en salud no debe regularse con reglas de un mercado absolutamente comercial y debe tenerse presente su condición de bien social”, al fundamentar la ordenanza 1214, promulgada a fines de la semana pasada.

“El criterio profesional, el uso racional del medicamento y el bienestar general deben primar en el ejercicio de la farmacia comunitaria, priorizando las necesidades de la población por sobre cualquier interés comercial” sostiene la ordenanza.

La resolución municipal 1214, fue la respuesta de Julio Marini al pedido de los farmacéuticos locales, nucleados en el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia, en consonancia con decenas de municipios que fueron adoptando medidas similares en los últimos tiempos y en especial desde que la Corte Suprema convocó a la audiencia pública del 29.

En Pinamar el Concejo Deliberante votó por unanimidad la adhesión a la Ley provincial  10.606 que regula la actividad de la farmacias y los farmacéuticos y cuya interpretación Farmacity intentará desmontar en la audiencia pública de fines de agosto.

En el Concejo Deliberante de Pinamar, seis concejales son de Cambiemos, tres del partido vecinal Propin, dos de Unidad Ciudadana y dos del FyP. O sea que el oficialismo de Cambiemos a nivel provincial fue decisivo para avanzar en una resolución similar a las que ya adoptaron los vecinos partidos de La Costa y Villa Gesel.

Ahora ya son al menos 102 los municipios bonaerenses que les bajaron las barreras a las “farmashopping” sobre 135 repartidos en el territorio bonaerense.

CALENTANDO LA PREVIA AL 29A

“Que no te confundan los que hablan de monopolio. De 16.817 farmacias en el país, solo 241 son Farmacity. El 1,5 por ciento del total. #Datos no opiniones”, fue uno de los mensajes de la cadena difundidos por las redes sociales.

En otro comunicado redactado al estilo de una solicitada para sus clientes, la cadena sostuvo que “estamos convencidos de que todos los ciudadanos”, se beneficiarían “con más y nuevos servicios” farmacéuticos.

“Eso nos alienta a defender en la justicia el derecho a ofrecer nuestros servicios”,  afirmó Farmacity.

Sin embargo, en la misma solicitada, la cadena reconocía que solo 628 farmacéuticos integran su plantel de 6.500 empleados. También menciona como dudoso mérito que tiene 293 estudiantes de farmacia que “están siempre detrás de los mostradores para  asesorarte”.

“Estamos convencidos de que todos los ciudadanos se benefician en su atención farmacéutica y nuevas opciones. Y que quienes necesitan encontrar una farmacia abierta durante la noche, quienes demandan confianza, cercanía, variedad, formas de pago flexibles y un trato eficiente y cordial, nos acompañan”, finalizó.

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires respondió que “la salud no se ofrece en combos y campañas marketineras vía mail” y dejo como mensaje a la sociedad: “las farmashopping  te tratan como cliente, pero con el marketing no alcanza”.

“A pesar de los millones que invierten en periodistas y en publicidad, se trata de la salud pública”, señaló el colegio bonaerense en un comunicado firmado por su presidenta, María Isabel Reinoso – actual titular de la COFA – “y siete mil seiscientos farmacéuticos con nombre y apellido, que trabajan diariamente y dentro de las leyes vigentes”.

“Las farmacias deben ser dirigidas por farmacéuticos y no por sociedades anónimas cuyo único fin es el lucro”, enfatizó el comunicado con un agregado directo en cuanto al destinatario: “para ustedes no se trata ni de la responsabilidad del agente de salud, ni del bienestar de los pacientes, ni de la salud pública”.

En un párrafo sumamente duro y con destinatario final en Mario Quintana, vicejefe de gabinete y fundador de la empresa, el comunicado afirmó que cadenas como Farmacity y  el fondo de inversiones que desde detrás de escena es el accionista mayoritario, “tratan a las farmacias como negocios y cuando no les rinde los cierran como hacen con sus heladerías y disquerías en el interior de nuestra provincia, dejando personas sin empleo y vecinos sin atención”.

Mario Quintana, heladerías Freddo, cadena Musimundo. Empresas en crisis. Locales que cierran. Despidos….otro mensaje también para los supremos.

La publicidad de Farmacity:

La respuesta de los farmacéuticos:

Fuente: Pharmabaires

Chile: legisladores quieren frenar a cadenas de farmacias por precios abusivos

Dominan el 90% del mercado, remarcan hasta con un 300% y son minimarkets a los que solo les falta vender alcohol.

Los legisladores calificaron como “un robo y una vergüenza” que las cadenas de farmacias ofrezcan los medicamentos un 300% más caros que el costo al que lo adquirieron de los laboratorios.

En base a las denuncias recibidas, el senador Guido Girardi y el diputado Juan Luis Castro, presidentes de las comisiones de Salud del Senado y de la Cámara, junto a Hernán Calderón, presidente de Conadecus (Corporación nacional de consumidores y usuarios), iniciarán acciones para ponerles freno.

La denuncia de precios excesivos la realizó la Asociación de Productores Locales de Medicamentos (Prolmed): informan que las grandes cadenas de farmacia ofrecen los medicamentos hasta tres veces más caro del precio que los compraron. Girardi, Castro y Calderón, pidieron “acelerar” la tramitación de la llamada “Ley de Fármacos II” -ya aprobada en el Senado chileno y ahora en segundo trámite en la Cámara-, pues “pondrá coto a muchas de estas situaciones”.

Podría haber acuerdo para aumentar los precios (colusión)

También los legisladores  presentarán los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica, ya que sospechan que puede haber colusión, pues las cadenas aumentan los precios en la misma cantidad, todas igual.

A la ley en trámite se propondrá introducir una banda de precios, “para que no pueda haber utilidades que superen, por ejemplo, el 20%… lo que ya es excelente negocio”, sugieren los legisladores.

Se sugerirá también que la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) le pueda vender a las farmacias pequeñas a precio de gran volumen, pero con el compromiso de que la utilidad que obtengan no supere el 10 o 12 %.

Buscarían establecer una banda de precios

La tendencia de precios excesivos con márgenes del 300% es bastante constante, y ahora “la farmacia independiente sale más barata que las grandes cadenas”, advierte José Luis Cárdenas, presidente de la Asociación de Productores Locales de Medicamentos (Prolmed).

Cárdenas explicó que la diferencia de precios puede deberse en parte a los mayores costos de funcionamiento de las grandes cadenas. Sin embargo, sugirió que las farmacias independientes deberían ser incluidas en el comparador de precios que presentó el Ministerio de Salud a comienzos de mayo, para ponerle límite a los precios abusivos de las grandes cadenas.

La venta de medicamentos en supermercados no es solución

También, se está advirtiendo que la propuesta del Ejecutivo de vender medicamentos en las góndolas de los supermercados no es una solución efectiva, “porque el problema es con los medicamentos caros que se venden con receta y no con los productos de venta directa”. La propuesta de vender medicamentos en supermercados (una práctica que fue implementada en la década de los años ´90 y luego fue dejada de lado en Argentina) está incluida  en la “Ley de Fármacos II” chilena, pero se buscará eliminar este artículo en la discusión en particular del proyecto de ley.

Para el diputado Castro lo importante es aprobar que “los envases de los medicamentos tengan más destacada la denominación común internacional (DCI) que el nombre de marca: es decir que diga paracetamol más grande que Geniol. Y que los médicos deban recetar por esa denominación y no por la marca. Para que sea la persona quien discrimine y elija cual medicamento compra”. Es decir, se propone algo similar a la ley de prescripción por genéricos que rige actualmente en Argentina.

En tanto, Hernán Calderón, presidente de Conadecus, señaló “creemos que se debe declarar cuales son los medicamentos esenciales y fijarles el precio máximo que se puede pedir a público. No puede quedar a la discreción del mercado. Debemos avanzar a la fijación de precios, las farmacias tienen que ser un centro de salud y no un retail más que sólo les falta vender alcohol”.

Para Calderón también es importante regular “la venta por volumen, porque existe una diferencia abismal entre el que compra un pequeño o un gran volumen”.

Fuente: radioagricultura.cl

Los farmacéuticos le respondieron a una tendenciosa nota editorial del diario La Nación

La nota editorial, agraviante hacia la actividad profesional de los farmacéuticos, fue respondida por la COFA. Solicita un derecho a réplica y que sea publicada la opinión de las entidades farmacéuticas. 

En referencia a la nota editorial publicada ayer en el Diario La Nación, titulada “Farmacias: ¿Y si pensamos en el consumidor?” la presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, Farm. Maria Isabel Reinoso, Presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), solicitó derecho a réplica para poder publicar la siguiente respuesta, titulada “Farmacias: pensemos en el paciente”.

Transcribimos la nota completa:

Farmacias: Pensemos en el paciente

Los medicamentos no son un bien de consumo, por lo tanto, quienes los utilizan no pueden ser considerados “consumidores” sino “pacientes”. En el mundo, los resultados sanitarios están demostrando que el consumismo aplicado a la salud sólo ha provocado muertes, enfermedad y gastos billonarios.

Se gastan 500 billones de dólares por año por la mala utilización de medicamentos en culturas donde la propaganda ha logrado medicar los problemas de la vida cotidiana. En algunos formatos poniendo en las manos del “consumidor” el medicamento a través de las góndolas, para que lo elija como una golosina, en otros ofreciéndolo “2×1”, como el “combo de la salud”, ignorando que un medicamento es un producto sanitario y hasta el más popular puede provocar efectos adversos, tiene dosis tóxica y riesgo de interacciones.

La Organización Mundial de la Salud advirtió que de seguir la tendencia “consumista” de antibióticos, nos quedaremos en pocos años sin herramientas terapéuticas para luchar contra las bacterias. Tal es la gravedad del riesgo, que la mayoría de los países está dictando medidas para controlar su utilización.

En nuestro país el Decreto 2284 liberó en el año 1991 la dispensa de medicamentos con el argumento de que iban a bajar los precios. Ocurrió todo lo contrario. Y tales fueron los resultados epidemiológicos de enfermedad y muertes que en 2009 se debió revertir esa medida con una Ley Nacional, la 26567, aprobada por unanimidad. Y el Ministerio de Salud de la Nación resolvió sacar los medicamentos de las góndolas en las cadenas de farmacias.

Estados Unidos, el país con el mercado más liberalizado, está viviendo una de sus peores crisis sanitarias por el consumo indiscriminado de medicamentos que no sabe cómo enfrentar y que está generando más de 7 muertes por hora en ese país y gastos millonarios por internaciones, gastos médicos y ausentismo laboral.

El modelo supermercadista en la salud, igualmente, está cerca de ser arrollado por un nuevo tsunami comercial: la venta online. Esto supone una amenaza aun mayor ante esta cultura del “consumo” de medicamentos.

El Estado, los legisladores tienen la responsabilidad de poner reglas que protejan a una población que, por desconocimiento y por su vulnerabilidad frente a la publicidad, considera que el medicamento sólo hace bien, que no implica riesgo alguno y que todo puede arreglarse con una pastilla.

El medicamento es un bien social que debe estar siempre al alcance de quien realmente lo necesita, de aquel que por su condición de salud no puede trasladarse a veces kilómetros hacia los lugares más céntricos para adquirir su tratamiento. Por eso en algunas provincias hay un modelo sanitario, donde la propiedad es del farmacéutico y se establecen parámetros de instalación de farmacias según la Organización Mundial de la Salud por distancia y cantidad de habitantes. Cuanto más regulado está el modelo, mejor es el servicio sanitario que se da y que permite que en los pueblos más remotos, incluso donde no hay hospital, haya una farmacia con un profesional al frente para dar consejo.

También hay experiencia internacional sobre esto: Chile se quedó sin farmacias en los pueblos por haber permitido la concentración de tres cadenas de farmacias y ahora está luchando contra la cartelización de precios de esas cadenas. La aplicación del “consumismo” en la salud está probando ser un fracaso económico y una catástrofe sanitaria.

Puede descargar la nota aquí


Avanzan las cadenas de farmacias en Córdoba

Las principales cadenas de farmacias ya poseen 68 bocas en Córdoba (sobre un total de 818 establecimientos en la ciudad). Farmacity posee la mayor cantidad de locales, y compite con otras cadenas. Hay cada vez menos farmacias, y las que abren son sucursales de cadenas. No hay normativa que regule la distancia entre farmacias.

Son muchos los indicadores que dañan la sustentabilidad de las farmacias tradicionales en desmedro de las cadenas del sector.

Durante el gobierno de Cristina Kirchner, el margen de rentabilidad se vio afectado porque el aumento de los medicamentos fue menor que el costo de vida.

Desde la asunción de Macri, se ha recuperado un poco y emparda con la inflación.

Puertas adentro, el margen de las farmacias luego de la venta del medicamento es del 31,6% pero las obras sociales le realizan un descuento del 15%, a lo que hay que restar los costos fijos.

El tiempo de demora para cobrar ronda los 60 días de presentada la facturación, en el caso de las obras sociales y el Apross, pero el Pami estira los plazos a 90 días. Hay algunas excepciones: por ejemplo Osde liquidan a los 15 días.

El descalce financiero es importante porque las farmacias deben abonar a los 15 días los resúmenes a las droguerías.

La venta ilegal y el tráfico de medicamentos adulterados, vencidos y falsificados que se expenden en quioscos u otros comercios ajenos al rubro es otro aspecto que perjudica la estabilidad económica de las farmacias.

Punto de inflexión 

1993. Ese fue el año que cambió para siempre la realidad de las farmacias en la provincia. La desregulación aprobada por la Legislatura provincial, merced al proyecto presentado por el legislador Prudencio Bustos Argañaraz, modificó el mapa del sector, permitiendo la libre instalación y quedando sin efecto la prohibición de un establecimiento cada 200 metros.

En 2013, había 1.336 farmacias en el interior de Córdoba y 962 en capital. En 2018 (datos a fines de mayo) hay 1.632 en el interior y 818 en capital.

Actualmente, de la totalidad de farmacias casi la mitad son propiedad de farmacéuticos y la otra mitad de personas que compraron una farmacia como negocio.

En los últimos 7 años, según analiza Georgina Giraldi, vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos, se cierran entre una o dos farmacias por mes y se abren también una o dos, pero como sucursales de cadenas de farmacias.

Entre las principales cadenas en Córdoba se destacan:

Farmacity con 24 sucursales en Capital y 1 en San Francisco
Farmacias HP Farma con 11 sucursales
Farmacias Líder con 10 sucursales
Farmacias General Paz con 6 sucursales en Capital y 1 en La Falda
Farmacias Hospital Italiano con 6 sucursales
Farmacias Economed con 5 sucursales
Farmacias del Dr. Ahorro con 3 sucursales
Farmacias Mundial con 3 sucursales

Algunas cadenas llegan hasta un 20% de descuento en el precio de venta mientras que a nivel general las farmacias familiares lo máximo que disponen es de un 10% -cuando deciden hacerlo-, con el perjuicio que les ocasiona este régimen de descuentos por la pérdida de clientes.

“Para el Colegio de Farmacéuticos se produce un impacto en la salud de las personas porque no es lo mismo instalar una farmacia para ejercer la propia profesión que para utilizarla comercialmente. Se fue desvirtuando el concepto de farmacia como un centro de salud y ahora vemos en la ciudad de Córdoba que en una misma cuadra hay 4 farmacias y venden hasta golosinas”, sostiene la vicepresidenta del Colegio.

El “remedio” para modificar esta situación, lo encuentra Giraldi en el planteamiento de un proyecto de modificación de la Ley Provincial de Farmacias que presentó el Colegio hace 4 años en la Legislatura, que pretende restituir la regulación de distancia, pero en 300 metros.

De esta forma se propendería a la instalación de más establecimientos en los barrios alejados de la ciudad de Córdoba y descomprimiría la zona céntrica que se presenta “saturada”.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la Comisión de Salud.

Paralelamente, el legislador por Unión por Córdoba, Daniel Passerini, presentó un nuevo proyecto de ley para el sector que también toma en consideración la distancia de 300 metros.

Fuente: Infonegocios

Proyecto de Ley propone un modelo sanitario para las farmacias argentinas

Busca considerarlas un servicio público, procurar la distribución racional y avanzar en formas societarias más adecuadas, que eviten la simulación de la propiedad como así también las sociedades anónimas. En esta nota se incluye el texto completo del proyecto.

El modelo de farmacias argentino ya está en discusión en el Congreso, y se espera que una ley nacional fortalezca su orientación sanitaria y profesional.

Un proyecto ya presentado por los legisladores apunta a un tema central: que las farmacias deben ser propiedad de los profesionales farmacéuticos, o de sociedades colectivas, o de sociedades de responsabilidad limitada “integradas totalmente por profesionales habilitados para el ejercicio de la farmacia como, asimismo, entre profesionales farmacéuticos y terceros no farmacéuticos, no pudiendo estos últimos tener injerencia en la dirección técnica de la farmacia, ni en ninguna tarea vinculada al ejercicio profesional”.

Se pondría fin de esta forma a la sociedad en comandita simple y a las sociedades anónimas, a la vez que se limitaría la cantidad de farmacias por cada sociedad propietaria.

“Este proyecto tiene por objeto actualizar la regulación del ejercicio de la farmacia, como establecimiento, institución jurídica y sobre la profesión del farmacéutico, en función de los avances científico-tecnológicos y educativos, los cambios de paradigma en el enfoque de los servicios farmacéuticos impulsados por organismos internacionales especializados de salud (Organización Panamericana de la Salud -OPS-, Organización Mundial de la Salud -OMS-, Federación Internacional Farmacéutica –FIP-), como así también, la adaptación al contexto normativo, sociopolítico y de políticas sanitarias”, fundamenta el proyecto.

El proyecto busca reafirmar que una farmacia moderna, y necesaria desde el punto de vista sanitario, no es la que se presenta como “farmacia shopping”, que responde a un interés solamente comercial.

Los legisladores agregaron que “las farmacias se hallan sujetas a un régimen legal específico que es parte del poder de policía del Estado, el cual responde a la necesidad de garantizar un servicio de calidad al público, acorde a la naturaleza de la farmacia como centro sanitario al servicio de la comunidad”.

Otro de los objetivos del proyecto es “realizar una planificación y ordenamiento para la autorización del funcionamiento de las farmacias, de tal forma de propender a su real distribución racional en el territorio nacional”.

“Ello, con el objetivo de garantizar a la población, una adecuada y homogénea atención farmacéutica, como asimismo, que el acceso al medicamento sea ágil y rápido, y en las mismas condiciones para todos, independientemente donde resida el paciente”, refuerza el proyecto que profundiza el modelo de farmacia defendido por los colegios profesionales.

El Proyecto ya se ha presentado y se tratará en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación.

 

El Proyecto de Ley, en forma completa y textual, es el siguiente:

Expediente 2787-D-2018
PROYECTO DE LEY – FARMACIAS – LEY 17565 -. MODIFICACIONES SOBRE REGULACIÓN DEL EJERCICIO. DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 13 DEL DECRETO 2284/91 RATIFICADO POR LEY 24307

El Senado y Cámara de Diputados…

ARTÍCULO 1°. Modifíquese el artículo 3 de la Ley 17.565, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 3°: Las farmacias por ser un servicio público impropio integrante del sistema de salud, estarán racionalmente distribuidas en el territorio nacional a fin garantizar el acceso equitativo a los medicamentos y demás productos sanitarios, y su uso racional, con la prestación de servicios farmacéuticos integrales y continuos basados en la atención primaria de la salud y la educación sanitaria.

Para asegurar la accesibilidad y calidad en el servicio según las necesidades sanitarias, la autorización de la instalación de farmacias será establecida por las autoridades jurisdiccionales correspondientes, determinando los requerimientos de distancia entre farmacias y la cantidad de farmacias por habitante de acuerdo a las características demográficas y geográficas de cada jurisdicción.

Los traslados de farmacias podrán realizarse dentro de la misma localidad, partido o departamento y podrá solicitarse para farmacias que acrediten una antigüedad mínima de funcionamiento en su lugar de origen, conforme al régimen local.

A los efectos de obtener la habilitación por parte de la autoridad sanitaria competente, además de lo concerniente a la propiedad y dirección técnica previstos en la presente ley, el interesado deberá acreditar que la farmacia reúne los requisitos edilicios, sanitarios, de seguridad, equipamiento, documentación, drogas y medicamentos que se establezcan en la reglamentación.

Asimismo, la autoridad sanitaria fijará los medicamentos o especialidades medicinales que por su acción terapéutica pueden ser requeridos en casos de urgencia y deban conservarse en las farmacias para su dispensación inmediata del público.

ARTÍCULO 2°. Modifícase el artículo 4 de la Ley 17.565, el que quedará redactado en los siguientes términos:

Artículo 4°: Una vez acordada la habilitación a que se refieren los artículos precedentes, en las farmacias no se podrá introducir modificación alguna en su denominación o razón social o en las modalidades de sus prestaciones, sin autorización previa de la autoridad sanitaria.

Para facilitar a los usuarios la identificación de las oficinas de farmacia, deberán contar en su fachada con una cruz verde, con dispositivo que permita su iluminación.

Las reformas, ampliaciones, cierres temporarios, definitivos o reaperturas, deberán comunicarse previamente a la autoridad sanitaria.

Toda farmacia que haya permanecido cerrada por más de treinta (30) días corridos, será considerada como entidad nueva en el caso de su reapertura.

ARTÍCULO 3°. Incorpórase como artículo 14 de la Ley 17.565, el siguiente texto:

Artículo 14°: Podrá autorizarse la instalación de farmacias cuando la propiedad sea:

  1. a) De profesionales farmacéuticos con título habilitante.
  2. b) De Sociedades Colectivas ó Sociedades de Responsabilidad Limitada, integradas totalmente por profesionales habilitados para el ejercicio de la Farmacia,como asimismo, entre profesionales farmacéuticos y terceros no farmacéuticos, no pudiendo estos últimos tener injerencia en la dirección técnica de la farmacia, ni en ninguna tarea vinculada al ejercicio profesional. El/los profesional/es Director/es Técnico/s asumirá/n como gerente/s en este tipo de sociedades. Las sociedades de Responsabilidad Limitada estarán integradas por personas físicas quienes deberán individualizarse ante la autoridad sanitaria. El tercero no farmacéutico no podrá participar en más de dos (2) sociedades propietarias de farmacias
  3. c) De Establecimientos hospitalarios públicos dependientes de la Nación, Provincias o Municipios. La dispensación de medicamentos se hará exclusivamente con destino a los pacientes asistidos en el establecimiento, ya sean internados o ambulatorios, previa presentación de la receta médica o modalidad interna que la sustituya. Las clínicas, sanatorios y hospitales privados deberán contar con servicio de farmacia habilitada para brindar servicio exclusivamente a los pacientes internados.

Las mismas deberán contar con la presencia efectiva personal de profesionales farmacéuticos.

  1. d) De Obras Sociales, Entidades Mutualistas y/o Gremiales que se encuentren autorizadas por sus estatutos, las que deberán reunir los siguientes requisitos:
  2. Una antigüedad mínima de cinco (5) años en su actividad social reconocida y el número mínimo de afiliados o asociados que se determine en la reglamentación.
  3. Que se obliguen a mantener la dirección técnica efectiva personal de un farmacéutico.
  4. Estas Farmacias estarán destinadas exclusivamente al servicio asistencial de los asociados ó afiliados de la Entidad ó Entidades que las instalen y de las personas a su cargo, cuya nómina y vínculo deberá consignarse en el carnet que lleva el beneficiario. Asimismo, en el local en el que funcione el establecimiento, se deberá contar con la nómina de las personas habilitadas para hacer uso de la farmacia, en la cual se consigne su nombre y dirección, como asimismo, vínculo familiar con el titular afiliado o asociado y número de credencial correspondiente, la cual deberá ser permanentemente actualizada.
  5. Estas Farmacias no podrán tener propósito de lucro y no podrán expender medicamentos y demás productos farmacéuticos a precio mayor que el costo y un adicional que se estimará para cubrir gastos generales y que fijará el Ministerio de Salud.
  6. El Balance de estas Farmacias debe estar integrado en el Balance consolidado de la entidad propietaria.
  7. Estas Farmacias en ningún caso podrán ser entregadas en concesión, locación ó sociedad con terceros, sea en forma declarada ó encubierta. Cuando se constatare la transgresión a esta norma se procederá a la inmediata clausura del establecimiento sin perjuicio de otras sanciones que puedan aplicarse según el caso.

Queda prohibido la suscripción de contratos de franquicia o de cualquier otro tipo de contrato o convenio conducente a la disminución, aunque sea parcial, de la independencia técnica o de criterios en el ejercicio de la profesión farmacéutica.

Queda prohibido cualquier autorización para otras modalidades de propiedad de Farmacias que no sean las especificadas en este artículo.

ARTÍCULO 4°. Incorpórase como artículo 15 de la Ley 17.565, el siguiente texto:

Artículo 15°: En caso de fallecimiento del propietario ó socio farmacéutico de inhabilitación en su carácter de tal, podrá mantenerse el funcionamiento de la Farmacia, siempre que la dirección técnica sea ejercida por un profesional farmacéutico, debiendo regularizarse la situación en el término de tres (3) años.

ARTÍCULO 5°. Modifíquese el artículo 17° de la Ley 17.565, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 17°: Los farmacéuticos para ejercer su profesión deberán estar inscriptos en la matricula cuyo registro y atención se encuentra a cargo de los colegios profesionales o de la autoridad sanitaria correspondiente cuando no existiere colegio en la jurisdicción, los que autorizarán el ejercicio profesional otorgando la respectiva matrícula y extendiendo la correspondiente credencial. Esta deberá ser devuelta al colegio profesional o la autoridad sanitaria cuando por cualquier circunstancia sea suspendida o cancelada la referida matrícula. Los interesados, en su primera presentación deberán constituir domicilio legal y declarar sus domicilios real y profesional.

La matriculación es el acto por el cual el colegio profesional o la autoridad sanitaria otorga la autorización para el ejercicio profesional, de acuerdo a lo establecido en la presente, y podrá ser cancelada en virtud de sentencia judicial firme, de acuerdo a lo establecido en la presente ley o en las respectivas leyes de colegiación.

ARTÍCULO 6°. Incorpórase como artículo 61 BIS° de la Ley 17.565, el siguiente texto:

Artículo 61 BIS°: Las disposiciones de la presente ley son de orden público y serán de aplicación a la actividad farmacéutica en todo el ámbito nacional.

Las autoridades jurisdiccionales correspondientes ejercerán las facultades de habilitación, fiscalización y control, pudiendo disponer exigencias específicas cuando así lo impongan fundadamente particulares circunstancias locales, en cuanto resulten complementarias a las de esta ley.

ARTÍCULO 7º: Deróganse el artículo 13 del Decreto 2284/91, ratificado por Ley 24.307 y el artículo 1 inciso c) del Decreto N° 240/99.

ARTÍCULO 8º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Este proyecto tiene por objeto actualizar la regulación del ejercicio de la farmacia, como establecimiento, institución jurídica y sobre la profesión del farmacéutico, en función de los avances científico-tecnológicos y educativos, los cambios de paradigma en el enfoque de los servicios farmacéuticos impulsados por organismos internacionales especializados de salud (Organización Panamericana de la Salud -OPS-, Organización Mundial de la Salud -OMS-, Federación Internacional Farmacéutica –FIP-), como así también, la adaptación al contexto normativo, sociopolítico y de políticas sanitarias.

Al respecto, ha de tenerse presente que el derecho a la protección de la salud es uno de los derechos humanos fundamentales consagrado constitucionalmente con la incorporación de los tratados internacionales en la reforma de 1994, constituyendo un deber inexcusable del Estado, el de cumplir y respetar tal derecho a la salud. En tal sentido, el Estado debe procurar las condiciones, prestaciones y bienes necesarios para lograr el más alto nivel posible de salud, incluyendo entre las acciones requeridas al efecto, la elaboración del marco legal regulatorio adecuado para las diferentes actividades del sector salud.

Es así pues que, en el marco de las políticas de salud, las acciones de atención primaria a través de los centros de salud, así como las de promoción y educación sanitaria, colocan al farmacéutico y a las farmacias en un papel relevante, por tener este profesional un contacto directo e inmediato con el paciente y sus familiares o allegados, y se transforma en un establecimiento sanitario de consejo profesional autorizado y de derivación consciente a la consulta médica.

En este aspecto, cabe resaltar que las directrices de la OMS en alianza con la FIP sobre el papel del farmacéutico en los servicios de salud, la función del farmacéutico y las buenas prácticas de farmacia y más tarde, sobre su rol en el autocuidado y la automedicación , sumado a la experiencia en regiones de Latinoamérica, han representado un marco importante para redefinir el papel no solo del profesional, sino de los servicios farmacéuticos hacia la garantía de la atención integral, integrada y continua, respondiendo a las necesidades y problemas, tanto individuales como colectivos, de la salud de la población. Los valores, principios y elementos de la atención primaria de la salud (APS) representan pues una excelente oportunidad para reorientar los servicios farmacéuticos de calidad como parte integral de los sistemas y servicios de salud.

Las farmacias realizan entonces, un trabajo complementario de las acciones llevadas a cabo por los servicios de atención de la salud, siendo su preocupación constante la calidad de sus servicios y de los productos que dispensa, dirigiendo los esfuerzos de su actuación en forma prioritaria a las necesidades de los pacientes.

En ese marco, es dable señalar que, como consecuencia de su condición jurídica, esto es, por su carácter de servicio público impropio, las farmacias se hallan sujetas a un régimen legal específico que es parte del poder de policía del Estado, el cual responde a la necesidad de garantizar un servicio de calidad al público, acorde a la naturaleza de la farmacia como centro sanitario al servicio de la comunidad.

En el ámbito de la farmacia, se desempeña el farmacéutico, cuya misión es conforme lo ha definido la OPS, contribuir al cuidado de la salud individual y colectiva de la población, a través de su participación activa en el equipo de salud y la comunidad, con servicios farmacéuticos integrales, integrados y continuos, comprometidos con el acceso equitativo a medicamentos y otros insumos sanitarios esenciales de calidad, y su uso racional, incluyendo las terapias alternativas y complementarias en un sistema de salud basado en la atención primaria de la salud, para de este modo alcanzar su mayor nivel de salud posible .

Resulta así trascendente que el público pueda acceder al servicio en condiciones equitativas, y que la actividad farmacéutica constituya una fuente de información fidedigna y segura a través del farmacéutico, en la actual concepción de su rol como agente sanitario de relevancia social. Estas importantes funciones sanitarias que deben cumplir las farmacias como servicio de salud, deben estar relacionadas con un grupo de población mínimo al cual brindar el mismo. Lo expuesto, se vincula a la necesaria distribución de los establecimientos farmacéuticos de manera estratégica y razonable para que toda la población tenga posibilidad de acceso en igualdad de condiciones.

Sin embargo, por aplicación del Decreto 2284/91 de “desregulación económica”, promovido por el entonces ministro de economía Domingo Cavallo, se posibilitó la instalación indiscriminada de farmacias, concentradas en zonas urbanas, dejando sin servicio a poblaciones más alejadas de tales centros o en áreas rurales, priorizando el factor económico por sobre la real necesidad o utilidad pública en la apertura de nuevas oficinas de farmacia.

Este modelo insertó al medicamento y a la profesión farmacéutica en un marco económico de libre competencia, sometido a la ley de la oferta y demanda; muy alejado del modelo sanitario sostenido por la profesión farmacéutica. En efecto, en tanto el medicamento es un bien social y no una simple mercancía, la atención en salud no debe regularse con reglas de un mercado absolutamente comercial; se imponen pues el criterio profesional, el uso racional del medicamento y el bienestar general. Una activa participación del Estado en el control de la dinámica permitirá a la población un mejor acceso a esta instancia sanitaria garantizando medicamentos confiables y optimizando los servicios que presta el farmacéutico a la población.

A fin de permitir que ello resulte viable, es que corresponde realizar una planificación y ordenamiento para la autorización del funcionamiento de las farmacias, de tal forma de propender a su real distribución racional en el territorio nacional. Ello, con el objetivo de garantizar a la población, una adecuada y homogénea atención farmacéutica, como asimismo, que el acceso al medicamento sea ágil y rápido, y en las mismas condiciones para todos, independientemente donde resida el paciente.

Por el artículo 13 del referido Decreto 2284/91, se modificó además el artículo 14 de la ley 17.565, posibilitando que personas ajenas a la profesión puedan ser propietarias de farmacia, permitiéndose la titularidad a otras formas societarias tipificadas en la ley de sociedades, incluso sociedades anónimas.

Sin embargo, este tipo de figuras sociales no se compadece con la condición jurídica de la farmacia. En efecto, en tanto se trata de un servicio público impropio, resulta menester la individualización del sujeto que brinda tal servicio, de modo de precisar las responsabilidades que pudieran caberle en lo que el acto sanitario de la dispensa refiere (esto es, ante la eventual producción de un hecho dañoso derivado de una incorrecta actuación profesional del farmacéutico). Admitir un criterio diverso, conduciría a que tal servicio público, quede en manos de sujetos indeterminados, mutables en función de las modificaciones en la composición societaria, con el consiguiente riesgo de la disipación de la responsabilidad.

Conforme ha sido definido por calificada doctrina, “la farmacia es, por excelencia, el ámbito del ejercicio profesional del farmacéutico, al que es inherente la titularidad del establecimiento. Dicho de otro modo, el concepto “farmacia-farmacéutico” es un todo inescindible y la titularidad -o propiedad- no es más que una modalidad de la regulación profesional” . Surge entonces claramente la indivisibilidad del ejercicio profesional y la propiedad de la farmacia, por ser la oficina farmacéutica el ámbito natural donde el farmacéutico ejerce su profesión, ya que la farmacia existe porque existe el farmacéutico.

Lo antes dicho es compartido por varios países miembros de la Unión Europea, que han sancionado en sus respectivos Estados, diversas leyes, que con un espíritu marcadamente sanitario, regulan sobre la instalación y funcionamiento de las farmacias, en cuanto prestadoras de un servicio público. La práctica recogida en estos países, ha demostrado resultados altamente positivos, en cuanto a la organización del funcionamiento de las farmacias, arrojando como resultado una eficiente cobertura farmacéutica al paciente y garantizando la independencia del asesoramiento profesional del farmacéutico como titular de la oficina farmacéutica.

Las modificaciones normativas operadas a partir del año 1991 en la ley 17565, condujeron a que el farmacéutico director técnico que no sea propietario de su farmacia -en forma individual o como socio administrador de una sociedad-, quedara en franca relación de dependencia; llevando a una fractura de responsabilidades jurídicas. Así personas ajenas a la profesión actuando como empleadores y administradores de farmacias, se reservan el poder de decisión, los distintos aspectos de la administración, incluidas entre otras actividades, las compras de medicamentos, pudiendo marginar de ellas al farmacéutico, perdiendo así este profesional el control exclusivo sobre la gestión de compras, mantenimiento de stocks, horarios de atención, etc. Se identifica pues una situación compleja en cuanto a determinar quién será el responsable de la calidad y procedencia de medicamentos adquiridos en esa forma, donde el profesional director técnico no hubiera tenido injerencia en alguna de estas adquisiciones.

Por otra parte, a través del presente proyecto de ley se recepta la evolución normativa del desempeño profesional desde las incumbencias propias y las actividades reservadas al título farmacéutico, constituyéndolo así en un texto integrado, aplicable a todos los ámbitos de competencia referidos al ejercicio de la profesión farmacéutica. De tal modo, resulta una propuesta abarcativa y actualizada, contemplado temas no incluidos en la normativa vigente, posibilitando así superar vacíos legislativos.

A su vez, aquellas actividades reservadas e incumbencias definidas en el nivel educativo universitario, que viene acreditada con la posesión del título farmacéutico, no habilita para ejercer, resultando necesario un procedimiento de registro ante los colegios de farmacéuticos y asociaciones profesionales (que ejercen potestades legalmente delegadas por el Estado, en cuanto al registro y control de la matrícula) o la autoridad sanitaria según corresponda, conocido como matriculación, y el cumplimiento de pautas contenidas en un cuerpo normativo que define la buena práctica de la profesión.

Se propone además derogar el artículo 13 del decreto 2284/91, con el fin de superar las gravosas consecuencias que la desregulación económica trajo aparejada, con una clara distorsión de los criterios sanitarios y la ausencia de fiscalización efectiva por parte del Estado. A los efectos precedentemente reseñados, se establecen pautas regulatorias de alcance nacional, siendo las mismas de orden público; con resguardo de las normas locales preexistentes y dejando a criterio de cada jurisdicción el desarrollo de los aspectos operativos específicos.

El presente proyecto de ley se enmarca en el contexto normativo precedentemente referenciado, en consonancia con los avances científicos, tecnológicos y educativos, y recogiendo las recomendaciones de organismos de jerarquía internacional en materia de salud.

Por todo lo expuesto, solicito a los y las legisladoras, acompañen con su voto el presente proyecto de ley.

Fuentes: Pharmabaires, Cámara de Diputados de la Nación

 


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