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Chile: legisladores quieren frenar a cadenas de farmacias por precios abusivos

Dominan el 90% del mercado, remarcan hasta con un 300% y son minimarkets a los que solo les falta vender alcohol.

Los legisladores calificaron como “un robo y una vergüenza” que las cadenas de farmacias ofrezcan los medicamentos un 300% más caros que el costo al que lo adquirieron de los laboratorios.

En base a las denuncias recibidas, el senador Guido Girardi y el diputado Juan Luis Castro, presidentes de las comisiones de Salud del Senado y de la Cámara, junto a Hernán Calderón, presidente de Conadecus (Corporación nacional de consumidores y usuarios), iniciarán acciones para ponerles freno.

La denuncia de precios excesivos la realizó la Asociación de Productores Locales de Medicamentos (Prolmed): informan que las grandes cadenas de farmacia ofrecen los medicamentos hasta tres veces más caro del precio que los compraron. Girardi, Castro y Calderón, pidieron “acelerar” la tramitación de la llamada “Ley de Fármacos II” -ya aprobada en el Senado chileno y ahora en segundo trámite en la Cámara-, pues “pondrá coto a muchas de estas situaciones”.

Podría haber acuerdo para aumentar los precios (colusión)

También los legisladores  presentarán los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica, ya que sospechan que puede haber colusión, pues las cadenas aumentan los precios en la misma cantidad, todas igual.

A la ley en trámite se propondrá introducir una banda de precios, “para que no pueda haber utilidades que superen, por ejemplo, el 20%… lo que ya es excelente negocio”, sugieren los legisladores.

Se sugerirá también que la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) le pueda vender a las farmacias pequeñas a precio de gran volumen, pero con el compromiso de que la utilidad que obtengan no supere el 10 o 12 %.

Buscarían establecer una banda de precios

La tendencia de precios excesivos con márgenes del 300% es bastante constante, y ahora “la farmacia independiente sale más barata que las grandes cadenas”, advierte José Luis Cárdenas, presidente de la Asociación de Productores Locales de Medicamentos (Prolmed).

Cárdenas explicó que la diferencia de precios puede deberse en parte a los mayores costos de funcionamiento de las grandes cadenas. Sin embargo, sugirió que las farmacias independientes deberían ser incluidas en el comparador de precios que presentó el Ministerio de Salud a comienzos de mayo, para ponerle límite a los precios abusivos de las grandes cadenas.

La venta de medicamentos en supermercados no es solución

También, se está advirtiendo que la propuesta del Ejecutivo de vender medicamentos en las góndolas de los supermercados no es una solución efectiva, “porque el problema es con los medicamentos caros que se venden con receta y no con los productos de venta directa”. La propuesta de vender medicamentos en supermercados (una práctica que fue implementada en la década de los años ´90 y luego fue dejada de lado en Argentina) está incluida  en la “Ley de Fármacos II” chilena, pero se buscará eliminar este artículo en la discusión en particular del proyecto de ley.

Para el diputado Castro lo importante es aprobar que “los envases de los medicamentos tengan más destacada la denominación común internacional (DCI) que el nombre de marca: es decir que diga paracetamol más grande que Geniol. Y que los médicos deban recetar por esa denominación y no por la marca. Para que sea la persona quien discrimine y elija cual medicamento compra”. Es decir, se propone algo similar a la ley de prescripción por genéricos que rige actualmente en Argentina.

En tanto, Hernán Calderón, presidente de Conadecus, señaló “creemos que se debe declarar cuales son los medicamentos esenciales y fijarles el precio máximo que se puede pedir a público. No puede quedar a la discreción del mercado. Debemos avanzar a la fijación de precios, las farmacias tienen que ser un centro de salud y no un retail más que sólo les falta vender alcohol”.

Para Calderón también es importante regular “la venta por volumen, porque existe una diferencia abismal entre el que compra un pequeño o un gran volumen”.

Fuente: radioagricultura.cl

Los farmacéuticos le respondieron a una tendenciosa nota editorial del diario La Nación

La nota editorial, agraviante hacia la actividad profesional de los farmacéuticos, fue respondida por la COFA. Solicita un derecho a réplica y que sea publicada la opinión de las entidades farmacéuticas. 

En referencia a la nota editorial publicada ayer en el Diario La Nación, titulada “Farmacias: ¿Y si pensamos en el consumidor?” la presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, Farm. Maria Isabel Reinoso, Presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), solicitó derecho a réplica para poder publicar la siguiente respuesta, titulada “Farmacias: pensemos en el paciente”.

Transcribimos la nota completa:

Farmacias: Pensemos en el paciente

Los medicamentos no son un bien de consumo, por lo tanto, quienes los utilizan no pueden ser considerados “consumidores” sino “pacientes”. En el mundo, los resultados sanitarios están demostrando que el consumismo aplicado a la salud sólo ha provocado muertes, enfermedad y gastos billonarios.

Se gastan 500 billones de dólares por año por la mala utilización de medicamentos en culturas donde la propaganda ha logrado medicar los problemas de la vida cotidiana. En algunos formatos poniendo en las manos del “consumidor” el medicamento a través de las góndolas, para que lo elija como una golosina, en otros ofreciéndolo “2×1”, como el “combo de la salud”, ignorando que un medicamento es un producto sanitario y hasta el más popular puede provocar efectos adversos, tiene dosis tóxica y riesgo de interacciones.

La Organización Mundial de la Salud advirtió que de seguir la tendencia “consumista” de antibióticos, nos quedaremos en pocos años sin herramientas terapéuticas para luchar contra las bacterias. Tal es la gravedad del riesgo, que la mayoría de los países está dictando medidas para controlar su utilización.

En nuestro país el Decreto 2284 liberó en el año 1991 la dispensa de medicamentos con el argumento de que iban a bajar los precios. Ocurrió todo lo contrario. Y tales fueron los resultados epidemiológicos de enfermedad y muertes que en 2009 se debió revertir esa medida con una Ley Nacional, la 26567, aprobada por unanimidad. Y el Ministerio de Salud de la Nación resolvió sacar los medicamentos de las góndolas en las cadenas de farmacias.

Estados Unidos, el país con el mercado más liberalizado, está viviendo una de sus peores crisis sanitarias por el consumo indiscriminado de medicamentos que no sabe cómo enfrentar y que está generando más de 7 muertes por hora en ese país y gastos millonarios por internaciones, gastos médicos y ausentismo laboral.

El modelo supermercadista en la salud, igualmente, está cerca de ser arrollado por un nuevo tsunami comercial: la venta online. Esto supone una amenaza aun mayor ante esta cultura del “consumo” de medicamentos.

El Estado, los legisladores tienen la responsabilidad de poner reglas que protejan a una población que, por desconocimiento y por su vulnerabilidad frente a la publicidad, considera que el medicamento sólo hace bien, que no implica riesgo alguno y que todo puede arreglarse con una pastilla.

El medicamento es un bien social que debe estar siempre al alcance de quien realmente lo necesita, de aquel que por su condición de salud no puede trasladarse a veces kilómetros hacia los lugares más céntricos para adquirir su tratamiento. Por eso en algunas provincias hay un modelo sanitario, donde la propiedad es del farmacéutico y se establecen parámetros de instalación de farmacias según la Organización Mundial de la Salud por distancia y cantidad de habitantes. Cuanto más regulado está el modelo, mejor es el servicio sanitario que se da y que permite que en los pueblos más remotos, incluso donde no hay hospital, haya una farmacia con un profesional al frente para dar consejo.

También hay experiencia internacional sobre esto: Chile se quedó sin farmacias en los pueblos por haber permitido la concentración de tres cadenas de farmacias y ahora está luchando contra la cartelización de precios de esas cadenas. La aplicación del “consumismo” en la salud está probando ser un fracaso económico y una catástrofe sanitaria.

Puede descargar la nota aquí


Avanzan las cadenas de farmacias en Córdoba

Las principales cadenas de farmacias ya poseen 68 bocas en Córdoba (sobre un total de 818 establecimientos en la ciudad). Farmacity posee la mayor cantidad de locales, y compite con otras cadenas. Hay cada vez menos farmacias, y las que abren son sucursales de cadenas. No hay normativa que regule la distancia entre farmacias.

Son muchos los indicadores que dañan la sustentabilidad de las farmacias tradicionales en desmedro de las cadenas del sector.

Durante el gobierno de Cristina Kirchner, el margen de rentabilidad se vio afectado porque el aumento de los medicamentos fue menor que el costo de vida.

Desde la asunción de Macri, se ha recuperado un poco y emparda con la inflación.

Puertas adentro, el margen de las farmacias luego de la venta del medicamento es del 31,6% pero las obras sociales le realizan un descuento del 15%, a lo que hay que restar los costos fijos.

El tiempo de demora para cobrar ronda los 60 días de presentada la facturación, en el caso de las obras sociales y el Apross, pero el Pami estira los plazos a 90 días. Hay algunas excepciones: por ejemplo Osde liquidan a los 15 días.

El descalce financiero es importante porque las farmacias deben abonar a los 15 días los resúmenes a las droguerías.

La venta ilegal y el tráfico de medicamentos adulterados, vencidos y falsificados que se expenden en quioscos u otros comercios ajenos al rubro es otro aspecto que perjudica la estabilidad económica de las farmacias.

Punto de inflexión 

1993. Ese fue el año que cambió para siempre la realidad de las farmacias en la provincia. La desregulación aprobada por la Legislatura provincial, merced al proyecto presentado por el legislador Prudencio Bustos Argañaraz, modificó el mapa del sector, permitiendo la libre instalación y quedando sin efecto la prohibición de un establecimiento cada 200 metros.

En 2013, había 1.336 farmacias en el interior de Córdoba y 962 en capital. En 2018 (datos a fines de mayo) hay 1.632 en el interior y 818 en capital.

Actualmente, de la totalidad de farmacias casi la mitad son propiedad de farmacéuticos y la otra mitad de personas que compraron una farmacia como negocio.

En los últimos 7 años, según analiza Georgina Giraldi, vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos, se cierran entre una o dos farmacias por mes y se abren también una o dos, pero como sucursales de cadenas de farmacias.

Entre las principales cadenas en Córdoba se destacan:

Farmacity con 24 sucursales en Capital y 1 en San Francisco
Farmacias HP Farma con 11 sucursales
Farmacias Líder con 10 sucursales
Farmacias General Paz con 6 sucursales en Capital y 1 en La Falda
Farmacias Hospital Italiano con 6 sucursales
Farmacias Economed con 5 sucursales
Farmacias del Dr. Ahorro con 3 sucursales
Farmacias Mundial con 3 sucursales

Algunas cadenas llegan hasta un 20% de descuento en el precio de venta mientras que a nivel general las farmacias familiares lo máximo que disponen es de un 10% -cuando deciden hacerlo-, con el perjuicio que les ocasiona este régimen de descuentos por la pérdida de clientes.

“Para el Colegio de Farmacéuticos se produce un impacto en la salud de las personas porque no es lo mismo instalar una farmacia para ejercer la propia profesión que para utilizarla comercialmente. Se fue desvirtuando el concepto de farmacia como un centro de salud y ahora vemos en la ciudad de Córdoba que en una misma cuadra hay 4 farmacias y venden hasta golosinas”, sostiene la vicepresidenta del Colegio.

El “remedio” para modificar esta situación, lo encuentra Giraldi en el planteamiento de un proyecto de modificación de la Ley Provincial de Farmacias que presentó el Colegio hace 4 años en la Legislatura, que pretende restituir la regulación de distancia, pero en 300 metros.

De esta forma se propendería a la instalación de más establecimientos en los barrios alejados de la ciudad de Córdoba y descomprimiría la zona céntrica que se presenta “saturada”.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la Comisión de Salud.

Paralelamente, el legislador por Unión por Córdoba, Daniel Passerini, presentó un nuevo proyecto de ley para el sector que también toma en consideración la distancia de 300 metros.

Fuente: Infonegocios

Proyecto de Ley propone un modelo sanitario para las farmacias argentinas

Busca considerarlas un servicio público, procurar la distribución racional y avanzar en formas societarias más adecuadas, que eviten la simulación de la propiedad como así también las sociedades anónimas. En esta nota se incluye el texto completo del proyecto.

El modelo de farmacias argentino ya está en discusión en el Congreso, y se espera que una ley nacional fortalezca su orientación sanitaria y profesional.

Un proyecto ya presentado por los legisladores apunta a un tema central: que las farmacias deben ser propiedad de los profesionales farmacéuticos, o de sociedades colectivas, o de sociedades de responsabilidad limitada “integradas totalmente por profesionales habilitados para el ejercicio de la farmacia como, asimismo, entre profesionales farmacéuticos y terceros no farmacéuticos, no pudiendo estos últimos tener injerencia en la dirección técnica de la farmacia, ni en ninguna tarea vinculada al ejercicio profesional”.

Se pondría fin de esta forma a la sociedad en comandita simple y a las sociedades anónimas, a la vez que se limitaría la cantidad de farmacias por cada sociedad propietaria.

“Este proyecto tiene por objeto actualizar la regulación del ejercicio de la farmacia, como establecimiento, institución jurídica y sobre la profesión del farmacéutico, en función de los avances científico-tecnológicos y educativos, los cambios de paradigma en el enfoque de los servicios farmacéuticos impulsados por organismos internacionales especializados de salud (Organización Panamericana de la Salud -OPS-, Organización Mundial de la Salud -OMS-, Federación Internacional Farmacéutica –FIP-), como así también, la adaptación al contexto normativo, sociopolítico y de políticas sanitarias”, fundamenta el proyecto.

El proyecto busca reafirmar que una farmacia moderna, y necesaria desde el punto de vista sanitario, no es la que se presenta como “farmacia shopping”, que responde a un interés solamente comercial.

Los legisladores agregaron que “las farmacias se hallan sujetas a un régimen legal específico que es parte del poder de policía del Estado, el cual responde a la necesidad de garantizar un servicio de calidad al público, acorde a la naturaleza de la farmacia como centro sanitario al servicio de la comunidad”.

Otro de los objetivos del proyecto es “realizar una planificación y ordenamiento para la autorización del funcionamiento de las farmacias, de tal forma de propender a su real distribución racional en el territorio nacional”.

“Ello, con el objetivo de garantizar a la población, una adecuada y homogénea atención farmacéutica, como asimismo, que el acceso al medicamento sea ágil y rápido, y en las mismas condiciones para todos, independientemente donde resida el paciente”, refuerza el proyecto que profundiza el modelo de farmacia defendido por los colegios profesionales.

El Proyecto ya se ha presentado y se tratará en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación.

 

El Proyecto de Ley, en forma completa y textual, es el siguiente:

Expediente 2787-D-2018
PROYECTO DE LEY – FARMACIAS – LEY 17565 -. MODIFICACIONES SOBRE REGULACIÓN DEL EJERCICIO. DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 13 DEL DECRETO 2284/91 RATIFICADO POR LEY 24307

El Senado y Cámara de Diputados…

ARTÍCULO 1°. Modifíquese el artículo 3 de la Ley 17.565, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 3°: Las farmacias por ser un servicio público impropio integrante del sistema de salud, estarán racionalmente distribuidas en el territorio nacional a fin garantizar el acceso equitativo a los medicamentos y demás productos sanitarios, y su uso racional, con la prestación de servicios farmacéuticos integrales y continuos basados en la atención primaria de la salud y la educación sanitaria.

Para asegurar la accesibilidad y calidad en el servicio según las necesidades sanitarias, la autorización de la instalación de farmacias será establecida por las autoridades jurisdiccionales correspondientes, determinando los requerimientos de distancia entre farmacias y la cantidad de farmacias por habitante de acuerdo a las características demográficas y geográficas de cada jurisdicción.

Los traslados de farmacias podrán realizarse dentro de la misma localidad, partido o departamento y podrá solicitarse para farmacias que acrediten una antigüedad mínima de funcionamiento en su lugar de origen, conforme al régimen local.

A los efectos de obtener la habilitación por parte de la autoridad sanitaria competente, además de lo concerniente a la propiedad y dirección técnica previstos en la presente ley, el interesado deberá acreditar que la farmacia reúne los requisitos edilicios, sanitarios, de seguridad, equipamiento, documentación, drogas y medicamentos que se establezcan en la reglamentación.

Asimismo, la autoridad sanitaria fijará los medicamentos o especialidades medicinales que por su acción terapéutica pueden ser requeridos en casos de urgencia y deban conservarse en las farmacias para su dispensación inmediata del público.

ARTÍCULO 2°. Modifícase el artículo 4 de la Ley 17.565, el que quedará redactado en los siguientes términos:

Artículo 4°: Una vez acordada la habilitación a que se refieren los artículos precedentes, en las farmacias no se podrá introducir modificación alguna en su denominación o razón social o en las modalidades de sus prestaciones, sin autorización previa de la autoridad sanitaria.

Para facilitar a los usuarios la identificación de las oficinas de farmacia, deberán contar en su fachada con una cruz verde, con dispositivo que permita su iluminación.

Las reformas, ampliaciones, cierres temporarios, definitivos o reaperturas, deberán comunicarse previamente a la autoridad sanitaria.

Toda farmacia que haya permanecido cerrada por más de treinta (30) días corridos, será considerada como entidad nueva en el caso de su reapertura.

ARTÍCULO 3°. Incorpórase como artículo 14 de la Ley 17.565, el siguiente texto:

Artículo 14°: Podrá autorizarse la instalación de farmacias cuando la propiedad sea:

  1. a) De profesionales farmacéuticos con título habilitante.
  2. b) De Sociedades Colectivas ó Sociedades de Responsabilidad Limitada, integradas totalmente por profesionales habilitados para el ejercicio de la Farmacia,como asimismo, entre profesionales farmacéuticos y terceros no farmacéuticos, no pudiendo estos últimos tener injerencia en la dirección técnica de la farmacia, ni en ninguna tarea vinculada al ejercicio profesional. El/los profesional/es Director/es Técnico/s asumirá/n como gerente/s en este tipo de sociedades. Las sociedades de Responsabilidad Limitada estarán integradas por personas físicas quienes deberán individualizarse ante la autoridad sanitaria. El tercero no farmacéutico no podrá participar en más de dos (2) sociedades propietarias de farmacias
  3. c) De Establecimientos hospitalarios públicos dependientes de la Nación, Provincias o Municipios. La dispensación de medicamentos se hará exclusivamente con destino a los pacientes asistidos en el establecimiento, ya sean internados o ambulatorios, previa presentación de la receta médica o modalidad interna que la sustituya. Las clínicas, sanatorios y hospitales privados deberán contar con servicio de farmacia habilitada para brindar servicio exclusivamente a los pacientes internados.

Las mismas deberán contar con la presencia efectiva personal de profesionales farmacéuticos.

  1. d) De Obras Sociales, Entidades Mutualistas y/o Gremiales que se encuentren autorizadas por sus estatutos, las que deberán reunir los siguientes requisitos:
  2. Una antigüedad mínima de cinco (5) años en su actividad social reconocida y el número mínimo de afiliados o asociados que se determine en la reglamentación.
  3. Que se obliguen a mantener la dirección técnica efectiva personal de un farmacéutico.
  4. Estas Farmacias estarán destinadas exclusivamente al servicio asistencial de los asociados ó afiliados de la Entidad ó Entidades que las instalen y de las personas a su cargo, cuya nómina y vínculo deberá consignarse en el carnet que lleva el beneficiario. Asimismo, en el local en el que funcione el establecimiento, se deberá contar con la nómina de las personas habilitadas para hacer uso de la farmacia, en la cual se consigne su nombre y dirección, como asimismo, vínculo familiar con el titular afiliado o asociado y número de credencial correspondiente, la cual deberá ser permanentemente actualizada.
  5. Estas Farmacias no podrán tener propósito de lucro y no podrán expender medicamentos y demás productos farmacéuticos a precio mayor que el costo y un adicional que se estimará para cubrir gastos generales y que fijará el Ministerio de Salud.
  6. El Balance de estas Farmacias debe estar integrado en el Balance consolidado de la entidad propietaria.
  7. Estas Farmacias en ningún caso podrán ser entregadas en concesión, locación ó sociedad con terceros, sea en forma declarada ó encubierta. Cuando se constatare la transgresión a esta norma se procederá a la inmediata clausura del establecimiento sin perjuicio de otras sanciones que puedan aplicarse según el caso.

Queda prohibido la suscripción de contratos de franquicia o de cualquier otro tipo de contrato o convenio conducente a la disminución, aunque sea parcial, de la independencia técnica o de criterios en el ejercicio de la profesión farmacéutica.

Queda prohibido cualquier autorización para otras modalidades de propiedad de Farmacias que no sean las especificadas en este artículo.

ARTÍCULO 4°. Incorpórase como artículo 15 de la Ley 17.565, el siguiente texto:

Artículo 15°: En caso de fallecimiento del propietario ó socio farmacéutico de inhabilitación en su carácter de tal, podrá mantenerse el funcionamiento de la Farmacia, siempre que la dirección técnica sea ejercida por un profesional farmacéutico, debiendo regularizarse la situación en el término de tres (3) años.

ARTÍCULO 5°. Modifíquese el artículo 17° de la Ley 17.565, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 17°: Los farmacéuticos para ejercer su profesión deberán estar inscriptos en la matricula cuyo registro y atención se encuentra a cargo de los colegios profesionales o de la autoridad sanitaria correspondiente cuando no existiere colegio en la jurisdicción, los que autorizarán el ejercicio profesional otorgando la respectiva matrícula y extendiendo la correspondiente credencial. Esta deberá ser devuelta al colegio profesional o la autoridad sanitaria cuando por cualquier circunstancia sea suspendida o cancelada la referida matrícula. Los interesados, en su primera presentación deberán constituir domicilio legal y declarar sus domicilios real y profesional.

La matriculación es el acto por el cual el colegio profesional o la autoridad sanitaria otorga la autorización para el ejercicio profesional, de acuerdo a lo establecido en la presente, y podrá ser cancelada en virtud de sentencia judicial firme, de acuerdo a lo establecido en la presente ley o en las respectivas leyes de colegiación.

ARTÍCULO 6°. Incorpórase como artículo 61 BIS° de la Ley 17.565, el siguiente texto:

Artículo 61 BIS°: Las disposiciones de la presente ley son de orden público y serán de aplicación a la actividad farmacéutica en todo el ámbito nacional.

Las autoridades jurisdiccionales correspondientes ejercerán las facultades de habilitación, fiscalización y control, pudiendo disponer exigencias específicas cuando así lo impongan fundadamente particulares circunstancias locales, en cuanto resulten complementarias a las de esta ley.

ARTÍCULO 7º: Deróganse el artículo 13 del Decreto 2284/91, ratificado por Ley 24.307 y el artículo 1 inciso c) del Decreto N° 240/99.

ARTÍCULO 8º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Este proyecto tiene por objeto actualizar la regulación del ejercicio de la farmacia, como establecimiento, institución jurídica y sobre la profesión del farmacéutico, en función de los avances científico-tecnológicos y educativos, los cambios de paradigma en el enfoque de los servicios farmacéuticos impulsados por organismos internacionales especializados de salud (Organización Panamericana de la Salud -OPS-, Organización Mundial de la Salud -OMS-, Federación Internacional Farmacéutica –FIP-), como así también, la adaptación al contexto normativo, sociopolítico y de políticas sanitarias.

Al respecto, ha de tenerse presente que el derecho a la protección de la salud es uno de los derechos humanos fundamentales consagrado constitucionalmente con la incorporación de los tratados internacionales en la reforma de 1994, constituyendo un deber inexcusable del Estado, el de cumplir y respetar tal derecho a la salud. En tal sentido, el Estado debe procurar las condiciones, prestaciones y bienes necesarios para lograr el más alto nivel posible de salud, incluyendo entre las acciones requeridas al efecto, la elaboración del marco legal regulatorio adecuado para las diferentes actividades del sector salud.

Es así pues que, en el marco de las políticas de salud, las acciones de atención primaria a través de los centros de salud, así como las de promoción y educación sanitaria, colocan al farmacéutico y a las farmacias en un papel relevante, por tener este profesional un contacto directo e inmediato con el paciente y sus familiares o allegados, y se transforma en un establecimiento sanitario de consejo profesional autorizado y de derivación consciente a la consulta médica.

En este aspecto, cabe resaltar que las directrices de la OMS en alianza con la FIP sobre el papel del farmacéutico en los servicios de salud, la función del farmacéutico y las buenas prácticas de farmacia y más tarde, sobre su rol en el autocuidado y la automedicación , sumado a la experiencia en regiones de Latinoamérica, han representado un marco importante para redefinir el papel no solo del profesional, sino de los servicios farmacéuticos hacia la garantía de la atención integral, integrada y continua, respondiendo a las necesidades y problemas, tanto individuales como colectivos, de la salud de la población. Los valores, principios y elementos de la atención primaria de la salud (APS) representan pues una excelente oportunidad para reorientar los servicios farmacéuticos de calidad como parte integral de los sistemas y servicios de salud.

Las farmacias realizan entonces, un trabajo complementario de las acciones llevadas a cabo por los servicios de atención de la salud, siendo su preocupación constante la calidad de sus servicios y de los productos que dispensa, dirigiendo los esfuerzos de su actuación en forma prioritaria a las necesidades de los pacientes.

En ese marco, es dable señalar que, como consecuencia de su condición jurídica, esto es, por su carácter de servicio público impropio, las farmacias se hallan sujetas a un régimen legal específico que es parte del poder de policía del Estado, el cual responde a la necesidad de garantizar un servicio de calidad al público, acorde a la naturaleza de la farmacia como centro sanitario al servicio de la comunidad.

En el ámbito de la farmacia, se desempeña el farmacéutico, cuya misión es conforme lo ha definido la OPS, contribuir al cuidado de la salud individual y colectiva de la población, a través de su participación activa en el equipo de salud y la comunidad, con servicios farmacéuticos integrales, integrados y continuos, comprometidos con el acceso equitativo a medicamentos y otros insumos sanitarios esenciales de calidad, y su uso racional, incluyendo las terapias alternativas y complementarias en un sistema de salud basado en la atención primaria de la salud, para de este modo alcanzar su mayor nivel de salud posible .

Resulta así trascendente que el público pueda acceder al servicio en condiciones equitativas, y que la actividad farmacéutica constituya una fuente de información fidedigna y segura a través del farmacéutico, en la actual concepción de su rol como agente sanitario de relevancia social. Estas importantes funciones sanitarias que deben cumplir las farmacias como servicio de salud, deben estar relacionadas con un grupo de población mínimo al cual brindar el mismo. Lo expuesto, se vincula a la necesaria distribución de los establecimientos farmacéuticos de manera estratégica y razonable para que toda la población tenga posibilidad de acceso en igualdad de condiciones.

Sin embargo, por aplicación del Decreto 2284/91 de “desregulación económica”, promovido por el entonces ministro de economía Domingo Cavallo, se posibilitó la instalación indiscriminada de farmacias, concentradas en zonas urbanas, dejando sin servicio a poblaciones más alejadas de tales centros o en áreas rurales, priorizando el factor económico por sobre la real necesidad o utilidad pública en la apertura de nuevas oficinas de farmacia.

Este modelo insertó al medicamento y a la profesión farmacéutica en un marco económico de libre competencia, sometido a la ley de la oferta y demanda; muy alejado del modelo sanitario sostenido por la profesión farmacéutica. En efecto, en tanto el medicamento es un bien social y no una simple mercancía, la atención en salud no debe regularse con reglas de un mercado absolutamente comercial; se imponen pues el criterio profesional, el uso racional del medicamento y el bienestar general. Una activa participación del Estado en el control de la dinámica permitirá a la población un mejor acceso a esta instancia sanitaria garantizando medicamentos confiables y optimizando los servicios que presta el farmacéutico a la población.

A fin de permitir que ello resulte viable, es que corresponde realizar una planificación y ordenamiento para la autorización del funcionamiento de las farmacias, de tal forma de propender a su real distribución racional en el territorio nacional. Ello, con el objetivo de garantizar a la población, una adecuada y homogénea atención farmacéutica, como asimismo, que el acceso al medicamento sea ágil y rápido, y en las mismas condiciones para todos, independientemente donde resida el paciente.

Por el artículo 13 del referido Decreto 2284/91, se modificó además el artículo 14 de la ley 17.565, posibilitando que personas ajenas a la profesión puedan ser propietarias de farmacia, permitiéndose la titularidad a otras formas societarias tipificadas en la ley de sociedades, incluso sociedades anónimas.

Sin embargo, este tipo de figuras sociales no se compadece con la condición jurídica de la farmacia. En efecto, en tanto se trata de un servicio público impropio, resulta menester la individualización del sujeto que brinda tal servicio, de modo de precisar las responsabilidades que pudieran caberle en lo que el acto sanitario de la dispensa refiere (esto es, ante la eventual producción de un hecho dañoso derivado de una incorrecta actuación profesional del farmacéutico). Admitir un criterio diverso, conduciría a que tal servicio público, quede en manos de sujetos indeterminados, mutables en función de las modificaciones en la composición societaria, con el consiguiente riesgo de la disipación de la responsabilidad.

Conforme ha sido definido por calificada doctrina, “la farmacia es, por excelencia, el ámbito del ejercicio profesional del farmacéutico, al que es inherente la titularidad del establecimiento. Dicho de otro modo, el concepto “farmacia-farmacéutico” es un todo inescindible y la titularidad -o propiedad- no es más que una modalidad de la regulación profesional” . Surge entonces claramente la indivisibilidad del ejercicio profesional y la propiedad de la farmacia, por ser la oficina farmacéutica el ámbito natural donde el farmacéutico ejerce su profesión, ya que la farmacia existe porque existe el farmacéutico.

Lo antes dicho es compartido por varios países miembros de la Unión Europea, que han sancionado en sus respectivos Estados, diversas leyes, que con un espíritu marcadamente sanitario, regulan sobre la instalación y funcionamiento de las farmacias, en cuanto prestadoras de un servicio público. La práctica recogida en estos países, ha demostrado resultados altamente positivos, en cuanto a la organización del funcionamiento de las farmacias, arrojando como resultado una eficiente cobertura farmacéutica al paciente y garantizando la independencia del asesoramiento profesional del farmacéutico como titular de la oficina farmacéutica.

Las modificaciones normativas operadas a partir del año 1991 en la ley 17565, condujeron a que el farmacéutico director técnico que no sea propietario de su farmacia -en forma individual o como socio administrador de una sociedad-, quedara en franca relación de dependencia; llevando a una fractura de responsabilidades jurídicas. Así personas ajenas a la profesión actuando como empleadores y administradores de farmacias, se reservan el poder de decisión, los distintos aspectos de la administración, incluidas entre otras actividades, las compras de medicamentos, pudiendo marginar de ellas al farmacéutico, perdiendo así este profesional el control exclusivo sobre la gestión de compras, mantenimiento de stocks, horarios de atención, etc. Se identifica pues una situación compleja en cuanto a determinar quién será el responsable de la calidad y procedencia de medicamentos adquiridos en esa forma, donde el profesional director técnico no hubiera tenido injerencia en alguna de estas adquisiciones.

Por otra parte, a través del presente proyecto de ley se recepta la evolución normativa del desempeño profesional desde las incumbencias propias y las actividades reservadas al título farmacéutico, constituyéndolo así en un texto integrado, aplicable a todos los ámbitos de competencia referidos al ejercicio de la profesión farmacéutica. De tal modo, resulta una propuesta abarcativa y actualizada, contemplado temas no incluidos en la normativa vigente, posibilitando así superar vacíos legislativos.

A su vez, aquellas actividades reservadas e incumbencias definidas en el nivel educativo universitario, que viene acreditada con la posesión del título farmacéutico, no habilita para ejercer, resultando necesario un procedimiento de registro ante los colegios de farmacéuticos y asociaciones profesionales (que ejercen potestades legalmente delegadas por el Estado, en cuanto al registro y control de la matrícula) o la autoridad sanitaria según corresponda, conocido como matriculación, y el cumplimiento de pautas contenidas en un cuerpo normativo que define la buena práctica de la profesión.

Se propone además derogar el artículo 13 del decreto 2284/91, con el fin de superar las gravosas consecuencias que la desregulación económica trajo aparejada, con una clara distorsión de los criterios sanitarios y la ausencia de fiscalización efectiva por parte del Estado. A los efectos precedentemente reseñados, se establecen pautas regulatorias de alcance nacional, siendo las mismas de orden público; con resguardo de las normas locales preexistentes y dejando a criterio de cada jurisdicción el desarrollo de los aspectos operativos específicos.

El presente proyecto de ley se enmarca en el contexto normativo precedentemente referenciado, en consonancia con los avances científicos, tecnológicos y educativos, y recogiendo las recomendaciones de organismos de jerarquía internacional en materia de salud.

Por todo lo expuesto, solicito a los y las legisladoras, acompañen con su voto el presente proyecto de ley.

Fuentes: Pharmabaires, Cámara de Diputados de la Nación

 


Versiones indican que Amazon podría interesarse en Farmacity

Con la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza liberadas,  la cadena fundada por Mario Quintana estaría en condiciones de plantarse como un sólido socio para las aspiraciones de Amazon, imitando lo que concretó recientemente en el mercado estadounidense.

Amazon decidió jugar fuerte en el mercado de los medicamentos de Estados Unidos que factura alrededor de 370 mil millones de dólares anuales, mediante la adquisición de una cadena de farmacias. Para algunos es un anticipo de lo que se propone replicar en el resto del mundo y que en Argentina podría concretar mediante una alianza con Farmacity.                                                                                                                                   

Amazon anunció la adquisición de la cadena de farmacias PillPack para ingresar al mercado farmacéutico, una de sus aspiraciones desde hace tiempo informaron al periodismo estadounidense.Amazon todavía no precisó el monto desembolsado por la cadena, pero PillPack tiene un valor de mercado de mil millones de dólares, de acuerdo a Wall Street.

En un movimiento que marca grandes cambios para la distribución de medicamentos recetados, Amazon acordó comprar PillPack, una farmacia en línea de rápido crecimiento que ofrece dosis preordenadas de medicamentos y entrega a domicilio”, publicó The Boston Globe.

El periodista Pat Greenhouse explicó que PillPack, una startup privada, “ha atraído un interés sustancial porque la compañía se jacta de que puede hacer que sea más fácil y más rápido para los consumidores obtener una receta que en las farmacias de la esquina”.

La compañía, que cuenta con cinco años de antigüedad, administra múltiples recetas para clientes mediante la clasificación previa, el empaquetado y la entrega de medicamentos con personal las 24 horas del día que puede contactarse en línea o por teléfono.

La cadena farmacéutica tiene su sede central en Manchester, una ciudad de poco mas de cien mil habitantes en el Estado de Nuevo Hampshire.  Sus operaciones comerciales se encuentran en Somerville, Massachusetts.

“El acuerdo se produce en momentos en que la industria del cuidado de la salud está pasando por una serie de convulsiones en respuesta al aumento de los costos y la presión sobre los fabricantes de medicamentos, los gerentes de beneficios farmacéuticos y las aseguradoras” analizó, el periodista especializado Ed Silverman @Pharmalot .

Amazon, sin embargo, “ha amenazado con causar la mayor alteración con movimientos sigilosos para ampliar su alcance de distribución y productos. Más allá de su movimiento recientemente anunciado de formar una empresa conjunta con JPMorgan y Berkshire Hathaway para abordar el derrochador gasto en atención de la salud, la adquisición de PillPack es el primer paso sustantivo hacia una posible inversión de la cadena de suministro de medicamentos recetados”, agregó.

“Con su sitio en línea de amplio alcance y ampliamente popular, Amazon se acerca al establecimiento de cabezas de playa en cofres de medicamentos en los Estados Unidos. Y utiliza ese músculo para alterar el libro de estrategias tradicionales para la distribución de medicamentos recetados”, opinó el periodista.

“El equipo visionario de PillPack tiene una combinación de experiencia farmacéutica profunda y un enfoque en la tecnología“, dijo Jeff Wilke, quien encabeza el negocio de consumo mundial de Amazon, en un comunicado.

“PillPack está mejorando significativamente la vida de sus clientes, y queremos ayudarlos a seguir facilitando a las personas el ahorro de tiempo, simplificar sus vidas y sentirse más saludables. Estamos entusiasmados de ver lo que podemos hacer juntos en nombre de los clientes a lo largo del tiempo “, autoelogió.

El envase pre-clasificado empleado por PillPack está destinado a atender aproximadamente al 60 por ciento de los estadounidenses que viven con una o más enfermedades crónicas y utilizan prescripciones frecuentes y cajas de pastillas para mantener su salud, según el analista de Leerink David Larsen.

Según informes de Wall Street, PillPack genera más de 100 millones en ingresos y atiende a unos 40.000 pacientes, lo que sugiere que cada paciente toma aproximadamente tres recetas por mes, según el analista de RBC Capital Markets, George Hill.

Hill calculó que la compañía dispensa entre 1.25 millones y 1.5 millones de recetas por año, lo que representa menos del 0,5 por ciento del mercado de los EE. UU.

Pero qué tan pronto este acuerdo alterará el status quo es una cuestión de debate, coincidieron los especialistas.

“Si bien Amazon representa una nueva entrada significativa en el espacio, recordamos a los inversores que las recetas son rígidas y PillPack se enfoca en pacientes difíciles de atender sin acceso a servicios farmacéuticos adecuados”, escribió Hill en una nota para inversionistas. “Nuestros comentarios iniciales de los consultores de beneficios ven un beneficio limitado para los pagadores comerciales y los beneficiarios en el corto plazo”.

Por el contrario, Michael Rea, un farmacéutico y director ejecutivo de Rx Savings Solutions, que tiene una aplicación que permite a los pacientes encontrar menores costos de medicamentos, sugirió que “los consumidores se beneficiarán de una mayor competencia de manera rápida”.

“Esto aumentará la competencia que ejercerá presión sobre los márgenes excedentes en la cadena de suministro “, aventuró

Greenhouse  del Boston Globe escribió que “la adquisición de PillPack por parte de Amazon podría sacudir dramáticamente la industria farmacéutica de los EE. UU. y cambiar la forma en que los estadounidenses compran medicamentos recetados”.

“Pero el anuncio de este acuerdo es el primer paso en un camino largo y tortuoso, y no hay garantía de que Amazon, a pesar de su tamaño y éxito, se convierta rápidamente en un jugador importante en el negocio de drogas de  370 mil millones de dólares en Estados Unidos”, agregó.

PillPack tiene una publicidad agresiva que desde su página web propone: Olvida lo que sabes sobre la farmacia- Conducir a la tienda, esperar en fila, buscar reposiciones: la farmacia de hoy es un fastidio. PillPack es un servicio que le ahorra tiempo, dolor de cabeza y molestias.  Incluso no oculta un desafío para sus clientes:  PillPack vs. tu farmacia

El desembarco de Amazon parece lejano para los argentinos y sin embargo desde hace algún tiempo se vincula a la empresa estadounidense con un intento de acceder al mercado local a través de la asociación con una cadena de farmacias.

Para los farmacéuticos el modelo de Farmacity es el único apropiado para intentar un desembarco en Argentina y por eso muchos vinculan el devenir futuro del mercado farmacéutico argentino con jugadores globales como Amazon, con la urgencia y la necesidad de desembarcar en la provincia de Buenos Aires que experimenta la mayor cadena de farmacias de Argentina, con tentáculos en casi todo el país.

Con la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza liberadas,  la cadena fundada por Mario Quintana, estará en condiciones de plantarse como un sólido socio para las aspiraciones de Amazon. Valor de mercado, en otras palabras.

Fuente: Pharmabaires

Farmacity: la madre de todas las batallas

La Audiencia Pública, prevista para el 25 de agosto, promete develar todos los intereses detrás de la cadena.  Estará en juego, además, el modelo de farmacia y el modo del ejercicio profesional para los farmacéuticos. Advierten que la decisión de la Corte tendrá alcance nacional, y no se limitará solamente a la Provincia de Buenos Aires.

La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública por el caso Farmacity para el 29 de agosto que se convertirá en “la madre de todas las batallas”. La COFA pide que se garantice la transparencia del debate, mientras algunas versiones sugieren que puede tratarse de una nueva maniobra para favorecer al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

“Nosotros celebramos que se le dé transparencia a este juicio, ya que si bien pensamos que la Corte Nacional no debería haber tomado el reclamo y ratificado lo que dijo la justicia bonaerense en sus cuatro instancias, vemos positivo que sea público y a los ojos de todos pues es de público conocimiento que Mario Quintana sigue tomando las decisiones de esta empresa y que lo único que persigue es rentabilidad para su empresa de capitales poco claros y escondidos detrás de sociedad de sociedades”, señaló María Isabel Reinoso, presidenta de la COFA y del Colegio Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.

Reinoso recordó que fue la COFA, junto con los diputados bonaerenses Ricardo Lissalde y Lisandro Bonelli del Frente Renovador, quienes solicitaron la audiencia pública convocada para finales de agosto.

“Luego del dictamen bochornoso, y a medida, de la Procuración General de La Nación, el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Bs. As. solicitó a la Corte Suprema de la Nación que antes de resolver convocara a una Audiencia Pública. En el mismo sentido lo hizo el defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y los diputados Lisandro Bonelli y Ricardo Lissalde, ambos legisladores y ciudadanos de la provincia de Buenos Aires”, resaltó la presidenta de la COFA.

Lisandro Bonelli en su twitter escribió: Celebramos que la @CorteSupremaAR dé transparencia y convoque a una audiencia pública por #Farmacity  Tiene que quedar claro en la Justicia que Mario Quintana utilizó su cargo en el Estado para hacer negocios. Es necesario que renuncie. #NoAFarmacity #QuintanaRenunciá

“Me genera una gran satisfacción saber que la Corte Suprema convocará a una audiencia pública por la ilegal maniobra de Mario Quintana. Tiene que quedar en claro que los funcionarios no pueden utilizar al Estado para favorecer negocios particulares”, twitteo a su vez Ricardo Lissalde.

Reinoso recordó que “este juicio se había ganado en todas las instancias en la Provincia y llegó a la instancia nacional porque la empresa farmashopping encontró un clima político propicio , ya que quien lo inició es precisamente el actual Vicejefe de gabinete Nacional”.

Para Reinoso, el juicio “tiene una significación que excede a las farmacias ya que de hacer lugar al reclamo de la empresa la Provincia de Buenos Aires y las restantes provincias del país perderían su autonomía en legislar lo referente al ejercicio de las profesiones y también las cuestiones relacionadas a la salud de sus habitantes”.

“Para todos y hasta ahora era muy claro que el ejercicio de las profesionales y las cuestiones de salud eran de orden local. Por ello la provincia de Buenos Aires y las demás legislaron en estas cuestiones. Lo que es claro para todo el mundo parece no lo es para el vicejefe del Gabinete Nacional que decidió judicializar a tres provincias, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, para acomodar via judicial las leyes que no les son funcionales a los intereses de su empresa”, remarcó.

“Los farmacéuticos que hoy ejercemos en la Provincia no tenemos nada que esconder, fuimos a la Universidad, nos formamos para brindar Salud, tenemos nuestras farmacias en la Provincia donde ejercemos digna y legalmente nuestra profesión y no nos escondemos detrás de ningún fondo de inversión ni tenemos nuestros capitales en paraísos fiscales…, todo bien transparente y pedimos que no se mercantilice nuestra profesión”, subrayó Reinoso, en un duro comentario sobre el vicejefe de Gabinete y su modelo empresario.

También “tenemos muy claro que la farmacia es un servicio de utilidad pública, no un comercio, y que la independencia profesional se verá socavada si tenemos que responder a un Ceo en lugar de responder a nuestro saber profesional”, reforzó Reinoso.

La Corte Suprema “está al rojo vivo por la pelea por la presidencia y la posible sucesión de Ricardo Lorenzetti, quien juega a fondo sus cartas para mantenerse en el cargo y, en medio de la tensión con Horacio Rosatti, ahora busca desgastar a Carlos Rosenkrantz aprovechando el caso Farmacity”, escribió La Política Online.

Rosenkrantz es uno de los dos miembros de la Corte Suprema – el otro es Rosatti- que se excusó de intervenir en el expediente de Farmacity por haber sido el abogado que presentó la demanda contra la provincia de Buenos Aires, cuando su estudio estaba contratado por la cadena de Mario Quintana.

“En el medio de los tironeos internos, en la justicia empezó a trascender que la Corte podría inclinarse por fallar a favor de Farmacity, lo que derivaría en una inevitable polémica política por la ligazón de la cadena con Mario Quintana”, agregó la publicación.

La audiencia incluirá a otros actores y organizaciones de la sociedad civil y de consumidores convocadas por la Corte Suprema, tal como ocurrió en las audiencias por el Riachuelo y la Ley de Medios, pues de escuchar solo a la Cofa, el Colegio Farmacéutico y Farmacity se repetirían argumentos ya escuchados en otras instancias inferiores.

Daniel Alvarado, presidente de la OnG Farmacéuticos sin Fronteras, recordó que “ya nos presentamos hace unos años en otro juicio contra Farmacity cuando Mauricio Macri era el Jefe de Gobierno”.

Entre las entidades que participaron de audiencias precedentes vinculadas a la demanda de Farmacity figuran el Cels, Poder Ciudadano, la Comisión de Defensa del Consumidor y de la Competencia, la Asociación de Usuarios y Consumidores Unidos, la Asociación de Abogados de la Ciudad y la Asociación de Docentes Universitarios, entre otras.

Mientras brotan las especulaciones sobre la transparencia de la Corte Suprema y los intereses creados,  se reproduce a continuación la petición de una audiencia pública que presentó la COFA el 26 de abril:

SOLICITA AUDIENCIA PÚBLICA

Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación:

María Isabel Reinoso, en carácter de Presidente del COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, constituyendo domicilio electrónico junto a mi letrado patrocinante Dr. Daniel Alberto Sabsay (To. 29 Fo. 389), en 20101340067 en los autos caratulados “FARMACITY S.A C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/ S/ PRETENSION ANULATORIA – RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY” Exp. 118/2017 a V.E. digo:

I- OBJETO Que en carácter de tercero coadyuvante de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires en las presentes actuaciones y en los términos de la Acordada 30/2007 vengo a solicitar a V.E. convoque a una audiencia pública informativa. Dicho marco resulta sumamente propicio para la intervención de Amigos del Tribunal a fin de enriquecer el debate público en relación al presente caso. Todo ello, en mérito a las consideraciones que se exponen a continuación.

II.- RELEVANCIA PÚBLICA DEL CASO. El debate público mejora la legitimidad de las decisiones al requerir criterios comprensivos de las distintas posiciones para arribar a un consenso entrecruzado, que si bien no conducirá a lo que cada uno desea individualmente permitirá en cambio lo que todos deseamos, es decir, vivir en una sociedad ordenada sobre la base de un criterio más realista de justicia (RAWLS, John, “Justice as Fairness. A restatement”, Harvard University Press, 2001).

La vinculación entre la participación en las decisiones relacionadas a las políticas públicas y el fortalecimiento de la democracia ha sido remarcada en numerosos instrumentos internacionales suscriptos por la Argentina, entre los que cabe destacar a la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, Lisboa, Portugal, 25 y 26 de junio de 2009, Capítulo primero, puntos 2 y 3) y el Código Iberoamericano del Buen Gobierno, respaldado por la XVI Cumbre Iberoamericana (Uruguay, noviembre de 2006, especialmente regla 11.7 y regla IV.35).

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires nuclea y representa a los farmacéuticos que ejercen su actividad en la Provincia de Buenos Aires, en cualquiera de sus ámbitos, en las oficinas farmacéuticas, en los laboratorios, en los hospitales públicos, entre otros; defendiendo en todo momento el quehacer profesional de los mismos. En este sentido, la entidad que represento se encuentra en condiciones de efectuar un sustancial aporte al debate público que suscita la presente controversia.

La relevancia pública del caso radica en la defensa del servicio público de farmacia regulado por la Ley 10.606 que se traduce en la protección del derecho a la salud. Justamente, lo destacado a nivel público es la afectación que podría llegar a tener el modelo sanitario vigente en el territorio de la Provincia de Buenos Aires si se declara inconstitucional el articulado en cuanto a la propiedad de farmacias, pues esto constituye una herramienta medular para el acceso seguro a bienes sociales como los medicamentos, alejándose de un modelo corporativo y capitalista que concibe a la farmacia como un negocio.

Las Farmacias por su carácter de servicio público impropio, establecido por ley (art. 1 Ley 10606) y fiscalizado por el Estado, se hallan sujetas a un régimen normativo específico, el cual responde a la necesidad de garantizar un servicio de calidad al público, siendo un centro sanitario al servicio de la comunidad. Por ello corresponde realizar una planificación y ordenamiento para la autorización para su funcionamiento, de tal forma de propender a su real distribución racional en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.

El objetivo que ha tenido en miras la legislatura provincial es la de garantizar a la población, una adecuada y homogénea atención farmacéutica, como asimismo, que el acceso al medicamento sea ágil y rápido, y en las mismas condiciones para todos, independientemente donde resida el paciente, destacando de este modo el derecho a la salud como elemento prioritario en la cuestión.

De allí surge la exigencia de establecer que tal actividad profesional solamente pueda ser llevada a cabo por el farmacéutico y que, sin duda alguna, la propiedad de la farmacia constituye una modalidad del ejercicio profesional y por lo tanto inseparable de su regulación. Tal ha sido el criterio seguido por la legislatura provincial al regular sobre tal materia, conforme lo expresa el artículo 14 de la ley 10.606 (Texto según Ley 11.328), norma de la cual surge la necesaria participación de los farmacéuticos en la propiedad de las farmacias, ya sea teniendo la titularidad de la oficina en forma exclusiva (farmacia unipersonal); compartiendo la propiedad con otro/s farmacéuticos (sociedad de responsabilidad limitada y sociedades colectivas) o bien conformando una sociedad en comandita simple, condicionada a que los socios no farmacéuticos actúen como socio comanditarios y no tengan injerencia en la dirección técnica, debiendo asimismo, estar integradas por personas físicas perfectamente individualizadas ante la autoridad sanitaria.

Tal como quedara expuesto, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires,  se establece un régimen taxativo en lo que a propiedad de farmacias se refiere, impidiendo que cualquier persona física o jurídica pueda ser propietaria de oficinas farmacéuticas, como consecuencia de su condición de servicio público impropio asignado por ley y fiscalizado por el Estado (conf.art.1 de la Ley 10.606). En este aspecto, reservar la propiedad de farmacias al farmacéutico, se vincula expresamente con que ello constituye una modalidad inherente al ejercicio profesional, y como tal, inseparable de tal concepto. Este es el sentido que se ha expuesto en el debate parlamentario que precedió a la sanción de la Ley (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, Noviembre 25  de 1987  y Diario de Sesiones de Cámara de Diputados 02-04-87), como asimismo lo ha manifestado la más calificada doctrina (Bezzi, Osvaldo Máximo: “La propiedad de la farmacia; modalidad inherente al ejercicio profesional”. LL 1986-E, Sección Doctrina, pag. 1135).

Este es el criterio que han seguido las sentencias de primera instancia, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires y la Suprema Corte Bonaerense, quienes han sido contundentes acerca de la constitucionalidad de la Ley 10.606. Por ello consideramos que el reciente dictamen de la Procuradora Fiscal Laura Monti, de fecha 11 de abril de 2018, se distancia de una correcta interpretación constitucional para elaborar una opinión a la medida de Farmacity. No desconocemos que tal dictamen no es vinculante para V.E. No obstante ello, la trascendencia pública y sanitaria del caso pone de relieve la necesidad de abrir el debate y discutir los groseros errores jurídicos en lo que incurre la Procuradora Fiscal y, sin dudas, el instrumento para hacerlo es una audiencia pública en la que intervengan, además de las partes los amigos del tribunal.

Como puede leerse en su dictamen, la Procuradora Fiscal Laura Monti, recomienda hacer lugar al recurso de queja y declarar la procedencia del recurso extraordinario interpuesto, revocar la sentencia apelada en cuanto declara la validez constitucional del art 14 de la ley 10.606, declarar la nulidad de los actos locales que se fundan en el impedimento que esa norma prevé y devolver los autos al tribunal de origen a fin de que se pronuncie acerca de la tacha de inconstitucionalidad que se endilga al art 3° de la ley local 10.606. En efecto, no se pronuncia sobre las restricciones por distancia y densidad demográfica sino sólo sobre la titularidad de farmacias.

Entre las consideraciones del dictamen, el principal argumento tiene que ver con la distribución constitucional de competencias. La Procuradora sostiene que regular la capacidad de las personas humanas y jurídicas es una potestad del Congreso Nacional (art. 75 inc. 12 Constitución Nacional). Desde esta perspectiva, considera que la Ley 10.606 no puede prohibir a una S.A. ser titular de farmacias. Esta postura constituye un grosero error jurídico. En efecto, una interpretación en ese sentido no sólo desconoce que las materias reguladas son diferentes sino también la distribución constitucional de competencias entre el Congreso Nacional y la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires en materia de salud.

La regulación de farmacias integra el poder de policía provincial, no sólo por vincularse con el ejercicio de una profesión liberal, sino también por encontrarse en juego razones de salubridad pública. Por ello las provincias han conservado dichas atribuciones y no han sido delegadas a la Nación, por lo tanto son exclusivas de las primeras (art. 121 CN). Bajo ninguna circunstancia puede admitirse que la Ley 10.606 invada y/o avance sobre atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación (arts. 75 inc. 12), tal como sugiere la Procuradora. Pues aquí no estamos en presencia de la regulación del comercio sino del ejercicio de una profesión que se halla directamente vinculada a la saludo de la población.

Tal como explica la Suprema Corte bonaerense, en el régimen institucional diseñado por la Constitución nacional, las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal (conf. sus arts. 5, 121, 122 y 123) y la regulación de todo lo concerniente al ejercicio de las profesiones liberales es facultad exclusiva de la Legislatura (conf. art. 42, Const. Prov.). Así la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado que “es indudable la facultad de las provincias de reglamentar el ejercicio de profesiones liberales, dentro del poder de policía que les está reservado” (Fallos 156:290; 197:569; 199:202)”. Partiendo de esta base sobre distribución constitucional de competencias, la Suprema Corte Provincial en la presente causa señala que “…La ley 10.606 es una típica regulación de policía, dictada en ejercicio de poderes locales; no una delimitación de la capacidad de las personas jurídicas”.

La Procuradora Fiscal soslaya la trascendencia que implica que en el territorio provincial las farmacias constituyan un servicio público y la condición de bien social del medicamento en la Constitución Bonaerense. A su vez, el dictamen pareciera olvidar que el Decreto 2284/91 se ocupa de la desregulación del Comercio Interior de Bienes y Servicios y del Comercio Exterior, del mercado de capitales y de una reforma fiscal entre otras cuestiones. Mientras que la Ley 10.606 se refiere específicamente a la actividad farmacéutica y su regulación. En efecto, no existe confrontación de facultades pues no estamos en presencia de facultades concurrentes referentes al poder de policía de bienestar. Afirmar lo contrario, implicaría confundir el poder de policía “para afianzar la libertad económica” (terminología literal de los considerandos del Decreto 2284/91)  con el poder de policía sobre una actividad vinculada a la salud de la población como lo es la actividad farmacéutica (artículo 36 inc. 8 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).

Sin dudas, estamos en presencia de un caso de relevancia pública puesto que, en caso de confirmarse el dictamen de la Procuradora, se producirá un impacto destructivo para el modelo sanitario y el servicio público de farmacias de la Provincia de Buenos Aires. En este contexto, a efectos discutir las aristas más relevantes del caso y para eliminar posibles errores en la apreciación de los hechos y el derecho relevante, mejorar el debate público y oír las opiniones de organismos especializados, la audiencia pública deviene una instancia crucial.

III- PETITORIO Por todo lo expuesto, a V.E. SOLICITO  convoque a una audiencia pública informativa habilitando la intervención de los Amigos del Tribunal.

PROVEER DE CONFORMIDAD

SERÁ JUSTICIA

Fuente: PharmaBaires

“Caso Farmacity”: Lorenzetti, Quintana, los intereses y las internas

El caso dejará al descubierto intereses personales cruzados. La audiencia pública expondrá a Quintana.

Lorenzetti apunta a Quintana por los rumores de su salida

El Presidente de la Corte Suprema cree que fue Quintana quien lanzó la versión de su renuncia. La Corte convocó a audiencias por el caso Farmacity.

El reclamo judicial de Farmacity resume un clima de época en el que se cruzan conflictos de intereses, un lobby multimillonario, operaciones mediáticas y una pulseada apenas velada entre una parte del Gobierno y la Corte Suprema. Tras el triple rechazo judicial bonaerense a la posibilidad de que la cadena de farmacias desembarque en la provincia, la Corte nacional decidió tomar el caso. Y ahora, con Ricardo Lorenzetti como protagonista excluyente en un tribunal reducido, programó una audiencia pública. Desde el 29 de agosto y durante 30 días, desfilarán abogados, técnicos y farmacéuticos.

Así, Lorenzetti pretende contraatacar a sus archienemigos, tanto históricos como circunstanciales.

El presidente de la Corte presume que el eje Elisa Carrió-Mario Quintana es el promotor de las noticias que lo dan como renunciado o a punto de hacerlo. Esa versión circuló con insistencia el lunes pasado, después de un almuerzo realizado en Casa Rosada entre Lorenzetti y Mauricio Macri. El lunch fue a pedido del Presidente, y la agenda de la charla se mantiene como un misterio. El juez santafesino, pese a la difusión de su alejamiento, busca la reelección.

 

La Audiencia Pública expondrá a Quintana y develará sus intereses y conexiones con la cadena de farmacias

Por vía de la audiencia informativa, un sistema usado antes del fallo sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios, Lorenzetti quiere transparentar un litigio incómodo para el Gobierno. Porque la demanda judicial fue iniciada por el ex director y fundador de ese tanque de 250 farmacias: el vicejefe de gabinete Mario Quintana.

“La mano de Quintana es evidente”, se queja la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Isabel Reinoso. COFA representa a unas 15 mil farmacias chicas y medianas: por eso rechaza el despliegue bonaerense de un actor del peso de Farmacity.

Si bien desde la empresa niegan la influencia de Quintana, lo cierto es que el segundo de Marcos Peña todavía no se desvinculó totalmente de su creación más exitosa. El fiscal Ramiro González lo imputó por ese motivo hace unos 20 días.

La puja a su vez expondrá a otro supremo: Carlos Rosenkrantz, quien ya se excusó de la causa. Su estudio (habitual bufete de poderosas empresas) representó a Farmacity en la cruzada judicial que llegó a la Corte: la supuesta inconstitucionalidad de un artículo de la ley bonaerense, que excluye a las sociedades anónimas de la lista de titulares posibles.

Desde 2010, sin embargo, su planteo fue desestimado en primera instancia, por la cámara y por la Corte provincial. Según el argumento de Farmacity, existe un decreto y una ley nacional que contradicen a la norma bonaerense.

Desde el 29 de agosto, expondrán los llamados “amigos del tribunal”. Con Rosenkrantz y Horacio Rosatti excluidos, solo los escucharán tres ministros de la Corte: Lorenzetti, Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Así, Lorenzetti volverá a ocupar el lugar de centralidad que había perdido con la asunción de los dos jueces propuestos por Macri. Su opinión será determinante para destrabar (o impedir) un negocio multimillonario que roza a la Rosada.

Sin plazos definidos, el fallo llegaría antes de fin de año.

Fuente: Perfil


PAMI – medicamentos: lo peor está por venir

Con la escalada de precios y caída del poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones, ya se prevé que los perjudicados serán los jubilados y las farmacias que no tengan respaldo financiero.

Para la industria farmacéutica las perspectivas son cada vez más inciertas. No hay expectativas del venturoso “segundo semestre”. Tampoco que lo peor ya pasó. En el actual contexto se admite con pesadumbre que se trata de otro año perdido.

“Las perspectivas son inciertas y cuestiones que creíamos superadas con el cambio de gobierno vuelven a surgir como dificultades”, admitieron voceros de la industria.

Mientras transcurría el diálogo en una oficina céntrica, en la City el dólar trepaba casi a 29 pesos y se hacían astillas las estimaciones de una moneda estable con una inflación controlada con que fue calculado -hace tan poco y parece tan lejos- el nuevo convenio PAMI.

Los voceros admitieron que este año esperan una caída de las ventas, tal como explicó Pharmabaires a comienzos de junio, en virtud de información propia y de la consultora Ecolatina.

Esa caída es por retracción del “propio mercado en general y por el volumen más acotado que compra PAMI, en particular”, explicaron.

La retracción en las ventas al PAMI explica entre uno y dos puntos de la caída de la demanda de medicamentos que ya fue del 6 por ciento hasta junio y que para Ecolatina en el acumulado del año oscilará en el 0,8 por ciento interanual, comparado con 2017 que ya fue un año muy malo con una retracción del 26 por ciento, estimó la consultora.

Así como se vende menos en unidades, “el mercado farmacéutico está cada vez más presionado entre los costos dolarizados y los aumentos salariales”, aseguraron.

La presión es más asfixiante para los pequeños y medianos laboratorios que venden al mercado interno y fueron y son “Pami dependientes”.

A los grandes laboratorios “les queda el recurso de la exportación y su acomodamiento en el mercado regional, pero también los golpea la pérdida de rentabilidad”, aseguraron los voceros.

Tampoco es un escenario adverso solo para la industria farmacéutica “muchos sectores industriales están en una situación similar por lo tanto hay que remar juntos y buscar juntos alternativas para salir de esta crisis”, resaltaron.

También para los farmacéuticos la situación aparece como compleja y con una coincidente pérdida de rentabilidad.

Para las farmacias lo peor está por venir. Aceptamos el nuevo esquema de financiación que ofreció PAMI, pero ahora afrontamos una diferencia cada vez mayor entre el precio real que aumenta al ritmo inflacionario y el Precio PAMI. Ya se está hablando del precio blue”, señalaron dirigentes farmacéuticos porteños.

También coincidieron que “se nota que ha caído el volumen de ventas y las recetas por PAMI son muchas menos que en otros inviernos”.

¿Los jubilados ya no compran medicamentos o los argentinos se enferman menos?.  Las respuestas no son coincidentes, aunque hay una certeza: si se puede, se evita pasar por el mostrador de la farmacia.

“Lo más peligroso es que las cadenas de farmacias ingresen como prestadoras plenas y les concedan las mismas bonificaciones que a las farmacias de barrio, porque esas cadenas pueden financiar los atrasos del PAMI pero nosotros no y cuando compramos al precio de mercado no sabemos si vamos a vender ese medicamento a un jubilado y si vamos a cobrar tres meses después.  Mientras tanto nos hacemos cargo de la diferencia”, explicaron

Para laboratorios y farmacéuticos, pese a sus diferencias, hay una coincidencia: este será otro año perdido.

Fuente : PharmaBaires


En defensa del modelo sanitario de farmacia

En este documento publicado por la Agrupación Médica Luis Aredez se toma postura a favor del modelo sanitario de farmacias. 

 Se rechaza el “modelo” de cadenas de farmacias “shoppings”, que se presenta publicitariamente como un adelanto o una alternativa “moderna” , y se detallan las propuestas más recientes de FIP y OPS/OMS para lo que deben ser las nuevas orientaciones de los servicios farmacéuticos, que coinciden con la propuesta del modelo sanitario de farmacias.

La nota advierte acerca del avance de los negocios privados sobre el derecho a la salud, que también se viene observando en otras áreas.

Transcribimos el artículo original:

EN DEFENSA DEL MODELO SANITARIO DE FARMACIAS – Documento publicado por la Agrupación Médica Luis Aredez

Es necesario reaccionar y tomar una postura firme y muy clara cuando se pretende avanzar sobre el derecho a la salud para dar lugar a los negocios privados. Hoy, esto está pasando en el sector farmacéutico.

En el caso de las farmacias, el intento se hizo más evidente, y llegó a algunos medios de prensa, porque está resultando beneficiado un funcionario público: el Vicejefe de Gabinete del gobierno nacional, el economista Mario Quintana, que es el fundador y dueño de la cadena de farmacias más grande de Argentina.

Funcionarios públicos con negocios privados

Desde que Quintana es funcionario público, su cadena de farmacias (Farmacity) fue favorecida por decisiones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, el año pasado, y más recientemente por un dictamen de la Procuración General de la Nación. En el primer caso, se benefició a esa empresa en relación a la atención al PAMI; en el último caso el dictamen judicial sirvió para acompañar la intención de Quintana de instalar su cadena de farmacias en la provincia de Buenos Aires, donde una ley sanitaria se lo prohíbe.

También, se procesó a un alto funcionario del Ministerio de Salud de la Nación acusado de proteger a la empresa de Quintana, a la que no se le habrían aplicado las sanciones administrativas que correspondían. Las faltas sanitarias que se detuvieron serían más de cien.

El funcionario Quintana promueve para su cadena de farmacias el estilo “farmashopping”, un tipo de establecimiento comercial de venta polirrubro que busca maximizar ganancias y relega a un segundo plano la función sanitaria de las farmacias y el rol de los farmacéuticos como agentes de salud.

Para fundamentar sus argumentos, el dictamen de la Procuración se basó en el decreto 2284 del PEN, sancionado el 31 de octubre de 1991, a instancias del entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo. El decreto desregulaba varios aspectos de la actividad farmacéutica; por ejemplo, permitió que fondos de inversión extranjeros pudieran ser propietarios de farmacias, a través de sociedades anónimas; también permitió la apertura de farmacias dentro de supermercados e impidió todo intento de distribución racional en la instalación de estos establecimientos sanitarios.

Lejos de mejorar el modelo de farmacias argentino y los servicios farmacéuticos, dándoles una orientación sanitaria y un lugar dentro del sistema de salud, se las desvirtuó y se favoreció el negocio de unas pocas empresas.

Se desmerece la función sociosanitaria de farmacias y farmacéuticos

Este modelo que se promueve ahora desde los más altos niveles del gobierno nacional argentino, ya ha demostrado sus efectos negativos en otros países sudamericanos.

El caso más conocido es el chileno, donde la desregulación absoluta del sector, en las últimas décadas, llevó a que la dispensa de medicamentos a la población esté concentrada a tal punto que es manejada por solamente tres cadenas de farmacias.

El perjuicio que se ocasionó en el país trasandino quedó en evidencia cuando se detectaron aumentos concertados de precios de más de 200 medicamentos, entre ellos muchos para enfermedades crónicas: epilepsia, diabetes, asma, reumatismo, hipertensión, y también antibióticos y anticonceptivos. Estas cadenas de farmacias concertaron sobreprecios de medicamentos de hasta el 3000 %. A la vez, en ellas el trabajo de los profesionales farmacéuticos es cada vez peor retribuído.

¿Cuál es el sistema “moderno” de farmacias?

Publicitariamente, el “modelo” de cadenas de farmacias “shoppings” se presenta como un adelanto, una alternativa “moderna” contra un modelo sanitario de farmacias que se quiere estigmatizar como “atrasado”. Esta es una falacia, que no resiste el más mínimo análisis cuando se consideran las últimas recomendaciones de los organismos sanitarios internacionales.

En efecto, si se consideran las directrices conjuntas de la FIP (Federación Internacional de Farmacias) y de la OMS sobre buenas prácticas de farmacia (año 2011), así como también las recomendaciones en cuanto a los estándares de calidad de los Servicios Farmacéuticos de la OPS/OMS (año 2013), el desarrollo de un modelo sanitario de farmacias sostiene propuestas muy distintas a las que quieren imponer Quintana y los grandes grupos económicos que actúan en alianza con él, que se orientan hacia el modelo chileno.

Tanto FIP, como OPS/OMS proponen un servicio farmacéutico cercano a la población, con inserción comunitaria, de cercanía, que brinde posibilidad de acceso a las consultas, a la educación sanitaria, al uso adecuado de los medicamentos, con una distribución racional de las farmacias para que sean la puerta de entrada al sistema sanitario formal. Es decir, todo lo contrario a lo que propone el modelo “farmashopping”: grandes superficies concentradas en los centros urbanos (donde es redituable el negocio), orientación al consumo inadecuado de medicamentos y subutilización de los recursos humanos formados.

Farmacias, CUS, AGNET, PAMI: negocios sin límite

Nada de lo anterior, sin embargo, puede sorprendernos. Va en línea con el avance de las estrategias de mercado y de los negocios privados sobre el derecho a la salud de la población, que también se viene observando en otras áreas.

La reforma del sistema de salud argentino, a través de la llamada “Cobertura Universal de Salud” (CUS), promovida por un decreto presidencial, también se propone generar ganancias a empresas privadas, retirándose el Estado de las prestaciones y dejando de lado regulaciones para generar un negocio que quedará en pocas manos.

En el PAMI, la tendencia es que el Estado sea un comprador de medicamentos de los grandes laboratorios (con un predominio cada vez más marcado de los laboratorios extranjeros) y de servicios a las farmacias (que terminará concentrándose en las grandes cadenas), ofreciendo cada vez menos beneficios y menos cobertura a los afiliados.

La Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AGNET), recientemente presentada en el Senado, acotará la responsabilidad del Estado a una cantidad limitada de prestaciones y al suministro de algunos medicamentos básicos, abriendo el negocio a empresas privadas para otro tipo de tratamientos y farmacoterapias.

En síntesis, hoy en el ámbito de las farmacias, como en otras áreas, se hace evidente que se favorecen negocios privados –muchas veces ligados a funcionarios públicos-, se limitan las posibilidades de los profesionales para desarrollarse y ofrecer sus servicios, subutilizándolos y subordinándolos a un interés comercial, a la vez que se hace cada vez más difícil el acceso a la salud para la población.

Ver el documento original aquí.


De farmacias a farmashoppings: ¿el “cambio” hacia atrás?

Una crítica a la orientación que se le quiere dar a las farmacias argentinas.

En esta nota publicada por Nuevo Encuentro Salud de la Ciudad se analizan hechos recientes y se los pone en relación con iniciativas que ya han fracasado en el pasado.

Se remarca también la coincidencia de ideas entre Mario Quintana (dueño y fundador de Farmacity), Rodriguez Larreta (Gobernador de la Ciudad de Buenos Aires) y María E. Vidal (gobernadora de la Provincia de Buenos Aires), que están expuestas en un libro que escribieron juntos.

Transcribimos la nota original:

 

EL “CAMBIO” HACIA ATRÁS EN SALUD: DE FARMACIAS A FARMASHOPPINGS

El gobierno macrista aplica el concepto de Mario Quintana: no hay límites para los negocios.

Días pasados, causó sorpresa, malestar y alerta un dictamen de la Procuración General de la Nación a favor de Farmacity, la empresa del Vicejefe de Gabinete del gobierno nacional, Mario Quintana.

Causó sorpresa porque se opuso a tres fallos de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que habían sido adversos a Farmacity. Estos fallos defendían la ley provincial, que regula y promueve un modelo sanitario de farmacias.

En efecto, la ley 10.606 de la provincia de Buenos Aires garantiza una distribución racional de establecimientos farmacéuticos en todo el territorio, en función de recomendaciones sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, con parámetros de densidad poblacional y distancia para su instalación.

La ley permite la propiedad de las farmacias a profesionales farmacéuticos y a determinadas figuras societarias, de las que se excluye a las sociedades anónimas.

Ambas regulaciones legales obstaculizan los intereses de Mario Quintana, que no puede instalar su cadena de farmacias.

El modelo de farmacias propuesto por el funcionario, sustentado con dinero proveniente de fondos de inversión, sigue una orientación netamente comercial, no sanitaria, volcada a la oferta polirrubro, con un modelo “farmashopping” que banaliza los medicamentos transformándolos en un bien de consumo. Asimismo, desmerece la atención profesional farmacéutica y los servicios sanitarios que podrían brindarse en las farmacias, ocultándolos detrás de la oferta polirrubro que incluye golosinas, lencería y bazar.

Esto responde estrictamente a los criterios defendidos por Mario Quintana, planteados en conceptualizaciones teóricas, y llevados luego a la práctica en su modelo “farmashopping”.

 

Quintana, Rodriguez Larreta y Vidal: unidos por las mismas ideas

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El libro que escribieron juntos Quintana, Larreta y Vidal.

En un libro de 1998, titulado “Domando al elefante blanco”, escrito en colaboración con su ex compañero de estudios, el hoy gobernador y también economista Horacio Rodriguez Larreta, Mario Quintana expone temerariamente sus “soluciones” para atender derechos básicos, entre ellos la salud y la asistencia sanitaria.

Su propuesta es darle toda la autonomía posible a las empresas privadas para que se hagan cargo de las necesidades de la salud, haciendo con libertad sus negocios. En la práctica, esto lo traduce en requerir autonomía absoluta para sus “farmashoppings”, instalándolas donde le convenga, y vendiendo todo lo que sea rentable, olvidándose de la función sociosanitaria de estos establecimientos.

En el mencionado libro, participó una recién recibida, Licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina: María Eugenia Vidal. Resulta fácil observar los lazos conceptuales que unen a Vidal con Quintana, y los motivos por los que, la actual gobernadora de la Pcia. De Buenos Aires, no defiende las leyes sanitarias de su provincia, amenazadas por Quintana.

(Ver este link para información del libro de referencia)

 

El dictamen de la Procuración a la Corte: desregulatorio y a favor de la libertad de empresa

El reciente dictamen emitido por la Procuración es a la medida de Quintana: recomienda a la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptar el caso iniciado por el funcionario, y habilitar la sociedad anónima para permitir la entrada de su cadena de farmacias en cualquier territorio de la Nación.

El expediente, que había sido presentado por el propio Mario Quintana, sostenido actualmente en su calidad de funcionario público, implica un juicio al Estado, ya que litiga contra gobiernos provinciales.

El dictamen que firmó el Procurador interino Eduardo Casal (designado por el gobierno en lugar de Alejandra Gils Carbó) debe generar alerta también por sus fundamentos: se basa casi exclusivamente en el decreto de desregulación económica 2284 del año 1991, que habilitaba a que: “cualquier persona física o jurídica de cualquier naturaleza” pueda ser propietaria de farmacias, “sin ningún tipo de restricción de localización”.

Es decir, aquel decreto desregulatorio de los años noventa, impulsado por el entonces todopoderoso Domingo Cavallo, el ex Ministro de Economía, que llevó el país a la ruina, es el que otorga los “cambios” que ahora pide Quintana… veintisiete años después.

El mismo decreto 2284/91 es el que también permitió la venta de medicamentos en quioscos, y que los supermercados pudieran abrir pequeños “stands” de 20 metros cuadrados para la venta de medicamentos (no se los puede llamar farmacias) entre sus góndolas: el mismo modelo comercial que sigue ahora Quintana en sus farmashoppings.

En este link se puede ver la redacción original del decreto 2284/91, véanse los artículos a los que hacemos referencia: 13, 14 y 15, estos dos últimos pudieron ser modificados con posterioridad a instancias de las entidades profesionales farmacéuticas, pero el relativo a la propiedad de las farmacias es el único que aún se mantiene vigente, y fue justamente el utilizado en el dictamen de la Procuración para favorecer a Farmacity.

En definitiva, son las ideas de Mario Quintana, ahora funcionario, las que marcan el rumbo del gobierno y de la justicia macrista: los negocios avanzando sobre la salud, apartando todas las normativas y regulaciones que obstaculicen sus intereses económicos.

Ver nota original aquí.


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