Una resolución que reconoce las patentes extranjeras afecta gravemente a la industria farmacéutica argentina

Una resolución que reconoce las patentes extranjeras afecta gravemente a la industria farmacéutica argentina

Una virtual modificación a la Ley de Patentes, realizada en una operación casi secreta e inconsulta a través de una resolución del INPI, afecta gravemente a la industria farmacéutica nacional. La resolución reconoce las patentes otorgadas en el extranjero, con aprobación casi automática del instituto que regula las patentes en Argentina. La misma estrategia se había intentado en los años 90 por el entonces ministro Domingo Cavallo.

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PharmaBaires | Para los laboratorios nacionales fue una sorpresa, un baldazo de agua fría. Dicen que no esperaban la resolución 56 del INPI que es una apertura indiscriminada a las patentes “importadas”. Ahora, se preparan para el contragolpe como en la década del 90 cuando debieron templar músculos y cerebro para enfrentar a la presión de la Embajada de Estados Unidos y a su aliado local de ese entonces, Domingo Cavallo.

Sorpresa ha sido la estrategia del gobierno para introducir una modificación estructural en el sistema de patentes vigente en el país durante 20 años. Ni el ministro de Producción, Francisco Cabrera, ni ningún funcionario de la Secretaría de Comercio, con quienes vienen reuniéndose seguido, esencialmente por el capítulo de Propiedad Intelectual del Tratado de Libre Comercio con la UE, les anticiparon que se avecinaban cambios de fondo.

“En las reuniones que tuvimos con Cabrera jamás nos habló de que pensaban introducir un cambio tan profundo en el INPI y encima mediante una resolución administrativa”,  señalaron voceros de la industria nacional.

También recordaron que la canciller Susana Malcorra se comprometió a enviar las ofertas de la UE para negociar un tratado de libre comercio, cuando acudió a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, ante una solicitud del diputado renovador José De Mendiguren. Y nunca envió información alguna sobre las negociaciones que avanzan velozmente hacia la fecha tope del 14 de octubre, con bienes, servicios y patentes en la primera línea de las exigencias europeas.

La resolución 56 cierra un “círculo virtuoso” que comenzó con la designación de Dámaso Pardo de la Asociación Argentina de Agentes de Propiedad Intelectual, lobby de abogados de las  multinacionales que fue recibido por Cabrera apenas tres semanas después de asumir el cargo.

Y si Alfredo Martínez de Hoz (hijo) no pudo acompañarlo en la gestión en el INPI, fue, exclusivamente, porque su virtual designación como vicepresidente del organismo desató un escándalo mediático.

La resolución 56 “habilita un sistema de patentamiento rápido e irregular a favor de las multinacionales” que “en medicamentos implica más posiciones monopólicas y dominantes, mayores precios y desalienta innovación e investigación nacional” coincidieron los voceros de los laboratorios nacionales, que a partir de esta semana lanzarán una campaña de solicitadas, presentaciones judiciales y buscarán que retumbe el conflicto en el Congreso de la Nación.

“Soberanía cero por resolución 56 del INPI”, twitteo el ex ministro de Salud, Daniel Gollán. La resolución reabrió “una histórica grieta entre el Gobierno y los laboratorios nacionales “, sintetizó la periodista Florencia Donovan.
Lo de histórica es una referencia al conflicto de los 90 cuando el presidente Carlos Menem y su ministro Domingo Cavallo enviaron al Congreso Nacional un proyecto de ley de propiedad intelectual que desató una batalla legislativa y la movilización de sectores industriales, profesionales sociales y sindicales, en defensa de la industria nacional.

“Sabemos que la UIA está de nuestro lado y que también podemos contar con Héctor Daer (ATSA) y los AAPM (visitadores médicos) en este conflicto”, destacó un vocero de la industria.

El Ministerio de Economía defendió la resolución al afirmar que hay alrededor de 26 mil expedientes de solicitudes de patentes parados y que no “hay marcha atrás”.
Sin embargo, Norma Felix, la primera interventora del INPI en tiempos de Menem y Cavallo intentó instrumentar un sistema similar y debió retroceder ante un fallo de la justicia.

LA “CORTINA DE HUMO” DE LOS BARRILES DE EFEDRINA

En este contexto, hay muchos que comienzan a sospechar que el reciente escándalo de los barriles de efedrina “descubiertos” en un depósito de Ezeiza no solo fue una interna entre los servicios de inteligencia y entre funcionarios de seguridad y de la Aduana.

Hay quienes analizan que el escándalo mediático se desinfló en tres días, pero la imagen del empresario farmacéutico nacional Hugo Sigman quedó mucho más dañada porque fue expuesto en los medios como vinculado a un supuesto caso de contrabando. Por algo, Elisa Carrió hace pocos días por el canal TN insistió que “hay que investigar a Sigman”.  Casualidad o maniobras de palacio?

Y esos medios que vincularon la efedrina con un supuesto contrabando luego nunca le explicaron a sus lectores la verdad: “La denuncia de los tachos de efedrina de Ezeiza fue realizada por abogados de la Aduana en diciembre de 2011 y ratificada días después por el organismo. La causa se tramita desde entonces bajo el número 15618/11 en el Juzgado Federal Numero 6 del Juez Canicoba Corral”, informaron voceros del sindicato aduanero, SUPARA, cuando todos aparecían en el mismo lodo, todos manoseados.

LA INDUSTRIA NACIONAL IRÁ A LA JUSTICIA

CILFA ya prepara la ofensiva judicial y denunciará que el nuevo sistema genera un sistema de “Patentes importadas” o “Patentes express” que convierten al INPI “en un sello, en una mesa de entradas receptora de solicitudes de patentes extranjeras”.

En la misma dirección y compartiendo la estrategia, se sumará Cooperala.

Desde el punto de vista jurídico, la resolución 56/2016 es inconstitucional porque es incompatible con lay de patentes que obliga al INPI a examinar detalladamente cada solicitud de patente”, es el argumento sustancial de la presentación que realizará CILFA y sus autores aseguran que por igual motivo ya Norma Felix debió retroceder durante su gestión.
También “contradice la jurisprudencia de la Justicia Nacional Civil y Comercial Federal que ha afirmado en reiteradas oportunidades que el INPI debe ejercer sus funciones conforme al ordenamiento jurídico argentino, sin reconocer dependencia científica o administrativa de ninguna oficina extranjera de patentes”, reforzará la presentación.

Coincidentemente, la resolución 56 es dictada en Argentina, mientras en Nueva York, el Panel de Alto Nivel para el Acceso a los Medicamentos convocado por el secretario general de  la ONU, Ban Ki-moon pidió “revisar y evaluar las propuestas y recomendar soluciones para poner remedio a la incoherencia de las políticas entre los derechos justificados de los inventores,  las normas internacionales de derechos humanos, las normas comerciales y la salud pública”.

The Lancet publicó el pasado fin de semana una editorial elogiosa sobre las conclusiones del Panel de Alto Nivel y consideró audaz la propuesta de convocar a una convención internacional de I+D y más financiamiento público para la I+D.
La publicación recordó el gobierno de Estados Unidos y la industria farmacéutica rechazaron el informe en su intento dE “diluir sus recomendaciones”  y “bloquear su lanzamiento”.

“No obstante, las recomendaciones del panel son un primer paso importantes y será imprescindible que Ban Ki-moon las respalde rápidamente”, elogió el editorial de The Lancet.

Ver la Resolución 56 INPI: http://www.inpi.gov.ar/pdf/ResoP_056Procedimiento_Patentes.pdf

 

 


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